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La mayoría de los entendidos consideran que fue adecuado el freno que le impuso Bruselas a una de las más importantes ventajas fiscales para la internacionalización de las empresas de España.

En estos últimos días el Tribunal europeo de Justicia, que tiene su sede en Luxemburgo, dio su veredicto final a un largo conflicto que enfrentó a los españoles con la Comisión Europea (CE), y que concluyó con la desaparición progresiva de esta herramienta fiscal con que se contaba hasta ahora.

Son cuatro las grandes empresas españolas que recurrieron la medida de la CE: BBVA, Telefónica, Ebro Foods y los hipermercados Continente. Esta medida fue adoptada en el año 2.009, y finalmente el Tribunal de Justicia desestimó las quejas. En cuatro autos de similar tono que fueron dados a conocer en las últimas horas, el organismo considera “inadmisibles” las protestas de las empresas españolas, porque éstas no se ven en ningún momento individualmente afectadas por la decisión de la CE, lo que constituye una condición necesaria e indispensable para poder efectuar una recurrencia.

El objeto de toda esta trama es la deducción del fondo de comercio que era un beneficio fiscal que les permitía a las empresas españolas comprar participaciones en empresas extranjeras y después proceder a deducir el sobreprecio que habían pagado por ellas, es decir la diferencia entre el valor contable de la compañía y el precio real al que habían sido adquiridas.

Así es que se pretendía fomentar el ingreso de capital español en empresas extranjeras por obtener precios mucho más asequibles.

En el año 2.007 la CE abrió una investigación formal y en octubre del 2.009 terminó por declararla “incompatible con el mercado común” ya que esta práctica suponía una forma de ayuda del Estado para la adquisición de empresas, en este caso del resto de Europa.

Fue desde ese momento que el fondo de comercio quedó prohibido pero igualmente desde Bruselas se permitió seguir aplicándolo a las compras efectuadas hasta el 21 de diciembre de ese año, cuando se inició la investigación que ahora ha concluido.

Las empresas españolas que decidieron recurrir la medida están muy internacionalizadas y entonces se veían beneficiadas por esta deducción fiscal. Todas adujeron que la decisión tomada las perjudicaban de una forma muy especial.

Igualmente el Tribunal consideró que, a la vista de la documentación aportada, “ninguna ha podido demostrar su condición de beneficiarias efectivas del régimen controvertido.

La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) de España y las autoridades de Bruselas jamás se llevaron del todo bien. Por estos días el nivel de enfrentamiento ha alcanzado un nivel de encono como nunca antes se había visto.

La Comisión Europea (CE) “instó” al regulador español a que desista de su idea de esperar enero del año próximo para llevar adelante la rebaja de tarifas de interconexión móvil, que es lo que se abonan las compañías cuando los abonados se interconectan entre sí.

La CMT reaccionó de manera casi airada y recordó que la potestad de fijar esos precios de orden mayorista le corresponde a los reguladores nacionales y por lo tanto no piensa dar marcha atrás con los plazos acordados. Así le respondió al duro comunicado de la CE en el que se exige a la CMT que ponga en práctica una fuerte baja de las tarifas antes del fin de este 2.012 en curso.

Como se trata de precios mayoristas, la reducción de los mismos no implica necesariamente una baja automática de los precios que paga el consumidor, pero éste se ve beneficiado en la medida en que las compañías trasladen las tarifas a los precios finales.

En esta nueva e inusitada puja, Bruselas hace las veces de defensor de los consumidores españoles al tiempo que la CMT se hace eco de los argumentos de las operadoras telefónicas.

Neelie Kroes, la vicepresidenta de la CE, afirmó textualmente que “los consumidores españoles no tienen por qué pagar más de la cuenta por las llamadas móviles, sobre todo en un momento de dificultades para la economía nacional. El sector ha tenido ya tres años para adaptarse y no se puede justificar otro año de demora”, recordando además que el principio de este ajuste se remonta al año 2.009.

Ya la CMT envió a Bruselas su propuesta el mes de febrero pasado, alegando que una fuerte disminución de los precios en diciembre de este año tendría un impacto sumamente negativo sobre el sector, especialmente en la referente a las inversiones necesarias para desplegar nuevas redes y mantener la calidad del servicio.

La CE ha declarado que los planes de la CMT quedan en suspenso a partir ahora y que va a negociar con el regulador en el curso del próximo trimestre cómo modificar la propuesta española para que se adapte al Derecho de la Unión Europea.

