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No existe ningún documento escrito que lleve membrete oficial, pero el mensaje ya está llegando a los altos mandos de las entidades financieras que preparan los cierres definitivos del ejercicio anterior. Y este mensaje “subliminal” indica que los beneficios del 2.011 tienen que ser necesariamente muy austeros. Lo que se busca es que se aprovechen al máximo los resultados eventualmente positivos del año pasado para subir las provisiones y las promociones en curso, tal como lo anunció el nuevo gobierno del PP.

Ahora bien, esto se contradice con las declaraciones periodísticas del ministro de Economía de España, en las que dijo que los Bancos y Cajas españolas tendrán que llevar adelante provisiones adicionales debido a su exposición al “ladrillo” por un valor de 50.000 millones de euros.

De acuerdo a los dichos de De Guindos, la mayoría de las entidades podrán realizar esas provisiones “per se”, a través de sus propios beneficios, en el curso de varios años. Pero ahora se les pide que reduzcan sus resultados para subir las provisiones, lo cual es un contrasentido.

Esta petición va en línea con las declaraciones de Mariano Rajoy acerca de un plan para el sector que se basará en el saneamiento de los balances.

Los dichos del ministro no cayeron del todo bien en el sector porque se tomaron en cierta forma como una acusación generalizada, sin distinguir entre las distintas realidades de las entidades bancarias y financieras españolas. Lo cierto es que ahora deberá actuarse con rapidez sobre los balances del año que acaba de terminar.

Bajar de forma desmesurada los beneficios afectará a la política de dividendos, un tema muy sensible para los inversores españoles. Pero José Manuel González-Páramo, actual consejero del BCE y candidato a ocupar la gobernación del Banco de España, ya advirtió en el mes de julio pasado que “Los bancos deben dejar de pagar dividendos para capitalizarse; no veo que eso sea algo sacrílego. Sobre todo mientras el mercado no vuelva a abrirse”.

Estos beneficios marcan también las retribuciones a los directivos y consejeros de las entidades, lo que en la práctica es un tema todavía más espinoso que los dividendos.

Pero para González Páramo es mucho mejor no pagar los dividendos correspondientes que darle entrada al Estado en el accionariado de la entidad.

Son muchos los factores a ser tenidos en cuenta y habrá que ver finalmente qué decisión se toma en busca del “mal menor”.

El Tribunal Supremo (TS) de España dictaminó unos días atrás que el Banco de España deberá informar a los respectivos sindicatos acerca de las cifras globales de los incentivos y gratificaciones que la entidad bancaria madre entrega a sus empleados, además del número exacto de personas que reciben estos incentivos.

De esta manera se desestima el recurso presentado por el Banco contra una decisión de la Audiencia Nacional que en noviembre del 2.010 consideró que el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Banco de España (SATBE) tenía el derecho de recibir información detallada de las cifras e incentivos que recibían todos sus trabajadores.

En ese recurso el Ente Emisor aseguraba que la información que se debía facilitar a los distintos sindicatos “es la que señala la Ley y no otra”, además de que el Estatuto de los Trabajadores no dejaba nada especificado sobre el tema gratificaciones, sino que por el contrario opta por un sistema cerrado en el que el derecho a la información de los representantes sindicales no tiene un alcance extendido.

Todo este tema se retrotrae a noviembre del año 1.997, cuando la Inspección de Trabajo dando respuesta al Sindicato demandante concluyó que el Banco de España, con más de 2.700 empleados, debía obligatoriamente hacer constar en nómina las gratificaciones e incluirlas en las bases de cotización de la Seguridad Social.

Hacia fines del 2.004 el presidente del comité de empresa le dirigió al entonces gobernador del Banco de España un escrito por el cual le pedía que se hicieran públicas en la memoria anual de la entidad todas las remuneraciones por todo concepto que habían recibido los altos cargos del Banco y el resto de los empleados durante ese año y el anterior.

También pedía en ese escrito que se dieran a conocer públicamente las previsiones y los criterios de concesión de los premios para 2.004 y 2.005.

Pero no hubo una respuesta satisfactoria para este pedido y entonces el Sindicato denunció ante la Inspección de Trabajo que las cifras percibidas como premios no aparecían en las nóminas ni se incluían en la masa salarial usada para negociar el convenio colectivo correspondiente. Tampoco en la base de cotización a la Seguridad Social.

