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Los estudios realizados por la agencia calificadora de riesgos Moody’s cifran en el orden de los 40.000 millones de euros el ajuste que debe realizar España durante el año 2.012 para cumplir con el objetivo de déficit que se estableció oportunamente.

Esta cantidad es casi un 43% superior a la de los ajustes combinados entre 2.010 y 2.011 de acuerdo al informe de la agencia, la que a su vez cree que todavía harán falta “más medidas de austeridad” para retornar a las finanzas públicas españolas a una senda de crecimiento más o menos sostenible.

Después de conocerse la desviación de los objetivos déficit del gobierno español, los analistas de Moody’s aseguraron textualmente que “cumplir con tal ajuste fiscal masivo en un contexto de ralentización del crecimiento económico supone el riesgo de agravar la negativa perspectiva económica”. De esta manera ahora prevén una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) español que oscilará entre el 0,5 y el 1% en el año en curso, un guarismo poco alentador si se lo compara con el crecimiento del 0,7% que experimentó la economía en el 2.011 que acaba de terminar.

Si bien Moody’s hace clara referencia a los problemas internos propios de España, no deja de destacar la influencia negativa que en todo este proceso la creciente crisis de deuda de toda la región del euro.

La agencia calificadora de riesgos, una de las tres más importantes del mundo, cree que el anuncio por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de que el déficit definitivo del 2.011 se va a ubicar en torno al 8% del PIB, lo que en números supone una diferencia para peor de alrededor de 22.000 millones de euros frente al 6% previsto originalmente, va a actuar de manera definitivamente negativa para el perfil internacional de crédito de España en los mercados de deuda de todo el mundo.

Si bien los detalles puntuales del desequilibrio fiscal no van a ser dados a conocer sino hasta el mes de marzo, Moody’s asegura que, a nivel regional, fue uno de los mayores frente a los esperados inicialmente y que, quizás en contra de lo previsto, el propio gobierno central español fue incapaz de superar su objetivo de reducción del déficit.

Sin embargo la calificadora de riesgos puntualiza textualmente que “la rapidez de las acciones del Gobierno reflejan su compromiso con la consolidación fiscal, aunque son necesarias más medidas para devolver a una senda sostenible las finanzas públicas españolas”.

La Seguridad Social en España culminó el año 2.011 registrando un pequeño déficit de 0,06% del PIB español, equivalente a 668 millones de euros. Esta cifra fue adelantada hace unos días por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría después del Consejo de Ministros que se llevó a cabo el pasado 6 de enero.

El dato dado a conocer es, según la vicepresidenta, un indicador claro de que la situación es más difícil de lo que pensaba en un principio el nuevo Gobierno, y coincide con el vaticinio que adelantaron los expertos en el tema y el propio Gobierno socialista saliente en la última fase del año anterior. A pesar de esto, el resultado obtenido se ubicó muy lejos de las previsiones que hizo el anterior Poder Ejecutivo en los Presupuestos correspondientes, cuando se esperaba que hubiese un superávit de al menos el 0,4% del PIB español.

Éste es el primer desfase entre ingresos y gastos en el sistema de pensiones español desde el momento en que la Seguridad Social dejó de financiar por completo la sanidad pública en el año 1.999.

Pero el tremendo balance negativo en lo laboral en cuanto a la destrucción de empleos todavía en el transcurso del 2.011ha deprimido los ingresos al mismo tiempo que los gastos subían con inusitada fuerza por la existencia de cada vez más y mejores pensiones. Esta es la razón por la que se ha producido una desviación de casi medio punto con respecto a lo que se había previsto en su momento.

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría admitió que el anterior secretario de Estado de Seguridad Social les había advertido oportunamente en el momento del traspaso de poderes que creía muy difícil que se alcanzase un superávit en el conjunto del ejercicio, a pesar de lo cual la nueva administración no esperaba una desviación de tamaña magnitud. Debe verse también que, contemplando desde el inicio un escenario de déficit, la desviación es en realidad moderada.

Y la cifra que se dio a conocer, que es la primera que se da de las cuentas públicas en el presente año, le sirvió a la vicepresidenta del Gobierno para justificar medidas, tanto las que ya se adoptaron como las que se piensan adoptar en los próximos meses, que son sin lugar a dudas más “duras” de lo que proyectaba la nueva administración de Mariano Rajoy.

Debe tenerse en cuenta que el grueso de la desviación del déficit no tiene como origen la Seguridad Social sino que viene de las Comunidades Autónomas, tal como lo reconoció el ministro de Economía Luis de Guindos.

