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No hay forma de discutir que el paro en España se encuentra en niveles históricos nunca antes vistos en el país. Y el grave deterioro del mercado laboral está poniendo contra las cuerdas al último resabio de la bonanza económica española de otrora, el superávit de la Seguridad Social.

Hace un par de días el Gobierno “abrió el paraguas” y advirtió que el sistema público puede caer en situación de déficit por primera vez desde el año 1.998, a pesar de que las previsiones hechas en su momento hablaban de un superávit del 0,4% para este año.

Pero la fuerte e “inesperada” destrucción de empleo registrada en el mes de noviembre, con una caída de casi 112.000 afiliados con respecto al mes anterior, obligó al secretario de Estado de Seguridad Social Octavio Granados a admitir sus dudas acerca de si el excedente se va a mantener al final del presente ejercicio.

Ésta es la segunda destrucción de empleos más grande en cantidad para un mes de noviembre desde el comienzo de la crisis económica global, y muestra el lado más amargo y preocupante del deterioro del empleo en España.

La cantidad de puestos de trabajo que se eliminaron en el anteúltimo mes del año desencajó por completo las previsiones gubernamentales. Los gastos del sistema se siguen ajustando a lo previsto, pero los ingresos, que provienen principalmente de las cotizaciones de los empleados, han caído de manera estrepitosa. Esto mantiene la incógnita acerca del resultado final de las cuentas al cierre del presente ejercicio.

Si los temores no son infundados y se confirman, sería la primera vez desde finales de la década del noventa que el saldo entre ingresos y gastos en el sistema español de pensiones da un resultado negativo.

Pero si se tienen en cuenta los criterios europeos, ya la Seguridad Social incurrió en déficit el año pasado porque la contabilidad nacional exige imputar al sistema público las cuentas generadas por el desempleo.

Y ese déficit de ninguna manera pudo ser neutralizado por el “raquítico” superávit del sistema de pensiones. Este año, con los nuevos y graves retrocesos en el empleo, la amenaza de déficit casi confirmada es mucho mayor.

Granados intentó minimizar la situación diciendo que en caso de haber un déficit “de unos cientos de millones” al final del año éste se puede financiar sobradamente con el superávit de los años anteriores, un dinero que nadie sabe dónde está a ciencia cierta…

De acuerdo a las declaraciones oficiales de varios integrantes del gobierno de España, el recorte del déficit sigue efectivizándose por la senda que se había previsto a inicios del año.

En el transcurso de los ocho primeros meses del año, la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado español tuvo un balance negativo de casi 31.000 millones de euros, es decir una cifra equivalente al 2,8% del PIB nacional.

Recordemos que en el mes de julio ese balance también negativo se ubicaba en torno al 2,09% del Producto Interno Bruto.

Pero estas cifras suponen una caída del 11,5% si se las compara con el déficit registrado en el mismo período del año pasado y, de cara al resultado a obtener a finales de año, el Poder Ejecutivo reafirma su objetivo de cerrar el ejercicio anual con un desfasaje en el conjunto de todas las administraciones públicas de alrededor del 6%.

El secretario de Estado de Hacienda, Juan Manuel López Carbajo, destacó que a la luz de los resultados obtenidos hasta la fecha “el proceso de reducción del déficit se encuentra en la senda prevista y correcta”, pero insistió en reclamarle a las comunidades, que son el punto débil para poder conseguir el objetivo previsto, que deben tomar todas las medidas necesarias para alcanzar las cifras comprometidas ante Bruselas a fin de reducir el déficit al 3% del PIB para el año 2.013.

Con respecto a los números de caja, donde se anotan los ingresos y pagos realizados al momento de hacerse efectivos, el Estado presentó un déficit de 33.682 millones de euros, bastante inferior a los 37.054 millones que se registraron en los ocho primeros meses del año anterior.

En términos de caja (que anota los ingresos y pagos realizados en el momento en que se hacen efectivos), el Estado presentó un desequilibrio de 33.682 millones de euros, “sensiblemente inferior” al saldo negativo de 37.054 millones registrado en los ocho primeros meses del año pasado.

De todos los ítems a tenerse en cuenta, los ingresos son los que presentan la mayor incertidumbre por el estancamiento de la actividad económica que todavía se hace sentir en toda la sociedad española, y éstos registraron una subida del 1,9% en los dos primeros cuatrimestres para alcanzar los 112.872 millones de euros hablando en términos no financieros.

Y de esta cifra la recaudación de impuestos, que representan un 92% del total, creció un 2,1% llegando a casi 104.000 millones de euros.

