MercadoContinuo

Cuando faltan apenas tres meses para las elecciones generales en España, los mercados no encuentran aún explicación a las reformas del gobierno para reforzar la austeridad fiscal, y entonces no quieren hacer apuestas en la economía española.

Una de las razones básicas del acuerdo entre el PP y el PSOE es recuperar la confianza de los inversores internacionales. Pero al parecer éstos no se dieron todavía por enterados.

Cuando el viernes pasado el pacto entre los dos partidos ya era conocido, la Bolsa española cerró la sesión liderando las caídas de las bolsas europeas, con una baja del 1,4%, mientras que la prima de riesgo de los bonos españoles también subió, en una clara señal de que la desconfianza en la economía española sigue intacta.

La decisión tomada en el pacto de limitar el déficit estructural al 0,4% del PIB de España a partir del año 2.020 al parecer no tuvo incidencia en la decisión de los inversores, preocupados en asuntos más apremiantes que en la evolución de la economía a largo plazo. Estos asuntos podrían resumirse en los datos que indican la recaída de las economías más avanzadas de la región, donde España creció apenas un 0,2% 2n el primer trimestre, en las dudas que genera el nuevo fondo de rescate de la UE y en la imposibilidad de la banca europea de recuperar la liquidez.

Para Jesús Fernández-Villaverde, profesor de economía en una prestigiosa Universidad de Estados Unidos, el acuerdo alcanzado genera más excepciones y posibilidad de cambios en el futuro que certezas.

Falta además detallar todo lo concerniente a los detalles de la nueva ley orgánica, que es donde seguramente estará el centro de la cuestión. Afirma también que lo “relevante” de la reforma es que se aplicará automáticamente a todos los niveles de la Administración, incluidas las comunidades autónomas, uno de los puntos más conflictivos de la actualidad española.

Fernández-Villaverde confía en que finalmente los mercados internacionales van a valorar las nuevas reglas de juego que propone el gobierno de España, sobre todo el hecho de reforzar el aspecto negociador de los españoles con el Banco Central Europeo y con Alemania.

Ésta última, junto a sus aliados los franceses, reclama sin descanso un mayor compromiso del resto de las naciones de la Eurozona para lograr la estabilidad presupuestaria necesaria para comenzar el largo y duro camino de recuperación de la nueva y actual crisis.

Las buenas noticias que durante cuatro meses venían anunciando una caída en el índice de paro en España llegaron hasta aquí.

El ministro de Trabajo Valeriano Gómez, en recientes declaraciones periodísticas a las principales cadenas españolas, anunció que el desempleo volverá a subir en el mes de agosto de acuerdo a los datos que maneja la cartera a su cargo. La subida será menor a la del mismo mes del año pasado, cuando se incrementó en poco más de 61.000 personas, y la causa principal se la atribuye a ciertas “prácticas empresariales” por las que se rescinden contratos y volver a darlos de alta al mes siguiente para no tener que pagar las vacaciones del empleado.

A pesar de que agosto es un mes tradicionalmente bueno para el empleo, el ministro recordó que estas “prácticas” ya llevan más de diez años dando lugar a malos resultados en el citado mes. Las cifras corroboran los dichos de Gómez, ya que fue el año 2.000 el último en el que el paro bajó en el mes de agosto. Desde entonces nunca más los datos fueron positivos de acuerdo a las estadísticas del paro de las oficinas de empleo españolas.

Textualmente Gómez se refirió al tema diciendo que “se suele aprovechar agosto para rescindir contratos y volverlos a hacer pasado el mes. Es una forma de obtener el pago de las vacaciones a costa del Servicio Público de Empleo. Son prácticas perseguidas y cada vez más controladas”, aseguró el ministro tratando de justificar una nueva caída del empleo después de la tibia recuperación del último cuatrimestre.

Refiriéndose al acuerdo para mantener la moderación salarial hasta el año 2.014, Gómez se mostró confiado en que los agentes sociales van a alcanzarlo después de arduas negociaciones aunque, en la línea del candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, defendió con vehemencia un gran pacto de rentas, en el que además de moderarse los salarios se moderen los beneficios empresariales y los márgenes de ganancias de las cadenas de distribución.

Para Gómez si todos no colaboran sacrificando parte de sus pretensiones, el modelo de precios español va a seguir separándose sistemáticamente del resto de los países de la región, provocando que los crecimientos salariales nominales sean cada vez mayores.

Finalmente el ministro afirmó textualmente que “al final, legítimamente, los trabajadores dirán que por qué son ellos los únicos que colaboran en el proceso”.

