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La empresa PRISA abrió el lunes pasado el proceso por el cual firmará la refinanciación con todos sus Bancos acreedores, tanto los que participaron en un préstamo otorgado en el año 2.006 como los titulares del crédito puente y del subordinado que se firmaron en el 2.007. También los que participan en préstamos bilaterales vigentes.

El grupo de comunicación, editor entre otros del diario “El País” de España, aseguró que éste es un hecho relevante que fue comunicado el día martes 27 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El préstamo que se gestionó en el año 2.007 se transforma por este proceso en uno nuevo con vencimiento el 19 de marzo del 2.014. Pero incluso podría prorrogarse por ciertos motivos, como la emisión de un bono, hasta el 19 de diciembre de ese año.

El crédito puente no tiene vencimientos parciales y al igual que los créditos bilaterales se extienden hasta mediados de enero del 2.015, pudiendo también alargarse hasta el 19 de setiembre de ese año. El crédito subordinado, por su parte, se prorroga hasta setiembre del 2.015, cuando se den las eventuales condiciones de extensión de los otros préstamos.

Todos estos acuerdos fueron firmados por todos los Bancos acreedores de PRISA. Se prevé que el proceso culmine en los próximos días después de que alguna de las entidades acreedoras extranjeras envíe los poderes originales, cosa que se espera suceda después de las fiestas navideñas ya pasadas y las de fin de año.

Al término de la firma de este proceso, PRISA y sus socios de referencia van a suscribir nuevas acciones de la sociedad por un importe nominal de 150 millones de euros, a razón de 2 euros por acción.

Con estos acuerdos y la nueva estructura financiera que se desprende de ellos PRISA podrá concentrarse en el desarrollo de sus negocios y en el proceso de transformación en el que está empeñado por estos meses, poniendo especial énfasis en lo concierne a las tecnologías digitales.

Un año atrás PRISA ya había comenzado su restructuración financiera con la incorporación de varios socios en sus empresas y la ampliación de su capital, lo que se hizo mediante la venta de participaciones minoritarias en algunas compañías y la entrada de nuevos accionistas en la matriz de la empresa.

La suma de estas operaciones le significaron al grupo una entrada en efectivo muy cercana a los 2.000 millones de euros, con lo que destrabó en gran parte el estancamiento financiero que PRISA sufría por ese entonces.

En estos últimos tiempos en los que todo el mundo pone en dudas lo que se refiera a la moneda común europea, el euro, las cifras oficiales de España no hacen sino confirmar una percepción de los ciudadanos que viene desde hace bastante tiempo. Y es que la entrada de los españoles a la Eurozona provocó un alza generalizada de los precios que superó en mucho a la evolución de los salarios en el mismo lapso.

A casi una década de la desaparición de la peseta, un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que se basa en datos del Instituto Nacional de Estadísticas dice que en esos diez años los salarios subieron un 14%, mientras que los precios en general se dispararon muy por encima de esa cifra. Los alimentos subieron un 48%, la vivienda un 66% y el transporte entre un 45 y un 58%.

Para la OCU la prueba más fehaciente de este desfasaje entre salarios promedio y el encarecimiento de la vida es la comparación a través del tiempo de la cesta de compras de los españoles.

En abril del año 2.001esta cesta costaba 4.600 euros anuales. Y en mayo del 2.011esta misma cesta tenía un costo de 6.800 euros al año, o sea un 48% más cara que una década atrás. Estos datos están basados en los estudios “de campo” que hace la OCU una vez al año en supermercados de toda España con los productos alimenticios que necesita una familia tipo para estar correctamente nutrida.

La escasa revalorización que tuvieron los salarios tampoco puede justificarse por el encarecimiento general de precios, porque el índice de precios al consumo, es decir el IPC, tuvo entre 2.002 y 2.011 una variación acumulada del 32%.

Hay varios puntos que merecen destacarse en este estudio. Uno de ellos es el encarecimiento que experimentaron algunos productos básicos en el período tomado para el mismo. El pan se revalorizó un 85%, los huevos un 114%, las patatas un 116%, la leche un 48%, el arroz un 45% y el aceite un 33%.

En el mismo período los transportes literalmente tampoco se quedaron atrás. El tren es un 45% más caro que una década atrás. El autobús cuesta en promedio un 48%, al tiempo que la subida de los carburantes es del 82% con respecto al precio que tenían antes de la entrada de España al euro.

