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En el primer semestre del año las comunidades autónomas de España tuvieron un déficit del 1,2% del PIB español, con lo que ya prácticamente alcanzaron el 1,3% previsto para todo el año en curso.

Y este dato no hace sino reflejar la incapacidad de los gobiernos regionales para frenar el gasto y cumplir con los objetivos previstos por el gobierno central. Esto indudablemente afecta negativamente sus ratings, de acuerdo a lo que expresó la agencia calificadora de riesgos Moody’s.

El conjunto de las comunidades autónomas españolas cerró el primer semestre del 2.011 con un déficit de poco más de 13.000 millones de euros, equivalentes al 1,20 del PIB, según lo que dijo el jueves pasado la vicepresidenta económica Elena Salgado. Aún así se mostró convencida de que al cabo del año podrán cumplir con los objetivos de déficit propuestos, algo al parecer muy difícil de conseguir.

Pero Moody’s opina que el gobierno central español, al igual que el año pasado, deberá compensar los muy pobres resultados financieros de las comunidades pasando su propio objetivo de déficit establecido, que debería no sobrepasar el 6% del PIB.

La necesidad de las comunidades de reducir sus costes sustancialmente es crítica, y Moody’s desconfía de la capacidad de la Administración central para cumplir con sus objetivos de déficit con los recortes que se están llevando adelante y los previstos para lo que resta del año, a la vista de lo ingresado hasta ahora frente a los gastos del primer semestre.

La Unión Europea vigila de cerca los esfuerzos españoles para la reducción del déficit público y considera que hasta el momento se tomaron las medidas necesarias, aunque éstas no hayan sido suficientes. Es posible que en el futuro cercano haga falta un nuevo “tijeretazo” para volver a recortar gastos apenas se detecte el más mínimo desvío de las metas comprometidas ante ese organismo.

De hecho ya Salgado adelantó que se recuperarán algunos impuestos para intentar mejorar la recaudación impositiva. Estos impuestos están previstos del lado de los ingresos, pero no por ahora del lado del gasto.

La CE le pidió a España mayor control del déficit y la deuda de los gobiernos autonómicos, a la vez que adopte las medidas de ajuste a las que se comprometió si es que se detectan desviaciones de los objetivos prometidos.

Nicolas Sarkozy está al parecer decidido a utilizar todos los medios a su alcance para evitar la incertidumbre de los inversores acerca de la real situación financiera de Francia.

Debe evitarse a toda costa el contagio de la crisis de deuda que ya hizo mella en las economías de países vecinos como España e Italia.

A fin de evitar esta posibilidad, que llevaría zozobra al corazón mismo de la Eurozona, el presidente francés suspendió sus vacaciones y retornó a París para reunirse con los principales ministros de su gabinete y con el director del Banco Central de Francia, Christian Noyer.

Al regresar de manera inesperada a la capital de su país, Sarkozy pretende acelerar el ritmo para terminar el presupuesto para el próximo año y poder así anunciar, en un plazo máximo de dos semanas, nuevas medidas de ajuste que ayuden a calmar los ánimos de los mercados internacionales.

De acuerdo a trascendidos oficiales, el Consejo de Ministros que cerrará las cuentas del año que viene va a llevarse a cabo un mes antes de lo usual, con lo que se demostraría que el gobierno está muy comprometido en alcanzar sus metas en cuanto a la reducción del déficit público francés.

Es así que el presidente de Francia prácticamente conminó a la cúpula de su gobierno para que presente nuevas propuestas tendientes a garantizar el cumplimiento de todos los objetivos de baja del déficit.

Estas propuestas van a ser primeramente evaluadas el 17 de agosto y la decisión definitiva en cuanto a su implementación inmediata se va a tomar seguramente el 24 de agosto.

Lo concreto es que los inversores a nivel internacional ya no miran a Francia con los mismos ojos confiados con que lo hacían unos meses atrás.

La deuda francesa sigue manteniendo una calificación AAA por parte de las principales agencias calificadoras de riesgo, el nivel más alto posible. Pero lo cierto es que el coste de la financiación de esa deuda está por estos días tocando niveles récords nunca antes imaginados.

Ya los mercados le exigen a Francia cerca de 90 puntos básicos extras de rendimiento para comprar sus bonos a diez años, un hecho inimaginable hasta hace poco ya que tanto Francia como Alemania mantienen los máximos niveles de calificación de sus deudas.

Pero los expertos en economía del mundo ya ponen en serias dudas la permanencia de Francia en el más alto escalón de calificación de su deuda por mucho tiempo más de persistir las actuales condiciones del mercado de deuda europeo.

