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Hacia el lunes 9 de este mes los líderes de los sindicatos y los empresarios españoles tomaron la iniciativa de la negociación para ver si se consigue alcanzar un gran pacto laboral. Ignacio Fernández Toxo (CC OO), Cándido Méndez (UGT) y Juan Rosell (CEOE) se encontraron en la sede de la patronal para intentar enderezar el rumbo de las conversaciones que se había “torcido” en víspera de Reyes. Y trascendió según varias fuentes de la negociación consultadas que dicho rumbo no pudo ser cambiado sustancialmente. Continua habiendo una distancia enorme entre las distintas posiciones y cada vez los tiempos se achican más, independientemente de las fechas establecidas para llegar a un acuerdo. Porque éste no parece ser un problema de fechas sino de ideologías.

Lo cierto es que ninguna de las partes ha tirado la toalla y después de la reunión de los líderes se reunieron los técnicos previamente a una nueva reunión de las máximas autoridades de todas las partes involucradas.
Sin embargo desde hace ya unas semanas el pesimismo ha ganado terreno, a punto tal que no son pocos los que creen que la actual situación es muy similar a la del pasado mes de mayo. Recordemos que en ese momento las conversaciones para una reforma consensuada de la negociación colectiva fracasaron a último momento cuando ya todo parecía acordado por las exigencias extremas que puso la CEOE sobre la mesa de negociaciones.

Todos conocen las insalvables distancias que hay en temas fundamentales como contratación, convenios y despidos. Entonces en estos días tanto sindicatos como empresarios tratan y tratarán de salvar al menos aquéllos puntos de las conversaciones que ya estén cerrados o próximos a cerrarse.

Y se esforzarán sobre todo en buscar el tan ansiado pacto sobre los salarios, una tarea titánica y de muy difícil pronóstico.

Hace ya tiempo que Toxo, Méndez y Rosell no logran salvar las diferencias en esta materia. La CEOE quiere que los salarios se congelen en el 2.012 y 2.013. Y en el 2.014 estaría dispuesta a dar un mínimo aumento de sueldos siempre y cuando la situación económica de España varíe sustancialmente.

Pero los sindicatos no quieren oír hablar de congelación de ninguna manera. Podrían llegar a pactar que los sueldos suban menos que la inflación este año y el próximo, pero de ninguna forma que éstos sean congelados. Para el 2.014 exigen que se garantice a los trabajadores que éstos recuperen poder adquisitivo perdido los dos años anteriores.

La discusión sigue y los resultados son más que inciertos…

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, los secretarios generales de los dos sindicatos más grandes de España, pidieron hace un par de días a través de una carta que le enviaron al presidente del Gobierno español que tome medidas cuya finalidad sea repartir de manera más equitativa los esfuerzos que está haciendo la población española ante la gravedad que presenta nuevamente la crisis económica.

Ambos líderes le ofrecen a José Luis Rodríguez Zapatero en la misiva que le enviaron mantener “una senda de moderación” en los salarios de los trabajadores para ayudar así a contener el avance de los precios.

Pero también le dicen que ambos consideran este esfuerzo de los asalariados como incluso contraproducente si no hay un firme compromiso de contención de los beneficios de los empresarios acompañado de de un esfuerzo adicional de inversión de las ganancias obtenidas para así poder ampliar el aparato productivo del país.

Los dos líderes sindicales mostraron predisposición para ampliar la vigencia del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que se firmó en febrero del 2.010 y que, entre otras cosas, fijaba la moderación salarial para el período 2.010/2.012.

Tanto Toxo como Méndez condicionan la extensión de ese acuerdo, como un elemento previo e indispensable, al desbloqueo de la negociación colectiva, porque a su entender el retraso en la firma de los convenios está afectando seriamente el poder adquisitivo de los trabajadores.

Recuerdan ambos que la tasa interanual del IPC se encuentra por encima del 3%, al tiempo que el incremento salarial previsto se encuentra entre el 2,2% y el 1,6% en los nuevos convenios. Así creen que será muy difícil que se recupere la demanda interna a valores mínimos aceptables.

