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Pareciera que el sector inmobiliario en España es un gigantesco barco que continúa navegando en el mar de la economía del país con todos sus motores detenidos.

Hay por lo menos 700.000 viviendas sin vender, y la actividad inmobiliaria volvió a desplomarse en el último trimestre del año anterior con una fuerza que sólo había mostrado en los peores momentos del año 2.009, el que por ahora sigue siendo el peor año de esta crisis inmobiliaria que lleva ya cerca de cuatro años.

La construcción de pisos sigue por debajo de los niveles mínimos aceptables y las operaciones de compraventa literalmente se desplomaron a algo menos de una cuarta parte de las que se registraban en ocasión del “boom” inmobiliario.

Como si este panorama no fuese suficientemente malo de por sí, la industria de la construcción se quedó sin el imprescindible crédito necesario para hacer girar la rueda de la actividad mientras que la morosidad en todo el sector siguió creciendo sin pausa.

Todas estas son suficientes causas como para justificar el desplome de los precios, que volvió a recuperar la intensidad del primer trimestre del año 2.009.

De acuerdo a datos del Ministerio de Fomento, en el último trimestre del 2.011 las viviendas perdieron el 6,8% de su valor con respecto al mismo período del año anterior. Y en términos reales, teniendo en cuenta la inflación registrada en dicho período, la caída fue del 9,6%.

Desde que estallara la burbuja inmobiliaria en el 2.008, el precio de las viviendas libres en España ha caído casi el 20%, y esta caída ha sido tanto para las viviendas nuevas como para las de segunda mano.

A pesar de estas tremendas cifras, en el sector se quejan de que las estadísticas no toman las rebajas reales, las que sitúan las caídas de los precios en al menos el 30%.

Ángel Serrano, el director general de Negocio de Aguirre Newman, recuerda que el año pasado el sector evolucionó negativamente acorde al entorno general que era de depresión. Y para el presente año el panorama no es mucho más optimista, porque se espera que los precios se sigan deteriorando al tener las empresas inmobiliarias que navegar en un “mar embravecido con el viento de frente”, según sus propias palabras.

Dilma Rousseff, la presidenta de Brasil, la primera potencia de Latinoamérica, aseguró estar “muy complacida” de que hace unos días el Mercosur haya adoptado importantes medidas arancelarias para proteger a sus miembros de los efectos de la crisis económica global en el mercado internacional.

Durante su intervención en el plenario de presidentes latinoamericanos que se celebró en Uruguay la mandataria brasileña aseguró que estas medidas que se decidieron, y por las cuales se podrán subir los aranceles de importación de algunos productos externos al bloque, van a permitir una gestión flexible y estratégica del comercio entre las naciones que forman el principal grupo económico latinoamericano.

Rousseff recordó que la situación a nivel global y principalmente en la región europea por la tan difundida y difícil de manejar crisis de deuda es “preocupante” y además de los problemas que acarrea se ve todavía agravada por la que calificó como exasperante lentitud de las respuestas políticas que deberían modificar y mejorar el panorama. A su criterio los gobiernos europeos están dando respuestas “demasiado conservadoras como para encontrar una rápida salida a la crisis”.

Frente a este escenario mundial, el Mercosur, que está integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay y con Venezuela en proceso activo de adhesión, debe tomar las precauciones del caso.

La mandataria brasileña sostuvo que, si bien las medidas que adoptaron hasta ahora los países de la región para minimizar y hasta evitar los efectos de la crisis económica y financiera fueron “más que efectivas”, advirtió que no deben subestimarse los efectos a futuro de esta grave problemática mundial, la que entre otras cosas traerá aparejada una reducción del crédito internacional y una merma importante del comercio a todo nivel.

“La crisis está mermando sustancialmente la demanda de los sectores industriales de los países más desarrollados y esto le genera al Mercosur una avalancha de importaciones predatorias que ponen en riesgo sus mercados”, afirmó Rousseff.

En su alocución la presidenta del Brasil les pidió a sus colegas del bloque que éste avance rápidamente en la integración de las cadenas productivas y al mismo tiempo tome recaudos para adoptar mecanismos comunes de defensa frente a prácticas comerciales fraudulentas provenientes de otras regiones del planeta.

Y destacó la necesidad de que el mayor grupo comercial latinoamericano sume nuevos socios de la importancia de Venezuela, la que todavía no se sumó plenamente al grupo por la falta de aval del Senado de Paraguay.