Así las cosas la Sala de lo Social del Alto Tribunal concluyó que el Banco de España debe también especificar el sexo de os beneficiados para hacer cumplir cuando fuese pertinente los preceptos básicos de igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres.

Un principio lógico que no se puede refutar indica que no es lógico que directivos de las Cajas que ya son del Estado español ganen más que el propio gobernador del Banco de España. No pueden admitirse retribuciones millonarias para directivos de entidades nacionalizadas o que reciban ayudas públicas. Así es que el ministro Luis de Guindos deberá dar explicaciones al respecto a las autoridades del Banco de España.

Hay por el momento tres entidades que fueron nacionalizadas, Novacaixagalicia, Unnim y CatalunyaCaixca, pero existen otas varias que recibieron ayudas públicas, como Banca Cívica, Banco Mare Nostrum y Caja España Duero.

Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno, anunció hace unos días que Luis de Guindos se dirigiría al Banco de España por carta para pedir opinión sobre cómo adecuar las retribuciones fijas y variables de los altos mandos de las entidades financieras ayudadas por el erario público.

La idea es que el ministro reciba informaciones sobre las retribuciones de todo el sector financiero para ver exactamente dónde se encuentra parado en estos momentos.

Y de acuerdo a los datos recibidos en ese informe, se van a adoptar las medidas pertinentes con el claro objetivo de no premiar a aquellos gestores que colocaron a las entidades a su cargo en situación de ser intervenidas o de precisar dinero público para poder seguir desarrollando sus tareas.

Recordemos que desde hace un tiempo las retribuciones, pensiones e indemnizaciones millonarias de directivos de la CAM, Novacaixagalicia o Unnim ya despertaron un enorme rechazo social. El Banco de España exigió a las entidades con ayudas que hagan públicas las retribuciones a sus directivos, y así fue como se supo que por ejemplo tres directivos de la nacionalizada Novacaixagalicia tuvieron ingresos durante el 2.011 de algo más de 32 millones de euros.

Las autoridades nacionales buscan que la situación no se repita y de acuerdo a los datos que brinde el informe el ministerio de Economía podría llegar a adoptar cambios en la legislación para endurecer el régimen de retribuciones tal como ya se hizo en otros países de la región.

El Banco de España tiene en materia de retribuciones potestad para informar al Gobierno y poner límites cuando éstas pongan en riesgo la solvencia de las entidades involucradas. Sin embargo, la responsabilidad directa de los sueldos de los directivos corresponde a los distintos Consejos de Administración y a las Asambleas de las Cajas o Juntas de Accionistas.

Desde tiempos inmemoriales cuando las cosas no andan bien el ser humano es más proclive a buscar culpables que soluciones. Y al parecer ahora estamos en España ante otro de los tantos casos que a diario se presentan en todas partes.

Resulta ser que el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, se las ha tomado contra el ente emisor, el Banco de España.

En recientes declaraciones Fabra acusó al organismo madre de la economía española de hacer textualmente “dejación de funciones” ya que como responsable final y único de la tutela y regulación del sistema financiero del país no cumplió con sus obligaciones. Responsabilizó asimismo al Banco de “poner a los pies de los caballos a muchas entidades financieras en todo el territorio español”.

Alberto Fabra hizo estas cuanto menos inesperadas declaraciones en el transcurso de la sesión de control en las Corts, dando así respuesta a las preguntas que le fueron formuladas por representantes de los grupos socialista y EUPV acerca del funcionamiento del sistema financiero valenciano.

A su tiempo Fabra destacó que, a pesar de todos los problemas que tienen en estos momentos, propios y ajenos, desde el Gobierno autonómico a su cargo se van a esmerar por colaborar con las autoridades del Banco de España con el único objetivo de poder ayudar a encontrar la mejor solución a los graves problemas que en la actualidad presentan la mayoría de las entidades valencianas.

El objetivo final que se persigue es que tanto las personas que han depositado su dinero como aquellas que están trabajando en las distintas entidades de la Comunidad de Valencia puedan recuperar la confianza del sistema financiero, a sabiendas de que el “crédito está fluyendo y por lo tanto se pueden generar las condiciones necesarias como para seguir creciendo y generando nuevos empleos en estas épocas de paro inusitado”.

Por su parte el síndic del PSPV, Jorge Alarte, le preguntó a Fabra en qué grado puede a su criterio afectar la situación del sistema financiero español en general y valenciano en particular la evolución del crédito destinando a empresas y familias valencianas, un verdadero cuello de botella en la actual situación de la economía española.