Decir que la situación de España se encuentra casi al límite de sus posibilidades podría parecer una redundancia.

Y las últimas noticias hablan de que los españoles tienen un plazo de un mes para poder convencer a la agencia de calificación Moody’s de la efectividad de las reformas puestas o por ponerse en marcha para reducir el monumental déficit público del país. Si lo logra, podrá evitar seguir la misma suerte que Italia, que en las últimas horas vio como Standard&Poor’s le recortaba la nota de solvencia de su deuda por motivos similares a los que atraviesan los españoles, es decir un crecimiento mínimo y un sinfín de dudas para alcanzar los objetivos de déficit que se propuso el gobierno de Rodríguez Zapatero.

Una de las diferencias la constituye las divisiones políticas que hoy por hoy hay en el Ejecutivo de Silvio Berlusconi.

Moody’s puso en revisión a fines de julio pasado la calificación de la deuda española, la que actualmente se encuentra en Aa2, la tercera nota más alta en el escalafón y que equivales a un “notable”. Pero todo parece indicar que deberá rebajarla o mantenerla en un plazo que no supere los tres meses, aunque podría retrasar una eventual nueva rebaja y postergarla por otro trimestre.

Pero lo cierto es que ya sea en octubre o algo más adelante, es muy posible que su conclusión sea negativa para los intereses españoles. Y las razones de esta previsión están en el deterioro generalizado de los parámetros que marcan el curso de la crisis y las advertencias que la propia Moody’s hizo sobre las dificultades que para la reducción del déficit presentan las cuentas de las distintas comunidades españolas. A pesar de esas predicciones, celebró la reforma constitucional que impone por ley un límite al déficit público español.

Elena Salgado confía en que se reconozca que España cumple de acuerdo a lo pactado el calendario de reformas y los cambios constitucionales, porque estos hechos proporcionarán en el futuro una clara estabilidad presupuestaria. La ministra no quiso referirse a las decisiones de las agencias, limitándose a afirmar que España “está cumpliendo con todo lo que prometió a los organismos internacionales”.

España entró en la crisis global con la máxima nota posible, la codiciada triple A. La mantuvo hasta que en enero del 2.009 S&P la redujo en un peldaño. Después le siguieron las otras dos entre mayo y junio del 2.010, cuando la crisis del euro estaba en su apogeo.

Igualmente las notas crediticias de los españoles se encuentran entre las más altas que en la actualidad se pueden conseguir en toda la región europea.

Jorg Decressin, el asesor principal para asuntos económicos del FMI, hizo en conferencia de prensa varias consideraciones acerca de la situación actual de España y otros países de la Eurozona.

Al respecto afirmó que si los ajustes presupuestarios son muy rápidos, el crecimiento económico va a ser menor, sumándole a ello menos empleo. Y si es demasiado lento, se pierde credibilidad en los mercados internacionales, que en estos momentos son una pieza clave del engranaje de la recuperación y se muestran demasiado recelosos.

Este es un dilema que se plantea constantemente para los países avanzados. Pero en el caso particular de España, Italia, Grecia, Irlanda y Portugal, no existen dudas al menos para todos los analistas del Fondo. En estos casos el ajuste debe realizarse lo más rápidamente posible. Y todo hace pensar que en el caso de los españoles la prueba va a ser “superada” sin demasiados sobresaltos, al menos este año.

Decressin expresó textualmente en la conferencia ante los diversos medios periodísticos que “creemos que España no tendrá problemas para cumplir el objetivo de déficit planteado para este año”.

Tan es así que los sucesivos informes que fue dando a conocer el FMI a lo largo de los últimos meses han ido mejorando las previsiones propias acerca de España hasta ponerlas casi en el mismo nivel que la previsión del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de llegar a fines del 2.011 con un déficit no superior al 6% del PIB.

Y además el FMI ahora también cambia de manera sustancial el escenario presupuestario para el año próximo, estableciendo ahora un déficit para ese momento del 5,2% frente al 5,7% que anticipaba en su informe del mes de abril.

Igualmente, pese a la mejora de las previsiones las perspectivas del FMI todavía difieren del camino que ha trazado el gobierno español, sobre todo cuando aún el presupuesto para el año que viene está en veremos hasta tanto se resuelvan las elecciones generales que van a llevarse a cabo el 20 de noviembre.

En Economía creen que es posible dejar el déficit en el 4,3% del PIB en el 2.012 para llevarlo al 3% que se comprometió con Bruselas en el año 2.013.