La caída del mercado laboral en España parece no encontrar fondo. Los conocedores del tema aseguraban que en el 2.011 la situación iba a empezar a revertirse y lo concreto es que terminó peor que en el 2.010.

Los índices económicos se enfriaron de tal manera que la economía volvió a contraerse. Y como una consecuencia directa de este hecho está la cuenta que esta situación le pasó a los empleos. Esto se comprueba fácilmente conociendo que la Seguridad Social perdió desde el mes de agosto pasado casi 2.700 afiliados diarios.

Y si miramos para adelante lo único que se ve se parece más a una tormenta de arena que a un cielo límpido.

No se esperan mejoras para este año y el paro, aunque parezca imposible, casi seguramente se agravará, aumentando la cantidad de uno de cada cinco españoles sin empleo a pesar de la intensa búsqueda del mismo. Sólo un cambio radical de timón o un hecho milagroso harán que España no termine el 2.012 encadenando su quinto año consecutivo de destrucción de empleos.

Ángel Laborda, el economista que dirige el panel de coyunturas de Funcas, cree que España va a estar en recesión todo el 2.012, y el empleo va a continuar cayendo y mucho.

Funcas recoge las previsiones de los principales servicios de estudios del país, y éstos vaticinaban en noviembre del 2.011 una caída media de la ocupación para este año de alrededor del 1,2%, con una tasa de parados del 22,2%, un 0,6% más que en la última encuesta de población activa (EPA).

Y créase o no, desde entonces el panorama empeoró todavía más. El déficit público subió hasta el 8%, la rueda del crédito no se echó a rodar y el ajuste fiscal va a ser mucho mayor al prometido por Rajoy en su campaña.

El economista jefe de Intermoney, José Carlos Diez, asegura que el proceso actual “será un paso atrás muy fuerte. No va a ser una simple recesión de inventario. Nunca se ha dado una recaída en la restricción de crédito tan fuerte”.

Todos los servicios de estudios consultados están revisando sus previsiones de noviembre, y no precisamente para mejorarlas. Según la mayoría de los cálculos, este año el paro se ubicará entre el 23 y el 23,5%, con la destrucción de otros 400.000 empleos.

Todo parece indicar que no hay forma de encontrar un ángulo de visión desde donde la situación española se vea definitivamente promisoria.

El 2.011 ha sido un año verdaderamente terrible para la industria del ladrillo en España. Si ya el 2.008 y el 2.009 habían sido años particularmente malos para el sector inmobiliario español por los efectos de la crisis económica global, y después vino un año 2.010 con una muy tímida recuperación, este año que está por terminar cerrará con los peores indicadores que se recuerden aún en el caso de los más veteranos en el sector.

Y no importa por dónde se realice el análisis, cualquier parámetro indica cifras catastróficas. Las compraventas, las obras iniciadas y terminadas, las transacciones de suelo, las hipotecas, todo fue en este año de mal en peor.

Los expertos en el tema anticipan un año venidero, el 2.012, que puede ser todavía peor. Julio Rodríguez, el ex presidente del Banco Hipotecario de España, afirma que todo el tambaleante andamiaje inmobiliario español va a depender casi exclusivamente de la evolución del crédito y del mercado laboral. Y ninguno de estos dos parámetros tienen buenas perspectivas.

Los créditos están poco menos que desaparecidos para todos los sectores de la economía, y la sequía de capital disponible afecta sobre todo a los mercados inmobiliario y automotriz.

En los tres primeros trimestres del 2.011 se alcanzaron niveles apenas mínimos tanto de número de operaciones como de volumen de dinero operado. Ya la Asociación Hipotecaria avisó que en todo el año la caída de dinero dado en hipotecas fue de un 30% respecto al año anterior.

Pero el dato más “aterrador” es el de los visados de nueva obra. En los diez primeros meses del año se iniciaron 83.000 nuevas viviendas. Esta cifra no sólo es espeluznante si se la compara con las 865.000 nuevas obras que se terminaron en el punto más alto del boom inmobiliario en el año 2.006, sino que es la más baja desde el año 1.960, que es el año en el que los arquitectos empezaron a contabilizar los proyectos que visaban para comenzar a construir.

Un informe del departamento inmobiliario del BBVA indica que hubo un decisivo desplome en la vivienda pública, y las futuras políticas de austeridad que se implementarán en todas las Administraciones Autónomas para combatir el gran déficit que presentan, no hará sino agudizar el problema y la consecuente caída de la construcción.