El hasta ahora mayor grupo comercial de España, “El Corte Inglés”, debió asumir cómo su beneficio caía por tercer año consecutivo, y tras estos resultados la cadena de supermercados Mercadona superó por primera vez en beneficios a la empresa liderada por Isidoro Álvarez.

Mercadona, la firma valenciana presidida por Juan Roig se convirtió así en la primera cadena de distribución española en este concepto.

El hasta ahora mayor grupo comercial español vio caer sus beneficios un 13,5% durante el 2.010, llegando a los 319,4 millones de euros. Pero esta reducción de la rentabilidad permitió mantener el nivel de ventas y de inversión, y lo más notable en estos tiempos que corren en España, crear empleo, alrededor de 1.150 nuevos puestos de trabajo.

Isidoro Álvarez sigue convencido de la vigencia de la fórmula del “gran almacén”, y se muestra confiado en que, con las reformas del caso, podrá recuperar el tradicional liderazgo de la firma en el mercado español.

Por su parte Mercadona vendió en el curso del año anterior un 6% más que en el 2.009, alcanzando los casi 16.500 millones de euros, frente a los 15.243 millones vendidos por “El Corte Inglés”.

En tercer lugar de ventas, pero a una distancia mucho mayor, el grupo francés Carrefour alcanzó el año pasado los 10.230 millones de euros de ventas en España, un 1,7% menos que el año precedente. Por su parte Eroski cerró el 2.010 con una facturación global de casi 8.200 millones de la moneda común, con u retroceso del 3%.

A pesar de estos datos, en la categoría de “gran almacén” El Corte Inglés mantiene su posición de liderazgo por ventas en toda Europa, adelantándose a la británica Mark&Spencer y a la francesa Galeries Lafayette, de acuerdo a datos oficiales de la Asociación Internacional de Grnades Almacenes, que no incluye cadenas de distribución como Mercadona.

El Corte Inglés celebró hace pocas horas su junta general en Madrid, en la que se aprobó destinar a dividendos prácticamente 44 millones de euros.

Allí se hizo mención a los planes de la firma para recuperar el “pequeño terreno perdido”, teniendo previsto por ejemplo planes de expansión en Tarragona y Almería.

Muchas cadenas de supermercados pusieron en marcha profundos planes de reestructuración para poder hacer frente a la crisis que sigue azotando a la economía española.

José Manuel Campa, el secretario de Estado de Economía de España, va a viajar mañana miércoles a Londres con el fin de participar en una reunión acto que organiza la banca de ese país, principalmente Barclays, Deutsche Bank y Goldman Sachs. En esta reunión pondrá seguramente todo a su alcance para convencer a los inversores internacionales de la solvencia de España.

La idea del secretario de Estado es explicar a los inversores de una de las más importantes plazas financieras mundiales las medidas anticrisis que tomó la administración de Rodríguez Zapatero en los dos últimos consejos de ministros.

De acuerdo a citas periodísticas, fuentes del Ministerio de Economía aseguraron que este importante encuentro se enmarca en el programa de entrevistas que el gobierno español organiza con los inversores extranjeros desde el momento en que la crisis del euro empezó a complicar la situación española.

Elena Salgado, la vicepresidenta económica del gobierno, ya estuvo en Londres en el mes de febrero pasado para entrevistarse con los principales directivos del diario económico “Financial Times”, tratando de bajar el tenor de las dudas sobre la economía española.

Y nuevamente volvió a viajar en marzo, esta vez en compañía del Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, esta vez a los Estados Unidos y con el mismo propósito.

Ahora en esta nueva incursión al mercado inglés, el secretario de Estado de Economía lleva el paquete de medidas acordadas por el Ejecutivo en este mes de agosto para tratar de bajar el nivel del déficit público español y reactivar así la economía, en especial lo concerniente al mercado laboral.

Ente estas medidas se destacan la rebaja del IVA a las nuevas viviendas, la anticipación de la recaudación del impuesto de sociedades y el nuevo contrato de aprendizaje hasta los 30 años, además de la eliminación del límite a la contratación temporal sucesiva.

El jueves 1º, un día después de la llegada de Campa a Londres, el Tesoro Público español va a retomar las subastas de deuda a largo plazo, después de suspender la prevista para el 18 de agosto pasado.

Esta subasta se canceló a principios de mes cuando la prima de riesgo española se había disparado hasta los 400 puntos básicos.

Pero después la compra de bonos españoles e italianos por parte del BCE alivió en las últimas semanas la presión sobre los mercados y es por eso que se ha decidido retomar las subastas temporalmente suspendidas.

