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Definitivamente la semana que acaba de terminar no ha sido de las mejores para el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) con respecto a sus declaraciones.

Es que Juan Rosell, que de él se trata, hizo dos declaraciones con mucho énfasis que sólo tuvieron como repercusión una catarata de fuertes críticas de casi todos los sectores de la sociedad de España.

En primer término el titular de la CEOE “sugirió” la necesidad de crear puestos de trabajo con una remuneración de 400 euros al mes, como una forma de combatir el altísimo nivel del paro que afecta a los españoles.

Esta declaración no causó ninguna gracia en muchos sectores, y tras cartón, el miércoles de la semana pasada Rosell declaró que a su juicio en España “sobraban muchos funcionarios públicos” por lo que había que realizar modificaciones para permitir su despido al igual que en el sector privado.

No pasaron muchas horas hasta que representantes de los sindicatos y varios políticos se lanzaron en masa contra la idea de la patronal.

Desde el PSOE calificaron la medida como “excesivamente radical”. CC OO le salió al cruce aduciendo que con esta idea sólo se conseguiría más destrucción de empleo. Y la Junta de Castilla y León, que está gobernada por el PP, aseguró que Rosell “no tiene ninguna razón”.

UGT, por su parte, decidió resaltar en un comunicado la temporalidad actual en el sector público, que en estos momentos ronda el 24% de la plantilla.

La central obrera que dirige Cándido Méndez explicó y denunció textualmente que “existe un discurso que intenta desprestigiar a los empleados públicos, afirmando que son muchos, trabajan poco, no son productivos y tienen un estatus privilegiado por contar con un empleo estable”, en una clara queja a la idea de Rosell.

Por su parte Ignacio Fernández Toxo, el líder de CC OO, destacó que el porcentaje de funcionarios públicos por cada 1.000 habitantes en España sólo es superior al de Irlanda, Portugal y Grecia, es decir los tres países que ya fueron rescatados financieramente por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.

A su vez el sindicato de funcionarios CSI-CSIF emitió un comunicado en el que afirma que la propuesta de la CEOE carece por completo de fundamento y no tiene injerencia en los verdaderos problemas que deben ser solucionados para salir de la crisis.

Sólo CiU tuvo una respuesta más serena pero igual de contundente, al decir que la idea es descabellada porque simplemente “legalmente no es posible”, aunque se mostró partidaria de abrir un debate más amplio sobre el futuro de la función pública.

La CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) asegura hace ya un tiempo que en España hay muchos empleados públicos, bastante más de los que son realmente necesarios para el funcionamiento del Estado. En realidad no especifica la cantidad, pero lo que sí pide expresamente es que éstos puedan ser despedidos, en caso de ser necesario, como sucede con la actividad privada española y de cualquier otro país.

El presidente de la patronal, Juan Rosell, declaró el pasado miércoles textualmente que “en el campo de la actividad pública nos tenemos que acostumbrar de una vez por todas a que no haya tantas diferencias con el sector privado”. O sea que, dicho en otras palabras, la CEOE defiende la tesis de que se pueda despedir a los funcionarios públicos mediante el sistema de regulaciones de empleo (ERE) o si no por despidos objetivos e individuales en casos específicos.

De acuerdo a lo que piensan en la patronal, el sector público está completamente sobredimensionado y esto se debe en buena medida a que los funcionarios “o no cumplen sus tareas o directamente no tienen trabajo para realizar”. Y esto, en opinión de la CEOE, obliga a las distintas Administraciones a buscar salidas muchas veces traídas de los pelos como recolocarlos una gran cantidad de veces o formarlos por un cierto período para realizar otras tareas, con lo que el despido se transforma por lejos en la última solución como ocurre en un buen número de empresas privadas.

Rosell aprovechó el miércoles la presentación de un informe de CEOE acerca de la actualidad del sector público para dar “un pasito atrás” en la reciente propuesta de contratos laborales de 400 euros al mes para combatir los efectos del paro en España, lo que dio en llamar “minijobs”. Pero visto el contundente rechazo frontal tanto de UGT como de CC OO el presidente de la patronal aclaró ahora que esa “no era una propuesta formal ni mucho menos”.

También el miércoles CEOE tuvo reuniones de sus órganos de dirección, entre ellos varias patronales lideradas por la madrileña CEIM, donde se defendió el hecho de que en el proceso de diálogo con los sindicatos debe llegarse a un “acuerdo de máximos”.

Este acuerdo debería contemplar negociaciones colectivas, contratos con despidos improcedentes y la liga de la evolución de los salarios a la productividad.