El lunes pasado el ministro de Economía y Competitividad de España, Luis de Guindos, aseguró que el dato conocido del déficit del 8,51% del PIB, a pesar de haber comprometido ante la Comisión Europea una cifra no superior al 6%, es una cifra de desviación “relativamente significativa” al tiempo que la atribuyó a que el año pasado “no se hizo el esfuerzo que debería haberse realizado, en clara alusión a la anterior gestión gubernamental.

De Guindos declaró desde Nueva York que el actual gobierno de Mariano Rajoy, a pesar del deterioro presupuestario español, va a redoblar los esfuerzos para que esta situación no vuelva a presentarse.

Tras la reunión de os integrantes del G-20, el ministro recaló en Nueva york para reunirse con alrededor de un centenar de representantes de Wall Street a fin de plantear los objetivos económicos españoles tanto a nivel nacional como internacional. Y una vez más de Guindos reiteró que recién se está reconociendo el contenido de la situación y se actúa en consecuencia con la rapidez necesaria para llevar a cabo las reformas necesarias.

El ministro aseguró que “se hizo un esfuerzo muy importante en los dos últimos meses, tanto a nivel de España como de la unión Europea y los países que constituyen la unión monetaria.

Y al referirse a la opinión de la comunidad inversora internacional con respecto a la marcha de las finanzas de la Eurozona, el término que usó para resumir la actual situación es “alivio”.

De Guindos manifestó que se percibe una importante modificación en la percepción con respecto a la posición de España. Y al referirse a la latente posibilidad de una flexibilización del calendario de ajuste español por parte de la CE, explicó que el crecimiento que va a mostrar España a corto plazo “será muy inferior al que habían proyectado tanto el anterior gobierno como la propia Comisión Europea”. La contracción del PIB esperada oscilará entre el 1 y el 1,5%, a lo cual deberá sumársele la desviación encontrada en el déficit. Por lo tanto para de Guindos “el punto de partida es muy distinto al que se pensaba en un principio y eso dificultará en grado sumo la misión de este año”.

De Guindos dijo que el principal motivo de su viaje es “explicar cuál va a ser la política española de cara al futuro. España es un país seguro y confiable y su deuda pública una buena apuesta para invertir en ella”.

Todas las explicaciones que se puedan barajar obedecen sólo a especulaciones. Pero lo cierto es que se ha producido al parecer un cambio de tono en el seno de la Comisión Europea (CE) en Bruselas, que hacia fines de la semana pasada admitió que estaba estudiando flexibilizar el camino hacia la reducción del déficit para España y algunos otros países de la región. Y esto se debe seguramente a que las consecuencias de una prolongada recesión serían mucho peor a las previstas, pero debe reconocerse que menos traumática que lo que algunos analistas económicos pretenden.

Olli Rehn ha dicho que se está trabajando con las autoridades españolas encargadas de la parte económica del gobierno de Mariano Rajoy. Lo que sí resulta indispensable para las autoridades de la CE es que quieren poner en “negro sobre blanco” las cifras definitivas del déficit de los españoles del año pasado.

El ejecutivo español ya adelantó que estas cifras van a estar en alrededor del 8% del PIB frente al objetivo del 6% que se había barajado en su momento. Y esto es debido básicamente a los incumplimientos de los objetivos por parte de las Comunidades Autónomas.

Pero Rehn ya dijo que pretende ver esos números “cuanto antes”, a pesar que el gobierno de España aseguró que los dará a conocer el próximo 23 de abril, y además quiere un informe pormenorizado de lo que él llama el “derrape fiscal” español en el curso del 2.011.

Además quiere conocer en profundidad lo que sería la segunda tanda de recortes de la administración de Mariano Rajoy, quien al llegar al Palacio de La Moncloa ya puso en práctica un primer tijeretazo de 15.000 millones de euros en fuertes subidas de impuestos, sobre todo IRPF y tributación sobre el ahorro, y otros recortes de gastos.

Una vez establecido el déficit definitivo del 2.011 y el nuevo presupuesto para este año, que se enviará al Parlamento a fines de marzo, La CE podría “abrir el grifo” y flexibilizar las metas de déficit para España de modo de no agravar todavía más la ya incipiente pero instalada recesión. Entonces el gobierno debería elaborar los presupuestos con los objetivos del 4,4% del PIB de déficit para este año y del 3% para el próximo.

Varias fuentes europeas ya admitieron que estos números se flexibilizarán algunas décimas al tiempo que Rajoy quiere dejarlo por encima del 5%.