Al respecto Decressin afirmó que de aquí al 2.013 el gobierno de España va a tener que tomar varias medidas adicionales para poder cumplir sus objetivos. El análisis fiscal del FMI da como resultado que las previsiones oficiales sobre el crecimiento pueden pecar de demasiado optimistas, y le advierte que tenga en cuenta un panorama donde la evolución en los ingresos sea peor a la que prevé el gobierno.

En el primer semestre del año las comunidades autónomas de España tuvieron un déficit del 1,2% del PIB español, con lo que ya prácticamente alcanzaron el 1,3% previsto para todo el año en curso.

Y este dato no hace sino reflejar la incapacidad de los gobiernos regionales para frenar el gasto y cumplir con los objetivos previstos por el gobierno central. Esto indudablemente afecta negativamente sus ratings, de acuerdo a lo que expresó la agencia calificadora de riesgos Moody’s.

El conjunto de las comunidades autónomas españolas cerró el primer semestre del 2.011 con un déficit de poco más de 13.000 millones de euros, equivalentes al 1,20 del PIB, según lo que dijo el jueves pasado la vicepresidenta económica Elena Salgado. Aún así se mostró convencida de que al cabo del año podrán cumplir con los objetivos de déficit propuestos, algo al parecer muy difícil de conseguir.

Pero Moody’s opina que el gobierno central español, al igual que el año pasado, deberá compensar los muy pobres resultados financieros de las comunidades pasando su propio objetivo de déficit establecido, que debería no sobrepasar el 6% del PIB.

La necesidad de las comunidades de reducir sus costes sustancialmente es crítica, y Moody’s desconfía de la capacidad de la Administración central para cumplir con sus objetivos de déficit con los recortes que se están llevando adelante y los previstos para lo que resta del año, a la vista de lo ingresado hasta ahora frente a los gastos del primer semestre.

La Unión Europea vigila de cerca los esfuerzos españoles para la reducción del déficit público y considera que hasta el momento se tomaron las medidas necesarias, aunque éstas no hayan sido suficientes. Es posible que en el futuro cercano haga falta un nuevo “tijeretazo” para volver a recortar gastos apenas se detecte el más mínimo desvío de las metas comprometidas ante ese organismo.

De hecho ya Salgado adelantó que se recuperarán algunos impuestos para intentar mejorar la recaudación impositiva. Estos impuestos están previstos del lado de los ingresos, pero no por ahora del lado del gasto.

La CE le pidió a España mayor control del déficit y la deuda de los gobiernos autonómicos, a la vez que adopte las medidas de ajuste a las que se comprometió si es que se detectan desviaciones de los objetivos prometidos.

Una de las maneras más claras de ver cómo va el rumbo de la actividad económica de un país es mediante los ingresos que provienen de la recaudación de impuestos.

Y en España, de acuerdo a los datos de la ejecución tributaria de julio, recientemente dados a conocer por el Ministerio de Economía, se verificó que los ingresos por tributos crecieron apenas un 1% en los siete primeros meses del año.

Pero a pesar de este desalentador dato, el déficit declarado de la Administración Central al parecer sigue bajo control, ya que el recorte del gasto público permite incluso una leve mejora del mismo del orden del 2,1% del PIB español.

Economía admitió por nota junto a los datos presupuestarios que hay una “ralentización temporal” de las entradas por ingresos tributarios.

Además menciona que hay retenciones de capital por el vencimiento de la deuda pública que se harán en agosto, cuando el año pasado se hicieron en julio.

Incluso si se tienen en cuenta estos diferentes tiempos y ritmos de devoluciones o calendarios de ingresos, la subida de la recaudación tributaria habría sido de cerca del 3%, mientras que lo que prevé el Presupuesto de 2.011 para todo el año es un aumento del 6,2%.

En la caída de la recaudación de julio lo más significativo es la merma en el IVA, que por otro lado había sido una desaceleración anunciada.

Es que por la suba en este impuesto se habían acumulado incrementos anuales muy significativos, pero ese incremento a partir de ahora comenzará a diluirse en las comparaciones interanuales.

También se suma al frenazo del IVA el débil comportamiento de los impuestos especiales, ya que los tributos indirectos apenas si suman un 2% más que el año anterior.

El más significativo, y por la escalada en los precios de los carburantes que trajo aparejado una merma en el consumo, es el retroceso en la recaudación del impuesto sobre los hidrocarburos, el que cayó un 6,3% en la comparación interanual.

Y los impuestos directos se comportaron todavía peor, al arrojar una caída del 0,2% comparados con los del 2.010.

El impuesto de sociedades vuelve a ganar triste protagonismo, ya que en período en cuestión ingresó un 24% menos que el año pasado.

