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Habida cuenta de la muy difícil situación por la que atraviesan las finanzas del gobierno de España, todo tipo de especulaciones se lanzan continuamente, muchas de las cuales terminan siendo ciertas y otras tantas carecen de veracidad.

Es ahora la vicepresidente primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien debió salir hace un par de días a garantizar la continuidad y asegurar que no está previsto en ninguna esfera gubernamental eliminar la ayuda de 420 euros al mes que desde hace ya varios meses lo cobran por haber perdido la prestación o el subsidio.

En declaraciones efectuadas a Telecinco, Fernández de la Vega insistió a pesar de las punzantes preguntas de los periodistas en que “el Gobierno va a seguir manteniendo la protección social a todas aquellas personas que continúan padeciendo las consecuencias más duras de la crisis económica global que todavía hoy afecta a España”.

Hace pocos días, el pasado 28 de junio, el ministro de Trabajo español, Celestino Corbacho, también había hecho declaraciones orientadas en el mismo sentido al afirmar que “el Gobierno tiene la firme voluntad de no suprimir el subsidio”, al tiempo que desde las propias oficinas del INEM se advertía que éste sería eliminado a partir del próximo 15 de agosto.

En otra de sus declaraciones, la vicepresidente Fernández de la Vega hizo explícita referencia a la subida del IVA que entró en vigencia el 1º de julio, hace apenas tres días, recordando que esta medida forma parte de aquellas que se tomaron para reducir el déficit y de esta manera “poder seguir recaudando más ingresos con los que seguir manteniendo las prestaciones sociales básicas”.

Ante el atisbo de protesta por parte de algunos de los asistentes a la reunión, la vicepresidente se apresuró en recordar que el Impuesto al Valor Agregado se encuentra en España “por debajo de la media europea”, al tiempo que dijo estar segura de que su subida casi no va a repercutir en el bolsillo de los españoles, con lo cual el consumo no se va a retraer y de esta forma, al tiempo de aumentar los ingresos para el fisco español, la cadena de compras se mantendrá impidiendo así que nuevamente la recesión gane terreno.

El mes de Mayo terminó, contrariamente a lo que se esperaba, sin que el Gobierno de España, los sindicatos y la patronal pudieran ponerse de acuerdo para fijar la tan esperada reforma laboral.

De cualquier manera, los contactos van a seguir en el curso de los próximos días porque las tres partes involucradas coincidieron en aclarar que “todavía hay margen de maniobras para poder alcanzar un pacto que satisfaga a todos los agentes involucrados en este tan importante tema”.

Esto fue adelantado en un breve comunicado conjunto que se dio a conocer al cabo de las reuniones del último día del mes pasado, es decir hace apenas unas horas.

El Gobierno había adelantado que debía alcanzarse un consenso antes de junio, cosa que evidentemente no ocurrió, pero aún así los contactos van a continuar para intentar evitar que sea la administración de Rodríguez Zapatero quien imponga su propio proyecto.

La vicepresidenta segunda del gobierno Elena Salgado ya adelantó que si no hay reforma tras cuatro meses oficiales y casi dos años extraoficiales de reuniones, será el Ejecutivo por su cuenta quien ponga en marcha los cambios antes de terminar el mes.

El comunicado emitido afirma que se constataron diferencias entre las partes sobre varios puntos de la reforma laboral en tratamiento, pero que todavía hay margen para arribar a un acuerdo.

No se hace referencia a cuándo se reanudarán las conversaciones ni a qué nivel se llevarán a cabo, o si seguirá siendo el ministro de trabajo Celestino Corbacho y los máximos líderes empresariales y sindicales quienes continuarán con las tratativas tal como sucedió en las reuniones de los últimos días de mayo.

Pero sin importar quiénes sigan siendo los interlocutores de los sectores involucrados, Salgado volvió a advertir que si no hay resultados conciliatorios, el gobierno va a poner en marcha la reforma “a muy corto plazo”, tomando las medidas que considere necesarias sin importar “cuán impopulares resulten”.

La principal medida que quiere implementar el gobierno es ampliar a todos los colectivos, los parados y las conversiones de temporales a fijos, el denominado “contrato de fomento de la contratación indefinida” de manera tal que el contrato ordinario de 45 días por año se mantenga sólo para los ya en vigor y para nuevos fichajes.

