MercadoContinuo

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acaba de anunciar el anteproyecto de ley para que los parados en España comiencen a percibir la prestación por cese de actividad, lo que les permitirá a los trabajadores autónomos que perdieron sus fuentes de ingresos beneficiarse con un máximo de seis meses de protección. Y esto es lo que pone más nerviosos a los beneficiarios de la medida.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que es mayoritaria en el ramo, declaró enfáticamente que la medida es “insuficiente”.

Por otro lado, hay partidos políticos como el caso del CiU cuyos portavoces ya adelantaron en declaraciones a la prensa que esperan poder corregir en el Congreso Nacional esta ley.

Tampoco se calló el Secretario General de UGT, Cándido Méndez, quien manifestó que la prestación tal como ha sido concebida no es adecuada a las necesidades actuales del trabajador en estos tiempos de crisis global.

Esta medida tiene aún por delante mucho camino por recorrer. El Gobierno mandará ahora el texto de la ley al Consejo Económico y Social, quien deberá aprobarlo y enviarlo nuevamente al Ejecutivo para que éste dé el visto bueno y recién allí lo envíe para que comience su recorrido parlamentario.

Si se cumplen los tiempos que la administración Zapatero maneja, el proyecto estará aprobado a finales del primer trimestre del año entrante, con lo cual y hasta la implementación de los mecanismos necesarios, no será sino hasta el año 2.011 cuando se empiecen a efectuar los primeros pagos.

O sea que se está hablando de una ayuda que en el mejor de los casos comenzará a percibirse dentro de más de un año.

Aún así, la principal queja de los futuros beneficiarios es la restricción que se hizo a la duración de la prestación, porque mientras el gobierno prevé que el autónomo cobre un mes por cada semestre cotizado, los asalariados en la misma situación se benefician con un sueldo mensual por cada trimestre empleado, es decir exactamente el doble que en el caso anterior.

Además el autónomo deberá trabajar un mínimo de doce meses para poder acceder a la retribución por desempleo, y éstos deberán haber sido continuados e inmediatamente anteriores al momento en que se produzca el cese de actividades.

Según Juan José Barrera, Director General de Economía Social, el Gobierno no se niega a aumentar el período de cobertura, pero prefiere comenzar por una cotización pequeña e ir variando sobre la marcha, lo que no provoca mucha confianza del otro lado.
Habrá que esperar cómo se van desarrollando los acontecimientos…

CCOO y UGT declararon hacia fines de la semana pasada que ambos están dispuestos a sentarse a la mesa de reuniones para abordar los términos de una reforma laboral, sólo en caso de que la CEOE dé un primer paso y facilite el camino para que pueda destrabarse la negociación colectiva.

Esto fue anunciado por los secretarios generales de ambas entidades, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez.

Esta semana podría ser crucial para las negociaciones, que sin embargo no tienen al parecer como fin prioritario la creación de empleo en España, por lo cual no se sabe muy bien cuáles serían los aspectos que entrarían en el debate.

Toxo dijo al momento de presentar un documento que contenía propuestas sindicales sobre el empleo, los salarios y el margen de excedentes empresariales que “eventuales reformas laborales podrían ser valoradas”, pero si antes se logra un acuerdo de negociación colectiva.

Sólo así el dirigente de CCOO consideró posible recuperar el diálogo social tripartito, incluyendo en las conversaciones al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para poder lograr las bases que en cierta forma “refunden” el mercado laboral español, casi en ruinas por la crisis económica global de la que el país no logra recuperarse al ritmo deseado y necesario.

Al ser consultados sobre la negociación colectiva, tanto Toxo como Méndez afirmaron que es muy probable que en la semana que está comenzando o a más tardar en la siguiente se logre firmar un acuerdo con CEOE-Cepryme para desbloquear ese espinoso tema y poder negociar una solución de carácter plurianual, que cubriría el período 2.010/2.012.

No es esta la primera vez que se intenta destrabar las negociaciones, pero ahora los líderes sindicales manifestaron que están dispuestos a incluir la modulación de los salarios al ciclo económico empresarial, si a cambio se logra sentar las bases acerca del mantenimiento y la calidad del empleo en estos momentos de crisis e incertidumbre laboral, además de exigir la moderación de los beneficios empresariales y la reinversión de éstos en mejorar el tejido productivo de España.

Estos acuerdos presentarían varias similitudes con los alcanzados en la función pública para garantizar el poder adquisitivo de los empleados durante todo el período que dure dicho acuerdo en el marco de esta crisis que hace necesario rever a cada momento los pasos a seguir.

 Los costos por los despidos siguen dando que hablar. Díaz Ferrán apoya la propuesta de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE) para abaratar los despidos y asegura que es necesaria para acabar con la falta de trabajo.

Pide una indemnización de 20 días por despido y por año trabajado, contrapuesto a los 45 actuales, y también bonificaciones para afrontar la crisis, pese a que Rodríguez Zapatero rechazó esta posibilidad.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, dijo a Cadena Ser que esto no es nada novedoso. “Se lleva barajando desde al menos trece años, y desde entonces sale como el Guadiana y se presenta indistintamente: para relanzar la economía, para reactivar el empleo…”. O sea que la propuesta “simplemente trata de desencausar el despido, por lo que es del todo rechazable”.

Acerca de la posibilidad de una huelga general, Méndez dijo que su sindicato protestó contra el recorte de los derechos sociales, cosa que ahora no se da. Para el sindicalista el “gran problema es la desconfianza y preocupación, y abaratar el despido ahonda esta desconfianza”.

Méndez insta a los bancos a mantener la “memoria histórica” y que ahora “devuelvan lo que les hemos dado”. Recuerda así que en los últimos tiempos las cajas recibieron millones de euros de fondos públicos para que se hicieran cargo de la situación. “Si ahora pueden sacar pecho por los buenos resultados es porque el pueblo español les echó una mano”, declaró.

“La crisis durará más allá de 2009″, auguró el dirigente, y estimuló la construcción de 150.000 viviendas para el año 2012 para así mitigar la destrucción de empleo. Lo que deben hacer las instituciones crediticias, a juicio de Méndez, es “facilitar la financiación”, puesto que la restricción del crédito está maridado con el deterioro económico. Sobre la controversia de fondo, agregó que “ni se tiene que adoptar la posición de divino impaciente ni evocar la virtud de la paciencia de la monjita Gertudris”.