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Un profesional del sector asegura que hacia el año 2.006 en la Comunidad Valenciana “la vivienda no se vendía, sino que se despachaba”. Y este comentario es un claro ejemplo de lo exultante que estaban por aquel entonces todas las vertientes que tuvieran que ver con el negocio de la construcción residencial.

Las nuevas viviendas a lo largo del litoral mediterráneo se vendían en el mercado apenas sobre los planos, sin siquiera esperar los cimientos. Y la necesidad de mano de obra, generalmente inmigrante, también requería de nuevas viviendas más modestas para vivir.

El Banco de Valencia operaba en un territorio que había sido bendecido por la promoción inmobiliaria. Bancaja tomó el control de casi el 40% del Banco y se transformó en el colchón que necesitaba un Banco conservador como el de Valencia para dar el gran salto que el momento requería.

José Luis Olivas tomó la presidencia del Banco en un momento inmejorable, en enero del 2.004. Y poco después presentaba un resultado en donde el volumen del negocio superaba por vez primera los 12.000 millones de euros.

Para los accionistas la rentabilidad no paraba de crecer. En el 2.004 fue del 65%, y los directivos del Banco anunciaban nuevos planes de expansión con oficinas en toda España.

Incluso las leyes valencianas permitían el uso del suelo sin ser dueño del mismo y la rentabilidad de la construcción no encontraba equivalente en ninguna otra actividad.

Todo siguió sobre ruedas marchando cada vez mejor, con inversiones crediticias por parte del Banco que crecían a un ritmo del 30% anual, hasta que en el año 2.007 ya comenzaron a detectarse algunos síntomas de alarma, al punto que Olivas calificó a ese año como “especial”.

2.007 cerró para el Banco con beneficios del 20%, pero se notaba que algo no estaba bien, que iba a suceder algo inconveniente. Hasta que la burbuja inmobiliaria se infló tanto que terminó por estallar.

El primer golpe duro y público por su dimensión fue cuando Polaris, una inmobiliaria con grandes proyectos en Murcia, colocó entre sus acreedores propiedades por un valor de casi 1.000 millones de euros.

Bancaja y el Banco de Valencia y Murcia fueron las instituciones más afectadas.

A partir de ese momento los quebrantos se multiplicaron exponencialmente y el Banco de Valencia acumuló entre sus activos promociones incompletas y una cantidad de suelo cuyo valor está hoy puesto en duda por el Banco de España.

Finalmente la inyección de 1.000 millones de euros por parte del FROB para mantener a flote a la entidad valenciana obligó a Olivas a renunciar recientemente a la vicepresidencia del Banco Financiero y de Ahorros y a la vicepresidencia de Bankia.

Los grandes grupos de España ligados a la construcción están aguzando el ingenio y tratan por todos los medios a su alcance de escapar al parón de la actividad constructiva que sigue establecido en territorio español.

Es así que por ejemplo ACS y OHL están intentando la diversificación internacional de los ingresos. Y de hecho lo están logrando, ya que en el curso de los últimos días ambas empresas presentaron sus cuentas correspondientes a los tres primeros trimestres del año y en ellas la facturación internacional alcanza los dos tercios del negocio.

ACS dio un gran salto gracias a que tomó el control de la compañía alemana Hochtief. Es así que el porcentaje del negocio internacional de la empresa pasó del 30% al 65% en el transcurso de un año.
Y OHL, que comenzó todavía antes con los negocios en el exterior, logró que sus ventas en el extranjero representen ya prácticamente el 70% del total facturado.

Los efectos contables que provienen de la consolidación de Hochtief por integración global desde el mes de junio pasado hicieron que las ventas de ACS crecieran un 62% alcanzando los 18.209 millones de euros, y que su resultado bruto, el Ebitda, haya mejorado un 39% hasta alcanzar los 1.530 millones.

ACS señala que mientras el beneficio neto ordinario correspondiente a las actividades continuadas subió un 6,6%, el beneficio neto cayó sin embargo un 34% alcanzando los 739 millones, debido principalmente a la compraventa de activos y a las provisiones por la compañía alemana.

A su vez Hochtief señaló que la crisis económica y el masivo boicot ciudadano a los peajes en las autopistas que tiene a su cargo en Grecia le provocó una muy importante pérdida de ingresos.

Las acciones de Hochtief cayeron en las últimas horas un 11% en la Bolsa después de que se conociese que la venta de su negocio de aeropuertos podría sufrir un importante retraso, con las consecuentes pérdidas para la empresa.