Pero lo cierto es que esta sola medida es suficiente para que se ponga en práctica la huelga general con la que ya amenazaron UGT y CCOO.

El actual ministro de Trabajo e Inmigración de España, Celestino Corbacho, hizo declaraciones en las que calificó de “radicales” las propuestas que hizo públicas la CEOE con el fin de recortar los salarios de los trabajadores como una medida para reducir el paro que todavía afecta en forma muy importante la economía y la recuperación de España de esta crisis económica global.

Estas declaraciones de Corbacho fueron hechas en el marco de la inauguración de la Asamblea Anual del PSC del Baix Llobregat que se celebró en el Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat.

Corbacho pidió en esta oportunidad dirigiéndose al presidente de la CEOE José Luis Feito “contención para salir de la crisis, frente a las propuestas radicales y extremas”.

Criticó duramente la tesis de Feito, que asegura que cuanto más bajos sean los salarios, más altas serán las posibilidades de aumentar el nivel de empleo.

El ministro explicó que a su juicio éstas no son obviamente las soluciones para salir de la crisis laboral, puesto que de nada vale recortar salarios para dar empleos cuyas remuneraciones no alcancen luego para cubrir las necesidades básicas de la población.

Para él, el camino adecuado para salir de este atolladero es el que han comenzado a seguir patronal y sindicatos con el acuerdo que se alcanzó recientemente con vistas a los próximos tres años de la vida laboral española.

Este acuerdo tiene como premisa fundamental lograr que los sueldos no pierdan su poder adquisitivo, lo cual sin dudas marca un gran sacrificio de todos para este ejercicio del año 2.010 que recién comienza y no se muestra demasiado optimista.

El ministro de Trabajo español aseguró todas las veces que fue necesario en el transcurso de la Asamblea que a su juicio y el del gobierno en su conjunto la salida de la crisis está cada vez más cerca, ya que se están viendo síntomas de una recuperación que si bien se manifiestan tímidamente, son constantes a lo largo de las semanas e inyectan optimismo a todo el sistema.

Esto queda demostrado entre otras cosas por la subida del consumo eléctrico, una ligera mejoría en las exportaciones y, sobre todo, una evidente subida de la confianza en los consumidores españoles.

Para el ministro de Trabajo e Inmigración de España, Celestino Corbacho, las manifestaciones que en los últimos días convocaron los distintos sindicatos para protestar contra la propuesta del Gobierno de llevar la edad para jubilarse hasta los 67 años no van a ser un impedimento para dialogar y arribar a un acuerdo al respecto. Así lo ha manifestado, expresando su “profunda confianza” en ello.

Por lo pronto, Corbacho dice estar seguro de que finalmente los representantes sindicales de los trabajadores serán lo suficientemente inteligentes como para anteponer los intereses generales de todos los españoles, de forma tal de garantizar que el sistema jubilatorio se mantenga firme y seguro más allá del paso del tiempo, tal vez en los años 2.020 ó 2.030.

Corbacho no considera incompatibles una cosa, las manifestaciones, y la otra, la posibilidad de un acuerdo. Ambas terminarán finalmente confluyendo en estos tiempos de crisis económica hacia una solución que satisfaga a todos.

En los pasillos del Congreso, donde se cuecen todos los acuerdos y se hacen todos los comentarios importantes para la marcha de cualquier gobierno, el titular de la cartera de Trabajo subrayó ante quien quisiera escucharlo que las marchas de días pasados fueron “normales y cívicas”, y que sirvieron para que la ciudadanía expresara de manera democrática su disconformidad con las medidas tomadas por el Gobierno en materia de edad jubilatoria.

Corbacho resumió su pensamiento al afirmar que “venimos diciendo que el gobierno respeta al máximo la posición de los sindicatos y no tenía problemas en que la expresasen en la calle, siempre en la profunda convicción de que esas protestas no impedirán un diálogo que permita llegar a un acuerdo sobre las discrepancias en cuestión”.

De cara al debate que seguramente se producirá al respecto, El ministro Corbacho dice estar seguro de que se va a llegar a un acuerdo sobre el tema de las pensiones en el marco del Pacto Toledo.

Invitó a todos los que indefectiblemente deben intervenir en ese debate a que reflexionen serena y tranquilamente antes de dar a conocer su posición, porque afirma estar seguro de la buena salud en la economía de las pensiones, sistema al que hay que defender a toda costa para asegurar su perdurabilidad a través de los años venideros.

