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Que el Grupo Marsans no está pasando un buen momento ni mucho menos no es ninguna novedad.

El Grupo, propiedad del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales Gerardo Díaz Ferrán, no solamente está afectando en España a la compañía aérea Air Comet y a otras de sus empresas en territorio español.

Ahora el gobierno de la República Argentina decidió hace apenas unos días iniciar acciones legales contra la filial de Marsans Viajes en su país por la comisión del delito de librar cheques sin fondos y de esta manera dejar de pagar a sus empleados.

Según la cadena Ser, que es la que dio a conocer la noticia, sobre la Empresa pende de un hilo la sombra del pedido de quiebra, porque hasta la fecha sus acreedores en la Argentina ya presentaron tres pedidos de disolución de la Compañía.

El periódico en cuestión estuvo intentando contactarse con alguien del Grupo Marsans en España pero sin suerte, ya que ninguno de sus directivos ni el portavoz de la Empresa se manifestaron en condiciones de efectuar alguna declaración.

Todas estas noticias fueron confirmadas por un funcionario responsable de la Secretaría de Turismo de la Argentina, que depende del Ministerio de Industria.

Gonzalo Casanova, quien es el Director de Gestión de Calidad Turística de la Argentina, explicó a la prensa que una de las principales razones por las que se tomó la decisión de abrir los expedientes contra Marsans lo constituye el hecho de haber emitido cheques sin fondo.

Según las propias palabras de funcionario, “hemos tenido que abrir un expediente administrativo porque los informes comerciales son muy desfavorables”.

Sin perjuicio de lo que la Justicia pueda decidir al respecto, el Departamento a cargo de Casanova ya ha tomado precauciones para asegurar el cobro de sus haberes por parte los empleados argentinos perjudicados por el accionar del Grupo Marsans.

En forma individual y separada, tres de los acreedores ya presentaron ante los tribunales argentinos pedidos de quiebra.

De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Turismo argentina, la situación se ha tornado muy complicada, ya que los 50 trabajadores de Marsans Viajes en la Argentina llevan tres o cuatro meses sin cobrar, y en estos momentos la empresa no está desarrollando actividades de ningún tipo.

CCOO y UGT declararon hacia fines de la semana pasada que ambos están dispuestos a sentarse a la mesa de reuniones para abordar los términos de una reforma laboral, sólo en caso de que la CEOE dé un primer paso y facilite el camino para que pueda destrabarse la negociación colectiva.

Esto fue anunciado por los secretarios generales de ambas entidades, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez.

Esta semana podría ser crucial para las negociaciones, que sin embargo no tienen al parecer como fin prioritario la creación de empleo en España, por lo cual no se sabe muy bien cuáles serían los aspectos que entrarían en el debate.

Toxo dijo al momento de presentar un documento que contenía propuestas sindicales sobre el empleo, los salarios y el margen de excedentes empresariales que “eventuales reformas laborales podrían ser valoradas”, pero si antes se logra un acuerdo de negociación colectiva.

Sólo así el dirigente de CCOO consideró posible recuperar el diálogo social tripartito, incluyendo en las conversaciones al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para poder lograr las bases que en cierta forma “refunden” el mercado laboral español, casi en ruinas por la crisis económica global de la que el país no logra recuperarse al ritmo deseado y necesario.

Al ser consultados sobre la negociación colectiva, tanto Toxo como Méndez afirmaron que es muy probable que en la semana que está comenzando o a más tardar en la siguiente se logre firmar un acuerdo con CEOE-Cepryme para desbloquear ese espinoso tema y poder negociar una solución de carácter plurianual, que cubriría el período 2.010/2.012.

No es esta la primera vez que se intenta destrabar las negociaciones, pero ahora los líderes sindicales manifestaron que están dispuestos a incluir la modulación de los salarios al ciclo económico empresarial, si a cambio se logra sentar las bases acerca del mantenimiento y la calidad del empleo en estos momentos de crisis e incertidumbre laboral, además de exigir la moderación de los beneficios empresariales y la reinversión de éstos en mejorar el tejido productivo de España.