Esto difiere en buena medida de la posición esgrimida por Rosell, quien prefiere pactos donde pueda llegarse a un acuerdo y dejar al Gobierno legislar donde esos acuerdos no se puedan alcanzar.

Una nueva recesión en el horizonte, la presión de los mercados y las exigencias del BCE para comprar deuda de España llevaron al presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a solicitarles ayuda a empresarios y sindicatos para poder hacer frente al temporal.

El pasado miércoles 17, el presidente convocó a una reunión “secreta” que ahora ha salido a la luz en La Moncloa a los líderes de la CEOE, CC OO y UGT. El motivo, una petición: que se prolongue hasta el año 2.014 el acuerdo de negociación colectiva que termina el año próximo. Y es en el 2.014 en que se debe llegar a un déficit del PIB del 3%, por lo cual la fecha no caprichosa ni azarosa.

La petición de Zapatero ya tuvo sus primeros frutos, puesto que sindicatos y patronal se reunieron con posterioridad para desbloquear la negociación colectiva del 2.011 como un paso previo al pedido de prórroga del gobierno.

El BCE le envió a Zapatero una carta pidiéndole varias medidas, entre ellas una moderación en los costes empresariales, es decir: contención salarial.

Por eso el titular del ejecutivo pidió en la nota previa a la reunión que se establezcan como criterios de revisión salarial la inflación prevista y la evolución de la productividad en cada empresa en particular.

Fue en esa reunión que Méndez y Toxo, los líderes sindicales, aceptaron las reglas del juego y reclamaron a cambio estadísticas creíbles sobre la evolución de los salarios en territorio español. Aseguran que los datos del Ministerio de Trabajo que hablan de una subida de los salarios del 2,6% son exagerados, y exigen un cambio en la política económica para poder alcanzar un pacto de rentas. O sea un esfuerzo que compartan todos los estamentos sociales y no sólo los trabajadores del sector privado.

También la patronal se mostró predispuesta a la propuesta del Ejecutivo pero aclaró que los tiempos que se manejan son “cortos” y eso podría complicar la puesta en marcha de las medidas. Esto fue interpretado como una negativa a firmar ningún acuerdo antes de las legislativas del próximo 20 de noviembre.

En el encuentro que se llevó a cabo como dijimos el 17 de agosto pasado por la mañana, estuvieron presentes Rodríguez Zapatero, Toxo, Méndez, Rosell y el ministro de Trabajo Valeriano Gómez. En él se acordó que sindicatos y patronal se reúnan “a la mayor brevedad posible” para destrabar este intrincado problema que afecta a toda la sociedad española.

La vicepresidenta encargada de la economía del gobierno de España, Elena Salgado, dijo hace apenas unas horas en declaraciones a Onda Cero que había hablado con grandes empresarios españoles y que de esas conversaciones concluyó que estos empresarios “están dispuestos” a hacer todavía más esfuerzos y pagar por lo tanto a cuenta por el Impuesto de Sociedades, más allá de las eventuales declaraciones y lineamientos que pueda hacer la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Salgado subrayó textualmente al respecto que “estoy segura de que este pequeño esfuerzo no les parece inadecuado y, más allá de declaraciones de la CEOE, he hablado con grandes empresarios y están dispuestos a hacer este esfuerzo”.

Elena Salgado además abogó por una mayor responsabilidad de la ciudadanía, poniendo como ejemplo el hecho de que el mismo día de tomar la decisión de cambiar los pagos de este tributo tan importante para las arcas del Estado español, en Italia los empresarios de ese país se ofrecieron a comprar deuda pública italiana.

Al respecto dijo que las grandes empresas tienen desde siempre un tipo de tributación nominal que está usualmente por debajo del 30%, e incluso aún del 20%. Estas empresas están pagando por ahora cinco séptimos del tributo por adelantado, y nosotros (por el gobierno) pensamos que aquéllas de mayor tamaño pueden anticipar todavía más estos pagos y de esta forma, de continuar haciéndolo el año entrante, pueden seguir ayudando a reducir el déficit estatal, hoy por hoy el eje de la gran mayoría de los problemas de España.

Consultada al respecto, Salgado dijo estar segura de que “en absoluto” cabe la posibilidad de que retorne a un escenario de recesión para la economía española, aunque al mismo tiempo reconoció que la inestabilidad de los mercados de deuda soberana va a tener si dudas efectos no deseables en la economía real del país, la que ya comenzó nuevamente a dar síntomas de ralentización.

