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La crisis que continúa azotando la Eurozona y la caída en el crecimiento de las principales naciones emergentes está frenando la subida de la economía global. Este es la principal de las conclusiones a la arribó el informe de Perspectivas Económicas Globales que presentó el Banco Mundial el pasado 18 de enero en la ciudad de Pekín.

El conjunto de los países emergentes crecerá en el año recién comenzado alrededor del 5,4%, frente al dato de 6,2% que se había calculado el pasado mes de julio del 2.011. Las naciones desarrolladas permanecerán en una media de crecimiento del 1,4% frente al 2,7% inicialmente calculado, y en contrapartida las naciones de la Eurozona tendrán una contracción del 0,3%, cuando antes se vislumbraba una subida del PIB regional del 1,8%.

Con este conjunto de datos, el Banco Mundial espera que la economía global crezca el2,5% en el 2.022 y el 3,1% en el 2.013, cuando antes el pronóstico para ambos años era de no menos de 3,6% de crecimiento.

A pesar de que el panorama para Europa es bastante sombrío, el informe destaca que las recientes medidas que se tomaron a nivel continental, como el fortalecimiento del Fondo de Rescate o los avances hacia la unidad fiscal de la Eurozona pudieron bajar la presión sobre la deuda soberana de países altamente amenazados como Grecia, Italia, España o Francia.

Igualmente las condiciones para una mejora sostenible todavía no están dadas y por ende las economías avanzadas podrían caer en una recesión igual o peor que la de los años 2.008 y 2.009.

Con respecto al caso específico de España, el informe indica que la nueva administración de Mariano Rajoy se comprometió a acelerar de manera “considerable” las reformas estructurales y fiscales que inició el anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Que el crecimiento se ha ralentizado se puede observar en la debilidad del comercio y del precio de las materias primas. Los precios globales de energía, metales y minerales bajaron un 10, 25 y 19% respectivamente desde los picos máximos de principios del año pasado.

Y de acuerdo al pensamiento del BM, la caída de los precios de las materias primas ayudó a mantener a raya la inflación en las naciones más desarrolladas. Pero aunque los precios de los alimentos cayeron un 14% desde febrero del 2.011, la alimentación de las naciones más pobres, como varios países africanos, sigue causando una preocupación fundamental para todo el planeta.

El primer ministro de Grecia, Lukas Papademos, tiene una fecha clave que seguramente ronda por su cabeza al igual que en la de muchos otros líderes europeos. Y esa fecha es el 20 de marzo, día en el cual al Estado heleno le vence una deuda de 14.000 millones de euros. Si para entonces no logró llegar a un acuerdo con la banca internacional, se transformaría en una triste y riesgosa realidad la temida suspensión de pagos griega.

Ya el viernes 13 de enero se habían disparado las alarmas por el rotundo fracaso de la reunión entre el Estado griego y los principales banqueros. Pero los días pasaron y hacia el lunes 16 volvió en parte el optimismo. Papademos le manifestó a la cadena estadounidense CNBC su gran optimismo de alcanzar en “dos o tres semanas” un pacto por el cual el sector financiero renuncie a cobrar la mitad del dinero que Grecia le debe.

Y además manifestó que el objetivo del gobierno griego era llegar a un acuerdo que cerrase el tema antes de la reunión de ministros de finanzas de la zona euro que se llevó a cabo el lunes 23 de enero.

La entidad que representa a los banqueros, el Instituto de Finanzas Internacionales, tuvo expresiones en el mismo sentido que las autoridades griegas. Su director gerente, Charles Dallara, vio como posible un principio de acuerdo para los próximos días, aunque aseguró que las discusiones podían tomar varias semanas hasta arribar a un arreglo definitivo.

Esta quita del 50% de la deuda contraída por Atenas con la banca es un punto fundamental del segundo plan de rescate financiero de Grecia, el que incluye una nueva inyección de 130.000 millones de euros al Tesoro griego por parte tanto de la Unión Europea como del Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo no todo es tan sencillo como podría parecer explicado en palabras. Las conversaciones entre el gobierno griego y los banqueros representados por el IIF se trabaron en el tipo de interés que se pagarán por los nuevos bonos que reemplacen a los actuales y que las entidades tienen en su poder hasta recibir la nueva tanda.