También recuerdan ambos que el Gobierno debe cumplir con el acuerdo que suscribió oportunamente con los empleados públicos, los que el año pasado vieron mermado el poder adquisitivo de su salario en una media de algo más del 5%.

Los líderes de CC OO y UGT aseguran que para proteger a los salarios más bajos de la subida de los precios incluso sería deseable “una regulación pública más intensa durante un periodo de tiempo en relación con la energía, el transporte público y los alimentos”.

Entre otros puntos importantes de la nota enviada al Jefe del Gobierno español, le piden que rápidamente acometa las reformas que mejoren el uso de los recursos públicos mediante la supresión de gastos superfluos y la eliminación de duplicidades entre administraciones.

El pasado jueves 16 CC OO y UGT entregaron conjuntamente en el Congreso de los Diputados de España un millón de firmes que lograron juntar para “revertir una reforma laboral inútil y perjudicial para los intereses de los trabajadores”.

La idea es pedir que se tramite una iniciativa legislativa popular para modificar los efectos perniciosos que según ellos está teniendo esta reforma.

Los líderes de ambos sindicatos mayoritarios, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, fueron los encargados de entregar en el registro de la Junta Electoral Central las 1.058.752 firmas que consiguieron reunir, una cifra que supone el doble del mínimo de 500.000 que se exige para que una determinada iniciativa pueda entrar en la Cámara Baja.

Ambos líderes encabezaron una comitiva de más de 1.000 personas que recorrieron las calles cercanas a la Junta, que está junto al Congreso, manifestándose en contra de la actual reforma laboral que propone la administración de José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre los presentes se encontraban los secretarios generales de CC OO Madrid, Javier López y de UGT Madrid, José Ricardo Martínez. Algo más atrás se podía ver también al coordinador general de IU, Cayo Lara.

En el transcurso de una pequeña alocución previa al momento de entrega de las firmas colectadas, Toxo denunció que a un año de haber entrado en vigor la reforma actual, la tasa de paro en España subió del 19 al 20,3%.

Siguiendo la misma línea de su colega, Méndez calificó a la reforma de “completamente inútil”, ya que no sirvió para calmar los ánimos de los mercados financieros, y también claramente perjudicial porque el desempleo siguió subiendo a pesar de su vigencia y para peor se redujo la contratación indefinida, que era un paliativo para el pésimo panorama laboral que viven los españoles.

Es por todo esto que Toxo y Méndez le pidieron al Congreso que tramite su iniciativa, la que al parecer le da vuelta completamente a la reforma vigente que se aprobó por decreto del Gobierno, al tiempo que también solicitaron que se reviertan de manera inmediata los efectos negativos que en cuanto a contratación y creación de puestos de trabajo está teniendo la actual legislación.

El texto propuesto por los sindicatos “derrumba” los pilares básicos de la actual reforma, al eliminar por ejemplo la cláusula por la que se puede despedir por causas justificadas, lo que conlleva una indemnización de 20 días por cada año trabajado, sólo con la previsión de pérdidas.

Los parámetros claves de la economía de España dan indicios de mejora. El déficit público amaina su crecida, la confianza en los mercados aguanta los ataques de varios flancos, las exportaciones siguen tirando de la economía para sacarla de la depresión.

Pero todos estos datos quedan minimizados ante los terribles datos del paro. Es que un año después de superar la temida barrera del 20% de parados, la tasa de desempleo se mantiene en una situación que muchos califican de insostenible y es el único indicador de importancia que, lejos de mejorar, empeoró en los últimos doce meses.

El nivel de confrontación en los despachos es menor al que se registraba unos meses atrás. Tanto los Sindicatos como la patronal den claras muestras de querer negociar, aunque con más dificultades de las que serían aconsejables.

La reforma en estudio fue definida tanto por Ignacio Fernández Toxo de CCOO como por Cándido Méndez de UGT como una “auténtica revolución”.

