MercadoContinuo

El secretario de estado de Economía José Manuel Campa y el vicegobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, le pidieron en los últimos días a un selecto grupo de altos ejecutivos de los principales Bancos y Cajas de Ahorro de España que no procedan a vender la deuda griega que tienen todos en sus carteras en los próximos 60 meses.

O sea que el pedido se refiere a que no deberán exigir la devolución del capital principal, sino que durante ese lapso se conformen con cobrar los intereses, los que todavía no fueron fijados, de manera tal que el país heleno pueda rehacer y fortalecer su maltrecha economía.

La reunión entre los funcionarios gubernamentales y los directivos de las entidades financieras tuvo lugar en la propia sede del Ministerio de Economía en la tarde del martes de la semana pasada, y les sirvió a los funcionarios de la administración central para conocer el grado de compromiso de los responsables del sector financiero español en el rescate de Grecia.

Es sabido que entre la banca y las aseguradoras españolas controlan el 1% de la deuda pública de Atenas, por lo que descuenta que la medida no va a ser preocupante para el balance de las entidades. Son las compañías de seguros quienes tienen inclusive más inversión en títulos griegos que los propios Bancos.

Los Bancos de Alemania y de Francia son los que han llevado la peor parte en todo este asunto al ser en la actualidad los mayores prestamistas del gobierno de Yorgos Papandreu. Se supo además que fueron varios los países de la región cuyos gobiernos mantuvieron reuniones similares con los Bancos que operan en sus respectivos territorios con el mismo fin con que lo hizo el gobierno de España.

Después de culminadas las conversaciones, las entidades españolas tomaron el compromiso de no reclamar los vencimientos que operarán en el 2.012 y 2.013, que son a su vez los de mayor importe. El compromiso se extiende hasta los vencimientos que operen hasta el año 2.016 inclusive.

De acuerdo a las previsiones de la Unión Europea, estos próximos cinco años son los que le va a llevar a los griegos salir de su particular crisis.

Si la banca decidiera vender la deuda griega, es probable que no encontrase ningún comprador salvo que se aviniese a pagar tipos de interés superiores al 16%.

El tema del alza del precio del petróleo sigue provocando serios problemas en las ya dañadas economías de la Eurozona. Esta suba presiona sobre los precios, retrasa la recuperación de la crisis económica y perturba seriamente las cuentas públicas.

Es así que el Banco de España en su informe anual advierte sobre los riesgos que para la todavía débil economía de España trae la escalada de precios provocada por la subida del costo del barril de crudo, instando a las autoridades a tomar rápidamente cartas en el asunto.

En todo el año pasado el barril de petróleo tipo Brent, que es el de referencia en Europa, subió su precio una media del 35% frente a la caída del 33% que se había registrado en el 2.009. Es una sacudida crucial para la economía española, cuya dependencia energética supera el 75%, 20 puntos por encima de los valores medios de la región.

El supervisor explica en su informe que el comportamiento de los precios de los bienes energéticos da cuenta del 0,7% de la subida de la inflación en territorio español. Y todos estos factores apuntan ineludiblemente a un grado de competencia insuficiente en el sector de los carburantes.

Y la explicación que da el Banco de España se basa en un hecho irrefutable: los precios previos a los impuestos de los carburantes y otros combustibles en general no solamente reflejaron rápidamente la subida del coste del petróleo, sino que en España esos aumentos fueron todavía mayores que en el conjunto de la zona euro.

O sea que se produce una mezcla peligrosa: escasa competencia y elevada dependencia. El repunte del precio del crudo y la alta dependencia de España de la importación del mismo hicieron que el saldo energético se deteriorara mucho en el transcurso del año pasado, alcanzando casi el 3,5% del PIB del país, un 0,8% más que en el 2.009.

Por eso de acuerdo al informe del Banco de España reducir la brecha de la dependencia energética es un tema de importancia primordial para la economía española. Si esta brecha se redujese en los 2 próximos años a la mitad, el déficit energético caería alrededor de 0,5% del PIB, es decir unos 5.000 millones de euros.

El supervisor le reclama a las autoridades españolas urgentes medidas para reducir de manera permanente la dependencia energética del país con el extranjero.