Por su parte la otra gran compañía española, OHL, mejoró notablemente la rentabilidad de su negocio a pesar de la caída de más del 1,5% en su cifra global de negocios, alcanzando los 3.587 millones de euros.
El resultado bruto de la explotación de la empresa mejoró un 22,9% y el beneficio neto obtenido un 15% llegando a los 138,7 millones de euros.

La Comisión Nacional de Competencia (CNC) a través de su Consejo le aplicó multas a 47 empresas ligadas al sector de la construcción por un valor superior a los 47 millones de euros bajo la acusación de llegar a acuerdos con el fin de fijar los precios y repartirse las licitaciones de obras de rehabilitación de varias carreteras, sobre todo en proyectos ligados al ministerio de Fomento.

Estas multas aplicadas van desde un mínimo de 95.000 euros a un máximo de 5.500.000 euros. Los 5 millones de sanción son superados por tres compañías: Obras Caminos y Asfaltos (OCASA) con una sanción de 5.550.000 euros, Gevora Construcciones con 5,3 millones y Constructora Hormigones Martínez con 5,055 millones de la moneda común.

Entre las restantes grandes empresas constructoras de España, figura también una multa de 277.000 euros para OHL, una de 1,877 millones para Eiffage Infraestructuras y una de 106.000 euros para Vías y construcciones, que es una filial de ACS.

De acuerdo a lo que pudo saberse de la nota de la CNC, la malversación afectaba sobre todo a licitaciones que eran convocadas por el procedimiento restringido. Con este procedimiento la Administración convoca a la respectiva licitación y en ésta sólo pueden presentar sus ofertas que lo solicitaron previamente y que de acuerdo a su solvencia pueden hacerse cargo de la obra en cuestión. La Administración establece un presupuesto de referencia y las empresas seleccionadas presentan el suyo indicando la baja que estén dispuestas a realizar sobre el presupuesto original presentado por las autoridades.

De las investigaciones que se llevaron a cabo resultó que las empresas seleccionadas mantenían contactos entre sí y se informaban mutuamente de las bajas que iban a realizar en las distintas obras, de manera que cada una sabía anticipadamente cuál de ellas iba a ganar y entonces se repartían todas las licitaciones entre este “selecto” grupo.

Cada empresa que ganaba una licitación compensaba económicamente a las otras “competidoras” que habían modificado ex profeso su presupuesto. Incluso algunos de estos pagos ilegales pudieron ser detectados en las contabilidades de dos de las empresas que están involucradas en este ilícito. Hasta se pudo recuperar varios pagarés emitidos entre las empresas relacionadas al hecho.

Las licitaciones en las que se detectaron irregularidades suman en total catorce y tuvieron lugar entre los años 2.008 y 2.009 en obras que se repartieron en todo el territorio español.

La CNC comunicó además que este hecho, conocido como “bid rigging” es una de las conductas anticompetitivas más graves y por lo tanto debe recibir un “castigo ejemplar”.

Es poco probable que cuando una institución se encuentra pasando por un riesgo muy grande como el que atravesó y atraviesa la Caja Mediterráneo (CAM) las causas sean de un solo origen.

Sus males no empiezan sólo en las malas inversiones inmobiliarias o la pérdida de valor de sus activos vinculados al sector de la construcción. Vienen de mucho antes.

Ya la gestión del negocio bancario abre bastantes interrogantes. Por lo pronto, la política de expansión del director general de la CAM entre los años 2.001 y 2.010, Roberto López Abad, juntamente con la apertura de nuevas oficinas sin tener otro parámetro que la expansión en volumen de la entidad generaron una subida en los gastos de administración que pasaron de 330 millones de euros en 2.001 a 624 millones de la misma moneda en el transcurso del año pasado, es decir un 90% de incremento en diez años.

Pero el margen de intermediación bancaria, o sea la diferencia entre los intereses que se cobran a los clientes y los que se producen como cargas asimiladas se mantuvieron casi estables entre el año pasado y cuando López Abad asumió su cargo.

En 2.001 la Caja de Alicante obtuvo 575 millones de beneficios por este concepto y una década después esos beneficios fueron de 586 millones.

Este desigual crecimiento se debe a que el año anterior los gastos de administración superaron en 38 millones de euros a los beneficios que produjo el negocio bancario.
Entre 2.003 y 2.008 la CAM se expandió de forma tal que llegó a superar las 1.000 oficinas y tener presencia en 17 comunidades y dos ciudades autónomas de España, además de tener nueve oficinas en el extranjero.