El gobierno de España decidió reducir casi un 4% el gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, lo que en realidad es un esfuerzo inferior al 7% que fue el recorte de este año.

Después de este recorte decidido, el techo del gasto llegará a poco más de 117.000 millones de euros una vez descontadas las transferencias a las comunidades. Así se piensa cumplir con el objetivo de reducción del déficit público que fueron comprometidos con Bruselas.

Concretamente, esta cifra es algo así como unos 4.700 millones menos a los más de 122.000 millones que se aprobaron en el 2.010.
Para poder cumplir con las metas que se han establecido, la vicepresidenta económica del gobierno, Elena Salgado, volvió sin embargo a descartar por completo que se piense en subir los impuestos o en cualquier modificación que implique una baja en la retribución de las empresas a las arcas del Estado.

El Poder Ejecutivo tiene previsto llevar adelante este año el mayor el mayor esfuerzo de ahorro desde que se puso en marcha el programa de reducción del déficit con un ajuste del 3,2% del PIB español, llevándolo desde el 9,2% del 2.010 hasta el 6% previsto para fines del presente ejercicio.

Con respecto al 2.012, de acuerdo al programa de estabilidad que se remitió a la Comisión Europea, se debe reducir al 4,4%, lo que implica un esfuerzo algo menor al actual, del 1,6%.

Para el 2.013 debería volverse al límite del 3% que fija Bruselas para los presupuestos de los países de la región.

Debe tenerse en cuenta que el esfuerzo en el recorte del gasto pasa a ser responsabilidad de la Administración Central, sin autonomías ni ayuntamientos y sin contar con la Seguridad Social, ya que es el propio Estado quien debe bajar su déficit del 4,8% con el que espera cerrar el 2.011 llegando al 3,2%, lo que equivale a unos 16.000 millones de ahorro. Así es que Salgado se preocupó en decir que es la Administración Central la que realizará el esfuerzo más importante.

Se recalcó asimismo que se les ha pedido a las Comunidades Autónomas y Administraciones locales que destinen la mayor cantidad de ingresos que recibirán en el 2.012 a cubrir los servicios públicos en el primer caso y en el segundo a reducir la morosidad que vienen acumulando con los proveedores.

Los parámetros claves de la economía de España dan indicios de mejora. El déficit público amaina su crecida, la confianza en los mercados aguanta los ataques de varios flancos, las exportaciones siguen tirando de la economía para sacarla de la depresión.

Pero todos estos datos quedan minimizados ante los terribles datos del paro. Es que un año después de superar la temida barrera del 20% de parados, la tasa de desempleo se mantiene en una situación que muchos califican de insostenible y es el único indicador de importancia que, lejos de mejorar, empeoró en los últimos doce meses.

El nivel de confrontación en los despachos es menor al que se registraba unos meses atrás. Tanto los Sindicatos como la patronal den claras muestras de querer negociar, aunque con más dificultades de las que serían aconsejables.

La reforma en estudio fue definida tanto por Ignacio Fernández Toxo de CCOO como por Cándido Méndez de UGT como una “auténtica revolución”.

Mientras tanto, el gobierno aguarda con impaciencia que los agentes sociales cierren definitivamente un acuerdo que ya debería regir desde fines de marzo pasado. Pero más allá de su incidencia en los distintos mercados, la reforma de los convenios laborales tiene hoy por hoy un gran valor simbólico.

Es la última gran carta que le queda al gobierno para atajar las disfunciones del mercado laboral. Ya la administración central agotó sus balas en la vía ordinaria de la reforma laboral y la extraordinaria del plan contra el empleo sumergido. Hay que aguardar ahora para ver si surten el efecto esperado.

Mientras tanto, la negociación colectiva en marcha pero sin definición es el único gran cambio pendiente en la agenda gubernamental, cuando sean transformadas en leyes las decisiones convenidas entre empresarios y sindicatos.

Estas decisiones y acuerdos van a permitir desjudicializar los conflictos laborales, porque los desacuerdos entre empresas y trabajadores se van a poder solucionar internamente sin necesidad de tener que recurrir a la elevación a los tribunales competentes. En última instancia hará falta un árbitro que dirima el diferendo.

Pero el acuerdo definitivo entre ambas partes todavía tiene ciertas aristas por limarse que deberían quedar claras a mediados de la semana entrante.

Este complicado debate entre la patronal y los sindicatos por los convenios puede necesitar de la mediación externa para poder llegar a buen puerto.

