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Las dudas sobre la capacidad de Grecia de hacer frente a sus deudas hicieron recrudecer la crisis fiscal de la moneda común europea.

Y este hecho a su vez complicó la situación de España, que el pasado martes se vio nuevamente obligada a subir la rentabilidad que ofrece por sus letras a corto plazo para poder así colocar sus títulos.

Así es que pudo finalmente vender por un total de 1.968 millones de euros, lo que sería en la práctica un promedio entre los límites previstos de 1.500 y 2.500 millones de euros.

Fue por lo tanto la tercera subasta consecutiva con subidas en los tipos de interés ofrecidos, esta vez del 0,5%, y que cerró entonces con el precio más alto de las tres emisiones.

Carlos Ocaña, el secretario de Estado de Hacienda, opinó textualmente que la operación “ha ido bien”, añadiendo que a su entender las condiciones del mercado en este momento no son tan difíciles.

Ocaña señaló que en los últimos tiempos el Tesoro español colocó más deuda para lograr así aumentar el colchón de maniobras, lo que a su parecer es una política razonable en una mejor situación de los mercados y frente a los próximos vencimientos de deuda en las semanas venideras.

El interés para títulos a tres meses fue del 1,44% frente al 0,93% que tuvo que ofrecer en marzo, y en letras a seis meses debió elevar el tipo de interés del 1,38% de marzo hasta el 1,90% de forma de conseguir atraer a los inversores.

El gran temor de los inversores es que los países periféricos se vean obligados a actuar como Grecia, de la cual se espera que en cualquier momento deba pactar una quita con sus acreedores, principalmente la banca alemana y francesa.

En un primer momento se confió en que la decisión de Portugal de activar el rescate pudiera contraponerse a la crisis, pero una eventual reestructuración de la deuda griega llevó a los bonos de estos países, y a los españoles en menor medida, a generar picos máximos de desconfianza.

De cualquier manera la deuda española, pese a lo sucedido en las sucesivas subidas de rentabilidad para colocar sus títulos, sigue mostrando una situación que dista bastante de ser la de los griegos y portugueses.

El nuevo sistema de financiación de las comunidades autonómicas que se puso en marcha recientemente resultó muy beneficioso para ellas, ya que de esta forma sube su participación en los ingresos impositivos.

Pero al mismo tiempo redujo el superávit del Estado a 1.900 millones de euros hasta el mes de febrero, de acuerdo a lo que informó recientemente el secretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña.

Esta cifra resulta ser un 43,5% menor a la del mismo período del año pasado, porque el nuevo modelo arrancó en el mes de marzo, pero sin embargo en este ejercicio está vigente ya desde enero, lo que hace que la comparación no deba considerarse muy fidedigna.

De cualquier forma, Ocaña recordó que los datos del primer bimestre del 2.011 no resultan ser representativos de la realidad porque el Presupuesto todavía no empezó a ser ejecutado.

Además, comparando ambos comienzos de año en términos de descontar las mayores transferencias a cuenta que se realizaron a las comunidades, los excedentes de la Administración Central resultarían ser este año 600 millones superiores a los del 2.010.

Lo concreto es que los gastos del Estado que se registraron hasta febrero y que son derivados en su mayor parte del ejercicio anterior, dan como resultado un desembolso de 22.600 millones de euros, un 6,4% menos que en el año anterior.

Pero también se redujeron los ingresos en un 10,9% hasta los 24.500 millones de euros.

Analizando la situación impositiva, y esperando que comiencen a entrar a las arcas públicas partidas importantes, lo recaudado por el conjunto de las administraciones fue de 33.525millones de euros, un 0,7% menos que el año pasado.

Entonces resulta que el conjunto de ingresos cayó hasta los 35.233 millones, habiendo Economía explicado que esto se debe al distinto calendario de vencimientos de la deuda pública y al gran ritmo que están teniendo las devoluciones.

Se destaca el avance en la recaudación del IVA, que a diferencia de lo que ocurría a comienzos del año 2.010 ahora está en el 18% en su carga general y en el 8% en el tipo reducido.

Finalmente, en términos de caja, donde se computan los ingresos y pagos efectivamente realizados y no los comprometidos como hace la contabilidad general, aquí el superávit se convierte en un déficit de casi 5.600 millones de euros. La cifra es, de cualquier forma, inferior a los 7.759 millones de déficit que se registraron en el mismo período del 2.010.