Por lo pronto Papademos ya dijo que la vuelta al dracma no es una opción para su país, lo que hace pensar que el gobierno hará lo necesario como para permanecer en la Eurozona a cualquier precio.

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Desde muchísimo antes de la aparición de la crisis económica global, en realidad desde hace ya dos décadas, se viene especulando en el ambiente financiero de España con la fusión entre La Caixa y Caja Madrid, entidad ésta que hoy esta pilotando Bankia. Es un rumor recurrente en el mercado español que cada tanto cobra nuevos bríos, y por una razón u otra al final no se lleva adelante.

Lo cierto es que la realidad económica, financiera y política cambió mucho en estos veinte años y parece empujar en la dirección de una fusión.

Y al parecer el último impulso provino del Gobierno, a través del ministro de Economía Luis de Guindos. Éste rechazó la creación de un Banco malo que aglutinara los peores activos financieros por entender que debe procederse al saneamiento de las entidades a través de las fusiones, donde las mejores absorberían a las más débiles. Y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría reafirmó que debe haber menos entidades que tienen que ser más fuertes para poder dar nuevamente créditos.

Son varios los factores que están lastrando las cuentas de las entidades, y esto se agudiza en las que dependen más de los activos inmobiliarios en sus balances, entre las que se destaca Bankia por la herencia recibida de Bancaja. Así es que la entidad que preside Rodrigo Rato busca entre varias opciones posibles para su futura integración, como podría ser el caso del BBVA, el Santander o Caixabank, y la que más adecuada parece al presente del ámbito financiero español es la de su integración con la entidad catalana, que es dirigida por Isidro Fainé.

Pero las dos entidades, ambas cotizantes en Bolsa, niegan por el momento que mantengan conversaciones dirigidas a su fusión. Del lado de Bankia afirman que intentarán mantener la estrategia diagramada en solitario.

Rato aseguró textualmente que “No hay ninguna operación corporativa planteada en Bankia. Estamos centrados en el desarrollo del Plan Estratégico 2012-2015 y en completar el proceso de integración tecnológica de las siete cajas que conforman la entidad”.
Incluso un rumor que recorre el mercado acerca de que Caixabank necesita reducir y mucho su extensa red de más de 5.000 oficinas haría viable el tema de una fusión.

Rato y Fainé tienen una estrecha relación personal y profesional, que se acrecentó cuando Rato trabajó como consejero internacional de La Caixa.

Y hay fuentes financieras que aseguran que el Banco de España estaría al tanto de las tratativas de fusión.

Lo concreto es que por ahora no hay nada oficial, pero cuando el río suena…

Después del preacuerdo que se alcanzó en las vísperas de Navidad, Seat y UGT, con mayoría en el comité de empresa, firmaron el pasado 16 de enero el nuevo convenio laboral de la empresa automovilística para el próximo quinquenio. Éste vincula los salarios con los resultados obtenidos por la empresa. Es de destacar que tanto CC OO como CGT no fueron de la firma, ya que criticaron duramente el convenio por su excesiva flexibilidad, puesto que la fábrica podrá, de considerarlo necesario, fijar más turnos de trabajo en sábados y domingos.

Concretamente, de los 39 actuales posibles turnos (todos en días sábado), se va a pasar a 252, en varios horarios de sábados y domingos.

La empresa, tras la firma del acuerdo, celebró un texto que considera que “garantiza e incrementa de manera significativa la competitividad” de la marca que pertenece al grupo Volkswagen. Asimismo recalcó que, en las nuevas condiciones, la fábrica de ser necesario podrá producir 3428 días al año, con lo cual se logra el plan estratégico de saturar la producción en la fábrica de Martorell. Ésta tiene capacidad para producir 500.000 unidades anuales, y en la actualidad la producción es de alrededor de 350.000 vehículos.

En el texto del acuerdo que se pactó se fijan subidas anuales del IPC real además de constar que, si el resultado operativo de Seat es positivo, los empleados de la empresa recibirán una paga extra de hasta 500 euros. Y de esta cantidad prefijada, el 30% correspondería a la obtención en sí de un resultado positivo, otro 30% sería por productividad y el 40% restante por la calidad del trabajo realizado.