Lo cierto es que nadie quiere que la negociación colectiva corra la misma suerte que la reforma laboral, que terminó saliendo por un decreto del gobierno ante la imposibilidad de acuerdo entre las partes que discutían los pormenores de la misma.

La Gran Recesión que se venía soportando desde hace poco más de dos años por efectos de la crisis económica global ha quedado al parecer definitivamente atrás. Pero la recuperación económica general que se está advirtiendo en la gran mayoría de las naciones no corrige los problemas anteriores a la crisis.

El pasado sábado, los ministros de economía del G-20 reunidos en la ciudad de París estuvieron reunidos largas horas para tratar de encontrar una solución al problema pero finalmente lo único que se logró fue un pacto mínimo de consenso para controlar las desigualdades globales que se están advirtiendo y que se deben a las diferentes formas y velocidades de salir de la crisis en todas las regiones del mundo.

La discusión que se había iniciado el día viernes terminó a las cinco de la mañana del sábado y volvió a convocar a los ministros apenas unas horas más tarde. Después de ella los responsables de las finanzas de los países miembros del G-20 fijaron los criterios básicos para poder mensurar los desequilibrios y tratar de encontrar de esa forma soluciones a los problemas de déficit público, deuda, tasas de ahorro del sector privado o desfasajes en la balanza por cuenta corriente teniendo en cuenta el tipo de cambio de las distintas monedas de los países miembros.

China fue quizás quien más resistencia opuso a las resoluciones propuestas, y recién pudo ser convencida al final de las negociaciones ya que se oponía a que se considerara entre los puntos básicos de negociación la balanza por cuenta corriente, habida cuenta de su gran superávit por ese ítem.

Aceptó finalmente cuando comprendió que estos indicadores no implicaban márgenes que no se pudieran sobrepasar.

La ministra de economía de España, Elena Salgado, quien estaba presente en la reunión, descartó un rescate financiero de la Unión Europea a Portugal, un tema con el que la prensa portuguesa ha vuelto a especular en los últimos días.

Afirmó Salgado que España “tal vez haya sido más rápida que Portugal” en el momento de implementar y poner en funcionamiento las reformas para lograr calmar a los mercados internacionales, pero que de cualquier forma el presupuesto más que austero de los lusitanos a la par que su calendario de reformas dejan de lado por el momento la idea de un rescate europeo por inconvenientes para sostener la deuda.

Las autoridades económicas de Grecia anunciaron hace pocas horas la revisión definitiva al alza del déficit público del año pasado y lo ubicaron en el 15,4% del Producto Interior Bruto (PIB), contrariamente el 13,6% que por el mismo concepto había sido anunciado el pasado mes de abril.

Tuvo que pasar casi un año para que se conocieran las cifras definitivas y reales de la magnitud del descalabro económico que vive la nación helénica.

También subieron las previsiones de deuda para el año anterior situándola en 298.000 millones de euros, un 126,8% del PIB del país.

Esta estimación es también un 11,4% mayor al cálculo inicial que se había dado a conocer.

Con estas nuevas cifras, Grecia tuvo el dudoso honor de ser el Estado de la Unión Europea con mayor déficit público, lugar que hasta ahora era ocupado por Irlanda, y también desplazó a Italia del primer puesto en el nivel de deuda. Ambos “rankings” ahora son encabezados por los griegos.

En cuanto al corriente año 2.010 las estimaciones de déficit y deuda son del 9,4% y 144% respectivamente del PIB nacional.

La variación negativa del déficit del 2.009 es debida a una nueva clasificación de datos de corporaciones públicas (0,7%), ajustes en los números de la seguridad social (0,9%) y revisión a la baja del crecimiento del PIB (0,2%).

Para finales de este año el gobierno griego se comprometió a lograr una reducción sin precedentes del déficit público de 6 puntos porcentuales para llevarlo al 9,4% del PIB. Esto supone ajustes por alrededor de 14.000 millones de euros comparándolo con el registrado el año pasado.

También deben llegar a situar el déficit público por debajo del 3% para el año 2.014, de acuerdo a lo convenido oportunamente con la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional.

Otra “expedición” del Banco Mundial y el FMI llegó nuevamente a Atenas a fin de reunirse con los funcionarios del Ministerio de Finanzas para monitorear la marcha de la economía helénica.

Se espera que después de esta visita se dé vía libre para el cobro del tercer y último tramo de 9.000 millones de ayuda del total de 40.000 millones de euros previstos para el 2.010.