Algunas de esas oficinas en el exterior, como es el caso de Varsovia o Cancún se podían justificar con las inversiones inmobiliarias de la propia Caja en esos lugares, pero otras como la oficina de Ginebra en Suiza realmente generan muchas dudas en cuanto a su utilidad para el negocio de la CAM.

Ya en el 2.009 se cerraron 116 sucursales, y esta caída en el número de oficinas continuó sin que por ello se haya podido detener el crecimiento de los gastos de administración.

Poco antes de ser intervenida en el mes de julio se había aprobado un plan para cerrar otras 122 oficinas llegando a las 841, es decir más de 200 oficinas menos que en el año 2.008.

La cantidad de empresas y personas que durante el segundo trimestre de este año se declararon en concurso de acreedores se situó en 1.771, lo que marca la segunda cifra trimestral más alta en toda España desde que se comenzaron a usar este tipo de procesos en el año 2.004.

De acuerdo a la Estadística del Proceso Concursal que lleva adelante el INE, esta cantidad de insolvencias conlleva un avance del 16,5% si se lo compara con el mismo trimestre del año pasado.

La notable subida de estos procesos se explica sobre todo en el fuerte incremento de empresas y trabajadores que se refugiaron en los concursos de acreedores, los que se incrementaron casi un 20% hasta llegar a los 1.494.

De la misma forma, los particulares que debieron recurrir a estos procedimientos subieron la cantidad en tan solo un 1,8% en la comparación interanual, totalizando 277 personas. De cualquier manera, este dato a pesar de ser de pequeña magnitud recupera la tendencia al alza después de las caídas de estos procedimientos en los últimos cuatro trimestres.

Recordemos que en el primer trimestre de este año se llegó al récord en procedimientos de insolvencia con una cifra levemente superior a los 1.800, por lo que los especialistas prevén que el 2.011 va a terminar con las cifras más altas obtenidas desde que se empezó a aplicar la Ley Concursal a fines del año 2.004.

En la comparación entre el primer y el segundo trimestre del año en curso, los concursos de empresas y autónomos tuvieron una leve caída, pero por el contrario los que corresponden a las familias sufrieron un incremento de más del 10%.

Los sectores de la construcción y la promoción inmobiliaria volvieron a ser en el segundo trimestre los más afectados por los concursos de acreedores, con un total de 474 empresas concursadas, lo que representa prácticamente un 32% del total de concursos.

Después de la construcción, el segundo lugar lo ocupó el comercio con 271 empresas acogidas al concurso de acreedores en el período abril/junio, un 18% del total.

El sector industrial y energético se llevó el 17% de los concursos con 254 insolvencias.

Cabe mencionar que el 68% de las empresas insolventes eran de pequeño tamaño, lo que prueba el hecho de que tuvieran menos de 2 millones de euros de volumen de negocios.

El 64% de las sociedades concursadas tenía menos de 20 trabajadores, mientras que sólo el 5,2% ocupaba a más de 50 empleados.

Con el inicio de la temporada turística, tradicionalmente muy buena para el empleo, el paro dio el primer respiro a la población de España en casi un año. A pesar de esto, la mejora en las cifras es tan tibia que realmente no permite hablar con propiedad de un verdadero cambio de tendencia.

Lo cierto es que el desempleo cayó en 76.500 personas en el transcurso del segundo trimestre del año, lo que constituye la caída más importante desde el comienzo de la crisis que asola a los españoles. Así es que ahora la tasa de paro quedó en el 20,89% de la población activa, a sólo 0,4% del récord que se alcanzó a inicios de este 2.011. La baja es muy leve, pero permite seguir alejándose de la fatídica cifra de los cinco millones de desempleados, ubicándose ahora en 4.800.000 parados.

En cuanto al empleo, éste también comenzó a tomar vuelo muy tímidamente. El segundo trimestre, de hecho el mejor para la actividad económica por la temporada turística, trajo consigo la creación de 151.000 puestos netos de acuerdo a datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que es el indicador más fiel del mercado laboral en España. Esta cifra es casi el 100% superior a los puestos de trabajo creados en el mismo trimestre del año pasado y ubica a los ocupados en el país en el orden de los 18.300.000 personas.

Pero a pesar de los avances intertrimestrales, las cifras siguen siendo más negativas que doce meses atrás. Y eso teniendo en cuenta que en aquel entonces la economía había empezado a frenar caída que se había acumulado durante seis trimestres consecutivos.

Son varios los expertos analistas en el tema laboral que habían vaticinado que en el primer semestre del 2.011 se iba a producir la primera generación interanual de empleo desde el inicio de la crisis global. Concretamente ésta no se produjo, revelando las débiles bases sobre las que todavía se apoya el andamiaje laboral español.