En el hipotético caso de que los resultados obtenidos por la empresa fueran negativos, el arreglo establece que por cada 25 millones de euros de mejora respecto a la previsión se agregará al IPC un 0,1%, con un tope máximo de 0,5%.

Matías Carnero, de UGT y el presidente del comité, recalcó que el acuerdo alcanzado logra “la estabilidad de toda la plantilla” y tiene previstas subidas salariales en un momento de la economía de España en el que se están aplicando “congelaciones” de salarios”.

Por el contrario, el representante de CC OO David Matellán argumentó su rechazo a la firma del convenio por las excesivas medidas de flexibilidad que éste presenta. Aseguró que “hasta ahora solo nos podían llamar los sábados por la mañana y pasamos a sábados y domingos en seis turnos”.

Y Adrián Carballada, representante de CGT, consideró que el hecho de que la fábrica esté abierta a base de horas extras significa en definitiva menos empleo para el grueso de los trabajadores.

El 17 de enero pasado el Gobierno de España recibió el explícito apoyo del Poder Ejecutivo francés para lograr que los españoles mantengan su representante en el consejo del Banco Central Europeo (BCE).

Después de reunirse con el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, el presidente francés Nicolas Sarkozy declaró textualmente que “Francia apoya con todas sus fuerzas que España mantenga un puesto” en el BCE.

Por su parte el presidente del gobierno español explicó que la reunión que ambos mandatarios llevaron a cabo ese día le sirvió para asegurarle a Sarkozy su indeclinable voluntad de que España siga manteniendo, como corresponde, uno de los seis lugares del consejo del BCE que quedará vacante cuando termine el mandato del español González-Páramo.

José Manuel González-Páramo es el representante de España en el consejo ejecutivo del BCE, y dejará su puesto en la autoridad monetaria del euro el próximo 31 de mayo. Rajoy ya declaró abiertamente su intención de “pelear” con todos los medios a su alcance para mantener un puesto en el máximo órgano de gobierno del instituto emisor europeo.

No es una cuestión menor la elección de la nacionalidad del sexto miembro del Consejo. La salida de España de éste y su eventual reemplazo por un socio del norte rompería la actual mayoría que en estos momentos tienen las naciones del sur y particularmente los periféricos en la cúspide del órgano donde se toman las decisiones acerca de los tipos de interés, un ítem clave para lograr la reactivación de la economía de la Eurozona en estos momentos de crisis. Además se ocupa de la controvertida compra de bonos de los países bajo presión de los mercados, levantando las consecuentes suspicacias de Alemania y el resto de la “línea dura” de la región, como Holanda y Austria.

Ahora el consejo del BCE cuenta con dos alemanes, un italiano, un griego, un francés y el español González-Páramo. Y la idea es mantener esa paridad de fuerzas, con cierta preeminencia de los países “del sur”.

Tampoco ayuda la pérdida de la triple A por parte de Francia, porque así deja a un solo país de los representantes en esa condición, es decir Alemania, y podrían intentar colocar a otra nación “del norte” que esté en esas condiciones, como por ejemplo Holanda.

La salida de España del máximo órgano del BCE sería un traspié para España, quien tradicionalmente ocupó un lugar haciendo valer su condición de cuarta potencia del euro.

Son ya demasiadas las semanas duras y de gran incertidumbre para los mercados internacionales. Los inversores están dando paulatinamente su veredicto sobre el anuncio de Standard & Poor’s (S&P) de rebajar la nota de solvencia a nueve países de la Eurozona, y eso se hace notar.

La decisión de la agencia se empezó a filtrar en los “corrillos económicos” a primera hora de la tarde del viernes 13 de este mes y ejerció como un lastre sobre los activos europeos en el tramo final de la sesión. Sin embargo, no se hizo oficial ni se conocieron todos los detalles hasta el cierre de las Bolsas a ambos lados del Atlántico. Como si todo esto no fuese suficiente, las negociaciones entre Grecia y sus acreedores siguen sin resolverse, lo que hace subir las tensiones en todos los ámbitos relacionados e involucrados.