Cuando todavía se hacían apuestas para el listado definitivo de los déficit del año pasado, Eurostat publicó las cifras de los países de la UE y la Eurozona del 2.009. España no queda demasiado bien parada al registrar el cuarto déficit público más elevado sólo por detrás de Grecia, Irlanda y el Reino Unido.

El año próximo, al igual que España y muchos países de la Eurozona y el mundo, Francia va a aplicar un presupuesto cargado de austeridad, caracterizado por el recorte de gastos y la caída del déficit público, el que este año llegará al menos al 7,7% del Producto Interno Bruto francés.

El ministro de presupuesto FranÇois Baroin presentó hace un par de días las cuentas del 2.011y ya le expresó a la prensa que el ejercicio del año entrante será “histórico” para los franceses, ya que se romperá la tradición que hizo de Francia “el campeón de Europa del gasto público”.

La base de la receta es relativamente simple: se congelarán gastos, se tomará sólo un nuevo funcionario de cada dos que se jubilen y se anularan las deducciones fiscales. Así el gobierno espera bajar el déficit el año que viene a un 6% del PIB, a un 3% en el 2.012 y a un 2% el año siguiente.

Con respecto al ritmo de crecimiento, la ministra de economía Christine Lagarde augura para todos esos años que pendulará entre el 2 y el 2,5%.

Debido a que se anularon o se anularán próximamente un gran paquete de deducciones fiscales, las que afectarán en promedio un 40% a las familias y el 60% restante a las empresas, y que entre otras figura la eliminación de las deducciones por invertir en fondos privados de pensiones, el gobierno espera ingresar a las arcas oficiales no menos de 10.000 millones de euros en el transcurso del 2.011.

Ya la oposición acusó al Gobierno de que estas medidas no son otra cosa que una subida de impuestos encubierta, lo que se da de patadas con las declaraciones del presidente Nicolas Sarkozy de no incrementar la presión fiscal al menos el año próximo.

Baroin, quien suena fuertemente para sustituir al actual primer ministro, aseguró a la prensa que las deducciones fiscales nada tienen que ver con medidas como subir el IVA o el impuesto a la Renta.

Sarkozy ya tomó medidas como crear un “escudo fiscal”, que prohíbe por ley que alguien pague al fisco más del 50% de sus ingresos, lo que de cualquier forma suena como algo que raya en una barbaridad.

Esta medida beneficia sobre todo a los más ricos y fue criticada por la izquierda, pero sigue totalmente vigente hasta el momento.

La Fundación de las Cajas de Ahorro (FUNCAS) mejoró por un lado sus perspectivas en cuanto al PIB de España para todo el año 2.010, al señalar que la caída del mismo será un 0,3% menos a la prevista inicialmente, y que se ubicaba en el 0,7% a principios de año.

Pero simultáneamente, y en contraposición a lo que el gobierno asegura, también augura que el segundo semestre del año acarreará una recaída del PIB.

Esta contracción de la economía coincide con lo que han vaticinado otros equipos de análisis de la situación económico-financiera de España, como el del BBVA, y según los analistas se producirá especialmente por la caída del consumo privado que se deberá al adelanto de las compras al segundo trimestre por la subida del IVA, y al fin de las ayudas para la compra de automóviles.

La administración de José Luis Rodríguez Zapatero reconoce que la segunda parte del año “no será tan buena” como la primera, pero que de ninguna manera se volverá a tasas negativas del Producto Interno Bruto.

Funcas indica por su parte que los datos del consumo y de la inversión pública van a reflejar en el período julio/diciembre con mayor intensidad las medidas de ajuste fiscal que tomó el gobierno.

Asimismo añade que la inversión en bienes de equipo tampoco estará en condiciones de sostener los valores de crecimiento que mostró en los dos trimestres precedentes.

En lo que respecta al año próximo, la Fundación de las Cajas de Ahorro estima en cuanto al empleo que el índice de paro se situará en torno al 20,3% de promedio, apenas un 0,1% más que los pronósticos anteriores.

El déficit público está estimado en un 9,7% para este año, frente a la previsión anterior del 10,1%, y se espera que el año próximo oscile en alrededor del 6,8%, un 0,1% menos que el cálculo anterior.

El informe de la entidad considera cuando menos “inesperados” algunos datos de la economía del segundo trimestre, donde el consumo subió un 5%, como el despegue de la demanda interna y el insólito aumento del gasto público a pesar de las medidas de austeridad que la administración pública puso en marcha.

Finalmente, considera que las condiciones para que la economía supere la actual coyuntura y comience una recuperación sólida y duradera, todavía no están dadas y habrá que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos de los próximos meses.