También en declaraciones a la agencia Efe, La ministra aseguró lacónicamente “qué duda cabe de que va a tener su influencia, una mayor influencia cuanto más dure la situación de inestabilidad”, admitiendo asimismo que los datos que adelantó oportunamente el Banco de España en el curso de la semana anterior muestran algún tipo de desaceleración del crecimiento de la economía española, crecimiento que, de por sí, no había sido como para festejar demasiado durante los últimos trimestres.

Juan Rosell, el presidente de la patronal CEOE, expuso a comienzos de la semana pasada sus “recetas” para ayudar a la salida de la crisis por la que atraviesa España.

Entre otras cosas, señaló que a su juicio es imperioso acabar con los funcionarios “prepotentes e incumplidores” según sus propias palabras, y también debe terminarse con aquellas personas que se apuntan al paro “porque sí”.

Rosell añadió que todos los parados que estén inscriptos en los servicios públicos de empleo deberán, simultáneamente, formarse laboralmente al mismo tiempo que cobran la prestación.

En relación a sus dichos respecto a los funcionarios, que es un colectivo que la patronal considera que está desproporcionado, Rosell aseguró que ellos también deben ser evaluados y se les debe hacer ver que “no son dueños” de los puestos que ocupan.

Rosell insistió en que el absentismo laboral excesivo debe ser penalizado y deben combatirse los abusos asociados a las visitas al médico y todo lo referente al fracaso estudiantil.

“Al estudiante hay que decirle que un fracaso se le puede consentir, pero que esté ocho años para acabar una carrera de cinco, no se le puede consentir y no se lo vamos a pagar siempre”, declaró textualmente el dirigente de CEOE, afirmando que para que todo eso cambie debe cambiarse también el funcionamiento de los servicios públicos.

Asimismo, el líder de la patronal española advirtió que a pesar de todos los problemas que tiene España en la actualidad, ve a la sociedad inmersa en una especie de “cierta complacencia” que no es buena para poder salir de la crisis, para lo cual hace falta hacer muchos sacrificios y trabajar mucho y con coraje patriótico.

Su pensamiento sobre el tema del empleo en España es que el país no va a crear empleo si su economía no comienza a crecer en forma sostenida por encima del 2% y no se terminan de darles forma a las reformas pendientes.

Además el Estado debería simplificar mucho su estructura y, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas tendrían que reducir en una gran proporción sus gastos generales, del mismo modo que lo están haciendo las empresas españolas.

Consultado acerca de una eventual subida de impuestos, Rosell dijo que es una medida que “no le gusta”, pero si en algún momento y por causas de fuerza mayor fuese necesario llevarla a cabo, todo el mundo la entendería.

Josep Antoni Duran Lleida es el portavoz de CiU en el Congreso de España. Y ya adelantó que su grupo no va a apoyar la reforma de la negociación colectiva debido a que el borrador que presentó el Gobierno constituye una propuesta a la que calificó de “desequilibrada”, lo mismo que afirma la CEOE, y totalmente insuficiente ya que no tiene en cuenta varias iniciativas importantes que habían acordado en su momento los sindicatos y la patronal.

Duran Lleida explicó en declaraciones periodísticas que el documento presentado no toca el tema del absentismo, no habla de ligar los salarios a la productividad y no se hace cargo como debería del tema de las mutuas.

Aseguró el portavoz que el contenido del documento no es “ni lo que se esperaba ni lo que se necesita” en estos momentos en el mercado laboral español. Coincidió con la CEOE en que se recogen más las propuestas de los sindicatos que las de los empresarios.

Por su parte el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana y candidato a la presidencia de la patronal autonómica de la Comunidad de Valencia, José Vicente González, también desestimó por completo el contenido del borrador presentado ya que considera que “no contesta a la pregunta esencial, que es cómo ser más productivos y eficientes en el ámbito laboral español”. Agregó que “si la flexibilidad interna se llega a reducir al 5% de las horas de convenio, esto apenas se podrá aplicar a 85 horas al año, lo que es un disparate”.

Tampoco estuvo de acuerdo en el hecho de que las federaciones sindicales negocien los convenios colectivos de las pequeñas empresas que carezcan de representante sindical.

En tono de sorna aseguró que “al instalador eléctrico de Alaquás, que no tiene más de cinco empleados, lo único que le falta en las actuales circunstancias es tener que sentarse a negociar un convenio”.

El actual presidente de la patronal provincial de Valencia de pequeñas empresas, Salvador Navarro, tampoco ahorró palabras en sus críticas a la sindicalización de las pymes, aduciendo que en estos momentos “sólo nos falta cargarnos de burocracia”.