Hay que ver cómo reaccionarán los principales mercados del mundo con el correr de estas primeras semanas al inédito hecho de la pérdida de su máxima solvencia por parte del Gobierno de Francia. Sólo basta recordar que, cuando en agosto del año pasado S&P privaba a los Estados Unidos de su triple A, los principales índices bursátiles cayeron de manera pronunciada, y en particular el Dow Jones se desplomó casi un 6%.

Y el euro, la moneda común europea, es también otro de los activos que se están viendo presionados a cotizar a la baja por la ya tristemente famosa crisis de deuda.

Hace ya casi quince días que la moneda europea cotiza en torno a los 1,268 dólares por unidad, la cifra más baja el mes de setiembre de 2.010. En lo que va de este 2.012 que recién comienza, el euro ya se depreció prácticamente un 3% frente a la moneda estadounidense, afectado sobre todo por la falta de solución a la crisis de la deuda.

Hace unos días Jamie Dimon, el presidente ejecutivo del JPMorgan, calificó a Europa como la actual mayor amenaza para la economía mundial y volvió a no descarta la salida de Grecia de la zona euro. De cualquier forma expresó su confianza, que pareció más que nada una expresión de deseos, de que la Eurozona sea “capaz de superar su propia crisis económica, más profunda que la del resto del planeta”.

Esta actual gran crisis económica a nivel global, como todas las crisis de gran magnitud, da origen a éxodos masivos de personas en todo el mundo en busca de nuevos y mejores horizontes. Lo que sucede es que a veces la crisis en sí es tan grande que no hay lugar dónde “escapar” de la afligente situación por la que atraviesan millones de personas.

En España, trabajadores altamente calificados y preparados para ejercer sus tareas se enfrentan a una tasa de paro que supera el 20% desde hace ya demasiado tiempo. Y entonces han empezado a protagonizar una lenta pero incesante fuga hacia el oeste, del otro lado del Atlántico, con la mira puesta sobre todo en los Estados Unidos, un país que a pesar de ser el que dio el puntapié inicial a esta terrible situación económica y financiera mundial tiene hoy por hoy mejores perspectivas económicas y laborales.

Ya son muchos los españoles, profesionales o no, que se afincaron en los Estados Unidos intentando comenzar una nueva vida sin privaciones y donde sus saberes sean correctamente tenidos en cuenta.

Frases como “en España es difícil encontrar un trabajo digno por méritos propios” o “aquí me siento valorado con una buena proyección profesional y muchas posibilidades de mejorar” son cada vez más escuchadas del otro lado del gran océano.

El problema se presenta con los papeles necesarios para poder residir legalmente en Estados Unidos. Cada año el gobierno estadounidense entrega alrededor de 140.000 “green cards” o permisos de residencia.

A cada país, no importa cuál sea, se le otorgaba un máximo del 7% de esos permisos, pero en diciembre del año pasado se cambió la Ley ampliando ese límite al 15% dándole prioridad a las necesidades del mercado laboral y con beneficio para los países con mayor demanda de visados como México o China, en detrimento de los aspirantes a ingresar desde las naciones más pequeñas como España.

De esos visados, unos 55.000 se entregan a través de un sorteo que efectúa anualmente el Departamento de estado norteamericano. Hoy en día participan de ese sorteo casi 20 millones de personas, y cada vez más españoles figuran entre los aspirantes. En el que se efectuó para dar los permisos de residencia para el año 2.013, participaron 15.362 españoles mientras que en el sorteo anterior lo habían hecho alrededor de 7.000, y hubo tan solo 232 afortunados que lo consiguieron.

Un juzgado de Lleida le impidió al Banco Pastor proceder al embargo del salario y las otras propiedades a dos hermanos marroquíes que en el año 2.005 se hipotecaron para comprar un piso y lo perdieron por no poder pagar la hipoteca cuatro años después. El Banco Pastor les reclamaba 66.000 euros que al parecer debían una vez entregadas las llaves.