Mientras tanto, el gobierno aguarda con impaciencia que los agentes sociales cierren definitivamente un acuerdo que ya debería regir desde fines de marzo pasado. Pero más allá de su incidencia en los distintos mercados, la reforma de los convenios laborales tiene hoy por hoy un gran valor simbólico.

Es la última gran carta que le queda al gobierno para atajar las disfunciones del mercado laboral. Ya la administración central agotó sus balas en la vía ordinaria de la reforma laboral y la extraordinaria del plan contra el empleo sumergido. Hay que aguardar ahora para ver si surten el efecto esperado.

Mientras tanto, la negociación colectiva en marcha pero sin definición es el único gran cambio pendiente en la agenda gubernamental, cuando sean transformadas en leyes las decisiones convenidas entre empresarios y sindicatos.

Estas decisiones y acuerdos van a permitir desjudicializar los conflictos laborales, porque los desacuerdos entre empresas y trabajadores se van a poder solucionar internamente sin necesidad de tener que recurrir a la elevación a los tribunales competentes. En última instancia hará falta un árbitro que dirima el diferendo.

Pero el acuerdo definitivo entre ambas partes todavía tiene ciertas aristas por limarse que deberían quedar claras a mediados de la semana entrante.

Este complicado debate entre la patronal y los sindicatos por los convenios puede necesitar de la mediación externa para poder llegar a buen puerto.

Lo cierto es que nadie quiere que la negociación colectiva corra la misma suerte que la reforma laboral, que terminó saliendo por un decreto del gobierno ante la imposibilidad de acuerdo entre las partes que discutían los pormenores de la misma.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero acaba de anunciar el anteproyecto de ley para que los parados en España comiencen a percibir la prestación por cese de actividad, lo que les permitirá a los trabajadores autónomos que perdieron sus fuentes de ingresos beneficiarse con un máximo de seis meses de protección. Y esto es lo que pone más nerviosos a los beneficiarios de la medida.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), que es mayoritaria en el ramo, declaró enfáticamente que la medida es “insuficiente”.

Por otro lado, hay partidos políticos como el caso del CiU cuyos portavoces ya adelantaron en declaraciones a la prensa que esperan poder corregir en el Congreso Nacional esta ley.

Tampoco se calló el Secretario General de UGT, Cándido Méndez, quien manifestó que la prestación tal como ha sido concebida no es adecuada a las necesidades actuales del trabajador en estos tiempos de crisis global.

Esta medida tiene aún por delante mucho camino por recorrer. El Gobierno mandará ahora el texto de la ley al Consejo Económico y Social, quien deberá aprobarlo y enviarlo nuevamente al Ejecutivo para que éste dé el visto bueno y recién allí lo envíe para que comience su recorrido parlamentario.

Si se cumplen los tiempos que la administración Zapatero maneja, el proyecto estará aprobado a finales del primer trimestre del año entrante, con lo cual y hasta la implementación de los mecanismos necesarios, no será sino hasta el año 2.011 cuando se empiecen a efectuar los primeros pagos.

O sea que se está hablando de una ayuda que en el mejor de los casos comenzará a percibirse dentro de más de un año.

Aún así, la principal queja de los futuros beneficiarios es la restricción que se hizo a la duración de la prestación, porque mientras el gobierno prevé que el autónomo cobre un mes por cada semestre cotizado, los asalariados en la misma situación se benefician con un sueldo mensual por cada trimestre empleado, es decir exactamente el doble que en el caso anterior.

Además el autónomo deberá trabajar un mínimo de doce meses para poder acceder a la retribución por desempleo, y éstos deberán haber sido continuados e inmediatamente anteriores al momento en que se produzca el cese de actividades.

Según Juan José Barrera, Director General de Economía Social, el Gobierno no se niega a aumentar el período de cobertura, pero prefiere comenzar por una cotización pequeña e ir variando sobre la marcha, lo que no provoca mucha confianza del otro lado.
Habrá que esperar cómo se van desarrollando los acontecimientos…

CCOO y UGT declararon hacia fines de la semana pasada que ambos están dispuestos a sentarse a la mesa de reuniones para abordar los términos de una reforma laboral, sólo en caso de que la CEOE dé un primer paso y facilite el camino para que pueda destrabarse la negociación colectiva.