Las cuotas participativas de la Caja del Mediterráneo (CAM) perdieron el jueves de la semana pasada el 50% de su valor en apenas unas horas.

Esta muy mala noticia para la entidad se debió a la negativa de los actuales administradores del Banco CAM, que fueron nombrados por el Banco de España, a refrendar y hacer efectivo el acuerdo que había suscripto el anterior Consejo de Administración para amortizar las cuotas participativas de la entidad a un valor de 4,77 euros por título.

La consecuencia inmediata y directa de esta decisión fue que se desató un verdadero estado de pánico entre los inversores.

Al cierre del mercado el día miércoles el valor de estas cuotas participativas era de 3,4 euros por cada acción, con una pequeña caída del 0,3% respecto del día anterior.

Pero con la caída del 50% del jueves, los expertos en el tema realmente se mostraron sorprendidos y preocupados. Recordemos además que la primera emisión de cuotas participativas fue lanzada al mercado a un valor de casi 6 euros por título.

Obviamente la situación produjo un aluvión de órdenes de venta que obligó a detener la cotización a primeras horas de la mañana. Entonces los inversores, por la inhibición a negociar sus títulos, intercambiaron alrededor de 24.000 títulos de la CAM, una tercera parte de la media diaria anual, por un importe que resultó ligeramente superior a los 40.000 euros.

También debe recordarse que, en su oportunidad, los antiguos responsables de la CAM tenían previsto amortizar anticipadamente las cuotas participativas a un valor muy próximo a los 4,77 euros por título. Pero esta decisión debía ser confirmada y refrendada por la asamblea general de la Caja. Un dato significativo es que un día antes de que la Caja Mediterráneo fuese intervenida por el Banco de España, las controvertidas cuotas participativas estaban cotizando a 4,80 euros por título.

Con las decisiones que han tomado las actuales autoridades de la Caja, queda muy en claro que la idea del nuevo Consejo de Administración es darle prioridad a una profunda reestructuración financiera de la entidad antes que a mantener el valor de las cuotas participativas, lo que puede volverse en su contra de persistir la “estampida” de venta de las mismas por parte de una legión de muy asustados inversores.

El pasado mes de junio fue señalado por la Consejería de Agricultura como el peor mes de las últimas campañas de la región de Almería para la exportación de frutas y hortalizas frescas.

Esta caída se debió casi en exclusividad al alerta sanitario que se desencadenó en Alemania por el brote de la bacteria E-coli, razón por la cual las empresas sólo pudieron realizar 869 operaciones comerciales frente a las 1.206 que se habían efectuado en junio del año pasado.

En las operaciones de este año el sector envió al exterior 27.700 toneladas de hortalizas frescas, un 40% menos que en junio del 2.010.

Si la comparación se lleva adelante con las frutas frescas la caída, según cifras oficiales del Instituto Español de Comercio Exterior, fue del 22,5%.

Es así que la ahora tristemente famosa “crisis del pepino” trajo también aparejadas cotizaciones bastante más bajas que las esperadas. Las hortalizas frescas vendidas al exterior cayeron en su valor un 48% en su comparación interanual. Y en cuanto a las frutas, la cotización cayó en el orden del 23%.

En la suma de los meses de mayo y junio, las empresas almerienses exportaron en conjunto alrededor de 45.000 toneladas menos a los mercados internacionales, facturando por esta causa unos 36 millones de euros menos.

Alemania es el país que provocó el alerta sobre las frutas y hortalizas de Almería por haber sufrido las consecuencias de la bacteria, pero sin embargo sus mercados no son los que más “castigaron” a los productos almerienses.

Los países en donde más se resintieron las exportaciones de Almería son el Reino Unido, Francia y Holanda.

En términos de comparar los volúmenes exportados, entre mayo y junio las exportaciones de frutas y verduras desde Almería a Alemania cayeron un 5%. En ese mismo lapso, las exportaciones a Francia disminuyeron un 17% en la comparación con los mismos meses del año anterior. Y en el caso del Reino Unido la comparación es todavía peor, con una caída interanual del orden del 23%.

Las exportaciones a otros mercados como los Estados Unidos y Rusia son sólo indicativas frente a las naciones europeas mencionadas anteriormente, pero es de destacar que éstas han crecido en los mismos períodos anteriores, arrojando un saldo positivo del 14,8%.

Debemos recordar que Almería es la responsable del 40% de las exportaciones de hortalizas y legumbres frescas de España entre los meses de enero y junio.

