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Catalunya Banc se atreve a realizar una campaña distinta a lo que ha recomendado el Banco de España.

La entidad lanzó el pasado viernes  un depósito a 12 meses que abona una rentabilidad del 3%, si el cliente coloca un mínimo de 12.000 euros procedentes de otra entidad.

De esta forma el rendimiento supera en 125 puntos básicos la remuneración máxima permitida para los productos a un año.

Fuentes oficiales indicaron que el nuevo depósito está destinado a antiguos clientes. La explicación es que los mismos podrían contratar una imposición al 2,5%. Si, además, el cliente estrecha sus lazos con el banco y contrata productos adicionales, el rendimiento del depósito alcanzaría el 3%.

El Banco Central Europeo indicó que los depósitos del sector privado en los bancos españoles sumaron el pasado mes de julio un total de 1,508 billones de euros, lo que representa una caída mensual del 4,6%, equivalente a la retirada de 74.228 millones de euros, la mayor salida de depósitos privados de las entidades españolas desde septiembre de 1997.

Esto significa el cuarto descenso mensual consecutivo del dato, que se sitúa en su nivel más bajo desde mayo de 2008, cuando los depósitos sumaban 1,507 billones.

Consultadas fuentes del Banco de España indicaron que la caída de los depósitos de los fondos de titulización no implica mayores necesidades de financiación del sistema financiero.

Un tercio de los fondos retirados corresponde a empresas y familias y la causa se debe a que las empresas tienen que pagar impuestos el día posterior al del cierre del trimestre, por lo que han recurrido a los depósitos en el mes de julio para afrontar estos pagos y que las familias, en julio y agosto gastan debido a las vacaciones explicando la retirada de depósitos bancarios.

Los otros dos tercios son operaciones de fondos de titulización. Los mismos  ante la dificultad de llevar a cabo nuevas emisiones, han recurrido a la retirada de depósitos.

Foto: marioquartz

Francisco Javier Aríztegui, subgobernador del Banco de España, solicitó que se a ajusten cuanto antes las reformas, tanto las del sector bancario como las macroeconómicas, para que fluya de nuevo el crédito.

Aríztegui indicó que  “un sistema financiero con bancos sólidos es la mejor herramienta para que el crédito fluya”. Sin embargo, admitió que  la puesta a punto de este mecanismo complejo “requiere tiempo y perseverancia”, por lo que es necesario que el sistema bancario ultime cuanto antes su reforma y que la economía culmine los ajustes macroeconómicos pendientes.

Además, el hombre que tiene bajo su cargo el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) reconoció el esfuerzo que están realizando las entidades para sanear sus balances, deteriorados por la crisis del sector inmobiliario, con unas necesidades de elevar sus coberturas en 54.000 millones. Cifra que las entidades deben conseguir por medio de la dotación de unas provisiones para insolvencias de 38.000 millones, sumadas a unos requerimientos adicionales de capital de 16.000 millones de euros para afrontar las posibles caídas adicionales del valor del suelo.

La jueza Mari Paz Fernández, quien entiende en la causa correspondiente, dejó sin indemnización ni pensión vitalicia a María Dolores Amorós, la ex directora general de la Caja Mediterráneo (CAM).

De esta manera desestimó la demanda laboral presentada por Amorós después de su despido fulminante de la Caja el mes de septiembre pasado por parte del Banco de España bajo los cargos de falsear los balances de la entidad ya desaparecida.

En la sentencia, que se dio a conocer en las últimas horas, la jueza cree que el despido fue procedente y que ningún derecho fundamental alegado por la demandante fue vulnerado. Se pudo saber que la ex directora general pretendía una indemnización extra de diez millones de euros.

En la sentencia se dan por suficientemente probadas todas las imputaciones hechas por el Banco de España en la carta de despido del 27 de setiembre del año pasado. Estas imputaciones son varias y graves, entre ellas la asignación para la ex directiva de una pensión vitalicia de casi 370.000 euros.

Y en este último hecho es que pone especial énfasis la magistrada, ya que considera que esta pensión vitalicia “no sólo choca frontalmente con los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración hasta entonces, si no que supone un enriquecimiento injusto a su favor difícilmente justificable”.

Este cálculo erróneo de su pensión vitalicia le hubiera significado a Amorós un beneficio extra de no menos de 1,1 millones de euros. Esta conducta, “por sí sola, es merecedora del máximo reproche y sanción frente a la demandante”, reza la resolución de la magistrada.