El Banco de España acaba de confirmar lo que ya todos saben y además muchos (familias y empresas) sufren en carne propia. Y es que la banca de España endureció, lo que es lo mismo que decir que recortó, las condiciones para conceder créditos en el transcurso del tercer trimestre de este año. Y también confirmó, lo que no es ninguna buena noticia, que esta tendencia continuará al menos hasta finales de este año.

Como era de esperarse, se destacan entre los préstamos que más cayeron los hipotecarios. Y aunque esto no sirva de consuelo a los muchos pretendientes a esos créditos, cabe destacarse que la banca española no se comportó en nada de manera distinta a la banca del resto de Europa.

De acuerdo a las conclusiones de la “Encuesta sobre préstamos bancarios”, la caída en la concesión de créditos está motivada principalmente por dos razones. Primero están las obvias malas perspectivas del panorama económico general. Y en segundo lugar la creciente dificultad para acceder a los mercados financieros mayoristas de financiación.

Las grandes entidades que fueron consultadas para realizar la encuesta no fueron para nada demasiado optimistas y la inmensa mayoría de ellas cree que en el transcurso del cuarto trimestre se va a mantener el cierre de estos mercados mayoristas.

Y tampoco debe olvidarse que tanto las familias como las empresas han bajado a pesar de todo sus demandas de crédito porque las condiciones del entorno son particularmente adversas y generan más desconfianza que buenas expectativas.

Es un hecho irrefutable que las solicitudes de financiación hipotecaria por parte de las familias españolas registraron entre los meses de julio y setiembre una más que notable caída que fue más intensa en territorio español que en el resto de la Eurozona por un hipotético deterioro adicional de las perspectivas de los hogares en España con respecto al mercado inmobiliario que en el resto de Europa.

Ante la escasez de créditos, los márgenes y gastos que se aplican a los pocos que se siguen solicitando continúan elevándose de acuerdo a los datos del Banco de España, al tiempo que en el caso particular de España los plazos máximos de financiamiento se recortaron “modestamente” por vez primera desde el mes de octubre del 2.009.

En cuanto a las empresas, los criterios para aprobar nuevos préstamos se mantuvieron estables pero cayó algo la oferta en cuanto a los plazos máximos y las operaciones crediticias con las empresas de mayor tamaño.

Que la crisis económica internacional se modifica día a día no presenta ya dudas. Ahora lo que no se sabe muy bien es si está retrocediendo o se está profundizando. Y si lo que se tiene en cuenta es el nivel de morosidad de la banca en España, los augurios no son demasiado alentadores.

Este nivel se acerca peligrosamente al récord que se tuvo en febrero de 1.994, cuando la tasa de impagados llegó 9,15%, y los morosos lo eran por 23.850 millones de euros.

En el mes de agosto pasado los impagados en Cajas, Bancos, Cooperativas y establecimientos financieros de crédito (EFC) por parte de particulares y empresas se situó en el 7,14%, con un volumen de nada menos que 127.737 millones de euros.

Estos datos suponen una subida respecto a julio (6,93%) y constituyen el más alto nivel desde noviembre de 1.994, según datos oficiales del Banco de España.

La previsión de todos los sectores involucrados del mercado es que este ejercicio cierre con una tasa de morosidad que roce el 8%.

El periodista especializado Alejandro Bolaños afirma que para hacer frente a esta morosidad, el sector financiero estableció sus provisiones en poco más de 72.300 millones de euros. Y por primera vez en lo que va de este 2.011 caen aunque poco, un 0,25%, los depósitos con una merma de 23.000 millones de la moneda común.

Hasta agosto, la diferencia entre los créditos y los depósitos en todo el sector asciende a 556.000 millones de euros. Y esta es una cifra muy alta que debe ser financiada en los mercados, cosa poco probable en la actualidad, o en el Banco Central Europeo (BCE).

Aún así la suma está lejos de los 700.000 millones de diferencia que había entre activos y pasivos en diciembre del 2.008, cuando la crisis global estaba tomando toda su fuerza.

En los últimos doce meses la caída de préstamos es del 3% y quienes más la notan son las pymes, para las que cada vez es más difícil el acceso al crédito.