El ministro de Trabajo de España, Celestino Corbacho, afirmó hace unos días que los cálculos de la economía sumergida española la ubican entre el 16% y el 20% del PIB, reconociendo además que estas actividades irregulares suben y mucho en tiempos de crisis como los actuales.

Es por esta razón y debido principalmente a los efectos de la crisis económica internacional que al presentar los resultados del año anterior en materia de lucha contra el fraude laboral, hayan subido un 30% las actuaciones contra la economía irregular durante ese período.

Para Corbacho, la amenaza constante de paro acentuó sin ninguna duda el incremento de la economía irregular, porque según sus propias palabras “al trabajador por su necesidad no le importan tanto como debiera las condiciones en las que se ofrece el trabajo”.

Pero aclaró enseguida que la intención del gobierno no es perseguir sobre todo al inmigrante, sino al que le ofrece empleo en esas condiciones.

Concretamente, las actuaciones del ministerio de Trabajo en la lucha contra la economía sumergida representan un 40% de todo el proceso de inspección laboral, el que se completa con inspecciones en el ámbito de la prevención de riesgos o en expedientes de regulación de empleo, en los que reconoce Corbacho que las denuncias subieron “bastante”.

Aunque la Unión Europea obligará a calcular todos esos ítems en el 2.011, los números que maneja el gobierno están por debajo de los cálculos de otros organismos autónomos, que ubican la economía en negro por encima del 20% del PIB, lo que supone más de 200.000 millones de euros.

Fuentes extraoficiales indican que en toda Europa el promedio de trabajo no declarado rondaría el 15%.

De hecho, si España logra bajar a niveles de la media europea esto supondría la creación de al menos 2,5 millones de nuevos empleos de acuerdo a datos de la pequeña y mediana empresa de Catalunya.

Con el ya sabido afán de la administración de Rodríguez Zapatero por recaudar, las infracciones en cuanto a Seguridad Social ingresaron a las arcas del gobierno 961 millones de euros.

Entre las infracciones que más se constataron figuran la falta de permiso de trabajo y el número de trabajadores que seguían cobrando simultáneamente la prestación por desempleo.

Elena Salgado, la vicepresidenta económica del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, advirtió recientemente a través de una entrevista radial que el año próximo, desde el punto de vista del empleo y el número de parados, “va a ser aún peor que el actual, ya que las cifras de desempleo serán muy importantes y superiores a las actuales”.

Sobre todo en la primera parte del 2.010 el desempleo se va a hacer sentir muy duro en toda España, en lo que según Salgado es “la manifestación más dura de la crisis global en nuestro país”.

Durante el primer semestre del año entrante, los parados seguirán en subida, aunque se espera que ese crecimiento sea lo más moderado posible.

De cualquier forma, y tratando de poner paños fríos a sus declaraciones, aseguró que en el resto de los parámetros que marcan la marcha de la economía del país comenzará la ansiada recuperación, aunque es muy posible que estas últimas declaraciones poco les importen a los millones de personas sin empleo o en vías de perderlo.

Para la vicepresidenta económica los cálculos gubernamentales no son exageradamente optimistas y aseguró además que el ajuste de la economía que se llevó a cabo en un intento por salir de la recesión ya tocó fondo y concluyó, de manera tal que se espera que en el próximo trimestre se inicie una recuperación, aunque en un principio ésta será muy débil y tomará verdadero impulso en el último tramo del año entrante, para lograr un buen índice de crecimiento en el transcurso del 2.011.

Por otra parte el ministro de Trabajo Celestino Corbacho también reconoció en una entrevista radial que el paro va a sufrir durante Noviembre una subida por encima del promedio de los últimos ocho años, épocas aquellas en que la economía estaba creciendo.

Según él, la diferencia que se observe entre el número de parados en ese mes y la media de esos últimos ocho años, va a ser un dato clave que permita inferir si realmente el ajuste está llegando a su fin.

Espera Corbacho que los datos de la subida del paro de noviembre sean inferiores a los obtenidos en el mismo mes del 2.008, pero de cualquier forma no cree que se haga realidad la creación de empleo antes del segundo semestre del año entrante, en concordancia con las expectativas que dio a conocer Salgado.