El secretario general de Femeval, la patronal provincial del metal, manifestó que debe lograrse como sea la flexibilidad laboral, asegurando que el gran problema de una inmensa mayoría de empresas en todos tiempos es que “los pedidos llegan de un día para el otro después de haber tenido a la plantilla sin hacer nada durante semanas.

Debe haber una mínima flexibilidad porque de lo contrario el coste de las horas extras termina absorbiendo todos los beneficios empresariales”.

La Patronal y los Sindicatos de España decidieron no prolongar por más tiempo las negociaciones para la reforma de los convenios colectivos de trabajo, que ya están en un período agónico.

Así es que los líderes de UGT, Cándido Mández, CC OO, Ignacio Fernández Toxo y CEOE, Juan Rosell el presidente y José María Lacasa el secretario general, se reunieron hace apenas unos días y como colofón de la reunión se llegó a la lamentable conclusión de que las diferencias entre ellos son irreconciliables.

Ambas partes, en las posteriores ruedas de prensa después de la reunión, formalizaron la ruptura y acusaron a la otra parte de “falta de valentía para firmar el acuerdo”.

Rosell afirmó tras la reunión que “se decidió dar por concluidas las negociaciones” al admitir que no se podía seguir por ese camino y que era preferible dejarlo todo como estaba. Lamentó asimismo que a pesar del “esfuerzo pedagógico” que la CEOE había realizado no había podido ser capaz de “explicar las necesidades de las empresas y la economía”.

Y agregó que en las actuales circunstancias los empresarios “tienen pánico a contratar trabajadores”.

También agregó Rosell que la ruptura se produjo en parte porque tanto los sindicatos como la patronal fueron “demasiado ambiciosos” a la hora de plantear la negociación, porque pusieron sobre la mesa demasiados temas que eran de exclusiva incumbencia e importancia para cada uno de ellos.

Así es que pidió que para futuras convocatorias las partes sean “más valientes” y puedan deponer aunque sea en parte algunas de sus aspiraciones en bien del consenso general.

Para Cándido Méndez fue la dirección de la CEOE quien pecó de falta de arrojo para apoyar los avances logrados hasta el momento, ya que se podría haber terminado con un acuerdo y con una reforma profunda, eficaz y equilibrada. Pero a su criterio la dirección de la patronal no se atrevió finalmente a dar el paso definitivo.

En la última reunión, las partes debían analizar el documento de cinco páginas que CEOE remitió a los sindicatos apenas unas horas antes del encuentro. Este documento era para Rosell “su enésima propuesta”, pero a los sindicatos siguió sin convencerlos el texto enviado. “Es lo mismo que nos presentaron el lunes pasado, pero con menos palabras, resumido hasta donde fue posible para que se entendiese algo”, dijeron las fuentes sindicales consultadas.

Habrá que ver cómo siguen las negociaciones, si es que en algún momento vuelven a reanudarse.

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, estimó hace pocos días que la tasa de paro en España superó en el transcurso del primer trimestre del año el 21%. El dato definitivo será dado a conocer el próximo día 29 por la Encuesta de Población Activa (EPA).

De confirmarse esta estimación, se volverá a estar cerca de superar la barrera de los cinco millones de parados en todo el país.

Fue en declaraciones periodísticas que Toxo dio a conocer sus estimaciones, y lamentó que de confirmarse esos datos sería la ratificación de que la reforma laboral lamentablemente no era ni la más adecuada ni la más urgente.

Para él, los problemas del desempleo no encontrarán solución modificando leyes, ya que la causa de la destrucción del empleo es la actual atonía de la economía de España. Los fundamentos de la economía española a su criterio “no son buenos” porque ni siquiera se está aprovechando la crisis como una oportunidad de cambio del actual y agotado modelo económico.

De cara a lo que vendrá, Toxo espera “un duro camino a lo largo del desempleo”, que va a traducirse en el hecho de que España va a tardar sustancialmente más que otros países en lograr tasas de crecimiento que hagan viable la creación de empleo. Recordó también que el paro cerró el año pasado en el 20,33%, la cifra más alta desde el año 1.997 y que equivale a 4.700.000 parados.

Al ser consultado acerca del plan del gobierno para hacer aflorar el empleo sumergido, el secretario de CC OO criticó dicho plan, afirmando que va a ser otro elemento para aumentar la precariedad sobre todo en las condiciones de trabajo de los más jóvenes.