Desde que arrancó la crisis estamos en presencia del mayor porcentaje de pequeñas y medianas empresas (88%) que aducen serios problemas para lograr financiación de acuerdo a todas las Cámaras de Comercio consultadas.

La actual situación de crisis generalizada hace que los expertos pasen sus días deshaciendo y rehaciendo sus estimaciones a futuro. En el año 2.010 habían vaticinado que la morosidad del sistema financiero de España iba a tocar techo a principios del presente ejercicio. Después la realidad los obligó a revisar una vez más sus cálculos.

El trimestre anterior las propias entidades financieras preveían en el peor de los casos una subida de la mora para este año hasta llegar al 7%. Pero ya en Julio se alcanzó esa cifra, concretamente el 6,94%, que es el porcentaje más alto registrado desde 1.995. La realidad volvió a superar a las estimaciones.

A mediados de la década de los 90 los créditos eran de 264.000 millones de euros. En Julio pasado, la financiación en conjunto de la economía española llegaba a los…1,79 billones de euros.

Y cuando terminó el mes de Setiembre pasado, el Banco de España reconoció que la morosidad sigue su camino ascendente y que para fines de este año los créditos impagos pueden representar entre el 8 y el 8,5% del total de dinero prestado por las entidades.

Esta tasa está muy cerca del récord del año 1.994, cuando el total de la banca española llegó al 9% de impagados, hecho producido en gran parte por la intervención de Banesto a fines del año 1.993.

Pero en ese momento la medición de los índices de morosidad era más laxa que en la actualidad. Por eso fuentes del sector financiero estiman que si ahora se alcanzase un 9% de morosidad esa cifra podría equivaler a un 12 ó 13% de mediados de la década de los noventa.

En este aspecto es determinante el continuo deterioro de la economía española de los últimos al menos dos años y medio. La caída de la construcción y del sector inmobiliario sigue afectando sobremanera las cuentas y resultados de la banca en España. Tanto es así que en el mes de Julio la mora que estaba ligada a la industria del ladrillo llegaba a un récord del 17% sobre un total de créditos hipotecarios de casi 414.000 millones de euros.

La caída de la industria de la construcción parece no encontrar su piso. No son pocos los que vaticinan que la morosidad ligada al sector inmobiliario va a ser para finales de este año de no menos del 19%, un guarismo nunca antes visto.

Por una razón u otra, Novacaixagalicia está por estos días en boca de todos.

La salida de varios directivos de la Caja gallega como resultado de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova y poco antes de su nacionalización por parte del Banco de España está presentando más de un problema dentro del sector financiero de España.

Teniendo ya como antecedente el fulminante despido de la ahora ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, por parte de los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a consecuencia de los arreglos que había pactado la directiva en caso de ser cesada en su cargo, por estos días las sospechas apuntan sus cañones a Novacaixagalicia (NCG), la entidad de la que el Estado español pasó a controlar el 93% a partir del viernes de la semana pasada.

Fuentes cercanas y confiables a NCG indican que el ex director general de la entidad, José Luis Pego, habría recibido alrededor de ocho millones de euros en concepto de “prejubilación e indemnización”.

Pero al parecer no sería el único directivo en haber recibido fuertísimas sumas de dinero. El ex director adjunto de la oficina de integración, Oscar Rodríguez Estrada, también podría haber cobrado unos siete millones de la moneda común, al mismo tiempo que el ex encargado del grupo inmobiliario Gregorio Gorriarán, que se habría llevado a su casa no menos de cinco millones de euros.

Otras fuentes de también mucha credibilidad indican que el único que habría renunciado a buena parte del dinero que le correspondía como alto directivo de la entidad por su salida de la misma fue Javier García Paredes, el ex director general adjunto de la Caja.

Pero las críticas y el disconformismo no sólo se centran en las salidas que se derivan de la llegada del nuevo presidente de NCG Banco, José María Castellano y de su número dos César González Bueno, sino que también alcanzan a los dos hijos del ex presidente de Caixa Galicia, José Luis Méndez, que hasta ahora ocupaban puestos directivos importantes en la entidad. Ellos son Yago Méndez Pascual y José Luis Méndez Pascual, uno director de empresas para fuera de Galicia y el otro consejero delegado de la Corporación.

Las informaciones sobre estas indemnizaciones fueron solicitadas por fuentes sindicales en varias oportunidades al gobierno de la entidad, hasta ahora sin éxito alguno. Y le reclaman al Banco de España que inicie rápidamente las investigaciones del caso del mismo modo que se ha hecho en la CAM.

Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, se mostró sorprendido y hasta cierto modo ofuscado al asegurar que esperaba “mucho más rigor” por parte del Banco de España al hacer la valoración de Novacaixagalicia. Le reprochó a la entidad emisora el hecho “de haber ejercido como comentarista en los últimos minutos del juego en vez de haber supervisado durante ocho años”, en una rara y clara metáfora.

El instituto emisor valoró a la entidad con un inusitado descuento del 93% de su capital para recibir ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo que trae aparejada su nacionalización y deja a la Caja en una mejor posición como accionista del nuevo Banco con una participación testimonial del 6,9%.

En un desayuno de trabajo que se realizó hace un par de días y al que asistieron entre otros la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la ciudad, Feijóo hizo mención a la fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia y destacó asimismo que existen muchas expectativas para la recapitalización de Novacaixagalicia, con inversores privados de modo que no le cueste dinero al Estado.

Después de destacar las improvisaciones y errores que han regulado este “desastre de gestión financiera” Feijóo criticó el hecho de que se valore el patrimonio común de las Cajas en la misma semana en que las propias autoridades del Gobierno se dieron cuenta de que no podían vender Loterías y Apuestas del Estado, agregando que algún día alguien deberá dar cuenta de esto.

El presidente gallego insistió en que no está de acuerdo con la valoración que se le hizo a Novacaixagalicia y comentó que en estos últimos años las Cajas perdieron parte de su valor al igual que todas las empresas de España, ya que todo vale ahora un 10 ó un 15% menos que lo que valían hace una década.

Feijóo continuó con sus declaraciones poniendo en muchos momentos en duda lo hecho por el Gobierno y el Banco de España, lo que dijo que será juzgado por los acontecimientos de los próximos años. En el mejor de los casos, matizó que no se puede “estar orgulloso” de la presente actuación.

Debemos recordar que el Gobierno que preside Feijóo nunca estuvo de acuerdo en que las Cajas gallegas se fusionasen con entidades de otras comunidades. Pero finalmente el muy mal estado de Caixagalicia terminó por arrastrar a Caixanova.

Al mismo tiempo que el Banco de España anunciaba la nacionalización de tres Cajas de Ahorros en la ciudad de Madrid, Emilio Botín, el presidente del Banco Santander cerraba en Londres la reunión con inversores y analistas de la entidad y les prometía subidas del beneficio por cada acción del Banco de alrededor del 10% anual y una mejora todavía mayor del dividendo a partir del año 2.013.

Botín no tuvo reparos en lanzar mensajes optimistas sobre el futuro de España, al decir textualmente de acuerdo a una copia entregada a la prensa por los portavoces de la entidad que “la contribución a beneficios de España puede ser la mayor sorpresa positiva para los inversores en los próximos años”.

Ahora bien, si el mensaje se lee en su totalidad y atentamente, el famoso banquero dejó muy en claro que esa mejora no va a ser inminente, afirmando que “hemos alcanzado el suelo y creemos que 2012 será similar al 2011; a partir de 2013 esperamos que se normalicen las provisiones, la morosidad y el coste de liquidez”.

O sea que ya adelantó que el año próximo será muy similar al actual, que sin dudas fue el peor que se recuerda en al menos veinte años.

También adelantó Botín en su mensaje que el Banco a su cargo no tiene previsto hacer ninguna adquisición o desinversión significativa en los próximos años, y a pesar de que con él nunca está dicha la última palabra, pareciera que el Santander se autodescarta en principio como uno de los posibles contendientes en la puja por hacerse de la Caja Mediterráneo (CAM).

Según él, en España ya tienen suficiente con la red Santander y Banesto. La consolidación del sector no nos da otra oportunidad que la de ganar cuota de mercado orgánicamente con las entidades que ya maneja el grupo.

Para Botín el beneficio actual del Santander está bastante por debajo de su real potencial. Espera que la entidad alcance tanto en el ROE como en el ROTE (las rentabilidades sobre recursos propios y recursos propios tangibles) de entre el 12 y el 18% para el año 2.014, lo que debería traducirse en una revalorización muy significativa de las acciones del Banco.

Fue realmente un discurso de marcado tono optimista y triunfalista en el que se reivindicó un modelo de negocios que es el que está llevando adelante actualmente la entidad a su cargo.