La economía de España volvió a caer algo más del 1%, el 1,1% para ser más exactos, en el segundo trimestre de esta año con respecto al trimestre anterior.

El guarismo final es prácticamente igual al dato provisional que dio el INE el 14 de agosto pasado.

Con respecto al mismo período del 2.008, la caída del PIB sufrió una caída del 4,2%, lo que constituye el peor dato desde los comienzos de la década del ’70.

Sin embargo estas cifras marcan una leve disminución en el ritmo de la caída, y se ajustan al 3,6% que para todo el presente año pronosticó el Ministro de Trabajo Celestino Corbacho antes de dar su informe sobre el empleo ante los congresales españoles.

Lo cierto es que la economía de España se aleja del camino de la recuperación que ya comenzaron a transitar Francia, Alemania, Italia y Portugal entre otras naciones de la Unión Europea.

Pero España no es el único que no puede todavía recuperar el ritmo de crecimiento del PIB, porque otras naciones como Holanda y el Reino Unido se encuentran en la misma situación.

Como consecuencia de estos resultados económicos dispares el PIB total de la Unión Europea sufrió una caída del 4.8%, un 0,1% más que en el trimestre previo, mientras que en la Eurozona el PIB global mejoró un 0,3% y se ubicó en el 4,6% en el trimestre.

El problema del empleo continúa siendo muy preocupante, ya que se redujo un 7% en el período abril/junio, un 0,8% más que en el primer trimestre del 2.009. Esta cifra supone alrededor de 1.300.000 nuevos parados a tiempo completo.

Todas las actividades laborales siguen con tasas de desempleo altas, y las más elevadas se registran en el sector de la construcción, a pesar de que mejoró 0,1% con respecto al trimestre anterior.

En España se hizo muy evidente el menor gasto de los hogares por la reducción de ingresos y la posibilidad de aumentar la tasa de ahorro ante eventuales nuevas complicaciones. Estos factores obviamente hicieron descender el consumo interno y la economía en este segundo trimestre lo sintió de una manera pronunciada.

La subida de la demanda exterior no puede compensar la caída del gasto nacional, y esto a pesar que los principales destinos de las exportaciones españolas están de a poco recuperándose en sus parámetros económicos.

Hace ya un tiempo que el Gobierno y los sindicatos tienen una reunión pendiente para analizar los mecanismos que permitan ampliar la ayuda de 420 euros que se da a los parados sin prestaciones que esta crisis global dejó de a miles en España.

La puesta en marcha de esta medida se ha caracterizado, como tantas otras que se tomaron en el transcurso de la crisis, por lo precipitado de las decisiones.

Es por eso que ahora la administración de Rodríguez Zapatero resolvió postergar hasta comienzos de la semana próxima dicha reunión, que tentativamente se llevará a cabo el lunes 31.

La intención del Ministro de Trabajo Celestino Corbacho es llegar a un acuerdo con los representantes de UGT y Comisiones Obreras para obtener mejores condiciones adicionales para poder acceder a esa ayuda de poco más de 400 euros, que por ahora sólo llega a quienes perdieron la prestación con posterioridad al 1º de Agosto.

No son pocas las críticas debido a las dilaciones que se presentan para poner definitivamente en práctica una medida tan importante y largamente esperada por los afectados por el alto nivel de desempleo en España.

Se espera que el Ministerio de Trabajo español ponga al menos en práctica su idea de retrotraer al 1º de Junio, es decir dos meses antes de la fecha inicialmente fijada como condición, la fecha a partir de la cual los parados sin protección puedan acceder a la ayuda gubernamental.

Pero los sindicatos consideran insuficiente esta medida y pretenden que la ayuda cubra a todos los parados que hayan agotado la prestación y el subsidio en el transcurso del 2.009.

Las protestas por las actuales condiciones para acceder a la ayuda son muchas, y el Gobierno, que en los últimos meses fue blanco de feroces críticas por la forma en que está manejando esta crisis global de la cual algunos países de la Eurozona ya comenzaron a salir airosos, seguramente va a intentar por todos los medios a su alcance llegar a un acuerdo con los sindicatos para modificar esta medida que entró en vigencia el pasado 17 de Agosto.

Para el PSOE el otro gran desafío, que puede llegar a ser más complicado que el acuerdo con los sindicalistas, será asegurarse el apoyo parlamentario, ya que a pesar de entrar en vigencia en el momento en que se aprueba, el real decreto ley necesita de la convalidación parlamentaria, por lo que habrá que buscar consenso en el Congreso español para que la ayuda pueda salir sin problemas.