En el transcurso del año 2.010 el Banco de España triplicó sobradamente las inspecciones que realizó en el sector de las Cajas de Ahorro, de acuerdo a los datos que se desprenden de la Memoria de la Supervisión Bancaria que publicó el organismo hace apenas unas horas sobre el pasado ejercicio.

Los números concretos indican que las actuaciones cerradas sobre estas entidades financieras pasaron de 16 a 51 durante el ejercicio pasado debido a las pruebas de resistencia y al muy “manoseado” proceso de reestructuración del sector.

Debemos recordar que el número de Cajas bajó de 45 a 19 entidades o grupos de Cajas tras haber permanecido sin cambios en el año anterior, es decir el 2.009.

En todo el conjunto del sector financiero, las inspecciones llevadas adelante por el supervisor fueron 136, un 19% más que el año anterior, mientras que los procesos en curso subieron en el mismo período un 85% hasta llegar a 39.

De acuerdo a las informaciones dadas a conocer por el supervisor, además de las inspecciones que se efectuaron “in situ”, el repunte se debió también por la subida de los estudios acerca de activos procedentes de riesgos problemáticos, el examen de los informes de autoevaluación que elaboraron las distintas entidades, y sobre todo, las pruebas de resistencia a la banca europea, que en el caso particular de España hizo someter a esta prueba a prácticamente el 100% del sector financiero, frente a la media del 60% que se analizaron en el resto de los países de los países miembros de la Eurozona.

Es así que en el marco de las tareas de inspección y supervisión que se llevaron a cabo, el Banco de España le envió escritos a todo el sector en los cuales había 192 requerimientos de los que más del 50%se referían al ítem “riesgo de crédito”. El resto de los requerimientos se referían a temas tales como gestión y control interno, recursos propios y niveles de solvencia.

De todos los escritos remitidos a las entidades, 38 se destinaron a los Bancos, 16 a las Cajas y 14 a las cooperativas de crédito.

De cualquier forma, y pese a la mayor actividad de control registrada en el 2.010, las sanciones que impuso el Banco de España se redujeron de manera muy significativa, ya que frente a los 51 expedientes de sanciones del 2.009, el año pasado sólo se cerraron 13 de esos expedientes.

El Consejo de Ministros aprobó hace apenas unas horas un real decreto que se relaciona íntimamente con las políticas de las remuneraciones del sector financiero.

Esta nueva legislación pone en vigencia una serie de requisitos que a partir de ahora van a tener que cumplir las entidades de crédito de España (Bancos y Cajas) y las empresas de servicios de inversión.
Con estas medidas se intenta incentivos considerados “perversos” que hagan que los directivos tomen decisiones que pongan en riesgo el patrimonio de las entidades.

Parte de esas nuevas medidas establecen que entre el 40 y el 60% de la retribución variable se difiera como mínimo tres años. Por otro lado, no menos del 50% de esas retribuciones variables deberán ser cobradas en acciones o formas de pago similares.

En las entidades que reciban apoyo financiero público, esta parte variable del sueldo de los directivos sólo se hará efectiva si a juicio del Banco de España las causas para abonar esa suma “están debidamente justificadas”.

Pero además de ese plus que cobran los banqueros, será la remuneración total de cada uno de ellos la que podrá estar limitada por el propio supervisor bancario.

La idea es evitar de esta forma que muchas entidades incrementen sustancialmente los salarios fijos para compensar la eventual eliminación de la parte variable, de acuerdo a lo que el mismo sector advirtió que podría llegar a ocurrir.

Este real decreto dado a conocer recientemente también incluye un nuevo régimen de contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), para intentar enfriar la llamada “guerra del pasivo” que obligan a las entidades a aplicar intereses excesivamente altos a sus depósitos para realizar contribuciones adicionales al Fondo.

De esta forma los importes que sean recibidos por los clientes y que excedan los límites que se hayan fijado se van a ponderar en un 500% para calcular los aportes al FGD, o lo que es lo mismo se van a multiplicar por cinco.