Desde el momento mismo en que asumió, el gobierno de España tiene un compromiso absoluto con el recorte presupuestario asumido. Pero lo cierto es que el nuevo presidente del gobierno Mariano Rajoy está muy preocupado y piensa que es un “suicidio” pasar de un déficit del 8% del PIB en el año 2.011 al 4,4% este año en curso. Esto traería consigo aparejado un tremendo tijeretazo de alrededor de 40.000 millones de euros, de acuerdo al calendario establecido y aprobado por la Comisión Europea.

Por ello es que el ejecutivo español ya diseñó una estrategia destinada a lograr que esta cifra se renegocie. Tanto el presidente del gobierno como el ministro de economía de España Luis de Guindos le van a pedir a Bruselas una “suavización” del compromiso asumido en un plazo que seguramente no va a exceder los 10 días. Y el objetivo que se persigue es que el déficit de este año pueda ubicarse unas décimas por encima del 4,4% establecido, para situarse a su vez unas décimas por encima del 5%.

De concretarse estos nuevos porcentajes, supondrían recortes algo inferiores, de alrededor de 30.000 millones de euros, aunque todavía muy elevados y costosos.

Recordemos que el primer ajuste de Rajoy ascendía a 15.000 millones entre bajas en los gastos y fuertes subidas de impuestos.

Quedaría entonces por delante un recorte de magnitud equivalente en un marco de gran agitación social por los efectos de la reforma laboral que se aprobó hace muy poco, esto sumado a una economía al parecer inevitablemente encaminada a otra profunda recesión.

La alternativa no parece ser más alentadora: todavía más ajuste, como consecuencia una mayor caída del PIB y una nueva subida del paro.

El calendario no ayuda y también apremia. La CE presentará por estas horas sus previsiones de crecimiento para España y éstas seguramente serán más pesimistas que las del pasado otoño, tal como lo adelantó el propio ministro de Economía a los medios periodísticos en Bruselas.

El panorama cambió y para peor. Ahora el Banco de España pronostica una recesión del 1,5% para el 2.012. El mercado laboral va en camino a los 5,5 millones de parados y la demanda interna está literalmente paralizada.

Mientras tanto, el Ejecutivo “analizará la situación para llevar adelante los pasos más convenientes para superar esta difícil coyuntura”.

La Unión Europea (UE) no quiere más modelos de crecimiento económico sin base de sustentación, a cualquier precio.

Se quieren evitar por ejemplo modelos como Irlanda y España, que basaron su crecimiento en un proceso especulativo desenfrenado de la construcción, la que al estallar derivó en un índice de paro sin precedentes, con un endeudamiento imposible de enfrentar y la bancarrota de numerosas instituciones financieras.

El martes pasado la Comisión Europea (CE) dio a conocer los nuevos criterios a emplear para verificar si las pautas de crecimiento de os países de la región son viables y sostenibles.

Se van a vigilar muy estrechamente las cuentas de los Estados, sobre todo el déficit y la deuda pública. Y ya ha seleccionado doce países para comenzar los controles, aquéllos que a su juicio presentan más deficiencias.

Estos países son España, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Bulgaria, Chipre, Hungría y Eslovenia. Hay otros cuatro países, Grecia, Irlanda, Portugal y Rumania, que no van a ser sometidos a este proceso de vigilancia porque ya están bajo vigilancia y programas especiales de rescate.

Hay diez criterios que se tendrán en cuenta para verificar la marcha de las cuentas de los distintos países, entre los cuales figuran como los principales la balanza por cuenta corriente, la posición neta de inversión internacional, la cuota de mercado en las exportaciones e importaciones, el flujo de crédito al sector privado y las deudas privada y pública.

Y España es uno de los cuatro países que más indicadores incumple de estos diez parámetros con seis sin cumplir, es decir el 60% del total.

Es por esta razón que se encuentra en la mira de Bruselas de manera muy especial, porque son varios e importantes los parámetros en los que la administración española tiene serios problemas, como el déficit y la posición neta de la inversión internacional, con un casi 90% del PIB.

Demás está decir que la tasa de desempleo española, un 16,5% promedio para los últimos tres años, está entre las peores de toda la región europea.

El desempleo español es un tema preocupante para toda la región. El vicepresidente de la CE Olli Rehn aseguró que “este es un caso muy especial que necesita un análisis mucho más profundo por la estructuralidad del altísimo nivel de parados”.

