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En la actual situación de España las alicaídas arcas públicas son cada vez más dependientes del dinero que aporten los trabajadores, a pesar de que las rentas del capital ganaron algún peso desde el inicio de la crisis económica.

El debate para decidir qué es lo que se debe hacer para poder sostener un estado de cierto bienestar está en su apogeo, y los inspectores de Hacienda alertan cada vez con más énfasis que “son las nóminas las que sostienen el IRPF”, al tiempo que se desploman otros impuestos ligados al beneficio empresarial o a la riqueza de los españoles.

El pasado jueves Francisco de la Torre, el secretario de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, aseguró textualmente que “de la crisis se sale recaudando más. Hay que elaborar mejores leyes y aplicarlas mejor”, todo esto en el marco de la inauguración del consabido congreso anual que este año se celebró en la ciudad de Cádiz.

Sin embargo el secretario manifestó que la recaudación debería tender al equilibrio, ya que los rendimientos del trabajo, que retrocedieron algo en el PIB desde el año 2.007 representan el 85% de todo lo que el Estado ingresa por IRFP, o sea 13% más que hace cuatro años, y en el mismo período las rentas del capital pasaron a ser un 44,9% del PIB, un 3% más que en el 2.007.

En el documento que al final de la reunión presentaron los inspectores se hace referencia a la propuesta del PP de bajar todavía más el impuesto de sociedades, en este caso en particular a las pymes. Para De la Torre cuanto mayor sea la distancia entre el tipo máximo del IRPF (45%) y el de sociedades (25% para pymes y 30% para el resto) más se hace evidente la tendencia a “disfrazar” como rentas empresariales aquellas que en realidad son ingresos de personas físicas, y que aplicando la ley a ultranza deberían tributar en el IRPF. Por eso esos ingresos deberían aportar más al fisco tributando en renta.

Esta ya tristemente célebre crisis provocó que, además de mermar los ingresos, se haya registrado una fuerte subida del fraude fiscal. A pesar de no contar con datos concretos, De la Torre afirma estar seguro de que este fraude fiscal tiene que haber subido mucho al igual que la economía sumergida. Y esta presunción se basa en el simple hecho de que si hubiera realmente en España cinco millones de parados, ya se habría producido un grave estallido social.

Valeriano Gómez, el ministro de Trabajo de España, aseguró el lunes que el gobierno está preparando un cambio en la Ley para encarecer las prejubilaciones de forma tal que aquellas grandes empresas con beneficios en sus balances deban asumir los gastos que este proceso implique.

Gómez confirmó en declaraciones periodísticas que la idea gubernamental es que una empresa de “suficiente tamaño” y con un volumen de ganancias “suficientemente amplio” y que lleve adelante expedientes de regulación (EREs) que impliquen consumo de prestaciones por desempleo, contribuya con las arcas públicas haciéndose cargo ella misma de la prestación.

Para Gómez este cambio en la legislación no implica limitar ningún derecho ni del trabajador ni de las empresas, pero lo que se está tratando de lograr es de no “externalizar” esos costes de las empresas. Si el trabajador debe cobrar el subsidio por desempleo porque le corresponde de acuerdo a la Ley, ese gasto debe asumirlo la empresa, en caso de que ésta presente beneficios, y no el Estado español.

Así es que estas empresas deberán “compensar” de alguna forma a la Seguridad Social asumiendo el pago de los dos años previos a la jubilación.

Poniendo como ejemplo el caso de Telefónica, que hace pocos días anunció su intención de reducir su plantilla en España un 20% en el transcurso de los próximos tres años, sí entraría dentro de las condiciones de las empresas que deban hacerse cargo de los gastos originados por esos trabajadores.

De acuerdo a lo que manifestó Gómez, esta enmienda en cuestión podría ser introducida por el gobierno en el proyecto de Ley de reforma de las pensiones que ya se está tramitando en el Congreso por estos días.

De esta manera destacó el ministro que hay instrumentos legales para que el cambio “no tarde demasiado” en entrar en vigencia, de allí que pueda afectar específicamente al caso particular del operador de telefonía español.

Ante la posibilidad cierta de quejas por parte de Telefónica, Gómez aclaró que los cambios en las normas “nada tienen que ver con el anuncio de la empresa ni pretenden responder a su anunciado recorte de plantilla.

Pero de cualquier forma el ministro dijo que el gobierno “no está para nada de acuerdo con la decisión tomada por la compañía”.

La actual crisis en los mercados de España y sus graves consecuencias para las arcas públicas del país hacen que se piense en poner nuevos impuestos al sector financiero.