Es por esto que el gobierno aprobó hace apenas unos días varias medidas para neutralizar la merma de ingresos provenientes de este muy importante impuesto. Todo queda a la espera de ver si estas medidas dan el resultado esperado.

Recientemente Francia y Alemania propusieron retirar los fondos europeos a los países que no cumplan el límite de déficit a partir del año 2.014, que es del 3% del PIB. Esta medida cuestiona el posible acceso de los países miembros a miles de millones de euros, los que no se conocen exactamente porque la actual asignación de esos fondos termina en el 2.013, y la negociación del presupuesto 2.014/2.020 aparece todavía como muy complicada.

De cualquier manera, con los datos actuales y las últimas previsiones de la Comisión Europea (CE), España pasaría a ser el país de la región con más riesgo, porque es el segundo mayor perceptor de esos fondos y se encuentra bastante más lejos de cumplir con los objetivos de reducción del déficit que el que se encuentra primero en la lista de receptores, que es Polonia.

España está firmemente decidida a cumplir con los objetivos exigidos, por eso las autoridades de su gobierno se dan por “aludidas” por la exigencia franco-alemana.
Tanto Ángela Merkel como Nicolas Sarkozy expresaron su intención de congelar el presupuesto de la Unión Europea, al tiempo que la CE propuso vincular el cobro de algunos fondos al cumplimiento de determinadas reformas previamente establecidas. Y quiere ampliar estas posibles sanciones al resto del presupuesto comunitario, o sea a todos los fondos y ayudas que procedan de la UE.

En estos días la CE no se pronunció acerca de la iniciativa de suspender los fondos a los países incumplidores, pero sí lo hizo sobre las propuestas de Merkel y Sarkozy sobre el gobierno económico de la UE.

José Manuel Durao Barroso, el presidente de la CE, y el comisario de Asuntos Económicos Olli Rehn, valoraron esas propuestas como un “paso adelante” hacia el debate y los trabajos en curso en la dirección propuesta.

Hoy en día el presupuesto comunitario reserva más de 347.000 millones de euros en los próximos siete años (2.007/2.013) para los 27 Estados miembros, recibiendo Polonia 67.284 millones en los siete años y España 35.217 millones de esos fondos comunitarios. Después le siguen Italia, República Checa y Alemania.

Si se cumplen las previsiones de déficit que hizo la CE para el 2.012, sólo 8 países pasarían la prueba del 3% del PIB. Esas naciones son Alemania, Estonia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Finlandia, Bulgaria y Suecia.

Francia tiene previsto un déficit igual al español, del 5,3%, pero no arriesgaría demasiado con la propuesta porque tiene asignados unos 2.000 millones de euros anuales frente a los 5.000 que se le asignan a España.

Varios países de la Eurozona, como últimamente lo hicieron Francia e Italia, se lanzaron a hacer anuncios de medidas extraordinarias para bajar el déficit y así calmar a los mercados internacionales.

España es en cierta forma pionera en estos menesteres, porque ya había puesto en práctica un paquete de medidas similares en el curso del año pasado, pero no por eso puede “dormirse en los laureles” y dejarse estar.

La batalla contra el excesivo gasto del Estado no da treguas y requiere de constantes nuevas medidas.

De lo contrario esos mismos mercados se encargan de “castigar” a las naciones haciendo que sus primas de riesgo se disparen a niveles más que preocupantes.

Es por esto que el gobierno español decidió convocar dos consejos extraordinarios en pleno mes de agosto, los que tendrán lugar los días 19 y 26 de este mes, con el fin de afinar todavía más el lápiz en la política de austeridad y dejar en claro a los vecinos europeos que en el país se siguen haciendo los deberes tal como lo solicitaron los organismos internacionales.

El objetivo que se persigue es muy claro. La idea es obtener de aquí a fin de año alrededor de 20.000 millones de euros adicionales a través de modificaciones en la recaudación y nuevos ahorros de gastos.

Habrá que poner en práctica medidas que ya fueron anunciadas, como por ejemplo la privatización de la gestión de los aeropuertos de Madrid-Barajas y de El Prat de la ciudad de Barcelona.

También saldrá a Bolsa el 30% de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Estos dos consejos extraordinarios a realizarse en los próximos días van a permitir que aparezcan en el Boletín Oficial del Estado dos medidas paliativas de importancia: el adelanto del cobro del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas y un importante ahorro en el gasto farmacéutico del país.