A menos de dos meses de haber asumido, el nuevo gobierno de España ya tuvo un primer revés serio con las autoridades de la Comisión Europea (CE) en Bruselas. Por el momento se desvanecieron las expectativas que tenía Mariano Rajoy para lograr suavizar el ajuste presupuestario comprometido por su administración.

El martes pasado el vicepresidente de la CE y comisario de Asuntos Económicos Olli Rehn le echó un jarro de agua fría a las esperanzas españolas de poder aplazar el calendario de reducción fiscal comprometido en su momento. Y el “No” recibido por respuesta se debe al riesgo de que se agraven todavía más la recesión, el paro y los problemas del sistema financiero.

Tampoco ayudan el bombardeo de malas noticias con respecto a la actual situación española que provienen de las agencias calificadoras de riesgo, por lo que España deberá cumplir a rajatabla con lo exigido por la CE. Nada de retrasos ni nuevos plazos. Y no esto supone nada más ni nada menos que una nueva ronda de ajustes para el pueblo ibérico.

Y mientras tanto la oposición española cree firmemente que el Gobierno no presenta los presupuestos porque no quiere comprometer los intereses del PP en las próximas elecciones de Andalucía y Asturias el 25 de marzo.
Fuentes oficiales del CE aseguraron que “sería muy desafortunado para España aplazar la presentación de los presupuestos de este año hasta el mes de abril. Esto le quitaría credibilidad a la administración de Rajoy”.

Insisten en Bruselas en pensar que al parecer el gobierno español no se da cuenta de lo difícil que es en estos momentos la situación del país.

En el 2.009 España se comprometió a reducir el déficit en este año hasta el 4,4% del PIB y hasta el 3% para el 2.013. Y ya en ese momento la anterior administración obtuvo algunos aplazamientos para poder lograr los objetivos que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

El deterioro de la economía y la nueva entrada en recesión hicieron que ninguno de esos objetivos se cumpliera.

El lunes pasado, el ministro de Economía Luis de Guindos aseguraba lo que ahora niega Rehn, es decir la posibilidad de retrasar los ajustes para lograr el cumplimiento del déficit. Y basaba esa esperanza en los cambios “extraordinariamente agresivos” que en el mercado laboral ha puesto en marcha el nuevo gobierno español. Pero no ha sido suficiente, y los objetivos deberán ser cumplidos en tiempo y forma.

Hay por estos días cinco países de la Unión Europea que se encuentran “amenazados” de convertirse en los primeros de una lista en sufrir sanciones por haber superado el 3% en el déficit de su presupuesto. Y entre las consecuencias más evidentes y palpables se encuentra una multa equivalente al 0,2% de su Producto Interno Bruto (PIB).

En el caso de Bélgica, uno de esos cinco países, esta multa supondría una cifra de alrededor de 700 millones de euros. El Gobierno belga debe rápidamente reajustar unas cuentas que la Comisión Europea no ve del todo claras y por lo tanto reclama ajustes extraordinarios que podrían llegar a los 2.000 millones de la moneda común. Estos euros se sumarían a los 11.300 millones que ya se recortaron en el presupuesto belga.

El caso es que el Ejecutivo belga se niega a efectuar más ajustes, al menos por el momento.

Y hace unos días el ministro de Presupuesto de Bélgica, Olivier Chastel, declaró con indisimulada contundencia que “la Comisión se equivoca”, y agregó que “ningún Gobierno que se precie de tal va a ahorrar 1.200 millones de euros en un par de días porque la CE así se lo exija”.

En esta incómoda posición además de los belgas se encuentran Chipre y Malta, también naciones de la Eurozona, y Polonia y Hungría. Estas cinco naciones deben respetar la disciplina fiscal impuesta por la CE y ya fueron advertidos en el mes de noviembre pasado por Olli Rehn, el comisario europeo en Asuntos Económicos, de que debían modificar sus presupuestos para este naciente 2.012. En el caso particular de los belgas, la CE calculó que el déficit se dispararía hasta el 4,6% de su PIB.

Esas advertencias calaron hondo entre quienes negociaban el presupuesto y la formación de un nuevo Gobierno, que se materializó en los primeros días de diciembre del año pasado.

Ya el Gobierno se “apretó el cinturón” en 11.300 millones de euros desde ese momento, para llevar el déficit al 2,9% del PIB. Pero la CE le pide más porque para Rehn esas cifras no son todo lo reales que deberían y al parecer los belgas no parecen muy dispuestos a obedecer…

De allí los ajustes adicionales de entre 1.200 y 2.000 millones de euros que al parecer se negociarán durante un largo período.