Para el gobierno, este cambio de tendencia se va a dar en el tercer trimestre del año, aunque los datos no se van a conocer sino hasta finales de octubre.

El motor del empleo siguen siendo los servicios, con una subida de 220.000 personas en el número de ocupados. En el otro extremo, la construcción terminó el trimestre con casi 64.000 empleados menos y la Agricultura con 42.000 nuevos desocupados.

La española Acciona obtuvo en el primer semestre del año un beneficio neto de 248 millones de euros, una cifra que triplica el resultado que había obtenido en el mismo período del año anterior.

Esta subida en las ganancias fue impulsada por la venta de dos autopistas de Chile y un notable crecimiento de la división de energías renovables.

Estos datos fueron dados a conocer por el presidente de la compañía José Manuel Entrecanales a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Asimismo, la empresa subió un 2,3% su facturación entre los meses de enero y junio pasado llegando a los 3.084 millones de euros, al tiempo que el beneficio bruto de explotación (Ebitda) subió en el mismo lapso casi un 20% para ubicarse en los 631 millones de la moneda común.

Es para destacarse que la división de energía verde se consolidó en estos meses como primera fuente de generación de Ebitda y la segunda en facturación del grupo, además de ser la rama que más creció en el primer semestre del año. Concretamente, este negocio facturó algo más de 800 millones de euros hasta el mes de junio inclusive, con un incremento interanual del 9,1%, y aportó al Ebitda 485 millones, es decir el 77% del total beneficio bruto y un 23% más si se lo compara a las cifras obtenidas doce meses antes.

Consultados los directivos de Acciona, se atribuye el incremento de esta actividad a la mejora en el precio del pool en España, al mayor factor de carga eólico a nivel internacional y a su vez a la puesta en marcha en el último ejercicio de instalaciones que suman en conjunto 567 megavatios de potencia.

Al momento del cierre de la primera mitad del ejercicio anual, el grupo contaba con distintas instalaciones de generación de energía verde equivalentes a 7.904 megavatios, de los cuales más de 2.100 megavatios corresponden a distintos mercados internacionales.

En lo referente a la tradicional división de construcción, se sigue manteniendo como la principal fuente de ingresos de la firma con cifras de 1.574 millones de euros en el primer semestre, con una subida del 3,3% directamente influenciado por el crecimiento del negocio internacional.

Las contrataciones en el mercado doméstico de España cayeron, pero la actividad en el exterior permitió compensar esa caída e incluso lograr cerrar el semestre con un crecimiento del 9%, hasta llegar a los 7.524 millones de euros.

Valeriano Gómez, el ministro de Trabajo e inmigración de España, ha vuelto a insistir hace unos pocos días en responsabilizar a las entidades financieras de la crisis económica y de la inédita destrucción de empleo que en la actualidad mantienen en vilo a los españoles.

También fue blanco de sus críticas el Banco de España, por no haber llevado adelante una adecuada supervisión de dichas entidades.

Esta “pésima” actuación de los Bancos y las Cajas españolas originó en el sector de la construcción una burbuja que, al estallar, fue la responsable de acuerdo a los cálculos del ministro del 80% de los empleos perdidos en el país, ya sea en forma directa o en ramas de la industria ligadas a la misma.

Añadió también que a su juicio el ajuste en el sector de la construcción todavía no terminó y puede seguir influyendo directamente en un nivel de desempleo “masivo”.

Gómez realizó todas estas declaraciones en la apertura del curso “Las huellas profundas de la gran recesión”, que fue organizado port la Universidad del País Vasco.

“Los servicios de estudios de nuestras entidades financieras advertían la presencia de una burbuja inmobiliaria y discutían acerca del nivel de sobrevaloración, mientras que esas mismas entidades continuaban dando demasiados créditos al sector, empeorando la situación que ellos mismos estaban señalando”, destacó el ministro.

En cuanto a las culpas que le fueron echadas al Banco de España, de acuerdo a los dichos textuales del ministro “aunque hubo algunas actuaciones destacables como la implantación de provisiones anticíclicas por iniciativa de Luis Ángel Rojo, luego el nivel de supervisión de nuestras entidades financieras fue insuficiente frente al crecimiento desmesurado del crédito al ladrillo”.

Gómez considera a los Bancos responsables de la crisis por partida doble. Primero, porque inflaron la burbuja inmobiliaria hasta que ésta estalló. Y segundo porque después fueron los problemas de las entidades financieras que luego después se transformaron en económicas los que desataron la tremenda crisis que todavía padece España y que cortó por completo el crédito.