Por intermedio del Ministro de Trabajo e inmigración Celestino Corbacho, el Gobierno de España aseguró a la prensa y por su intermedio a la opinión pública que no piensa plantear una reforma al mercado laboral en territorio español. Reiteró que cualquier modificación que se pretenda hacer en ese ámbito debe ser indefectiblemente consensuada con todos los agentes sociales intervinientes.

Estas declaraciones del ministro de trabajo debieron ser realizadas para salir al cruce de las afirmaciones hechas por las autoridades del Banco de España, que en su último boletín económico insistió en la necesidad imperiosa de una reforma laboral para poder de esta forma aspirar a una recuperación “sólida y duradera” de la crisis económica por la que atraviesa España y buena parte del mundo.

Corbacho se reunió con distintas asociaciones de autónomos a fin de explicarles los planes del poder ejecutivo para esa rama de trabajadores, y luego de esa reunión fue que manifestó que el Gobierno español no prevé ninguna reforma al sistema laboral en los términos que plantea el Banco de España.

En el mismo boletín económico al que hacíamos referencia, el organismo regulador critica sin miramientos lo que considera una excesiva rigidez del sistema laboral vigente de negociación colectiva, ya que cree que con ese sistema se aumenta el número de parados en el mercado laboral y se incrementa también la segmentación del mismo, lo cual resulta muy perjudicial en las actuales condiciones derivadas de la crisis.

Corbacho dijo no estar de acuerdo ya que hay puntos en común para tratar esos aspectos, al haber un compromiso de los sindicatos relacionado con la flexibilización interna de las empresas y las tratativas por los convenios colectivos.

Finalmente, y frente a lo opinado por el Banco de España en relación a que los salarios tienen una “escasa sensibilidad” frente a los vaivenes que en estas épocas más que nunca presenta la economía, Corbacho sólo manifestó que el Gobierno tiene muy claro que no debe intervenir en una materia que es de incumbencia exclusiva de los sindicatos y la patronal.

La ministra de Economía y Hacienda y vicepresidenta segunda del gobierno de Rodríguez Zapatero, Elena Salgado, dijo hace un par de días que la economía de España está recuperando lentamente los parámetros económicos normales, a punto tal que el paro está en caída por la incipiente creación de nuevos empleos, a la vez que admitió sin embargo que esos empleos creados deben ser “estables y en cantidad suficiente”.

Realizó estas afirmaciones durante la reunión mensual que lleva a cabo el Ecofin, o sea el Consejo de Ministros de Finanzas de la UE, donde informó a sus pares europeos que por primera vez desde mediados del año pasado, el paro en España cayó en casi 25.000 personas.

Ahora el desafío para el gobierno es lograr mantener esta situación que revierte lo que venía aconteciendo desde hace varios meses, consiguiendo así que el desempleo siga cayendo de forma duradera y continua, aún en valores pequeños que no son los deseados, pero que marcan una recuperación en el mercado laboral de los españoles.

Otro integrante del gabinete de ministros españoles, el titular de la cartera de trabajo Celestino Corbacho, aseguró en una entrevista a un medio periodístico que la modificación de las condiciones de despido, al pasar de un contrato con 33 días de indemnización a otro de 20 días no va a ayudar a crear nuevos trabajos, con lo cual se vio claramente su postura al respecto, pues él cree que las cosas “no se han planteado bien”, y que lo correcto sería incentivar la contratación de nuevos empleados y no modificar condiciones de despido que sólo podrían a su criterio complicar más las cosas.

Son distintos puntos de vista que no condicen con lo que reclama la patronal. El tema del contrato único que forma parte de una reforma laboral propuesta por un grupo de cien economistas tampoco lo conforma demasiado, ya que cree que sólo la confianza de los consumidores hará que se recupere el ritmo de ventas y de esa forma los comercios e industrias dejen de pensar en prescindir de sus trabajadores.

Puso como ejemplo al sector automotriz, con las ayudas directas a la compra de nuevas unidades.

Corbacho dijo estar convencido que el regreso de la estabilidad económica estará marcado por el momento en que el crecimiento de la economía española retorne a valores, como mínimo, de entre el 1,5 y el 2%.