En los últimos días se ha podido notar un evidente deterioro en la relación entre las principales centrales obreras, UGT y CC OO, y el Gobierno de España.

La tan mentada reforma constitucional que consagre el equilibrio presupuestario y el decreto con medidas que el poder Ejecutivo aprobó el viernes pasado cayeron verdaderamente muy mal entre los “popes” sindicales.

Cuando el jueves se recibió el borrador del decreto, las dos organizaciones obreras avanzaron contra la administración de Rodríguez Zapatero acusándola de “romper los usos del diálogo social”, algo que en particular el ministro de Trabajo Valeriano Gómez defiende a ultranza.

Pero los sindicatos no se quedaron atrás y en un documento de observaciones que remitieron casi inmediatamente a Trabajo, se preocupan en dejar claramente expresado que se “han contravenido las normas”, y eso puede ser muy peligroso.

Las páginas del texto sindical, cuatro en total, están llenas de acusaciones contra el Gobierno, como por ejemplo la dura frase que asegura que “La crisis no justifica la inclusión de nuevas reglas que precaricen más el empleo”.

Además se critica muy duramente otras medidas tomadas, como las relativas a la extensión hasta los 30 años de la posibilidad de formalizar contratos de formación y la suspensión por dos años del ítem que impide encadenar contratos temporales.

De todas las medidas aprobadas por el consejo de Ministros el viernes pasado, sólo una cuenta con el beneplácito de los sindicatos, y es la prórroga del Plan Prepara para poder seguir cobrando los 400 euros mensuales durante seis meses más a los parados que acepten tomar parte de un plan de formación.

Pero aún en esta medida, tanto Méndez como Fernández Toxo insisten en que es necesario extender la protección a los parados por la caída en los últimos de la tasa de cobertura, que se encuentra ahora en alrededor del 70%.

Es más, si el ministro de Trabajo hace caso a las demandas de CiU y PNV para dar su apoyo al decreto, la situación podría tornarse todavía más complicada. Los nacionalistas vascos y catalanes quieren aprovechar el desconcierto reinante para dar cabida a sus enmiendas a la reforma de la negociación colectiva. Y esto puede traer más problemas que soluciones.

Para convalidar la reforma de la negociación colectiva, Trabajo hizo importante concesiones a las fracciones nacionalistas. Y ahora nadie es capaz de asegurar si este hecho a la larga será bueno o no para el devenir de los acontecimientos.

El actual presidente de Standard & Poor’s, Deven Sharma, deja su cargo en plena tormenta. Lo va a reemplazar en su cargo el director de operaciones del Citibank Douglas Peterson.

La versión oficial que se dio a conocer acerca del cambio hace hincapié en los últimos resultados de la famosa agencia calificadora de riesgos, los que no dejaron satisfechos a los propietarios de la misma.

Es sugerente que su salida del cargo se produzca apenas dos semanas después de haber privado a la nota de la deuda de los Estados Unidos de la máxima calificación que siempre ostentó.

Tampoco en Europa están conformes con las últimas calificaciones que la agencia dio a varios países de la región, entre ellos España, por considerar que se ha excedido en las calificaciones negativas que dio a la deuda soberana de algunas naciones.

Todos estos hechos colocaron a Sharma como blanco de los ataques de muchas personalidades del quehacer político y económico mundial, entre ellos nada menos que el presidente estadounidense Barack Obama.

El cambio en la cabeza de S&P se producirá el próximo 12 de setiembre. Ya Sharma había anunciado unos meses atrás su intención de marcharse, pero los acontecimientos de las últimas semanas hicieron que fuese urgente un cambio en la cúpula de la calificadora, en un intento por recomponer las relaciones con el gobierno estadounidense.

S&P está en cierta forma acusada de ser uno de los artífices de esta nueva e incipiente crisis financiera mundial, por el solo hecho de haber dado la máxima nota crediticia a activos hipotecarios que fueron totalmente insolventes en los años que antecedieron a la crisis global que comenzó a fines del 2.008. Ni qué hablar del descontento que produjo en la administración de Obama el retiro de la triple AAA a la calificación de su deuda.

El presidente de los Estados Unidos declaró a los cuatro vientos que su país “será siempre un país triple A” más allá de lo que pueda decir una agencia calificadora de riesgos. Después fue el vicepresidente Joe Biden de gira por China, el principal acreedor de los Estados Unidos, el que cargó contra S&P.