El decreto del juzgado considera saldada la deuda, señala a los Bancos en general como principales responsables de la crisis inmobiliaria y se pregunta qué porcentaje de responsabilidad le caben a las entidades bancarias en todo este descalabro. Por ahora el Banco Pastor recurrió la medida que fue dictada el pasado 29 de diciembre.

El decreto toma como antecedentes dos resoluciones de las audiencias de Navarra y Girona que aceptaron que la entrega del inmueble liquide la deuda. Y el escrito razona textualmente que el propio Banco “incorpora en su patrimonio un inmueble que él ha tasado libremente, pero ahora le computa un precio muy inferior a esa valoración”.

Así es que el Banco Pastor tasó el inmueble en 219.000 euros en el 2.005 pero después se lo adjudicó por la mitad unos años más tarde. Como en el caso de Navarra y Girona, la resolución califica de “abuso de derecho” y “enriquecimiento injusto” las intenciones del Banco Pastor.

No se discute que el valor del inmueble sea ahora menor, pero la carga de esa rebaja no tiene por qué recaer en las personas que contrataron las hipotecas en las épocas de bonanza. El decreto del juzgado se pregunta “seguramente, el inmueble tiene ahora un valor de mercado inferior al precio pactado, ¿pero es justo que el deudor sufra todas las consecuencias de este descenso?”. “¿No sería más justo que las entidades también soportasen una parte?”. Y termina su explicación diciendo que los economistas están de acuerdo en que las pérdidas de valor de los inmuebles han sido provocadas en gran parte por las propias entidades financieras con su mala gestión.

La abogada de uno de los hermanos asegura que la interpretación estricta de la Ley permite situaciones como ésta, las que claramente son un abuso. Y la actual situación por la que atraviesa el mercado inmobiliario español no está para interpretaciones estrictas de las Leyes ni mucho menos, sino para que, en cada caso, de llegue a un acuerdo que derive en el menor de los males para las partes involucradas.

Un joven matrimonio coreano se toma el tiempo justo para abandonar sus actividades y firmar la escritura de compraventa de su nueva vivienda en una localidad madrileña. La cita es a media mañana en una notaría situada en la zona de Parla. Antes de mediodía ambos retornarán a sus respectivos empleos de mozo de almacén y atención de una tienda de alimentación y anexos.

Las condiciones en las que lograron comprar su vivienda eran poco menos que impensables en las épocas de bonanza inmobiliaria. Se trata de un piso de sin ascensor, para reformar, de 75 metros cuadrados y tres habitaciones que adquirieron en la zona de Parla a Bankia por tan sólo 68.630 euros.

Les quedará una cuota hipotecaria de 283 euros mensuales, y pudieron financiar casi 62.000 euros, o sea el 90% del valor de tasación de la vivienda.

Es un endeudamiento alto que contrasta con la compra de locales por parte de sus connacionales, que pagan generalmente en metálico. Pero no es así en el caso de los pisos. Primero invierten en el negocio y después en la vivienda, explica Sonia Fernández de la firma InfoChina Gestión, una empresa que se especializa en la venta de inmuebles españoles a los residentes chinos o asiáticos en general.

Los orientales son adictos al trabajo, buenos pagadores y en la actualidad inmobiliaria de España muy buenos compradores de viviendas. Los chinos están reflotando locales en muchas zonas donde los españoles ya se resignaron y cierran los suyos. Primero los restaurantes, después las tiendas de todo a 1 euro y las de alimentación en general. Los típicos bares de barrio, las tiendas de ropa, las peluquerías y por fin… las viviendas.

Definitivamente los chinos son clientes que no deben ser perdidos de vista. En España residen casi 170.000 ciudadanos de ese origen y hoy por hoy mueven buena parte de la economía de las zonas que frecuentan.

La compra de viviendas por parte de inmigrantes asiáticos subieron en el 2.011 entre un 30 y un 40% en el área que comprende el distrito centro de Madrid, el cordón sur de la capital y varios barrios aledaños.

El polígono industrial Cobo Calleja, en el municipio de Fuenlabrada, es uno de los polos de concentración de empresarios y trabajadores orientales más activos en la región. Y, por ende, las localidades más próximas son las más demandadas.