Para el ministro es necesario poner el foco en el sector financiero. En los momentos de auge y en la posterior crisis que se desató. Sólo así podrá encontrarse la clave para la salida de esta crisis que sumerge al pueblo español en el desconcierto y la desesperanza.

El INE publicó hace muy pocos días por primera vez la Encuesta sobre el Acceso a Financiación de las Empresas. Y la conclusión a la que se arriba de esta encuesta es que una de cada cuatro pequeñas o medianas empresas (Pymes) de España que durante el año 2.010 pidió financiación a través de un préstamo no consiguió su objetivo.

La cifra es significativa si se tiene en cuenta que en el año 2.007 este problema lo tenían sólo el 10% de las Pymes.

Si se sigue observando la encuesta realizada, se puede ver que prácticamente otro 25% de las Pymes obtuvo solamente parte de los que había solicitado y el 50,6% restante lo forman las Pymes que consiguieron la totalidad de lo que habían pedido.

La cifra de rechazos parece ser muy elevada, pero aparece como menor a la que se podía esperar si se tienen en cuenta los comentarios adversos al crédito de las distintas organizaciones empresariales.

Merece destacarse que, como era de esperarse, el sector de la construcción es el que más negativas recibió a la hora de que se le concedieran créditos.

Entre las razones principales que alegan los Bancos y las Cajas de Ahorro para la negativa a conceder préstamos podemos mencionar cuatro en el siguiente “orden de aparición”: los avales que presentaban las empresas eran insuficientes, las empresas tenían muy baja calificación de solvencia, no hubo explicación por parte de las entidades financieras y finalmente los pedidos correspondían a empresas con demasiadas deudas en vigencia.

Por el lado contrario, en las pocas ocasiones en que fueron las empresas las que rechazaron la oferta de crédito de la banca este rechazo se debió principalmente a los altos tipos de interés u otras condiciones “inaceptables” para las compañías.

Comparada la situación en España con lo que ocurre en el resto de la Eurozona, en los demás países el promedio de rechazos de solicitudes de préstamos se da en el 14% de las sociedades.

Si se trata de grandes empresas, casi el 20% de las españolas no logra conseguir crédito frente al 10% de las del resto de la zona euro.

Pero el peor dato dado a conocer en este caso por el BCE es que mientras que en el resto de Europa las perspectivas del retorno al acceso al crédito son buenas en España sucede exactamente lo contrario, estimándose que será necesaria la financiación externa en el período 2.011/2.013.

El presidente del Perú, Alan García Pérez, afirmó enfáticamente en recientes declaraciones periodísticas que “estamos viviendo un boom económico y del empleo que nos coloca a la cabeza de Latinoamérica en materia de crecimiento económico”. Destacó que el año pasado las cifras oficiales finales mostraron una expansión de la economía del país del 8,78%.

Para García lo más importante de esa cifra de crecimiento radica en el hecho de que se basa en los rubros de la construcción, manufactura y comercio, que son los tres rubros que dan más trabajo a la población peruana.

De acuerdo a sus explicaciones, el notable comportamiento de la economía de su país fue posible debido al extraordinario comportamiento del sector de la construcción, el que logró una subida del 17,44%, una cifra que se refleja en la edificación masiva de viviendas, la mayoría bajo el auspicio del Estado y con un también notable soporte del sector privado.

Por su parte el sector manufacturero peruano tuvo en el transcurso del 2.010 un crecimiento del 13,5%, al mismo tiempo que el comercio hizo lo propio y se expandió en casi un 10%.

El presidente peruano explicó también algo que era obvio que ocurriese gracias a este notable progreso en tres de los principales rubros de la economía: el desarrollo de estos sectores influyó de manera directa en la mejora de los salarios y en una subida sostenida del número de empleos que pudieron generarse.

Este panorama general de mejora después de salir de la crisis económica global que afectó al país como al resto del mundo permitió acrecentar el poder adquisitivo de la población con lo que se obtuvieron muy buenas cifras de consumo interno. Subieron ítems de lo más variados como la construcción de muebles, el comercio de todo tipo de alimentos en general, la importación de importación de electrodomésticos y vehículos, tanto para uso particular como vehículos de transporte de pasajeros y carga.

García aseguró que de mantenerse las actuales condiciones, en el 2.011 también podrá llegarse a una expansión del PIB cercana al 8%, con lo cual el nivel de crecimiento permitiría a las autoridades mejorar en mucho el actual nivel de vida y permitiría a los peruanos contar con una situación social mucho mejor.