Habrá que esperar ahora para ver si estos ataques le quitarán poder a las tres agencias calificadoras de riesgo, incluyendo a Moody’s y Fitch en el mismo paquete que S&P.

Una nueva recesión en el horizonte, la presión de los mercados y las exigencias del BCE para comprar deuda de España llevaron al presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a solicitarles ayuda a empresarios y sindicatos para poder hacer frente al temporal.

El pasado miércoles 17, el presidente convocó a una reunión “secreta” que ahora ha salido a la luz en La Moncloa a los líderes de la CEOE, CC OO y UGT. El motivo, una petición: que se prolongue hasta el año 2.014 el acuerdo de negociación colectiva que termina el año próximo. Y es en el 2.014 en que se debe llegar a un déficit del PIB del 3%, por lo cual la fecha no caprichosa ni azarosa.

La petición de Zapatero ya tuvo sus primeros frutos, puesto que sindicatos y patronal se reunieron con posterioridad para desbloquear la negociación colectiva del 2.011 como un paso previo al pedido de prórroga del gobierno.

El BCE le envió a Zapatero una carta pidiéndole varias medidas, entre ellas una moderación en los costes empresariales, es decir: contención salarial.

Por eso el titular del ejecutivo pidió en la nota previa a la reunión que se establezcan como criterios de revisión salarial la inflación prevista y la evolución de la productividad en cada empresa en particular.

Fue en esa reunión que Méndez y Toxo, los líderes sindicales, aceptaron las reglas del juego y reclamaron a cambio estadísticas creíbles sobre la evolución de los salarios en territorio español. Aseguran que los datos del Ministerio de Trabajo que hablan de una subida de los salarios del 2,6% son exagerados, y exigen un cambio en la política económica para poder alcanzar un pacto de rentas. O sea un esfuerzo que compartan todos los estamentos sociales y no sólo los trabajadores del sector privado.

También la patronal se mostró predispuesta a la propuesta del Ejecutivo pero aclaró que los tiempos que se manejan son “cortos” y eso podría complicar la puesta en marcha de las medidas. Esto fue interpretado como una negativa a firmar ningún acuerdo antes de las legislativas del próximo 20 de noviembre.

En el encuentro que se llevó a cabo como dijimos el 17 de agosto pasado por la mañana, estuvieron presentes Rodríguez Zapatero, Toxo, Méndez, Rosell y el ministro de Trabajo Valeriano Gómez. En él se acordó que sindicatos y patronal se reúnan “a la mayor brevedad posible” para destrabar este intrincado problema que afecta a toda la sociedad española.

El Consejo de Administración del Banco CAM nombrado por el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) comunicó el pasado miércoles 24 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la venta del 5% del Banco Marroquí de Comercio Exterior por una suma cercana a los 140 millones de euros.

La operación de venta se hizo con la firma de Luxemburgo Financecom y como resultado de la misma Caja Mediterráneo tuvo una plusvalía de 7,2 millones de la moneda común.

Esta venta se llevó a cabo dentro del marco de la política de desinversiones que, desde hace dos años, viene levando adelante la CAM para poder así sanear sus activos. Y todo esto a pesar de obtener 1.272 millones en plusvalías por la venta de sus participaciones en Enagas, France Telecom, Unión Fenosa y Abertis. Lo que sucede es que la decisión de la Caja de apostar por el ladrillo en los últimos años aceleró demasiado su declinación financiera.

Basta con recordar que la venta del 5,11% del turoperador alemán TUI le trajo aparejada una pérdida de 59 millones de euros con respecto a lo que había pagado en el año 2.004.

Aún así, CAM mantiene su participación accionaria en Sol Meliá, Transmediterránea, Hansa Urbana, Terra Mítica, Altavista, EBN Banco y otras varias empresas.

La nueva dirección de la CAM decidió también el miércoles dejar por el momento en suspenso la decisión del anterior Consejo de Administración del día 21 de julio pasado, de amortizar las cuotas participativas que había emitido cuando era una Caja de Ahorros en el año 2.008.

En un intento de que estas participaciones continuaran devaluándose, el Consejo tomó la decisión de recomprarlas a 4,77 euros, es decir un 18% menos que su precio inicial de cotización, que fue de 5,84 euros.

La financiación del coste de esta amortización, la cual debía ser aprobada en una asamblea de la entidad a llevarse a cabo el próximo día 16 de setiembre, la CAM debió llevar adelante una prima de emisión a favor de su accionista único de alrededor de 239 millones de euros.

Todas estas intrincadas maniobras las está llevando adelante la CAM para poder mantenerse a flote y seguir de esa forma operando.