El nuevo Gobierno de España al mando de Mariano Rajoy aprovechará las dificultades de liquidez que presentan en estas épocas la mayoría de las Comunidades Autónomas para ajustar los controles financieros sobre las mismas. En el mes de marzo próximo la idea es aprobar una ley por la cual se exija el previo control por parte del Gobierno central de los Presupuestos de las Comunidades Autónomas, de acuerdo a lo que expresó el ministro de Economía Luis de Guindos en declaraciones periodísticas.

Esta ley va a fijar “estrictos instrumentos de control sobre los presupuestos regionales de las Comunidades Autónomas” en marzo próximo, y De Guindos dijo que va a haber un control previo, o sea que antes de aprobar sus respectivos presupuestos, las Comunidades necesitarán indefectiblemente el visto bueno y la “luz verde” de la Administración Central.

En las pocas semanas que llevan dirigiendo los destinos de la nación, los equipos de trabajo de Rajoy confirmaron las dificultades de liquidez autonómicas y en cierta forma las tomaron como una oportunidad que no se da todos los días. Es que estas dificultades permitirán a las autoridades centrales imponer duras condiciones y medidas para frenar el déficit de la mayoría de las regiones españolas.

Este control previo a las Comunidades no es sino una especie de traslación a escala nacional de las medidas de gobernanza económica establecidas para los países de la Unión Europea.

Por supuesto que estos estrictos controles sobre las finanzas autonómicas seguramente despertarán recelos en varias Comunidades, y en especial en la región de Cataluña. Allí el presidente de la Generalitat Artur Mas viene usando como argumento para justificar los fuertes recortes presupuestarios su voluntad de evitar que el Estado intervenga Cataluña y se “entrometa” en las finanzas de la Comunidad.

La declaración del ministro de Economía de España acerca de los futuros planes del Gobierno se produjo un día después de conocerse que la Administración Central debió salir al rescate de la Comunidad Valenciana dándole apoyo financiero para que pudiera hacer frente al vencimiento de un préstamo en cuyas cuotas ya estaba bastante atrasado.

Con respecto a las reformas financieras De Guindos descartó la opción de la creación del “Banco malo” que agrupe todos los activos tóxicos. En vez de este Banco, lo que pretende es que los Bancos doten provisiones para que se acerque el valor contable de esos activos al valor real de mercado. De Guindos calculó que harán falta unos 50.000 millones de euros para sanear totalmente el sistema.

En recientes declaraciones el director de Coyuntura de funcas, Ángel Laborda, aseguró que el déficit de las administraciones de España va a cerrar este 2.011 muy cerca del 8% del PIB, o sea bastante por encima del 6% que se había fijado como objetivo.

Este hecho va a obligar a un ajuste todavía más fuerte el año próximo para llevarlo al 4,4% del PIB tal como se le prometió a las autoridades europeas. De esta forma se llega a más del doble de los 16.500 millones de euros en recortes que tenía previsto la administración central, la que por el momento no ha anunciado medidas lo suficientemente importantes como para lograr este objetivo.

Estas declaraciones fueron hechas en el marco de las jornadas “Perspectivas económicas y para el negocio inmobiliario” que organizó la Fundación Asprima.

Laborda fundamentó sus pronósticos en los bastante pobres resultados de la ejecución presupuestaria del Estado y la Seguridad Social hasta el mes de noviembre inclusive. Estos resultados fueron publicados en las últimas horas y ya superan el desfase del 4,8% del PIB que se habían comprometido con Bruselas para todo el ejercicio de este año. Y el directivo “culpa” principalmente de la imposibilidad de cumplir con lo pactado a la muy mala performance de la mayoría de las comunidades autónomas.

El director de Funcas cree que además fue como mínimo “exagerado” hablar de una recuperación ostensible en los primeros trimestres del año que está terminando, agregando que de acuerdo a sus cuentas el PIB español parece haber entrado en recesión en el cuarto trimestre que estamos transitando.

A pesar de esta incómoda situación, Laborda mantiene su creencia de que el ejercicio completo del 2.011 va a cerrar con un crecimiento interanual del 0,7%, pero a partir de allí la cosa comenzará a empeorar nuevamente a punto tal que, como la mayoría de los expertos en el tema cree, la economía española permanecerá en recesión al menos durante el primer semestre del 2.012, con tasas de crecimiento negativas de hasta el 1% del PIB.

En el segundo semestre la cosa mejorará muy lentamente para cerrar el 2.012 con una caída anual del PIB del 0,5%.

También es creencia generalizada que el ajuste de empleo todavía no terminó, que se ha acelerado en los últimos meses y que la causa principal de esto es la persistente “rigidez” del mercado laboral español.