El 2.011 ha sido un año verdaderamente terrible para la industria del ladrillo en España. Si ya el 2.008 y el 2.009 habían sido años particularmente malos para el sector inmobiliario español por los efectos de la crisis económica global, y después vino un año 2.010 con una muy tímida recuperación, este año que está por terminar cerrará con los peores indicadores que se recuerden aún en el caso de los más veteranos en el sector.

Y no importa por dónde se realice el análisis, cualquier parámetro indica cifras catastróficas. Las compraventas, las obras iniciadas y terminadas, las transacciones de suelo, las hipotecas, todo fue en este año de mal en peor.

Los expertos en el tema anticipan un año venidero, el 2.012, que puede ser todavía peor. Julio Rodríguez, el ex presidente del Banco Hipotecario de España, afirma que todo el tambaleante andamiaje inmobiliario español va a depender casi exclusivamente de la evolución del crédito y del mercado laboral. Y ninguno de estos dos parámetros tienen buenas perspectivas.

Los créditos están poco menos que desaparecidos para todos los sectores de la economía, y la sequía de capital disponible afecta sobre todo a los mercados inmobiliario y automotriz.

En los tres primeros trimestres del 2.011 se alcanzaron niveles apenas mínimos tanto de número de operaciones como de volumen de dinero operado. Ya la Asociación Hipotecaria avisó que en todo el año la caída de dinero dado en hipotecas fue de un 30% respecto al año anterior.

Pero el dato más “aterrador” es el de los visados de nueva obra. En los diez primeros meses del año se iniciaron 83.000 nuevas viviendas. Esta cifra no sólo es espeluznante si se la compara con las 865.000 nuevas obras que se terminaron en el punto más alto del boom inmobiliario en el año 2.006, sino que es la más baja desde el año 1.960, que es el año en el que los arquitectos empezaron a contabilizar los proyectos que visaban para comenzar a construir.

Un informe del departamento inmobiliario del BBVA indica que hubo un decisivo desplome en la vivienda pública, y las futuras políticas de austeridad que se implementarán en todas las Administraciones Autónomas para combatir el gran déficit que presentan, no hará sino agudizar el problema y la consecuente caída de la construcción.

De acuerdo a lo que afirmó el prestigioso “The Wall Street Journal” en su edición del 24 de este mes, algunas de las más grandes entidades bancarias del mundo ya se habrían contactado con la empresa Swift, que centraliza la mayor parte de las transacciones financieras mundiales, pidiéndole apoyo tecnológico y códigos de divisas para preparar sistemas de urgencia.

Estas entidades ya se anticipan a lo que sucedería si algún país saliese de la Eurozona o si inclusive se desmantelara por completo el sistema vigente de la moneda única para la región. Así es que quieren asegurar sus transacciones internacionales y por eso intentan prepararse para el eventual cambio a las antiguas monedas nacionales europeas.

De la cumbre europea de principios de diciembre se desprendió el preacuerdo para reformar la gestión económica de las 17 naciones que forman la zona euro. Se concluyó en subir las sanciones a los países que no controlen sus cuentas públicas y lograr que estas sanciones fuesen de ahora en más automáticas. Todo esto a pesar de que la región ya entró técnicamente en recesión y se enfrenta a un 2.012 con una caída económica aún mayor.

Pero de soluciones a corto plazo para enfrentar la actual crisis, ni hablar. Por ahora la intervención del BCE es sólo en los papeles aunque se espera la inyección de medio billón de euros al sistema financiero europeo. Entonces el temor de que algún país se salga del euro, como es de esperarse en el caso de Grecia por ejemplo, sigue plenamente vigente.

Siempre de acuerdo al periódico estadounidense, dos grandes Bancos se estarían preparando “para lo peor”, y se habrían contactado con Swift, la empresa con sede en las afueras de Bruselas, para hacer los grandes ajustes necesarios en caso de una “hecatombe” en la Eurozona.

Los grandes responsables políticos de la situación negaron esta versión por considerarla “totalmente innecesaria”, y ningún gran Banco ha reconocido estar llevando a cabo estos preparativos. Pero el río ya comenzó a sonar y entonces los temores sobre la ruptura del euro se acrecientan.

Las que algunos creen inminentes corridas bancarias dificultarían todavía más el ya muy limitado acceso de la banca a la financiación internacional.

Los malos pronósticos y vaticinios se encadenan unos a otros y, ciertos o no, no hacen sino complicar más un panorama que de por sí ya es casi totalmente negro…

Ana Pastor es la nueva ministra de Fomento del gobierno de Mariano Rajoy en España. Y se le presenta en su nueva función un doble reto que sin dudas va a poner a prueba su bien ganada fama de trabajadora incansable y hábil gestora en lo que emprenda.