Más allá del control del déficit, el Ejecutivo quiere aprovechar estos dos consejos por venir para reforzar el mensaje que dice que se siguen poniendo en marcha las reformas estructurales que Bruselas reclama, con todos los cambios y modificaciones que sean necesarios, como por ejemplo un nuevo cambio en los contratos temporales para darles todavía más flexibilidad y el adelanto para setiembre de las reglas de gasto que se pactar con las distintas comunidades autónomas, además de algunas otras normas de importancia menor.

A nivel nacional la administración central de España pudo cerrar el ejercicio del 2.010 con sus objetivos de déficit cumplidos. Estos objetivos fijaban para todo el año pasado un déficit equivalente al 9,3% del Producto Interno Bruto (PIB), y el resultado final fue algo inferior al esperado.

Pero este cumplimiento a nivel país se ve enmascarado por el hecho de que mientras la administración central ajustó sus cuentas todavía algo más de lo previsto, las administraciones autonómicas y locales se pasaron de los límites que se habían impuesto.

Con respecto a las corporaciones locales, éstas cerraron el año con un balance final levemente peor al que se había previsto. Tuvieron una caída del 0,64% del PIB, cuando el número “teórico” calculado en la senda de la consolidación fiscal había sido del 0,6%.

A medida que se van acercando las cifras a las administraciones más cercanas al ciudadano común las diferencias con lo calculado previamente se hacen más notorias. Así es que las entidades locales cerraron el 2.010 con números globales en rojo de 35.443 millones de euros, un 2,4% más que la cifra obtenida en el 2.009.

Y la peor parte de esta deuda se la llevan sin duda los ayuntamientos, con números en rojo de casi 29.000 millones de euros. El resto de las entidades menores en el égido social español muestran deudas sideralmente menores, aún teniendo en cuenta que su tamaño es significativamente menor.

También se ven grandes diferencias cuando se comparan las deudas que mantienen las ciudades. Madrid sigue ocupando el primer lugar en la lista de deudas con casi 6.500 millones de euros, casi el 25% del déficit de todos los ayuntamientos de España. Pero ha logrado en el curso del año reducir su deuda en un 5%, lo que se muestra como un hecho muy loable.

Todo lo contrario sucede con Barcelona, que en el transcurso del último año vio crecer su deuda de manera vertiginosa, hasta alcanzar casi un 60% más que el año anterior. De esta forma superó a Valencia y se transformó en la segunda ciudad más endeudada de España.

En la lista de los municipios con números en rojo más abultados, hubo tres casos de ciudades que lograron reducir sus niveles de déficit. Éstos fueron Zaragoza, Murcia y Sevilla.

En el extremo opuesto de la lista, hubo cinco que aumentaron su déficit: Valencia, Málaga, Córdoba, Valladolid y Palma.

El Servicio de Estudios del BBVA revisó hace pocos días a la baja las previsiones que había hecho oportunamente para el próximo año, al empeorar el PIB en un 0,3% llevándolo al 1,6% y por otro lado subir la tasa de paro cuatro décimas para ubicarla en el 20,5%. Todos estos nuevos datos fueron dados a conocer en el informe “Situación España”.

En cuanto al paro previsto para este año también fue subido un 0,2% hasta el 20,8%, aunque esto indicaría que el promedio anual a fines de año sería ligeramente inferior al 21,29% que se registra en la actualidad. Las cifras del PIB para este año siguen sin cambios en el 0,9%, bastante por debajo del 1,3% que prevé alcanzar el gobierno de Rodríguez Zapatero.

En el informe se indica que en el segundo semestre de este año podría observarse una muy leve creación neta de empleo. En referencia al déficit, el informe coincide con el gobierno en que podrá reducirse al 6% durante el presente año y llevarlo al 4,4% el año próximo. Hay que destacar que es el único centro de estudios entre los que han vaticinado la situación a futuro que comparte las previsiones del Ejecutivo sobre este punto.

De cualquier forma el informe destaca que el Consejo de Política Fiscal y Financiera debe tener una estrecha vigilancia sobre la evolución de la situación y eventualmente actuar de manera inmediata y contundente en caso de evidenciarse que las medidas anunciadas no sean suficientes.

En el informe se señala que los ajustes y reformas van en la dirección correcta, pero advierte que dadas las condiciones actuales de la economía de España podrían resultar insuficientes para compensar los efectos negativos de problemas a nivel global como la subida de los precios del crudo y las materias primas, lo mismo que los tipos de interés a nivel internacional.

Concretamente los cálculos publicados por el BBVA empeoran las cifras esperadas por el gobierno para el siguiente ejercicio, que confía en que la economía española crezca al menos un 2,3%. Y en este punto comparte el pensamiento de todos los servicios de estudios privados, que estiman proyecciones menores a las que supone la administración central.