A partir del mes en que se publique la norma, los intereses en los depósitos de hasta 90 días no podrán superar en más de 150 puntos básicos el euríbor a ese plazo, lo que hechas las cuentas con la situación actual supone un interés máximo del 2,934%. Entre 3 y 12 meses el interés no podrá ser superior a 3,214%, o 150 puntos básicos sobre el euríbor a seis meses.

Para los de más de un año, el interés será del 3,137%.

El director general del servicio de estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, participó hace unos días en la Conferencia Inmobiliaria, unas jornadas que son anteriores al Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) que se desarrolla actualmente.

Y ante su audiencia dijo algunas frases que sus oyentes hubiesen querido que fuesen las últimas en escuchar, como por ejemplo que “aún queda recorrido en el ajuste de precios de las viviendas en España”.

Para colmo de males, de acuerdo a los cálculos de Malo de Molina este ajuste en los precios inmobiliarios se va a prolongar al menos durante dos años más, hasta finales del 2.012 o incluso los primeros meses del 2.013.

Ya el Banco de España advirtió en su momento que tras aflojar algo en el año 2.010, el retroceso en el precio de las viviendas volverá a ganar en intensidad en este año en curso. El fin de la deducción por la compra de una vivienda en el IRPF y la subida del IVA hicieron que muchas compras se adelantasen para el año pasado con el fin de conseguir un mejor tratamiento fiscal. Por eso en el 2.010 la caída en las ventas fue sensiblemente menor, casi un 50%, que en el 2.009.

Además es lógico suponer que en el 2.011 el precio de la vivienda volverá a bajar para compensar la eliminación de las ventajas fiscales e intentar atraer a nuevos compradores, una especie casi en extinción por estas épocas. La nueva y mala noticia es que esta situación se va a extender hasta el 2.012 y la primera parte del 2.013.

De acuerdo a datos oficiales del ministerio de Fomento, la vivienda perdió desde el comienzo de la crisis económica, o sea el período que va desde principios del 2.008 hasta principios de este año, un 15,4% de su valor. Y en términos reales, descontando la inflación, esa caída llega al 20%, es decir una quinta parte del valor de las viviendas.

Pero de acuerdo a las perspectivas del Banco de España, a la caída de los precios le queda por recorrer todavía un tercio de su camino. Todo parecería indicar que la mayor parte de este ajuste pendiente se va a llevar a cabo durante el presente año.

Durante el transcurso del primer trimestre de este año el Producto Interno Bruto (PIB) de España tuvo una modesta mejoría, pero recuperación al fin, del 0,2%.

Los datos fueron dados a conocer hacia fines de la semana pasada por el Banco de España y muestran esa recuperación frente al último trimestre del año anterior, con lo cual se mantiene el ritmo de subida del PIB que se evidenció a fines del 2.010.

Además, en términos interanuales la subida del PIB fue del 0,7%, una décima más que la comparación interanual del trimestre anterior frente al cuarto del 2.009.

La entidad que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez revela en su informe que el consumo familiar se mantuvo en el mismo nivel de subida, lo que indica que todavía el crecimiento de la demanda interna es muy moderado, lo que evidentemente retrasa todos los tiempos de salida de los resabios de la crisis económica global.

La principal fuente de recuperación de la economía española siguen siendo las exportaciones, con un 1,4% de crecimiento interanual, mientras que las importaciones avanzaron a un ritmo más lento, lo que mejoró el saldo de la balanza comercial del país.

Por su parte, y en un dato que tampoco es menor, el gasto de las Administraciones Públicas volvió a resultar inferior al de los trimestres precedentes. Los datos de la inversión volvieron a ser negativos por la continua contracción de la construcción, que no logra todavía recuperarse.

De acuerdo a lo que cree el Banco de España, el contexto de la sociedad española actual no es propicio para que el consumo privado recupere sus niveles anteriores a la crisis, por lo que el gasto de las familias sigue particularmente deprimido. Hay todavía muchas reticencias a gastar sobre todo en bienes duraderos como los automóviles porque los niveles de paro siguen siendo sumamente preocupantes y entonces la incertidumbre acerca del futuro laboral es mucha.

Además la persistente restricción del crédito desanima a los pocos que se animarían a gastar en la compra de bienes de cierto valor. La inflación, que se acentuó en los últimos tres meses, hizo caer también la renta y el nivel adquisitivo de las familias españolas.