El argumento de Amorós acerca de una supuesta vulneración de sus derechos fundamentales por parte del Banco de España en la carta de despido fue rotundamente rechazado por Paz Fernández, quien aduce textualmente que “debe concluirse la inexistencia de vulneración del derecho al honor y a la propia imagen de la demandante, pues la empresa se ha limitado a reflejar en la comunicación escrita los incumplimientos contractuales imputados a la misma [...] sin ningún tipo de aditamentos o añadidos de carácter injurioso o vejatorio”.

Finalmente, y entre los considerandos más importantes de la jueza, ésta considera que María Dolores Amorós fue la máxima responsable del hundimiento de la entidad, puesto que al falsear los balances de os ejercicios mencionados en la causa evitó que la Caja pudiera tomar las medidas oportunas para reducir o eliminar el impacto de las pérdidas.

La banca de España volvió a subir la cantidad de créditos de dudoso cobro en el mes de noviembre del 2.011, incluso a un ritmo mayor al de los meses anteriores, legando al 7,5%.

Con este nuevo avance de la morosidad, ésta cierra su octavo mes consecutivo al alza de acuerdo a los datos oficiales del Banco de España. En octubre la tasa de morosos había sido del 7,42%.

Para encontrar un mes de morosidad superior a la de noviembre hay que retrotraerse a noviembre de 1.994, cuando llegó prácticamente a rozar el 8%. De cualquier forma, todo el sector financiero estima que durante el 2.012 el nivel del 8% se rebasará en varias oportunidades por las dificultades para dejar atrás la crisis, la falta de financiación y el inminente peligro de una nueva y larga recesión.

En el penúltimo mes del 2.011 los Bancos acumulaban poco más de 134.000 millones de euros en la cartera de dudoso cobro sobre un total de crédito de 1,78 billones de la moneda común. Esta cifra representa una subida de 6.600 millones frente a octubre, aunque en un marco de mayor liquidez.

Pero lo cierto es que cada vez hay más dinero difícil de recuperar, y en este contexto el crédito impagado en noviembre subió un 28% en tasa interanual frente al mismo mes del año anterior. En los meses precedentes, la subida había sido del 27, 26 y 24%.

Recordemos que en noviembre fue intervenido el Banco de Valencia ante sus crecientes dificultades financieras. Esta entidad estaba bajo “el paraguas” de Bankia, la entidad que surgió de la integración de varias cajas como Caja Madrid y Bancaja.

El Banco de Valencia tenía activos “problemáticos” de unos 4.000 millones de euros, el 18,5% del total. Y de estos créditos con problemas serios de pago, ya los morosos estaban incluidos en las estadísticas del Supervisor. Este caso fue muy comentado porque fue el primer Banco nacionalizado y la primera entidad cotizada que tuvo este fin desde el inicio de la crisis en el 2.008.

Los créditos dudosos son los acumulan tres o más meses de impago, y están subiendo constantemente desde el estallido de la burbuja inmobiliaria hacia fines del 2.007.

En el último año sólo lograron bajar un mes, en marzo del 2.01, pero la realidad demuestra que ese mes fue una mosca blanca dentro del panorama financiero español.

No existe ningún documento escrito que lleve membrete oficial, pero el mensaje ya está llegando a los altos mandos de las entidades financieras que preparan los cierres definitivos del ejercicio anterior. Y este mensaje “subliminal” indica que los beneficios del 2.011 tienen que ser necesariamente muy austeros. Lo que se busca es que se aprovechen al máximo los resultados eventualmente positivos del año pasado para subir las provisiones y las promociones en curso, tal como lo anunció el nuevo gobierno del PP.

Ahora bien, esto se contradice con las declaraciones periodísticas del ministro de Economía de España, en las que dijo que los Bancos y Cajas españolas tendrán que llevar adelante provisiones adicionales debido a su exposición al “ladrillo” por un valor de 50.000 millones de euros.

De acuerdo a los dichos de De Guindos, la mayoría de las entidades podrán realizar esas provisiones “per se”, a través de sus propios beneficios, en el curso de varios años. Pero ahora se les pide que reduzcan sus resultados para subir las provisiones, lo cual es un contrasentido.

Esta petición va en línea con las declaraciones de Mariano Rajoy acerca de un plan para el sector que se basará en el saneamiento de los balances.

Los dichos del ministro no cayeron del todo bien en el sector porque se tomaron en cierta forma como una acusación generalizada, sin distinguir entre las distintas realidades de las entidades bancarias y financieras españolas. Lo cierto es que ahora deberá actuarse con rapidez sobre los balances del año que acaba de terminar.

Bajar de forma desmesurada los beneficios afectará a la política de dividendos, un tema muy sensible para los inversores españoles. Pero José Manuel González-Páramo, actual consejero del BCE y candidato a ocupar la gobernación del Banco de España, ya advirtió en el mes de julio pasado que “Los bancos deben dejar de pagar dividendos para capitalizarse; no veo que eso sea algo sacrílego. Sobre todo mientras el mercado no vuelva a abrirse”.