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y responsable de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurozona, Olli Rehn, calificó en las últimas horas como “extremadamente lamentable” el hecho de que España tenga en estos momentos y desde hace ya bastante tiempo un índice de desempleo superior al 20%.

Rehn dijo que, a su juicio, esta dura realidad por la que están atravesando los españoles muestra de manera clara y contundente la imperiosa necesidad de una reforma estructural del mercado laboral unida a otras medidas que favorezcan la posibilidad de crear empleos a corto y mediano plazo.

El paquete de medidas económicas que prevé el Gobierno para que entre en vigencia por estas horas prevé por primera vez de tomar decisiones por “desequilibrios macroeconómicos excesivos”, en función de cómo vayan evolucionando determinados parámetros e indicadores entre los que se incluye la tasa de paro, la evolución de los costes laborales, la deuda del sector privado y la evolución del crédito a este sector, además del precio de la vivienda, un tema más que ríspido.

Esta relación entre los distintos indicadores debe ser aprobada cuanto antes por el Parlamento Europeo.

Estas declaraciones de Rehn fueron hechas en vísperas de la entrada en vigor del paquete de medidas que refuerza el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), el que fija más controles de los déficits y niveles de deuda excesivos de los países de la región.

Actualmente 23 países de la Unión Europea están bajo el procedimiento de déficit excesivo. Sólo caen fuera de esta situación Finlandia, Estonia, Suecia y Luxemburgo.

Para Rehn es “valiente y legalmente viable” el Tratado Intergubernamental que se propuso en la Cumbre Europea recientemente realizada, aunque admitió que hubiese preferido unanimidad en las decisiones. Así es que mostró su pesar porque el Reino Unido no hubiese estado dispuesto a unirse al nuevo pacto fiscal. “Lo lamento tanto por Europa como por los ciudadanos británicos”, manifestó.

Además dijo que las especulaciones acerca de que el nuevo Tratado previsto termine siendo inaplicable carecen por completo de fundamento. A su juicio este acuerdo ayudará mucho a países que, como España, tienen serios problemas con sus niveles de deuda.

El vicepresidente de la CE está seguro de que la mayoría de los cambios previstos pueden llevarse a cabo a través de la legislación ordinaria, por lo que habrá menos obstáculos jurídicos que los que se habían comentado con posterioridad a la Cumbre.

La todavía vicepresidenta económica de España, Elena Salgado, aseguró hace un par de días a sus colegas de la zona euro que tiene “serias dudas” acerca de la necesidad de reforzar la vigilancia sobre los países que aún no debieron ser rescatados o aquéllos que ni siquiera están en una situación como para preocuparse por el déficit público excesivo. De hecho esto es lo había propuesto la Comisión Europea, pero al parecer no goza del beneplácito de varios ministros de la región.

En el transcurso del Ecofin que se llevó a cabo el miércoles en Bruselas, Salgado le pidió al ejecutivo comunitario que explique los alcances de la frase según la cual se intervendrá un país cuando esté en medio de graves turbulencias. Según su parecer, estas turbulencias pueden ser por el efecto contagio y no por graves problemas propios.

Salgado pidió prudencia en el proceder y el ministro de finanzas de Bélgica, Didier Reynders, avisó a sus colegas que “si queremos hacer progresos en integración fiscal, va a ser necesario discutir en algún momento sobre los bonos de estabilidad e incluso los eurobonos”.

Mario Monti, el flamante premier italiano, estuvo de acuerdo con cualquier medida que refuerce la credibilidad fiscal y pidió un amplio debate acerca de los eurobonos para obtener beneficios estructurales para toda la Eurozona.

Salgado reiteró su apoyo a la emisión de eurobonos para combatir la crisis de deuda y la discusión se centró en los mecanismos que aumenten la disciplina fiscal. Este debate sobre los eurobonos pudo ser dejado para otro momento pero no hubo acuerdo entre los ministros de la Unión Europea. Suecia se pronunció en contra y Bélgica e Italia a favor.

Hay quienes piensan que los eurobonos no harían otra cosa que subir el endeudamiento y harían caer la disciplina del mercado y la presión para que se realicen las reformas estructurales. Salgado pidió que se dejase constancia del hecho de que habiendo opiniones contra los eurobonos, también son muchos los que están a favor de su implementación.

El otro gran tema de discusión fue el papel que está jugando el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), el que para muchos es insuficiente para hacer frente a las necesidades de la región, y se balancea la posibilidad de la participación del FMI.