Estos acuerdos presentarían varias similitudes con los alcanzados en la función pública para garantizar el poder adquisitivo de los empleados durante todo el período que dure dicho acuerdo en el marco de esta crisis que hace necesario rever a cada momento los pasos a seguir.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no escatima críticas contra la cúpula de la patronal.

Hace apenas un par de días confirmó la ruptura del diálogo social, con lo que prácticamente quedó sellada la suerte de esta ronda de negociaciones que comenzó en Mayo y que al parecer no obtuvo ningún resultado positivo.

Zapatero informó que “lo único previsible es que no haya nuevas reuniones”.

A tal punto parecerían estar cerradas las negociaciones sin haber llegado a estándares mínimos de consenso, que el día 24 se reunieron en una sede de la Seguridad Social en Madrid los “números dos” de los sindicatos, Ramón Górriz por CC OO y Toni Ferrer por UGT, los representantes de la CEOE José de la Cavada y Enrique de la Lama y por parte del Gobierno un grupo encabezado por Javier Vallés, al solo efecto de levantar y firmar un acta del fracaso de las negociaciones.

El Gobierno responsabiliza totalmente a los representantes de los trabajadores del fracaso de las tratativas, ya que considera que durante todo el transcurso de las sucesivas reuniones sólo llevaron a la mesa de diálogo “propuestas imposibles” que ponen en riesgo el bienestar general, el equilibrio de la Seguridad Social y por sobre todas las cosas los derechos de los trabajadores.

El fracaso de las negociaciones coincidió con el día en que se dio a conocer un nuevo récord de parados, a pesar de que las estadísticas oficiales indican que el ritmo de crecimiento del desempleo se estaría moderando.

La Patronal por su parte respondió afirmando que es falso que haya pedido el despido libre o que se impida el derecho de los trabajadores de defenderse jurídicamente ante un despido, tal como lo sostiene el gobierno en un análisis algo particular del documento que presentó la CEOE en su oportunidad.

Por su lado, los sindicatos y los socialistas sostienen que dadas las circunstancias el documento de los empresarios es “el acta del fin del diálogo”, y que a partir de ahora las negociaciones entraron en un camino sin salida ni retorno.

Mientras tanto, el gobierno ya anticipó que en el Consejo de Ministros del próximo 13 de Agosto aprobará sin necesidad de trámites parlamentarios las ayudas de 422 euros por un semestre para los parados de larga data que se queden sin subsidios ni prestaciones.

Habrá que esperar el devenir de los acontecimientos, aunque se vislumbra que el terreno se está embarrando cada vez más, lo cual complica las maniobras en busca de soluciones sobre todo para los trabajadores.

Lentamente parece que el gobierno comenzó a poner en práctica las medidas que en su momento de decidió tomar en materia laboral para atenuar los efectos de la crisis global que no le da respiro a España ni a la mayoría de los países de la Unión Europea y al mundo en general.

Ya se envió a los agentes sociales un bosquejo con pautas que bien pudieran ser el inicio de un acuerdo para el cambio en el ámbito laboral y social.

Entre las propuestas concretas que incluye este incipiente documento se establece una ayuda de 420 euros al mes para todos aquellos parados que ya no puedan acceder a otro tipo de beneficios como ser el subsidio o la prestación por desempleo, y que por lo tanto mientras el empleo no recupere sus índices históricos no tengan otra fuente de ingresos estable.

Pero a diferencia de otras ayudas que se prestaron en diversas ocasiones, esta vez el Ejecutivo a cargo de José Luis Rodríguez Zapatero le pone límites más cortos a esta prestación, acotándola a seis meses, lo que totalizaría un beneficio de 2.520 euros.

Las autoridades del gobierno ponen como requisito para poder percibir esta ayuda que los parados que la reciban deben cumplir con un programa de formación y capacitación especialmente diseñado para que puedan volver a insertarse en el mercado laboral lo más rápidamente posible, obviamente tratando de que ello ocurra antes del vencimiento del semestre durante el que se recibe la prestación en cuestión.

Otras propuestas gubernamentales incluyen una rebaja de las cotizaciones sociales a las empresas, tal vez de medio punto, y la suspensión del veto a las empresas de trabajo temporal para abastecer sectores como el área de la administración pública y otros considerados peligrosos como el minero.