Pastor va a tener que ingeniárselas para impulsar las infraestructuras como motor de la economía española en un momento en que el Estado tiene de todo menos dinero, y además deberá poner en marcha los mecanismos necesarios para reducir el inmenso stock de viviendas sin vender que hay en territorio español en momentos en que el mercado inmobiliario está literalmente paralizado.

Ya Pastor anunció hace un par de días, después de recibir la cartera de manos de su antecesor José Blanco, que va a centrar casi toda la actividad de su ministerio en las inversiones de infraestructuras más rentables.

Rodeada de los principales referentes del sector, Florentino Pérez, Baldomero Falcones, Rafael del Pino, Manuel Manrique y Juan Ignacio Entrecanales, la ex ministra de Sanidad de la administración de José María Aznar se topó con un sector que atraviesa realmente muy serias dificultades por el ajuste presupuestario que aprobó el anterior gobierno y que encima teme nuevos recortes derivados de las palabras del actual presidente, que dijo que necesita u ahorro extra de por lo menos 16.500 millones de euros.

Pastor ya adelantó que, pese a los recortes necesarios, va a sostener una red AVE moderna y eficiente, que se conecte con los principales puertos y centros logísticos del país. Además trabajará en pos de un modelo aeroportuario donde la eficacia sea el factor predominante. Quiere lograr que España se transforme en una plataforma internacional de transporte de mercaderías.

Coincidió con su Jefe, el presidente Rajoy, que de esta situación sólo se puede salir con “sentido común”.

Y con respecto al urticante tema de la vivienda, la flamante ministra de Fomento recordó a los muchos empresarios, ejecutivos y funcionarios presentes en su asunción la voluntad del nuevo Gobierno de los españoles de mantener el IVA muy reducido, al 4%, y de recuperar la deducción en el IRPF para la compra de viviendas.

De la nueva organización del ministerio de Fomento ya desapareció la antigua Secretaría de Estado de Vivienda, la que antes había sido un ministerio independiente.

Pastor tendrá que decidir acerca del futuro de la ayuda de 210 euros que están recibiendo los jóvenes para poder alquilar un piso. Pero todo parece indicar que esta subvención tiene “los días contados”, si se tiene en cuenta que Mariano Rajoy advirtió la semana pasada vía Twitter que no tenía por el momento intenciones de prorrogarla.

Durante el acto en el que han tomado posesión de sus cargos los nuevos secretarios de estado de Economía, Fernando Jiménez de la Torre y de Comercio de España, Jaime García-Legaz, el ministro de Economía y Competitividad español Luis De Guindos aseguró que la economía española va a caer en el cuarto trimestre del año y a consecuencia de esto se superarán los cinco millones de parados. El ministro se cuidó mucho de usar en sus dichos la palabra “recesión”, pero dijo que la caída del PIB en el último trimestre será de entre el 0,2 y el 0,3%.

Tampoco fue optimista el ministro durante la asunción de sus principales colaboradores en cuanto al crecimiento económico para el año que está por comenzar, al asegurar que muy posiblemente la economía del país no logre crecer en el primer trimestre del 2.012. Técnicamente, dos trimestres consecutivos a la baja decretan la entrada nuevamente en recesión.

De Guindos manifestó que los dos próximos trimestres “no van a ser para nada sencillos” ni para el PIB español ni para la creación de empleo. Y añadió que hacer previsiones en estos momentos para más allá de un semestre es casi como “hacer futurología”.

Pero tratando de buscarle un lado positivo a la actual situación, señaló que ésta va a suponer un acicate para impulsar y profundizar las reformas necesarias. Entre ellas la del sector financiero, que es vital e imprescindible para salir de la crisis, y la del mercado de bienes y servicios, que se orienta a eliminar la mayoría de las trabas burocráticas.

Tanto el ministro como los flamantes secretarios de estado marcaron como una tarea prioritaria de su investidura la rápida integración de las áreas de ciencia y tecnología para poder avanzar en un modelo de crecimiento más sostenible en el tiempo.

El primer semestre del año próximo va a ser fundamental para todos los departamentos del ministerio de Economía, ya que éste es uno de los que tiene un plan de reformas más profundo y amplio.

Y consultados acerca de los países de la Eurozona, el secretario de Comercio dijo que éstos “se juegan mucho” en los meses venideros, al tiempo que dijo confiar en que España tenga un papel relevante en el proceso de toma de decisiones e implementación de reformas a nivel continental.