Estos beneficios marcan también las retribuciones a los directivos y consejeros de las entidades, lo que en la práctica es un tema todavía más espinoso que los dividendos.

Pero para González Páramo es mucho mejor no pagar los dividendos correspondientes que darle entrada al Estado en el accionariado de la entidad.

Son muchos los factores a ser tenidos en cuenta y habrá que ver finalmente qué decisión se toma en busca del “mal menor”.

El Tribunal Supremo (TS) de España dictaminó unos días atrás que el Banco de España deberá informar a los respectivos sindicatos acerca de las cifras globales de los incentivos y gratificaciones que la entidad bancaria madre entrega a sus empleados, además del número exacto de personas que reciben estos incentivos.

De esta manera se desestima el recurso presentado por el Banco contra una decisión de la Audiencia Nacional que en noviembre del 2.010 consideró que el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Banco de España (SATBE) tenía el derecho de recibir información detallada de las cifras e incentivos que recibían todos sus trabajadores.

En ese recurso el Ente Emisor aseguraba que la información que se debía facilitar a los distintos sindicatos “es la que señala la Ley y no otra”, además de que el Estatuto de los Trabajadores no dejaba nada especificado sobre el tema gratificaciones, sino que por el contrario opta por un sistema cerrado en el que el derecho a la información de los representantes sindicales no tiene un alcance extendido.

Todo este tema se retrotrae a noviembre del año 1.997, cuando la Inspección de Trabajo dando respuesta al Sindicato demandante concluyó que el Banco de España, con más de 2.700 empleados, debía obligatoriamente hacer constar en nómina las gratificaciones e incluirlas en las bases de cotización de la Seguridad Social.

Hacia fines del 2.004 el presidente del comité de empresa le dirigió al entonces gobernador del Banco de España un escrito por el cual le pedía que se hicieran públicas en la memoria anual de la entidad todas las remuneraciones por todo concepto que habían recibido los altos cargos del Banco y el resto de los empleados durante ese año y el anterior.

También pedía en ese escrito que se dieran a conocer públicamente las previsiones y los criterios de concesión de los premios para 2.004 y 2.005.

Pero no hubo una respuesta satisfactoria para este pedido y entonces el Sindicato denunció ante la Inspección de Trabajo que las cifras percibidas como premios no aparecían en las nóminas ni se incluían en la masa salarial usada para negociar el convenio colectivo correspondiente. Tampoco en la base de cotización a la Seguridad Social.

Así las cosas la Sala de lo Social del Alto Tribunal concluyó que el Banco de España debe también especificar el sexo de os beneficiados para hacer cumplir cuando fuese pertinente los preceptos básicos de igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres.

Un principio lógico que no se puede refutar indica que no es lógico que directivos de las Cajas que ya son del Estado español ganen más que el propio gobernador del Banco de España. No pueden admitirse retribuciones millonarias para directivos de entidades nacionalizadas o que reciban ayudas públicas. Así es que el ministro Luis de Guindos deberá dar explicaciones al respecto a las autoridades del Banco de España.

Hay por el momento tres entidades que fueron nacionalizadas, Novacaixagalicia, Unnim y CatalunyaCaixca, pero existen otas varias que recibieron ayudas públicas, como Banca Cívica, Banco Mare Nostrum y Caja España Duero.

Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno, anunció hace unos días que Luis de Guindos se dirigiría al Banco de España por carta para pedir opinión sobre cómo adecuar las retribuciones fijas y variables de los altos mandos de las entidades financieras ayudadas por el erario público.

La idea es que el ministro reciba informaciones sobre las retribuciones de todo el sector financiero para ver exactamente dónde se encuentra parado en estos momentos.

Y de acuerdo a los datos recibidos en ese informe, se van a adoptar las medidas pertinentes con el claro objetivo de no premiar a aquellos gestores que colocaron a las entidades a su cargo en situación de ser intervenidas o de precisar dinero público para poder seguir desarrollando sus tareas.

Recordemos que desde hace un tiempo las retribuciones, pensiones e indemnizaciones millonarias de directivos de la CAM, Novacaixagalicia o Unnim ya despertaron un enorme rechazo social. El Banco de España exigió a las entidades con ayudas que hagan públicas las retribuciones a sus directivos, y así fue como se supo que por ejemplo tres directivos de la nacionalizada Novacaixagalicia tuvieron ingresos durante el 2.011 de algo más de 32 millones de euros.

Las autoridades nacionales buscan que la situación no se repita y de acuerdo a los datos que brinde el informe el ministerio de Economía podría llegar a adoptar cambios en la legislación para endurecer el régimen de retribuciones tal como ya se hizo en otros países de la región.

