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Hace ya un tiempo que el Gobierno y los sindicatos tienen una reunión pendiente para analizar los mecanismos que permitan ampliar la ayuda de 420 euros que se da a los parados sin prestaciones que esta crisis global dejó de a miles en España.

La puesta en marcha de esta medida se ha caracterizado, como tantas otras que se tomaron en el transcurso de la crisis, por lo precipitado de las decisiones.

Es por eso que ahora la administración de Rodríguez Zapatero resolvió postergar hasta comienzos de la semana próxima dicha reunión, que tentativamente se llevará a cabo el lunes 31.

La intención del Ministro de Trabajo Celestino Corbacho es llegar a un acuerdo con los representantes de UGT y Comisiones Obreras para obtener mejores condiciones adicionales para poder acceder a esa ayuda de poco más de 400 euros, que por ahora sólo llega a quienes perdieron la prestación con posterioridad al 1º de Agosto.

No son pocas las críticas debido a las dilaciones que se presentan para poner definitivamente en práctica una medida tan importante y largamente esperada por los afectados por el alto nivel de desempleo en España.

Se espera que el Ministerio de Trabajo español ponga al menos en práctica su idea de retrotraer al 1º de Junio, es decir dos meses antes de la fecha inicialmente fijada como condición, la fecha a partir de la cual los parados sin protección puedan acceder a la ayuda gubernamental.

Pero los sindicatos consideran insuficiente esta medida y pretenden que la ayuda cubra a todos los parados que hayan agotado la prestación y el subsidio en el transcurso del 2.009.

Las protestas por las actuales condiciones para acceder a la ayuda son muchas, y el Gobierno, que en los últimos meses fue blanco de feroces críticas por la forma en que está manejando esta crisis global de la cual algunos países de la Eurozona ya comenzaron a salir airosos, seguramente va a intentar por todos los medios a su alcance llegar a un acuerdo con los sindicatos para modificar esta medida que entró en vigencia el pasado 17 de Agosto.

Para el PSOE el otro gran desafío, que puede llegar a ser más complicado que el acuerdo con los sindicalistas, será asegurarse el apoyo parlamentario, ya que a pesar de entrar en vigencia en el momento en que se aprueba, el real decreto ley necesita de la convalidación parlamentaria, por lo que habrá que buscar consenso en el Congreso español para que la ayuda pueda salir sin problemas.

Lentamente parece que el gobierno comenzó a poner en práctica las medidas que en su momento de decidió tomar en materia laboral para atenuar los efectos de la crisis global que no le da respiro a España ni a la mayoría de los países de la Unión Europea y al mundo en general.

Ya se envió a los agentes sociales un bosquejo con pautas que bien pudieran ser el inicio de un acuerdo para el cambio en el ámbito laboral y social.

Entre las propuestas concretas que incluye este incipiente documento se establece una ayuda de 420 euros al mes para todos aquellos parados que ya no puedan acceder a otro tipo de beneficios como ser el subsidio o la prestación por desempleo, y que por lo tanto mientras el empleo no recupere sus índices históricos no tengan otra fuente de ingresos estable.

Pero a diferencia de otras ayudas que se prestaron en diversas ocasiones, esta vez el Ejecutivo a cargo de José Luis Rodríguez Zapatero le pone límites más cortos a esta prestación, acotándola a seis meses, lo que totalizaría un beneficio de 2.520 euros.

Las autoridades del gobierno ponen como requisito para poder percibir esta ayuda que los parados que la reciban deben cumplir con un programa de formación y capacitación especialmente diseñado para que puedan volver a insertarse en el mercado laboral lo más rápidamente posible, obviamente tratando de que ello ocurra antes del vencimiento del semestre durante el que se recibe la prestación en cuestión.

Otras propuestas gubernamentales incluyen una rebaja de las cotizaciones sociales a las empresas, tal vez de medio punto, y la suspensión del veto a las empresas de trabajo temporal para abastecer sectores como el área de la administración pública y otros considerados peligrosos como el minero.

Sin embargo, tanto los sindicatos como la patronal se muestran reticentes ante estas nuevas propuestas y no parecen estar del todo de acuerdo.

Entre los temas que más preocupan están los relacionados con la corta duración del subsidio, por parte de UGT y Comisiones Obreras, y la CEOE no acepta la rebaja de cotizaciones propuesta.

Es evidente que habrá que pulir bastante las medidas propuestas por el Gobierno para lograr una aceptación generalizada de las mismas.
El ejecutivo deberá apurar la puesta en marcha de otros planes previstos para hacer frente al grave problema del paro que en la actualidad azota a España.

Las entidades bancarias de todo el mundo, y las de España por supuesto no son la excepción, están pensando muy detenida y seriamente su futuro e imaginando distintas opciones para superar la crisis económica global y organizar su nuevo “modus operandi” de cara a lo que se viene.

La reestructuración de sus planteles y altos mandos, las fusiones y las medidas tendientes a volver a rearmar la cadena crediticia son las cuestiones más urgentes a tener en cuenta, pero también las medidas no tradicionales y con cierto grado de imaginación pueden contribuir a la hora de mejorar la situación financiera de las distintas entidades bancarias.

Podemos tomar como ejemplo la iniciativa que lanzó en estos días el BBVA, que propuso a sus empleados una suspensión temporal del contrato laboral con “retorno garantizado” por un período que oscila entre tres y cinco años.

Durante ese tiempo, el Banco pagará a los empleados menores de 33 años el 30% de la retribución básica anual, con un mínimo de 1.000 euros mensuales (ó 12.000 euros al año), siempre que esta suma no sea superior al 40% de la retribución básica anual.

El Banco garantizará por escrito el retorno al trabajo al cabo de esos años a aquellos trabajadores que acepten el plan, y ofrece también 3.600 euros anuales adicionales, que es el costo del servicio de sanidad de una aseguradora que trabaja con el Banco, es decir que también cubrirá, en caso que el trabajador acepte, el cuidado de su salud.

Para los empleados con más de tres años de antigüedad y no mayores de 35 años, el BBVA ofrece también licencias por estudios de posgrado de hasta dos años de duración, con una paga de 6.000 euros al año.

Aquellos empleados con más de 1 año de antigüedad, pueden solicitar licencias de hasta 1 año para que puedan cuidar a sus hijos o familiares, sin goce de haberes.

Todas estas medidas que tienden a reducir la plantilla de empleados del Banco al menos por un tiempo, son criticadas por Comisiones Obreras y la UGT, porque dicen que “generan desconfianza y le quitan transparencia al contrato laboral”.

En definitiva, el Banco afirma que además de reducir su plantilla de empleados en estos tiempos de crisis global, estas medidas flexibilizan la relación laboral y compatibiliza las necesidades de la institución y de su plantilla.

El “retorno garantizado” y la utilidad para las necesidades actuales del Banco son las 2 columnas sobre las cuales el BBVA intenta cimentar estas medidas.