Para Toxo este plan “intenta recuperar ciertas cuestiones que ya se estaban tratando en otros planes, e insiste en la falsa idea de que sólo se puede generar nuevos empleos haciendo cada vez más precarias las condiciones de trabajo de la juventud, lo que es un verdadero disparate”.

Cuando fue consultado acerca del tema del ausentismo laboral, calificó como “cuanto menos exagerada” la cifra que dio a conocer el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Joan Rosell, quien aseguró no hace mucho que alcanzaban a un millón las personas que en España faltaban cada día a su lugar de trabajo.

Cuando la situación no es la mejor, se disparan todos los mecanismos posibles para tratar de corregir los supuestos errores.

Ahora la Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha procedido a iniciar los trámites para producir un expediente sancionador en contra de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y en contra también del presidente del Consejo de Turismo de esa organización Joan Gaspart, por lo que parece tiene que ver con una posible recomendación colectiva de precios.

La Comisión Nacional de Competencia hace referencia concretamente en su denuncia a unas declaraciones que formuló el presidente del Consejo de Turismo en la última edición de Fitur, y más específicamente dentro del Foro Fiturtech 2.011 que llevó por nombre “Presentación de la central de compras” y que fue organizado por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH).

Durante ese Foro, Gaspart puso énfasis en el hecho de que era “necesario subir los precios de los hoteles en toda España durante el transcurso del año 2.011”.

A resultas de este episodio, la dirección de la CNC asegura haber encontrado serios indicios racionales que muestran la existencia de conductas prohibidas e incompatibles con la función, de acuerdo a lo que marca la Ley de Defensa de la Competencia, y que consisten específicamente en una recomendación colectiva de precios.

Así es que se están llevando a cabo los primeros pasos de este expediente tendiente a sancionar la conducta tanto de la CEOE como de Gaspart.

Este expediente tiene fecha de iniciación el pasado 1º de abril.
La Comisión Nacional de Competencia asegura en un comunicado que el inicio de los trámites del expediente de ninguna forma “prejuzga el resultado final de la investigación”.

Además se apura a detallar que a partir de esta instancia se abre un período máximo de un año y medio para que efectivamente se lleve a cabo la instrucción del expediente y su posterior resolución por parte de los integrantes del de la CNC.

El tiempo mostrará los alcances de esta denuncia y se verá si efectivamente tanto la CEOE como Gaspart llegan a ser sancionados.

Juan Rosell, el presidente de la CEOE, es optimista y coincide con la ministra económica Elena Salgado con respecto a un posible acuerdo sobre la reforma de las pensiones. Según sus propias palabras, “la patronal está dispuesta a hacer lo que haga falta para alcanzar un gran pacto social siempre que el gobierno y los otros grupos parlamentarios se pongan de acuerdo.

Después de una reunión de la junta directiva de la CEOE en la que Rosell informó al resto de los miembros del estado de las negociaciones, éste ofreció una rueda de prensa en la que se mostró conciliador y propenso al diálogo y, de acuerdo a sus propias palabras, “pactista”.

Valoró el esfuerzo de todas las partes incluyendo a los sindicatos para acercar posturas que permitan arribar a un acuerdo satisfactorio para todos.

Ensalzó además varias veces la “voluntad del gobierno de hacer reformas”.

Ahora hay que ponerse a hablar de números, “números complicados” tal como lo reconoció Rosell públicamente.

No se especificó en público los datos concretos que la CEOE defiende en las negociaciones sobre la edad de jubilación o el período de cómputo para calcular las pensiones. Pero ya dejó entrever su presidente que “no se puede ir a un programa de máximos” y que las concesiones se seguirán haciendo “hasta que nos quememos”.

La CEOE cree necesario en un posible pacto global que incluya el desarrollo reglamentario de la reforma laboral y las políticas activas de empleo, el acuerdo con todos los grupos parlamentarios, no sólo entre los agentes sociales y el gobierno. Ya adelantó Rosell que le gustaría que la oposición no actuara “en clave electoral, sino en clave de país”.

Para la CEOE las recomendaciones del Pacto de Toledo sobre las pensiones marchan en buena dirección, por lo que hay que seguirlas e incluso ser más ambiciosos y profundizarlas.

Recordemos que algunas de estas recomendaciones son alargar el cómputo de vida laboral para calcular las pensiones, frenar las prejubilaciones y dejar de revisar anualmente las pensiones de acuerdo a la evolución de los precios para tomar como referencia otros parámetros como los salarios.

Por último Rosell reconoce el esfuerzo que está haciendo el gobierno por reducir el déficit y aclara que las comunidades autónomas y las corporaciones locales también deben hacerlo con el mismo ahínco y de la misma forma