A pesar de las apuestas que en su momento se hacían en contrario en todos los ámbitos económicos y financieros de España, Bankia sigue firme con el objetivo que se propuso inicialmente, que era el de ganar más de 400 millones de euros en el transcurso del presente año.

También es cierto que los directivos de la institución advierten que los resultados finales dependerán sin dudas de la evolución del panorama económico actual, tanto español como global, que por estas semanas atraviesan un período de tormentas e incertidumbres.

La morosidad se espera que continúe por un tiempo por encima del 7%, sin cambios significativos por lo menos hasta el año entrante.

El grupo informó que después de haber obtenido un beneficio de 295 millones de euros en los tres primeros trimestres del año, esperan obtener al menos otros 105 millones de ganancias de aquí a fines del 2.011.

El consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, advirtió en las últimas horas que es muy posible que el deterioro económico general de España y la complicada situación del paro incida negativamente en la escasa demanda de crédito y en un progresivo aunque no demasiado pronunciado aumento de la morosidad.

Lo cierto es que el plan de integración de Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, La Caja de Canarias y las Cajas de Segovia, Ávila y La Rioja está avanzando a un ritmo bastante más rápido al previsto. Ya a fines de setiembre se habían cerrado exactamente 701 oficinas, 44 más de las que se había planeado. Y a pesar de que altos directivos de la entidad negaron otra “oleada” de cierres, en los que resta del año en curso podrían llegar a desaparecer entre 50 y 100 sucursales más.

En cuanto a las necesidades de capital que anunció la EBA el miércoles de la semana pasada, Bankia señaló que no está entre sus planes desprenderse de ninguna de sus participaciones significativas para llegar a cumplir con las nuevas exigencias de solvencia a nivel europeo.

Rodrigo Rato, el presidente de Bankia, aseguró que se optará por cubrir el déficit de capital con la generación de resultados o la venta de edificios o carteras de negocios considerados “no estratégicos”.

En cuanto a la política de retribución para los directivos, Verdú anunció que los componentes variables estarán ligados a la evolución de la entidad, poniéndose especial atención a la gestión del riesgo.

El gobierno de España está firmemente decidido a cumplir a rajatabla con todas las indicaciones que se den desde Bruselas a fin de demostrar que se puede confiar en la economía española a la hora de buscar inversiones en estos tiempos tan difíciles. Y entre estas indicaciones está la cada vez más probable nueva recapitalización del sector financiero europeo, cuyos detalles se están ultimando.

Pero esta vez la patronal de las Cajas, es decir la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA), se sumó por estas horas a las ya numerosas críticas que desde varios sectores se lanzaron contra los planes de esta nueva recapitalización.

En opinión de CECA, la iniciativa puede tranquilamente poner en serios riesgos los avances que se alcanzaron hasta este momento en el actual proceso de recapitalización puesto ya en marcha por las autoridades españolas, impidiendo en caso de producirse nuevos cambios que se concreten los futuros beneficios planeados por las acciones puestas en práctica.

Y destaca entre los efectos más perjudiciales el hecho de que se dificultará todavía más el flujo mínimo de crédito necesario como para reactivar y poner de nuevo en marcha la economía del país.

De acuerdo a los dichos de los máximos directivos de la Confederación, este plan de refuerzo de capitales pasa fundamentalmente por dos ejes, que son un ejercicio de estrés de las carteras de la deuda soberana española y un notable y al parecer muy perjudicial incremento de los requerimientos de capital de máxima calidad que se les va a pedir a todas las entidades financieras, haciendo así que fluya menos dinero hacia la cartera de créditos.

Las Cajas de Ahorro recuerdan que en España ya se llevó a cabo un plan de recapitalización muy parecido al que ahora propone la Comisión Europea, y que le impuso a las entidades españolas unos niveles de capital comparables a los más exigentes de toda la región europea, de entre el 8 y el 10%.

Y fue a causa de ese plan que en el último año y medio las Cajas llevaron adelante un “notable esfuerzo de saneamiento, consolidación, eficiencia y capitalización”, según aseguran todos los directivos de las entidades.

Todo este proceso que se viene llevando a cabo se puede ver en un ajuste de la capacidad del 13% y en la salida a Bolsa por cuestiones de fuerza mayor y en condiciones ciertamente muy adversas de tres entidades que, en el conjunto de activos, representan más del 50% de todo el sector.