El gobierno de España está esperanzado en que la mejor performance de los ingresos que se registró hasta noviembre le permita a la Administración central cerrar este complejo 2.010 con un déficit menor al que se había calculado hasta ahora.

Así es que el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos Carlos Ocaña aseguró que el poder Ejecutivo podrá contar podrá contar con margen suficiente como para corregir cualquier imprevisto que se presente a último momento en las delicadas cuentas españolas, como las que presentan las comunidades, los Ayuntamientos y la Seguridad Social, de forma tal de poder cumplir con el objetivo comprometido en Bruselas de un déficit público del 9,3% para este año.

En los 11 primeros meses del año el Estado tuvo un desajuste entre ingresos y egresos de casi 39.000 millones de euros, el 3.68% del PIB.

Pero esta cifra es un 48% menor a la de hace un año, lo que suponer un adelanto en la situación económica tras la crisis económica global de la que todavía el país trata de recuperarse.

De acuerdo a las previsiones gubernamentales, se podrá alcanzar el déficit comprometido ante Bruselas gracias a la subida del IVA y las medidas de ajuste tomadas a lo largo de este duro 2.010 para el pueblo español.

De este 9.3%, la Administración central será responsable del 6,7% a pesar de que Ocaña adelantó que las premisas serán cumplidas “con holgura” por las autoridades económicas.

La subida en la recaudación por las nuevas medidas hasta el mes de noviembre es de 5.650 millones de euros más que en el mismo período del año anterior.

También las comunidades van en camino de cerrar el año dentro de los límites esperados de déficit, a pesar de que aún algunas de ellas, que no se han identificado, superan la media impuesta por la Administración central.

Por ahora y con datos del tercer trimestre, Murcia y Castilla-La Mancha son dos de las comunidades que no cumplen con los objetivos comprometidos, pero aunque no se descarta que alguna otra se les una a lo largo de los tres últimos meses del año, no se espera que superen este límite del 2,4% del PIB fijado por Madrid para las comunidades autónomas.

Todas estas medidas tienden a llegar al 2.013 con un déficit público global del 3% del PIB, que es el límite impuesto por la Comisión Europea.

Las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) esperan que el gobierno de España tenga preparado un “Plan B” por si acaso no llegan a cumplirse las metas de reducción del déficit fiscal que la administración de José Luis Rodríguez Zapatero se ha impuesto.

Estas medidas de ajuste adicionales es de esperar que estén preparadas y listas para ser puestas en marcha casi inmediatamente en caso de un contratiempo, como sería que en caso de estar atravesando el 2.011 se pudiese observar que no se llegará a la meta de recorte del déficit hasta el 6% del PIB español.

José Viñals, el responsable financiero del FMI, dejó muy en claro que la alternativa no es deseable pero podría llegar a suceder. Y los mercados en la actualidad tienen tolerancia cero a todo lo que tenga que ver con los déficits de los países en problemas.

También el Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez habló sobre la necesidad de instrumentar ese famoso Plan B, pero el Secretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña salió a cruzarlo apenas 24 horas más tarde al asegurar que “las previsiones se están cumpliendo de acuerdo a lo esperado”.

En su despacho de Washington, Viñals explicó que para el FMI los países que están bajo la lupa de todos los mercados internacionales, Irlanda, Portugal, Grecia y en menor medida España “no tienen alternativa”, ya que en caso de no cumplir con lo pactado por medio del plan original o de cualquier otro alternativo corren el serio riesgo de de recibir un castigo ejemplar por parte de los principales mercados mundiales.

El Informe de Perspectivas Globales que se presentó hace apenas 48 horas habla de las reformas del sector financiero y asegura que naciones como Irlanda o España “hicieron los deberes” en mayor medida por ejemplo que Alemania, que presenta graves problemas en los Bancos regionales. Pero aún así el Fondo parece confiar más en la capacidad de recuperación de cualquier institución alemana que en otras de los países con déficits peligrosos como los que ya mencionamos.

Pero Viñals es optimista: afirma que las autoridades económicas españolas hicieron las cosas bien con respecto a la reestructuración de las Cajas, pero le reclama al Banco de España una mayor vigilancia para evitar que las situaciones vividas se repitan y los compromisos adquiridos puedan seguir avanzando.