Alberto Núñez Feijoó, el presidente de la Xunta, hizo el anuncio en las últimas horas acerca de la presentación que harán de un recurso en lo contencioso-administrativo en contra de la valoración que hizo el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sobre el valor de Novacaixagalicia antes de que se procediese a su nacionalización.

En esas circunstancias el FROB valoró la Caja, que es el resultado de la fusión que se produjo entre Caixa Galicia y Caixanova, en la suma de 181 millones de euros, es decir con un descuento de más del 90%, concretamente el 92%, de su valor en libros.

A pesar de que en ese momento la Xunta aseguró que esa valoración contó con el visto bueno de la administración autónoma de Galicia, y que esa cifra supondría alcanzar el 15% del nuevo Banco en el cual se iba a integrar, ahora Núñez Feijoó consideró que la valoración fue en su momento “injusta”, y debido a ello esto se tradujo en la reducción de la participación de la Caja a apenas un 6,8% de Novagalicia Banco.

Pero ahora se tomó la determinación de no presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, como lo hizo la Xunta en ocasión de impugnar el decreto de recapitalización del mes de febrero de este año, sino que se presentará ante la Administración.

Las razones de carácter jurídico que esgrime la Xunta y en las que se basa el reclamo es que fue el comprador el que en su momento determinó el precio de la operación de venta y en que no se conocen los criterios que se aplicaron para llegar a esa valoración.

La Xunta dice que la rebaja que se estableció respecto del valor en libros no puede ser comparada a la que se llevó a cabo con otras entidades que, con menos de la mitad de los activos que tenía Novacaixagalicia, fueron en su momento valoradas por el FROB hasta siete veces más que ésta.

Núñez Feijoó se comprometió hacia fines de la semana pasada a defender a ultranza la supervivencia de Novagalicia Banco, y a principios de esta semana debió aceptar que éste pueda desaparecer a consecuencia de una nueva y predecible ola de fusiones que pueden llevarse a cabo para lograr “desatascar el crédito”. Al respecto el presidente de la Xunta admitió que “si el Banco es capaz de capitalizarse tiene futuro, de lo contrario es evidente que estará en problemas de los que muy probablemente no pueda sobreponerse”.

Al momento de su asunción, el nuevo ministro de Economía y Competitividad de España, Luis De Guindos, demostró sus dotes para dar a conocer sus ideas de manera breve, clara y contundente, como para que la prensa no tuviese demasiado trabajo en enviarlas a sus redacciones o a sus páginas web.

De Guindos recibió del presidente Rajoy las carteras de tres ministros salientes, Elena Salgado, Miguel Sebastián y Cristina Garmendia. Y se estrenó como tal con un discurso conciliador en el hizo mucho hincapié en el espíritu de diálogo de su gestión. Señaló textualmente que “hay que recuperar la senda del crecimiento y la generación de empleo y prosperidad que no debió abandonarse nunca. Este es el objetivo número uno del Gobierno”.

Agregó que siempre le ha tocado “bailar con la más fea” y remachó que “ahora nos toca a nosotros”, mirando fijamente a Montoro, ministro de Hacienda, Báñez, ministra de Empleo y Arias Cañete, ministro de Agricultura, quienes seguían atentamente sus palabras desde las primeras filas.

Ahora deben tomar de manera urgente medidas en política económica, en el campo laboral y en todo lo concerniente al sistema financiero español. Aseguró De Guindos que, al vivir un momento de crisis múltiples, tiene un grave problema por delante, porque no se puede descuidar ningún flanco y todos deben ser tratados con igual urgencia, aunque recalcó que el tema del empleo “es prioritario”.

Siempre España tomó decisiones correctas en los momentos claves y éste es quizás el más importante, por lo que “falta le va a hacer volver a tomarlas”.

A De Guindos le tocará centrarse más en las políticas de expansión, productividad y confianza de los inversores, además de representar al país en Bruselas. Báñez tendrá que negociar con sindicatos y patronal la tan mentada reforma laboral y Montoro deberá ocuparse de la política de recortes, es decir reducir el déficit y ordenar las comunidades autónomas españolas, algo por cierto nada sencillo. Éste último dijo que su política “no será de recortes, sino de reformas”. Habrá que esperar el correr de los meses.

Montoro aseguró que la situación de las autonomías puede y debe mejorarse. Y como principal responsable de todos los nuevos funcionarios les hizo un guiño al igual que De Guindos al pedirles que “trabajen con eficacia y sirvan de trampolín para recuperar el crecimiento y la creación de empleo”.