Los parámetros económicos y de otras índoles que se fijó para este año el gobierno de España no están resultando tal como se esperaba.

Pasado largamente el primer semestre, el crecimiento apenas si llega a un modesto “aprobado –“ como si se tratase de una nota escolar, las cuentas públicas siguen ajustándose a un ritmo mucho menor al deseado y, por sobre todas las cosas, la creación de empleo todavía está en deuda con la sociedad española.

Para llegar a los números anticipados por las autoridades a principio de año, el segundo semestre de la economía española debería ser sobresaliente, y aún así no es seguro que se llegase a las cifras propuestas en enero.

Lo cierto es que los hechos de las últimas semanas confirman que la segunda mitad del año va a ser extraordinaria, pero por lo adversa y no por lo buena. No queda otra opción que esperar un año más para ver qué ocurre con la marcha de la recuperación del país.

La prima de riesgo de los bonos españoles hace rato que está “coqueteando” con los 400 puntos básicos, con subidas y bajadas que más que de mejorías hablan de incertidumbres.

Las perspectivas de un repunte del crédito al menos a corto plazo se desvanecen y con este desvanecimiento también desaparecen las expectativas de que la demanda interna comience a tomar nuevamente impulso y el mercado interno recobre aunque sea parte del ritmo que supo tener alguna vez.

Los inversores se muestran cada vez más desconfiados y eso atenta contra las previsiones gubernamentales, que hablaban de una nítida recuperación económica para este 2.011 en curso.

Para terminar de redondear la situación imperante, el Banco de España anticipó el viernes de la semana pasada que el Producto Interno Bruto (PIB) entre abril y junio mostraba un avance en ese trimestre del 0,2% en tasa trimestral, más débil todavía que el que había mostrado la economía en el arranque del año.

Elena Salgado sostuvo que el gobierno no tiene previsto revisar las previsiones para el año en curso. Lo que no dijo la ministra de Economía es que con lo que queda de legislatura, ya que las Cortes se disuelven en setiembre y no queda tiempo para presentar proyectos de nuevos presupuestos, el calendario oficial ya de por sí no da ocasión de que se modifiquen las previsiones, si éstas fuesen las ideas del Ejecutivo.

De acuerdo a datos oficiales del sector, el mercado del PC en España está en pleno proceso de desplome. Tanto es así que en el primer trimestre de este año los pedidos de nuevos equipos cayeron un 34,7% tomando como referencia el mismo período del año anterior, debido a la brusca desaceleración de la demanda y a un exceso de inventario en todas las terminales de distribución y venta al por menor, si se tienen en cuenta los datos surgidos del último estudio de la consultora IDC.

Este informe asegura que la caída del mercado de consumo fue todavía mayor, de prácticamente el 38%, por un lado debido al stock que se había acumulado desde el verano del 2.010 como consecuencia de las bajas ventas registradas durante el regreso a la escuela y los muy malos resultados obtenidos en la campaña de Navidad.

Los consumidores se encuentran bajo la presión del creciente nivel de desempleo que limita todo tipo de compras, la subida de la inflación y las tasas de interés para las financiaciones y las graves restricciones al crédito de la mayoría de los Bancos y los propios comercios.

Debido a esto se estima que casi con seguridad el gran stock acumulado a principios de este año no va a poder ser absorbido por una todavía muy débil demanda.

A pesar de las agresivas promociones para aumentar las ventas en los primeros meses del año, el inventario está muy por encima de los niveles deseables en términos de volumen y edad.

El cierre de la conocida cadena PC City y el concurso de acreedores de la cadena de electrónica Miró da cuenta de ello.

De acuerdo a las marcas, Acer está ganando liderazgo en el mercado español en el primer trimestre del 2.011a pesar de la caída del 38,7% en las ventas. HP cayó al segundo lugar con una caída de casi el 43%. En tercer lugar se encuentra Asus con una caída de ventas algo más atenuada.

La compañía que pudo sobrellevar mejor la debacle fue Samsung, con una ligera caída de ventas de tan sólo el 0,4%, y Apple quedó en el quinto lugar a pesar de haber registrado bajas en sus ventas de más del 12%.

A pesar de los esfuerzos del gobierno de Argentina para llegar a un acuerdo con todos los inversores, la batalla legal que se viene desarrollando desde hace tiempo por el incumplimiento del pago de la deuda en el año 2.002 se está volviendo cada vez más complicada.