Es esto ahora tan importante que los españoles creen que será un tema de vital importancia en la próxima cumbre del G-20.

La Fundación Ideas analizó en profundidad este problema en un informe que fue comandado por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz.

Según este informe, los tributos que se están analizando podrían derivar a las arcas del Gobierno español alrededor de 7.400 millones de euros anuales.

Entre las conclusiones del estudio se pone de manifiesto que “un impuesto sobre todo tipo de transacciones financieras coordinado a nivel global sería la mejor opción para el presente momento”.

Participaron de este estudio varios reputados expertos economistas a nivel mundial, como Jeffrey Sachs, André Sapir y Nicholas Stern, y parece ser que la finalidad del trabajo es volver a poner sobre la mesa de las tasas financieras una versión corregida y ampliada de la Tasa Tobin.

La idea es complementar dicha tasa donde fuere necesario con nuevos impuestos sobre la banca y recargos mayores sobre las plusvalías de los activos financieros de alto riesgo.

El Director de la Fundación Ideas Jesús Caldera, afirma que los tributos deben saber diferenciar los distintos comportamientos y de esta manera penalizar a aquellos movimientos financieros especulativos a muy corto plazo, que se parecen a “juegos de casino” que no ayudan en nada a las Empresas y por el contrario les pueden acarrear terribles dolores de cabeza.

La gran diferencia entre este nuevo gravamen y la Tasa Tobin sería, según Caldera, que la Tasa Tobin se centraba en los mercados de divisas, mientras este nuevo impuesto mundial pondría una tasa a todas las transacciones, incluso las que se formalicen a nivel bilateral por fuera de los mercados regulados.

El tipo de interés sería muy bajo, entre el 0,01 y el 0,05% del importe involucrado en la negociación, pero suficiente como para “quitar las ganas” de realizar operaciones especulativas a muy corto plazo.

Este nuevo impuesto podría recaudar a nivel global 467.000 millones de euros, que le representarían al gobierno español no menos de 2.200 millones.

Pero en el G-20 opinan que otras medidas serían mejores, como un nuevo impuesto a la banca o subir los recargos a las plusvalías de ciertos puntuales productos financieros de alto riesgo, tal como decíamos antes.

A escasos días de terminar este 2.009 que en realidad todo el mundo espera ansiosamente que se despida por la crisis económica global que azotó a todo el planeta y todavía hace de las suyas, el gobierno de Portugal se vio obligado a corregir por segunda vez el presupuesto 2.009, subiendo hasta los 15.000 millones de euros la cifra de números en rojo de las cuentas públicas, lo cual habla a las claras del nivel creciente de endeudamiento público al que se ve obligado el gobierno lusitano.

El actual ministro de finanzas de Portugal, Fernando Teixeira dos Santos, intentó explicar el error de cálculos cometido por las autoridades de su sector, que sube el déficit del 5,9% del PIB al 8,4%, en la inesperada caída de los ingresos a las arcas del gobierno, que fue de un 13,2% con respecto al año anterior, como consecuencia directa de la crisis.

Otras causas que menciona en su intento de explicar lo que parece inexplicable es el apoyo que el gobierno debió prestar al sector financiero, y también dice que tiene su parte de responsabilidad el Plan para la recuperación, que en Portugal se conoció como Iniciativa para la Inversión y el Empleo (IIE).

Parta que el año que está a punto de comenzar, la deuda pública que previó la actual administración está por encima del 90% del PIB portugués, algo muy difícil de sostener con miras a obtener resultados favorables.

El gobierno ya aumentó el salario mínimo para todos los trabajadores en relación de dependencia para llevarlo a 475 euros mensuales, 25 euros más que los 450 euros que se pagaban hasta hace un par de meses atrás.

Además tiene previsto, cuando no, grandes inversiones en obras públicas que puedan sostener el nivel de empleo sin dejar que se dispare el número de parados.

La idea es modernizar al país todo lo posible y mantener a raya el ya muy debilitado tejido social.

Se ha prometido también no aumentar en el curso de todo el 2.010 los impuestos a los trabajadores como una forma de aumento salarial encubierto, pero así se debilitarán las cada vez más flacas arcas públicas hasta niveles probablemente insostenibles.

No debemos olvidar que sumado a los problemas que Portugal presentó y presenta en medio de la crisis, durante el año que termina hubo tres consultas electorales consecutivas, lo que obviamente no ayuda a la organización y estabilización del país, paralizando toda posibilidad de despegue económico.