Es una ley no escrita que en el tramo final de los ejercicios fiscales es cuando se concentran los pagos que debe realizar el Estado y, si fallan los ingresos como está sucediendo en España en estos momentos por los efectos de la crisis económica global, el déficit y los problemas del gobierno alcanzan su dimensión real.

Y basándose en esta premisa es que el saldo negativo del Estado durante el mes de noviembre muestra que es cada vez mayor. Ya supera los 71.500 millones de euros, lo que es lo mismo que decir casi el 7% del PIB español.

Es en estas circunstancias que el Secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, reafirmó en estos días que la evolución del presupuesto está de acuerdo a lo previsto por las autoridades, que previeron un déficit de alrededor del 8,1% en la administración central para todo el ejercicio fiscal actual.

El problema es que el saldo negativo es el quíntuple del desfasaje que se registraba hace exactamente doce meses atrás.

Según Ocaña, “la mitad se debe al impacto de una evolución económica negativa y la otra mitad al coste de las medidas que el gobierno tuvo que tomar para hacer frente a los aspectos más necesarios y urgentes de la crisis”.

La recesión aparece en todas las cuentas del Estado, no importa desde donde se las enfoque.

La recaudación impositiva cayó un 16,8% respecto al mismo período de once meses del año anterior, con el IVA ocupando un cómodo primer lugar con un espeluznante 30% de caída, y los impuestos de sociedades con un descenso del 23%.

Por el lado de los gastos se destacan la subida de las erogaciones que se debieron hacer para enfrentar las prestaciones por desempleo y el aumento del pago de los intereses de la deuda pública.

Las medidas anticrisis tampoco ayudaron a las arcas públicas: los aplazamientos del IVA limitan los ingresos y los fondos extraordinarios de inversión suben los gastos de manera desmedida.

El Gobierno central tiene sus dudas sobre si las comunidades autónomas van a respetar el déficit previsto para este año del 1,5% del PIB o si se tomarán de lo acordado para el año próximo, donde el déficit se elevó al 2,5%. Ocaña ya advirtió que no aceptarán déficits públicos regionales por encima de lo pactado en su momento.

El panorama fiscal de España no varió desde hace varios meses: es oscuro y de consecuencias imprevisibles por donde se lo mire.

El Estado español registró hasta el mes de agosto de este año, y en términos interanuales de Contabilidad Nacional, un déficit de más de 60.000 millones de euros, lo que equivale al 5,73% del PIB, y frente a los 14.500 millones de euros que fue el déficit del mismo período del año anterior.

Estos datos los dio a conocer el Secretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña, y muestran los inconvenientes de España en materia presupuestaria desde que se desató la crisis económica global.

Ocaña se mostró confiado en que a pesar de que los ingresos a las arcas del gobierno continuarán a la baja hasta fines del presente año, esta caída se irá moderando con el correr de los meses, de forma tal que la previsión original de cerrar 2.009 con un déficit del Estado del 8,1% todavía se mantiene.

Estas cifras son el resultado de pagos por alrededor de 120.756 millones de euros que debió afrontar el Estado, en especial por el aumento de las prestaciones a los desempleados.

Los ingresos sumaron 60.400 millones de euros, un 28% menos por la caída en la recaudación de impuestos.

La recaudación por el IVA cayó un 38,4% y estuvo condicionada por las devoluciones mensuales extraordinarias y porque, en opinión de Ocaña, “este ha sido siempre la oveja negra de los impuestos en esta crisis”.

Por su parte, el Impuesto de Sociedades debido a la menor actividad que se registró a causa de la crisis se redujo en un 31%.

El Poder Ejecutivo, de acuerdo a la marcha en el terreno real de la economía y la recaudación fiscal, estima que para fines de este año 2.009 los números en rojo del conjunto de las administraciones podrían alcanzar alrededor del 9,5% el PIB, de los cuales el 8,1% provendría sólo del Estado.

Hacia fines del 2.010, el déficit podría volver a cifras de aproximadamente el 3% fijado como límite en Bruselas.
Ocaña opina que las condiciones están dadas como para que España se esté acercando al fondo de la recesión.

Contrariamente a lo que ocurre con la recaudación fiscal, los números de la Seguridad Social indican que se cerrará el 2.009 con un superávit de poco más de 7.000 millones de euros, una cifra superior a la estimada en un principio.