El Banco de España tiene en materia de retribuciones potestad para informar al Gobierno y poner límites cuando éstas pongan en riesgo la solvencia de las entidades involucradas. Sin embargo, la responsabilidad directa de los sueldos de los directivos corresponde a los distintos Consejos de Administración y a las Asambleas de las Cajas o Juntas de Accionistas.

Desde tiempos inmemoriales cuando las cosas no andan bien el ser humano es más proclive a buscar culpables que soluciones. Y al parecer ahora estamos en España ante otro de los tantos casos que a diario se presentan en todas partes.

Resulta ser que el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, se las ha tomado contra el ente emisor, el Banco de España.

En recientes declaraciones Fabra acusó al organismo madre de la economía española de hacer textualmente “dejación de funciones” ya que como responsable final y único de la tutela y regulación del sistema financiero del país no cumplió con sus obligaciones. Responsabilizó asimismo al Banco de “poner a los pies de los caballos a muchas entidades financieras en todo el territorio español”.

Alberto Fabra hizo estas cuanto menos inesperadas declaraciones en el transcurso de la sesión de control en las Corts, dando así respuesta a las preguntas que le fueron formuladas por representantes de los grupos socialista y EUPV acerca del funcionamiento del sistema financiero valenciano.

A su tiempo Fabra destacó que, a pesar de todos los problemas que tienen en estos momentos, propios y ajenos, desde el Gobierno autonómico a su cargo se van a esmerar por colaborar con las autoridades del Banco de España con el único objetivo de poder ayudar a encontrar la mejor solución a los graves problemas que en la actualidad presentan la mayoría de las entidades valencianas.

El objetivo final que se persigue es que tanto las personas que han depositado su dinero como aquellas que están trabajando en las distintas entidades de la Comunidad de Valencia puedan recuperar la confianza del sistema financiero, a sabiendas de que el “crédito está fluyendo y por lo tanto se pueden generar las condiciones necesarias como para seguir creciendo y generando nuevos empleos en estas épocas de paro inusitado”.

Por su parte el síndic del PSPV, Jorge Alarte, le preguntó a Fabra en qué grado puede a su criterio afectar la situación del sistema financiero español en general y valenciano en particular la evolución del crédito destinando a empresas y familias valencianas, un verdadero cuello de botella en la actual situación de la economía española.

El Banco de España acaba de confirmar lo que ya todos saben y además muchos (familias y empresas) sufren en carne propia. Y es que la banca de España endureció, lo que es lo mismo que decir que recortó, las condiciones para conceder créditos en el transcurso del tercer trimestre de este año. Y también confirmó, lo que no es ninguna buena noticia, que esta tendencia continuará al menos hasta finales de este año.

Como era de esperarse, se destacan entre los préstamos que más cayeron los hipotecarios. Y aunque esto no sirva de consuelo a los muchos pretendientes a esos créditos, cabe destacarse que la banca española no se comportó en nada de manera distinta a la banca del resto de Europa.

De acuerdo a las conclusiones de la “Encuesta sobre préstamos bancarios”, la caída en la concesión de créditos está motivada principalmente por dos razones. Primero están las obvias malas perspectivas del panorama económico general. Y en segundo lugar la creciente dificultad para acceder a los mercados financieros mayoristas de financiación.

Las grandes entidades que fueron consultadas para realizar la encuesta no fueron para nada demasiado optimistas y la inmensa mayoría de ellas cree que en el transcurso del cuarto trimestre se va a mantener el cierre de estos mercados mayoristas.

Y tampoco debe olvidarse que tanto las familias como las empresas han bajado a pesar de todo sus demandas de crédito porque las condiciones del entorno son particularmente adversas y generan más desconfianza que buenas expectativas.

Es un hecho irrefutable que las solicitudes de financiación hipotecaria por parte de las familias españolas registraron entre los meses de julio y setiembre una más que notable caída que fue más intensa en territorio español que en el resto de la Eurozona por un hipotético deterioro adicional de las perspectivas de los hogares en España con respecto al mercado inmobiliario que en el resto de Europa.

Ante la escasez de créditos, los márgenes y gastos que se aplican a los pocos que se siguen solicitando continúan elevándose de acuerdo a los datos del Banco de España, al tiempo que en el caso particular de España los plazos máximos de financiamiento se recortaron “modestamente” por vez primera desde el mes de octubre del 2.009.

En cuanto a las empresas, los criterios para aprobar nuevos préstamos se mantuvieron estables pero cayó algo la oferta en cuanto a los plazos máximos y las operaciones crediticias con las empresas de mayor tamaño.