Sin embargo, tanto los sindicatos como la patronal se muestran reticentes ante estas nuevas propuestas y no parecen estar del todo de acuerdo.

Entre los temas que más preocupan están los relacionados con la corta duración del subsidio, por parte de UGT y Comisiones Obreras, y la CEOE no acepta la rebaja de cotizaciones propuesta.

Es evidente que habrá que pulir bastante las medidas propuestas por el Gobierno para lograr una aceptación generalizada de las mismas.
El ejecutivo deberá apurar la puesta en marcha de otros planes previstos para hacer frente al grave problema del paro que en la actualidad azota a España.

Gerardo Díaz Ferrán, quien es el Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), dijo durante la Asamblea de la Organización Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE) de este año 2.009, que el verdadero problema de la actual y comprometida situación económica que está viviendo España, no es en sí derivado de la crisis económica global que soporta el mundo por estos meses, sino la consecuencia lógica de los años de gobierno del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Todo este lamentable episodio se produjo mientras intervenía en la Asamblea haciendo uso de la palabra el Presidente de la Patronal madrileña, Arturo Fernández, e inadvertidamente estaba abierto el micrófono de Díaz Ferrán.

El presidente de la CEOE estaba alabando las palabras dichas acerca de la marcha de la crisis por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre durante la Asamblea, y expresó su parecer sobre la gestión de Rodríguez Zapatero sin advertir que su micrófono no había sido cerrado. Sus dichos se escucharon como una voz de fondo, con cierta dificultad, pero igualmente pudo entenderse claramente lo que estaba diciendo.

Durante su discurso, Arturo Fernández negó enfáticamente que los empresarios deseen buscar una salida a la difícil situación “abaratando el despido”, ya que aseguró que “ninguna Empresa desea reducir su personal”. Fue en ese momento que se escuchó a Díaz Ferrán comentarle al Secretario General de CEIM, Alejandro Couceiro, algo así como “es que no lo ha hecho bien, el problema que tenemos no es la grave crisis, son los años de Zapatero…”

Posteriormente habló Díaz Ferrán en este acto que había sido inaugurado por los Príncipes de Asturias, y durante su intervención volvió a traicionarlo el micrófono abierto fuera de lugar dos veces, cuando se le escuchó decir “Aguirre (por Esperanza) es muy cojonuda”.

El presidente del CEOE aconsejó durante su discurso a los sindicatos españoles que por favor se abstengan de poner en marcha cualquier tipo de medidas de fuerza, y mucho menos una huelga general, ya que dijo que no es momento de complicar todavía más el panorama sino de sumar esfuerzos y avanzar en un diálogo entre las partes del mundo laboral español para buscar y encontrar soluciones al grave problema de los parados y el desempleo.

Además les pidió en un tono crítico a todos los agentes sociales así como asegura hicieron los empresarios, puesto que durante lo que va de la crisis “no han caído en la tentación de culpar o amenazar a nadie por la crisis”.

Evidentemente Díaz Ferrán va a tener que mejorar su relación con los medios técnicos que se le ponen enfrente, puesto que si no muchas veces le sucederá que lo que manifiesta en público no condice para nada con sus comentarios, que él cree privados y parece que no lo son tanto.

Ignacio Fernández Toxo, el dirigente de CC OO, declaró hoy que restringir la subida salarial de los convenios colectivos al 1% en momentos de crisis significa “seguir insistiendo en la línea de trabajar más por menos dinero”.

“Esto se dirige a un fracaso estrepitoso de las relaciones laborales, que se puede concretar en una conflictividad alrededor de la negociación colectiva que nadie desea”.

Con declaraciones hechas para la Cadena Ser, Toxo, sin embargo, demostró confianza en que aún existe el tiempo para arribar a un pacto social “lo más rápido posible porque el país lo necesita”.

De esta manera reiteró que no se reunirá “a costa de la calidad de vida de las personas, de la erosión permanente de los salarios y de las condiciones de trabajo”, aunque quiso recalcar que “hay otras cosas que podemos hacer juntos”.

Además, estimó de “regresión” la postura que conservan hasta entonces los empresarios, que esgrimían hasta hoy día una franja de aumento entre el 0% y el 2%.