José Luis Malo de Molina es el director general del servicio de estudios de la entidad bancaria de la administración del Banco de España.

Y en las últimas horas insistió tanto en declaraciones a la prensa como en un curso sobre economía española que organiza la Universidad Complutense de Madrid, en que las Comunidades Autónomas españolas deben esforzarse y tomar los recaudos necesarios para reducir el déficit público que presenta el gobierno central, estableciendo las bases de una “corresponsabilidad fiscal” por la que cada gobierno autónomo se debería ocupar de recaudar en sus comunidades de acuerdo con el gasto que éstas originen.

El sistema en la actualidad establece que cada Autonomía hace una previsión de ingresos que después es abonada por el gobierno central.

Si se produce alguna diferencia, cosa de todos los años, entre la previsión y lo efectivamente ingresado, ésta se corrige en los siguientes ejercicios fiscales.

Pero con la crisis económica global estos pagos se fueron dilatando cada vez más en el tiempo, por lo que Malo de Molina cree que aunque este sistema todavía es “sostenible”, es menester seguir tendiendo a la descentralización de las competencias de cada Autonomía, para que cada una se ocupe de sus cuentas sin recurrir a la administración central sino en lo imprescindible.

La Comisión Europea le pidió al gobierno de España una reducción del gasto que equivalga al 1,75% del PIB español. Y Elena Salgado, la ministra de economía de la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que un 1% se obtendría con la reducción del techo de gastos en los presupuestos gubernamentales, mientras que el 0,75% restante debería salir del ahorro de las distintas Comunidades Autónomas.

Es así que el Gobierno anunció hace pocas semanas un total de nueve medidas tendientes a cumplir con lo pedido por las autoridades comunitarias.

Como ya es sabido, estas medidas incluyen reducción de los sueldos de los funcionarios, no actualización de las pensiones, el fin del cheque bebé y recortes en medicamentos, salud pública e inversión pública en general.

Por supuesto que el descontento en todas las regiones del país es general, lo que aumentó la conflictividad social desde el anuncio de estas medidas a mediados de mayo pasado, con lo que la situación de la administración tanto central como de las comunidades autónomas se ha complicado bastante.

Ya desde el año pasado Alemania está obsesionada con el control de su déficit público, a punto tal que la misma Constitución alemana arbitra los mecanismos necesarios para que éste no se dispare a valores luego inmanejables.

Parece ahora que el déficit nacional para el año que está transcurriendo no va a ser de la magnitud que se había previsto en un principio. Frente a los 80.000 millones de euros calculados inicialmente, ahora las perspectivas de déficit no superan los 65.000 millones.

Esto reafirma lo que la canciller Ángela Merkel viene abogando para escapar definitivamente de la crisis económica global: ahorrar y dejar de gastar.

Pero incluso el plan de ajuste de los alemanes ha prendido con fuerza en la mayoría de sus vecinos de la Unión Europea. El triunfo de los democristianos alemanes profundizó las medidas de austeridad aún corriendo el riesgo de que el incipiente crecimiento que se viene mostrando en esta etapa post crisis se vea afectado y retarde su aparición.

Está previsto además un ahorro de entre 10.000 y 11.000 millones de euros extras para el año próximo, que saldrán de los gastos ligados al empleo, con lo que según muchos entendidos en la materia la producción y la economía germana debería retornar casi a sus cauces normales.

Hoy miércoles el gabinete de centro derecha va a reunirse para ir delineando un programa de ajuste que al parecer poco tendría que ver con el borrador que se esbozó en un principio y que buscaba ingresar 80.000 millones en los próximos cuatro años.

En lo que respecta específicamente al año próximo, las previsiones del gasto público siguen bajando: el déficit recalculado ha bajado por estos meses alrededor del 23%, y con posibilidades de bajar todavía algo más.

A fines de junio pasado el Ministerio de Finanzas ya había anunciado que los nuevos planes fiscales estaban funcionando “mejor de lo previsto”. La industria alemana volvió a tomar impulso, todo el andamiaje de la ingeniería alemana comenzó a re-emplear a los trabajadores y el nivel de producción retornó paulatinamente a los niveles pre-crisis global.

Una muestra de esto lo da el hecho de que la tasa de desempleo alemana cayó en junio al 7,5%, que es la cifra más baja desde diciembre de 2.008.

Manfred Wittenstein, el presidente de la asociación germana de ingeniería, aseguró que Alemania se está aproximando nuevamente a su capacidad industrial normal, lo que no dejan de ser excelentes noticias para Merkel, que últimamente tuvo muchos problemas con su coalición de gobierno.