No hay forma de discutir que el paro en España se encuentra en niveles históricos nunca antes vistos en el país. Y el grave deterioro del mercado laboral está poniendo contra las cuerdas al último resabio de la bonanza económica española de otrora, el superávit de la Seguridad Social.

Hace un par de días el Gobierno “abrió el paraguas” y advirtió que el sistema público puede caer en situación de déficit por primera vez desde el año 1.998, a pesar de que las previsiones hechas en su momento hablaban de un superávit del 0,4% para este año.

Pero la fuerte e “inesperada” destrucción de empleo registrada en el mes de noviembre, con una caída de casi 112.000 afiliados con respecto al mes anterior, obligó al secretario de Estado de Seguridad Social Octavio Granados a admitir sus dudas acerca de si el excedente se va a mantener al final del presente ejercicio.

Ésta es la segunda destrucción de empleos más grande en cantidad para un mes de noviembre desde el comienzo de la crisis económica global, y muestra el lado más amargo y preocupante del deterioro del empleo en España.

La cantidad de puestos de trabajo que se eliminaron en el anteúltimo mes del año desencajó por completo las previsiones gubernamentales. Los gastos del sistema se siguen ajustando a lo previsto, pero los ingresos, que provienen principalmente de las cotizaciones de los empleados, han caído de manera estrepitosa. Esto mantiene la incógnita acerca del resultado final de las cuentas al cierre del presente ejercicio.

Si los temores no son infundados y se confirman, sería la primera vez desde finales de la década del noventa que el saldo entre ingresos y gastos en el sistema español de pensiones da un resultado negativo.

Pero si se tienen en cuenta los criterios europeos, ya la Seguridad Social incurrió en déficit el año pasado porque la contabilidad nacional exige imputar al sistema público las cuentas generadas por el desempleo.

Y ese déficit de ninguna manera pudo ser neutralizado por el “raquítico” superávit del sistema de pensiones. Este año, con los nuevos y graves retrocesos en el empleo, la amenaza de déficit casi confirmada es mucho mayor.

Granados intentó minimizar la situación diciendo que en caso de haber un déficit “de unos cientos de millones” al final del año éste se puede financiar sobradamente con el superávit de los años anteriores, un dinero que nadie sabe dónde está a ciencia cierta…

De acuerdo a las declaraciones oficiales de varios integrantes del gobierno de España, el recorte del déficit sigue efectivizándose por la senda que se había previsto a inicios del año.

En el transcurso de los ocho primeros meses del año, la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado español tuvo un balance negativo de casi 31.000 millones de euros, es decir una cifra equivalente al 2,8% del PIB nacional.

Recordemos que en el mes de julio ese balance también negativo se ubicaba en torno al 2,09% del Producto Interno Bruto.

Pero estas cifras suponen una caída del 11,5% si se las compara con el déficit registrado en el mismo período del año pasado y, de cara al resultado a obtener a finales de año, el Poder Ejecutivo reafirma su objetivo de cerrar el ejercicio anual con un desfasaje en el conjunto de todas las administraciones públicas de alrededor del 6%.

El secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, destacó que a la luz de los resultados obtenidos hasta la fecha “el proceso de reducción del déficit se encuentra en la senda prevista y correcta”, pero insistió en reclamarle a las comunidades, que son el punto débil para poder conseguir el objetivo previsto, que deben tomar todas las medidas necesarias para alcanzar las cifras comprometidas ante Bruselas a fin de reducir el déficit al 3% del PIB para el año 2.013.

Con respecto a los números de caja, donde se anotan los ingresos y pagos realizados al momento de hacerse efectivos, el Estado presentó un déficit de 33.682 millones de euros, bastante inferior a los 37.054 millones que se registraron en los ocho primeros meses del año anterior.

En términos de caja (que anota los ingresos y pagos realizados en el momento en que se hacen efectivos), el Estado presentó un desequilibrio de 33.682 millones de euros, “sensiblemente inferior” al saldo negativo de 37.054 millones registrado en los ocho primeros meses del año pasado.

De todos los ítems a tenerse en cuenta, los ingresos son los que presentan la mayor incertidumbre por el estancamiento de la actividad económica que todavía se hace sentir en toda la sociedad española, y éstos registraron una subida del 1,9% en los dos primeros cuatrimestres para alcanzar los 112.872 millones de euros hablando en términos no financieros.

Y de esta cifra la recaudación de impuestos, que representan un 92% del total, creció un 2,1% llegando a casi 104.000 millones de euros.

Decir que la situación de España se encuentra casi al límite de sus posibilidades podría parecer una redundancia.