Finalmente, el informe del ente emisor destaca que en materia de empleo el retroceso del mismo es muy similar al del trimestre anterior, con una tasa de caída interanual del 1,3%.

La catalana Caja CatalunyaCaixa recibió finalmente de parte del ente emisor, el Banco de España, la autorización necesaria para, de acuerdo a las palabras textuales del Banco, “explorar todas las vías posibles que estén a su alcance para la captación de capitales privados”.

Esto ocurrió posteriormente a que la institución de supervisión aprobara el plan de viabilidad que le había sido presentado por la entidad catalana.

Así es que en un comunicado que la Caja de Catalunya envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), informa que el Banco de España aprobó la reestructuración de la totalidad del negocio financiero de la entidad, constituyéndose de esta manera como Banco.

De la misma forma, la Caja informó que el ente supervisor aceptó también la opción de la entidad de solicitar apoyos financieros a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por un monto que podría llegar, en caso de ser necesario, a los 1.718 millones de euros.

En el documento que la Caja hizo llegar a la CNMV afirma que el origen y el eventual importe definitivo de las ayudas a solicitar van a ser objeto de un profundo análisis, evaluación y aprobación definitiva por parte de las autoridades del FROB.

Sabemos todos que la situación financiera por la que están atravesando en estas épocas de reacomodamiento posteriores al momento cumbre de la crisis económica global la gran mayoría de las entidades financieras de España y las Cajas en particular, hacen que en caso que se vaya presentando el ente supervisor deba someter el caso a un profundo y exhaustivo análisis a los efectos de decidir la viabilidad de las ayudas y la continuidad de cada entidad financiera en esa función.

CatalunyaCaixa al igual que el resto de las entidades en problemas, que son la mayoría, va a tener que elaborar y remitir al Banco de España su plan de recapitalización antes de la fecha tope exigida por el supervisor del 28 de este mes de abril.

Las Cajas españolas Unnim y Novacaixagalicia tuvieron una caída en su calificación por parte de la agencia de calificación internacional Fitch hasta el nivel de “bonos basura”.

Las dos instituciones, tanto la entidad gallega como la que surgió de la unión de Sabadell, Terrassa y Manlleu vieron caer drásticamente su nota debido a la confesa necesidad de conseguir capital adicional para poder llegar al nivel mínimo exigido por el Banco de España. Es la misma causa la que figura en los dos comunicados emitidos por la agencia calificadora.

En el caso de la catalana Unnim, Fitch manifiesta que su elevada dependencia del sector inmobiliario que está en serios problemas, sumado a los inconvenientes propios de una economía débil como lo es la española en la actualidad y un negocio que presenta muy baja rentabilidad y márgenes de negociación estrechos, han logrado que la actual situación sea más que preocupante.

Esto en un marco de mercados cerrados para conseguir financiación para la mayoría de las Cajas de España.

Los “problemas del ladrillo” también figuran entre las razones que manifiesta la agencia internacional para rebajar la nota de la Caja gallega.

En este caso en particular, Fitch señala que “la Caja debe continuar reduciendo su exposición tanto directa como indirecta a la construcción y a todo el negocio inmobiliario en general”.

Pero en este contexto de malas nuevas e incertidumbres, no todas son malas noticias, al menos para la Caja catalana.

En el apartado positivo de la nota emitida en el caso de Unnim, Fitch destaca que a pesar de sus problemas la Caja tiene un nivel de liquidez cercanos a los 3.100 millones de euros, los que le van a permitir a la entidad hacer frente a sus obligaciones y vencimientos al menos hasta el año 2.013.

Además Fitch ya adelantó que en cuanto la Caja catalana tenga claro y concrete su futuro, ya sea que se produzca una integración con otra Caja en mejores condiciones o mediante la entrada del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), la agencia calificadora va a proceder a revisar concienzudamente la nota que ahora le ha dado.

Se acerca el momento en que alguna entidad financiera se haga cargo de la Caja Mediterráneo (CAM).