Aquellos acreedores de la administración de Cristina Fernández llamados “holdouts” que presentaron sus demandas en cortes de los Estados Unidos, ahora apuntan a los activos argentinos con mayor agresividad, lo que hace todavía más difícil el retorno pleno del país a los mercados internacionales de crédito.

Todo esto viene sucediendo en mayor o menor medida desde que en esa fecha se produjo un cese de pagos récord de 100.000 millones de dólares, hace casi ya una década.

En realidad la gran mayoría de los acreedores (92%) aceptaron ya asumir fuertes pérdidas en canjes con el Gobierno lanzados en el año 2.005 y el año pasado, pero todavía quedan unos 6.000 millones de dólares a los que no se ha llegado a ningún acuerdo y son los que permanecen en litigio.

El gobierno argentino afirma que de esa suma entre 4.000 y 4.500 millones de dólares están en manos de “fondos buitres” que se dedican a llegar a acuerdos por deuda incumplida en cualquier lugar del mundo. Estos fondos ganaron fallos millonarios contra la Argentina y pretenden cobrarlos a toda costa, tal como corresponde.

Una conocida profesora de leyes de la Universidad de Pennsylvania, Anna Gelpern, asegura que “Es demasiado dinero para que Argentina pague silenciosamente, y los ‘holdouts’ profesionales son difíciles de eliminar. Entonces sería necesario un gran giro político o un giro legal inesperado para romper el empate”.

Lo concreto es que los fondos buscan forzar un arreglo, al tiempo que el gobierno argentino dice que tiene prohibido por ley pagarles en mejores términos que a aquellos que entraron en los canjes.

La tercera economía de Latinoamérica hizo un canje de deuda impaga por 12.200 millones de dólares el pasado mes de junio y reabrió brevemente el canje en diciembre pasado, donde logró capturar otros 200 millones de dólares.

El Gobierno también canjeó el mes pasado unos 267 millones de dólares en bonos Brady impagos, emitidos por mercados emergentes principalmente en la década de 1990.

Por otra parte los funcionarios argentinos afirman que los canjes deberían eliminar algunas demandas judiciales y permitir que los jueces estadounidenses vean al país de mejor forma que la actual, a su juicio muy injusta.

Existe la posibilidad de que el gobierno de España aplique un nuevo impuesto a las entidades financieras. Y esto pone a los directivos literalmente “de uñas”.

Emilio Botín, el presidente del Grupo Santander, ya lanzó en el marco de la III Conferencia Internacional de Banca una andanada de protestas contra la Comisión Europea, asegurando que un nuevo impuesto especial para la Banca con el fin de reforzar el sistema financiero es un grave error, afirmando además que esto sólo serviría para obstaculizar todavía más la recuperación del andamiaje económico español.

Esta nueva tasa que está estudiando Bruselas gravaría el tráfico de operaciones financieras o más probablemente el volumen de negocios.

Esta recaudación se destinaría a crear un fondo de rescate para Bancos y Cajas en crisis, aunque varios políticos sugirieron que estos fondos podrían engordar los distintos presupuestos para intentar combatir el preocupante déficit gubernamental.

El presidente del Santander, uno de los Bancos más rentables del mundo, fue tajante en sus afirmaciones, al decir que los impuestos al sector financiero no evitan que el contribuyente tenga que asumir los costes de una crisis, y menos de una como ésta. Esta medida sería ineficiente y discriminatoria, y lo peor es que traería consecuencias negativas para la estabilidad financiera de España.

El presidente de la CECA (Confederación Española de Cajas de Ahorro), Isidro Fainé, también asegura que la imposición de una nueva tasa al sector “no corrige ni resuelve los problemas de capital ni tampoco sus causas”.

De cualquier forma Fainé aclaró que respetará la decisión que tome el Gobierno en este sentido, ya que considera que debe ser el Ejecutivo el que debe tomar la decisión final.

Como antecedente figuran las declaraciones de unos días atrás de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, quien opinó que gravar todavía más la actividad financiera podría frenar el crédito, lo que no parece lo más conveniente en estos momentos.

Botín se ofusca al afirmar que además los impuestos no diferencian las entidades bien gestionadas de las malas, o sea las que requirieron ayuda estatal para subsistir de aquéllas que se las arreglaron prácticamente solas.

“Esto hará que cualquiera asuma riesgos sin medir si después será capaz de cumplir sus obligaciones, total el Fondo saldrá en su ayuda”, ironiza el presidente del Santander.