Y las últimas noticias hablan de que los españoles tienen un plazo de un mes para poder convencer a la agencia de calificación Moody’s de la efectividad de las reformas puestas o por ponerse en marcha para reducir el monumental déficit público del país. Si lo logra, podrá evitar seguir la misma suerte que Italia, que en las últimas horas vio como Standard&Poor’s le recortaba la nota de solvencia de su deuda por motivos similares a los que atraviesan los españoles, es decir un crecimiento mínimo y un sinfín de dudas para alcanzar los objetivos de déficit que se propuso el gobierno de Rodríguez Zapatero.

Una de las diferencias la constituye las divisiones políticas que hoy por hoy hay en el Ejecutivo de Silvio Berlusconi.

Moody’s puso en revisión a fines de julio pasado la calificación de la deuda española, la que actualmente se encuentra en Aa2, la tercera nota más alta en el escalafón y que equivales a un “notable”. Pero todo parece indicar que deberá rebajarla o mantenerla en un plazo que no supere los tres meses, aunque podría retrasar una eventual nueva rebaja y postergarla por otro trimestre.

Pero lo cierto es que ya sea en octubre o algo más adelante, es muy posible que su conclusión sea negativa para los intereses españoles. Y las razones de esta previsión están en el deterioro generalizado de los parámetros que marcan el curso de la crisis y las advertencias que la propia Moody’s hizo sobre las dificultades que para la reducción del déficit presentan las cuentas de las distintas comunidades españolas. A pesar de esas predicciones, celebró la reforma constitucional que impone por ley un límite al déficit público español.

Elena Salgado confía en que se reconozca que España cumple de acuerdo a lo pactado el calendario de reformas y los cambios constitucionales, porque estos hechos proporcionarán en el futuro una clara estabilidad presupuestaria. La ministra no quiso referirse a las decisiones de las agencias, limitándose a afirmar que España “está cumpliendo con todo lo que prometió a los organismos internacionales”.

España entró en la crisis global con la máxima nota posible, la codiciada triple A. La mantuvo hasta que en enero del 2.009 S&P la redujo en un peldaño. Después le siguieron las otras dos entre mayo y junio del 2.010, cuando la crisis del euro estaba en su apogeo.

Igualmente las notas crediticias de los españoles se encuentran entre las más altas que en la actualidad se pueden conseguir en toda la región europea.

Jorg Decressin, el asesor principal para asuntos económicos del FMI, hizo en conferencia de prensa varias consideraciones acerca de la situación actual de España y otros países de la Eurozona.

Al respecto afirmó que si los ajustes presupuestarios son muy rápidos, el crecimiento económico va a ser menor, sumándole a ello menos empleo. Y si es demasiado lento, se pierde credibilidad en los mercados internacionales, que en estos momentos son una pieza clave del engranaje de la recuperación y se muestran demasiado recelosos.

Este es un dilema que se plantea constantemente para los países avanzados. Pero en el caso particular de España, Italia, Grecia, Irlanda y Portugal, no existen dudas al menos para todos los analistas del Fondo. En estos casos el ajuste debe realizarse lo más rápidamente posible. Y todo hace pensar que en el caso de los españoles la prueba va a ser “superada” sin demasiados sobresaltos, al menos este año.

Decressin expresó textualmente en la conferencia ante los diversos medios periodísticos que “creemos que España no tendrá problemas para cumplir el objetivo de déficit planteado para este año”.

Tan es así que los sucesivos informes que fue dando a conocer el FMI a lo largo de los últimos meses han ido mejorando las previsiones propias acerca de España hasta ponerlas casi en el mismo nivel que la previsión del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de llegar a fines del 2.011 con un déficit no superior al 6% del PIB.

Y además el FMI ahora también cambia de manera sustancial el escenario presupuestario para el año próximo, estableciendo ahora un déficit para ese momento del 5,2% frente al 5,7% que anticipaba en su informe del mes de abril.

Igualmente, pese a la mejora de las previsiones las perspectivas del FMI todavía difieren del camino que ha trazado el gobierno español, sobre todo cuando aún el presupuesto para el año que viene está en veremos hasta tanto se resuelvan las elecciones generales que van a llevarse a cabo el 20 de noviembre.

En Economía creen que es posible dejar el déficit en el 4,3% del PIB en el 2.012 para llevarlo al 3% que se comprometió con Bruselas en el año 2.013.

Al respecto Decressin afirmó que de aquí al 2.013 el gobierno de España va a tener que tomar varias medidas adicionales para poder cumplir sus objetivos. El análisis fiscal del FMI da como resultado que las previsiones oficiales sobre el crecimiento pueden pecar de demasiado optimistas, y le advierte que tenga en cuenta un panorama donde la evolución en los ingresos sea peor a la que prevé el gobierno.