Después de separarse de sus tres socios (Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria) y de pedir nada menos que 2.800 millones de euros al Fondo de Rescate, la Caja de Alicante tiene por delante un futuro incierto, que es encontrar un comprador durante el mes de abril, o bien que el Estado español tome más del 70% del capital, releve a los gestores y subaste la entidad, en lo que sería un proceso largo, de resultados inciertos y bastante penoso.

En alrededor de dos semanas se va a conocer si hay alguna entidad que se lleve la CAM sin ayudas públicas. Hasta ahora las que pidieron formalmente información al Banco de España para conocer la real situación de la CAM y eventualmente hacer una oferta fueron ocho: BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Banco Popular, BNP Paribas, Unicaja, Ibercaja y las Cajas vascas lideradas por BBK.

De estas entidades, las medianas recibieron ofertas de fondos internacionales que podrían financiar parte de la compra para poder entonces participar de la gestión de la CAM. Y aún así la opción es considerada como bastante arriesgada.

Si fuesen las Cajas las que se quedaran con la CAM, podrían contar con la ayuda parcial del Fondo de Rescate, que entonces pasaría a tener injerencia minoritaria en el Consejo de Administración.

Pero la clave de todo este desaguisado va a ser seguramente el precio. Y para afinar la oferta deben saberse más detalles de los que se han dado a conocer hasta ahora.

Las entidades interesadas quieren que los inspectores del Banco de España que auditaron la CAM a fines del 2.010 den a conocer en detalle qué fue lo que encontraron con la autorización de la entidad, cosa que al parecer no sería un problema.

Al igual que se hace en los Estados Unidos, lo que se pretende saber es la morosidad de los grandes clientes y de los préstamos, cualquiera sea su importe.

Los inspectores pidieron a la CAM que suba las previsiones en 600 millones a fines de enero. Estos datos serían claves para saber el valor real de la Caja, que cuenta con alrededor de 2.100 millones de euros de recursos propios.

Lo concreto es que el enigma está próximo a dilucidarse y no va a pasar mucho tiempo sin que la CAM sepa cuál va a ser su futuro.

El actual presidente de Bankia, Rodrigo Rato, está de acuerdo con el máximo dirigente de AEB, la patronal bancaria de España, Miguel Martín, en varios aspectos de las fusiones que se han llevado a cabo hasta ahora.

“En España hubo fusiones y desde ya que no todas tuvieron éxito. La estadística nos indica que ahora seguramente ocurrirá lo mismo”, declaró Rato a mediados de la semana pasada.

De hecho estas afirmaciones se contradicen totalmente con la postura del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que por ahora autorizó todas las alianzas propuestas y niega que al momento haya entidades inviables.

Rato no especificó a cuáles entidades se estaba refiriendo, pero todos en el mundo financiero sospechan que las más arriesgadas son las fusiones regionales, muchas veces llevadas adelante con notorios criterios políticos.

El ex director gerente del FMI hizo hincapié en el tema de la fuerte competencia del sistema financiero español. Con referencia a la salida a Bolsa de Bankia, negó que se le pueda calificar como “Banco malo” al grupo donde se agruparán, valga la redundancia, los activos inmobiliarios dañados. Aseguró que ese holding va a dar beneficios desde el principio, por lo que no se lo puede llamar “malo”.

Rato no especificó qué activos van a estar en una y otra entidad, pero dejó en claro que las participaciones industriales más valoradas se van a trasladar al Banco cotizado.

El dinero que Bankia recibió del fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria va a actuar como soporte del Banco malo. Esto provocó críticas de varios banqueros en el sentido de que el dinero público se use para aguantar los activos inmobiliarios de las Cajas, al tiempo que salga a cotizar sólo la parte “buena” del negocio. En respuesta a esto, Rato dijo que lo hace para “dar al mercado lo que el mercado quiere”.

Pero no todos los banqueros criticaron a Rato. Ángel Cano, el consejero delegado del BBVA, salió en su defensa al afirmar que “las Cajas deben generar como sea el negocio más limpio y estable posible para poder atraer así capitales privados”.

En un punto intermedio se colocó Jaime Guardiola, el consejero delegado del Sabadell, al decir que “el dinero público es perecedero y necesariamente debe ser sustituido por capital. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos”.