Esto fue anunciado por los secretarios generales de ambas entidades, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez.

Esta semana podría ser crucial para las negociaciones, que sin embargo no tienen al parecer como fin prioritario la creación de empleo en España, por lo cual no se sabe muy bien cuáles serían los aspectos que entrarían en el debate.

Toxo dijo al momento de presentar un documento que contenía propuestas sindicales sobre el empleo, los salarios y el margen de excedentes empresariales que “eventuales reformas laborales podrían ser valoradas”, pero si antes se logra un acuerdo de negociación colectiva.

Sólo así el dirigente de CCOO consideró posible recuperar el diálogo social tripartito, incluyendo en las conversaciones al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para poder lograr las bases que en cierta forma “refunden” el mercado laboral español, casi en ruinas por la crisis económica global de la que el país no logra recuperarse al ritmo deseado y necesario.

Al ser consultados sobre la negociación colectiva, tanto Toxo como Méndez afirmaron que es muy probable que en la semana que está comenzando o a más tardar en la siguiente se logre firmar un acuerdo con CEOE-Cepryme para desbloquear ese espinoso tema y poder negociar una solución de carácter plurianual, que cubriría el período 2.010/2.012.

No es esta la primera vez que se intenta destrabar las negociaciones, pero ahora los líderes sindicales manifestaron que están dispuestos a incluir la modulación de los salarios al ciclo económico empresarial, si a cambio se logra sentar las bases acerca del mantenimiento y la calidad del empleo en estos momentos de crisis e incertidumbre laboral, además de exigir la moderación de los beneficios empresariales y la reinversión de éstos en mejorar el tejido productivo de España.

Estos acuerdos presentarían varias similitudes con los alcanzados en la función pública para garantizar el poder adquisitivo de los empleados durante todo el período que dure dicho acuerdo en el marco de esta crisis que hace necesario rever a cada momento los pasos a seguir.

 Los costos por los despidos siguen dando que hablar. Díaz Ferrán apoya la propuesta de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE) para abaratar los despidos y asegura que es necesaria para acabar con la falta de trabajo.

Pide una indemnización de 20 días por despido y por año trabajado, contrapuesto a los 45 actuales, y también bonificaciones para afrontar la crisis, pese a que Rodríguez Zapatero rechazó esta posibilidad.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, dijo a Cadena Ser que esto no es nada novedoso. “Se lleva barajando desde al menos trece años, y desde entonces sale como el Guadiana y se presenta indistintamente: para relanzar la economía, para reactivar el empleo…”. O sea que la propuesta “simplemente trata de desencausar el despido, por lo que es del todo rechazable”.

Acerca de la posibilidad de una huelga general, Méndez dijo que su sindicato protestó contra el recorte de los derechos sociales, cosa que ahora no se da. Para el sindicalista el “gran problema es la desconfianza y preocupación, y abaratar el despido ahonda esta desconfianza”.

Méndez insta a los bancos a mantener la “memoria histórica” y que ahora “devuelvan lo que les hemos dado”. Recuerda así que en los últimos tiempos las cajas recibieron millones de euros de fondos públicos para que se hicieran cargo de la situación. “Si ahora pueden sacar pecho por los buenos resultados es porque el pueblo español les echó una mano”, declaró.

“La crisis durará más allá de 2009″, auguró el dirigente, y estimuló la construcción de 150.000 viviendas para el año 2012 para así mitigar la destrucción de empleo. Lo que deben hacer las instituciones crediticias, a juicio de Méndez, es “facilitar la financiación”, puesto que la restricción del crédito está maridado con el deterioro económico. Sobre la controversia de fondo, agregó que “ni se tiene que adoptar la posición de divino impaciente ni evocar la virtud de la paciencia de la monjita Gertudris”.