En el primer semestre del año las comunidades autónomas de España tuvieron un déficit del 1,2% del PIB español, con lo que ya prácticamente alcanzaron el 1,3% previsto para todo el año en curso.

Y este dato no hace sino reflejar la incapacidad de los gobiernos regionales para frenar el gasto y cumplir con los objetivos previstos por el gobierno central. Esto indudablemente afecta negativamente sus ratings, de acuerdo a lo que expresó la agencia calificadora de riesgos Moody’s.

El conjunto de las comunidades autónomas españolas cerró el primer semestre del 2.011 con un déficit de poco más de 13.000 millones de euros, equivalentes al 1,20 del PIB, según lo que dijo el jueves pasado la vicepresidenta económica Elena Salgado. Aún así se mostró convencida de que al cabo del año podrán cumplir con los objetivos de déficit propuestos, algo al parecer muy difícil de conseguir.

Pero Moody’s opina que el gobierno central español, al igual que el año pasado, deberá compensar los muy pobres resultados financieros de las comunidades pasando su propio objetivo de déficit establecido, que debería no sobrepasar el 6% del PIB.

La necesidad de las comunidades de reducir sus costes sustancialmente es crítica, y Moody’s desconfía de la capacidad de la Administración central para cumplir con sus objetivos de déficit con los recortes que se están llevando adelante y los previstos para lo que resta del año, a la vista de lo ingresado hasta ahora frente a los gastos del primer semestre.

La Unión Europea vigila de cerca los esfuerzos españoles para la reducción del déficit público y considera que hasta el momento se tomaron las medidas necesarias, aunque éstas no hayan sido suficientes. Es posible que en el futuro cercano haga falta un nuevo “tijeretazo” para volver a recortar gastos apenas se detecte el más mínimo desvío de las metas comprometidas ante ese organismo.

De hecho ya Salgado adelantó que se recuperarán algunos impuestos para intentar mejorar la recaudación impositiva. Estos impuestos están previstos del lado de los ingresos, pero no por ahora del lado del gasto.

La CE le pidió a España mayor control del déficit y la deuda de los gobiernos autonómicos, a la vez que adopte las medidas de ajuste a las que se comprometió si es que se detectan desviaciones de los objetivos prometidos.

Una de las maneras más claras de ver cómo va el rumbo de la actividad económica de un país es mediante los ingresos que provienen de la recaudación de impuestos.

Y en España, de acuerdo a los datos de la ejecución tributaria de julio, recientemente dados a conocer por el Ministerio de Economía, se verificó que los ingresos por tributos crecieron apenas un 1% en los siete primeros meses del año.

Pero a pesar de este desalentador dato, el déficit declarado de la Administración Central al parecer sigue bajo control, ya que el recorte del gasto público permite incluso una leve mejora del mismo del orden del 2,1% del PIB español.

Economía admitió por nota junto a los datos presupuestarios que hay una “ralentización temporal” de las entradas por ingresos tributarios.

Además menciona que hay retenciones de capital por el vencimiento de la deuda pública que se harán en agosto, cuando el año pasado se hicieron en julio.

Incluso si se tienen en cuenta estos diferentes tiempos y ritmos de devoluciones o calendarios de ingresos, la subida de la recaudación tributaria habría sido de cerca del 3%, mientras que lo que prevé el Presupuesto de 2.011 para todo el año es un aumento del 6,2%.

En la caída de la recaudación de julio lo más significativo es la merma en el IVA, que por otro lado había sido una desaceleración anunciada.

Es que por la suba en este impuesto se habían acumulado incrementos anuales muy significativos, pero ese incremento a partir de ahora comenzará a diluirse en las comparaciones interanuales.

También se suma al frenazo del IVA el débil comportamiento de los impuestos especiales, ya que los tributos indirectos apenas si suman un 2% más que el año anterior.

El más significativo, y por la escalada en los precios de los carburantes que trajo aparejado una merma en el consumo, es el retroceso en la recaudación del impuesto sobre los hidrocarburos, el que cayó un 6,3% en la comparación interanual.

Y los impuestos directos se comportaron todavía peor, al arrojar una caída del 0,2% comparados con los del 2.010.

El impuesto de sociedades vuelve a ganar triste protagonismo, ya que en período en cuestión ingresó un 24% menos que el año pasado.

Es por esto que el gobierno aprobó hace apenas unos días varias medidas para neutralizar la merma de ingresos provenientes de este muy importante impuesto. Todo queda a la espera de ver si estas medidas dan el resultado esperado.