Cuando existía el BBV la tradición de la institución indicaba que su presidente no tenía que envejecer en el cargo. Entonces se estipuló para su jubilación la edad de 65 años. Tras la fusión con Argentaria, el ahora BBVA mantuvo la tendencia.

Pero desde que Francisco González se hizo cargo del Banco diez años atrás la cultura del mismo parece haber cambiado bastante.

El martes de la semana pasada el consejo de administración aprobó cambiar el reglamento interno de la entidad para permitir retrasar la edad de jubilación de los consejeros desde los setenta a los setenta y cinco años.

Entonces González, que tiene en la actualidad sesenta y siete años, podrá permanecer en su actual cargo hasta el mes de marzo del 2.020. Sólo deberá someter cada tres años la renovación del mismo a la junta como el resto de los consejeros.

Éste no es el primer cambio que González hace sobre este tema. Ya en diciembre del 2.007 durante el último consejo de ese año retrasó la edad para jubilarse desde los sesenta y cinco a los setenta años.

Y en el 2.009 prejubiló a José Ignacio Goirigolzarri, diez años más joven que él mismo. Varias veces el BBVA llevó a cabo prejubilaciones de empleados con más de 53 años.

Esta nueva medida que ha tomado el presidente del BBVA en principio no va a subir su pensión, que fue fijada en prácticamente 80 millones de euros y fue externalizada fuera del Banco. Asimismo se supo que la retribución de González al término del presente año va a ser de 4,97 millones de la moneda común.

Fuentes cercanas al Banco indican que la junta de accionistas a celebrarse en marzo va a ser notificada de las modificaciones. De acuerdo a los trascendidos, estos cambios se hacen para “dar continuidad a los actuales miembros del consejo, quienes estuvieron al frente del barco durante toda la crisis económica y tomaron decisiones claves para garantizar la gestión de la entidad”.

También se eliminará el límite máximo de doce años que existía para los consejeros independientes. Son nueve los miembros del consejo que están en esta situación de acuerdo a la última memoria del gobierno corporativo de la institución.

Hay otras importantes empresas del Ibex35 que mantienen esta limitación, como Gas Natural, BME, Mapfre o Abertis, por citar sólo algunos ejemplos.

De acuerdo a lo que parece, el nuevo Gobierno de España inició sus funciones en la semana en que el Banco Central Europeo ha salvado al euro y por consiguiente a toda la Eurozona.

Con una operación tan inspirada como audaz, el BCE rescató a la moneda única al menos durante unos meses, y si todo sale como se planea, de manera definitiva.

Así es que todo indica que la nueva administración española va a tener un desempeño muy parecido a la anterior. Comenzará su período con una etapa de recesión y muy probablemente lo cierre con otra. En medio de ambas probablemente va a haber una etapa de crecimiento que de ser lo suficientemente importante va a permitir bajar la tasa de paro en 4 ó 5 puntos porcentuales, aunque esa caída parta de un nivel más alto que el actual.

Mientras tanto la Eurozona seguirá luchando por su vida pero esta vez apoyada por una decidida acción del BCE, que mediante un préstamo de medio billón de euros con un plazo de reintegro de tres años a la mayoría de los Bancos europeos salvó a éstos de la inminente catástrofe producida por los problemas de estrangulación de los créditos, pero de los que ellos reciben, no de los que dan a los clientes. Esta situación ya amenazaba seriamente con desembocar en un callejón sin salida en el primer trimestre del año que está por comenzar.

En principio salvando a los Bancos europeos el BCE salvó a casi toda la economía mundial de una aguda depresión.

Este “monstruoso” salvataje puso de manifiesto la gravedad del panorama. Cada uno de los 523 Bancos que fueron al BCE en busca de auxilio recibió en promedio un crédito de 1.000 millones de euros. Esta cifra engloba los créditos a corto plazo que ya estaban vigentes, por lo que la cifra total gira en torno a los 200.000 millones de euros. Lo cual es todavía mejor porque le permite al BCE no consumir su “capacidad de maniobra” tan rápidamente.

Todo indica un cambio en la forma de actuar del emisor europeo. Ahora aparenta una mayor disposición para hacer lo que esté a su alcance con el fin de estabilizar la situación a largo plazo. Si hasta se ha planteado la posibilidad de realizar una política monetaria cuantitativa, es decir pasar a comprar deuda pública directamente a los Gobiernos en problemas, que no son pocos…