A la pregunta sobre si este desencuentro con la patronal puede resultar mudable, Toxo afirmó que existen afirmaciones que servirán para acercar ciertas cuestiones que hacen al diálogo.

En este sentido, la proposición que presentó la CEOE afecta unos 3.300 convenios (el 35% del total que hay que revisar), a cinco millones de trabajadores asalariados y a 766.851 empresas, de acuerdo a sus propios datos. Estas subas de salarios se ubican arriba de los niveles del IPC (0,7%) y de los previstos para fin de año.

Los sindicatos exigen un incremento del 2%, que resulta ser similar a las metas de inflación del Banco Central Europeo (BCE) para la zona euro. Es que el INE informó que el IPC cayó un décimo durante el mes pasado al 0,7% en la tasa interanual, debido a la baja del petróleo y a la mesura en el aumento de los alimentos.

Es que los precios en general no han subido en los últimos días con respecto a la tasa intermensual.

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, y también el de UGT, Cándido Méndez, ratificaron que no fue posible lograr un pacto en la Negociación Colectiva a causa de los pedidos “inasumibles” que efectuó la CEOE, a pesar de que revelaron su aspiración de continuar facilitando “una oportunidad” al tratado.

La diferencia acerca del aumento salarial paraliza la renovación del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (ANC), que aparecía siempre convalidada sucesivamente desde el año 2002.

En este pacto se sugiere que los sueldos crezcan teniendo en cuenta la meta máxima de inflación propuesta por el Banco Central Europeo (2%) y almacenen una posterior condición de reconocimiento salarial.

Pero este año, y con la caída de la inflación desde la época estival y las malas esperanzas de que no se remoce otra vez, los empresarios se niegan a reverdecerlo sin más.

La CEOE (la patronal) solicita que para este año el ANC establezca una franja entre el 0% y el 2%. Los sindicatos contestan que el procedimiento que ha desempeñado muy bien su papel hasta ahora (2%, más productividad, más la cláusula) es lo adecuadamente elástico como para acomodarse a los espinosos eventos vigentes.

Ahora ya ha terminado el vencimiento que sellaron los sindicatos y la CEOE para alcanzar un pacto sobre Negociación Colectiva, después de que en la postrer junta mantenida hace siete días tampoco lograran aproximar posiciones.

Toxo y Méndez han propuesto las razones de sus sendas estructuras sindicales para la Negociación Colectiva y el Empleo de 2009.

Estos dirigentes sindicales explican que, aunque se puede llegar a un pacto con las CEOE y CEMPYME, los convenios colectivos que todavía permanecen por renovarse, no pueden aguardar más tiempo.

Miguel Angel Fernández Ordóñez ha polemizado acerca de la reforma del mercado laboral y el costo de los despidos, porque según su opinión esos mecanismos de ajuste “no funcionan de forma adecuada”.

Para el funcionario, las muchas deficiencias en el sistema español establecen un “fracaso rotundo en el objetivo de reducir el desempleo” y también producen consecuencias perjudiciales en el rendimiento de la economía, por lo que insistió en emprender “con urgencia” los cambios en las instituciones laborales.

Además, Fernández Ordóñez no descartó la intervención estatal en los bancos si esto fuera necesario, tal como ha sucedido en otras naciones. Señaló, por otra parte, que existen diferentes formas de sobrellevar los cambios, como la fusión de las entidades financieras y también, la reestructuación de sucursales, como ha sucedido con el banco Santander.

Por otra parte, advirtió que los españoles no pueden permitir un endeudamiento social parecido al de los años recientes.

El dirigente indicó que la mayoría de la opinión pública cree, erróneamente, que el sistema actual protege a los trabajadores. Para graficar su opinión, comparó esa protección a los empleados con la “que caracterizó a la economía española en los años cincuenta”.

Estas declaraciones alcanzan a llegar en medio de la polémica originada por la proposición ofrecida por la Confederación de Empresarios de Madrid para crear un contrato para la crisis, con indemnización de 20 días por año trabajado, reemplazando a los 45 días actuales.

Gerardo Díaz Ferrán, el presidente de la CEOE, declaró que “son proposiciones sensatas, que comparto de la A a la Z”.

Un arrebato que no cayó nada bien a Pedro Solbes.