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De acuerdo a lo que indicó hace apenas unas horas la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Elena Salgado, los Bancos, Cajas y Cooperativas de España van a tener que aportar el doble de lo que hasta ahora debían depositar al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Este Fondo tiene actualmente depósitos por alrededor de 6.500 millones de euros y debido a esta nueva iniciativa va a poder recaudar anualmente aproximadamente unos 1.600 millones.

La propia ministra de Economía explicó que gracias a esta medida, que ya había sido adelantada a principios de octubre, se espera que el proceso de reestructuración del sistema financiero español no tenga costes para el contribuyente, de la misma forma que tampoco lo tienen los préstamos realizados a las distintas entidades a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Salgado acordó subir el límite legal de las cuotas que aportan las entidades al FGD desde el 2 por mil hasta el 3 por mil de los depósitos.

Hasta ahora ese límite se ubicaba entre el 0,6 y el 1 por mil, de acuerdo al perfil de las entidades financieras de que se tratase.

El FGD cubre los depósitos de hasta 100.000 euros de los usuarios y desde ahora realizará las actuaciones necesarias para reforzar el funcionamiento y la solvencia de cualquier entidad en problemas.

Con esta subida de las aportaciones de la Banca, el Ejecutivo espera duplicar las estimaciones de los 1.600 millones actuales. Lo concreto es que Salgado aseguró varias veces que el proceso de reestructuración en España tendrá un “coste cero” para los contribuyentes.

El sector bancario ve la medida como una penalización extra en un momento difícil. Para la Asociación Española de Banca (AEB) “resulta a la vez sorprendente e injusto que se incrementen las contribuciones”.

La patronal agrega que estas entidades “no solamente no recibieron ayudas públicas sino que ya han aportado el patrimonio que tenían históricamente constituido en su fondo de garantía.

Así es que la AEB le reclama a las autoridades económicas que se establezca una hoja de ruta “clara y transparente” para poder hacer frente de manera definitiva a la inconclusa reestructuración del sistema financiero.

Acerca de la posibilidad de crear un Banco malo donde agrupar los activos inmobiliarios, Salgado afirmó que el actual Gobierno hizo la tarea que le correspondía y sobre esta nueva iniciativa debe pronunciarse el futuro Poder Ejecutivo.

En apenas un mes, Mariano Rajoy se encontrará al frente de un país en estado de máxima presión, si es que todavía no estalló para ese entonces.

Siempre antes de unas elecciones nacionales el último Consejo de Ministros acostumbra a ser un período de balance. Pero esta vez la apremiante actualidad financiera de España no permitió andar con discursos rimbombantes ni calurosas felicitaciones.

El viernes pasado Elena Salgado tuvo que salir a rebatir nuevamente la versión que ya está instalada en todos lados, y que asegura que los españoles tendrán que pedir auxilio a la Unión Europea y al FMI para poder honrar su deuda. Aseguró que “no hay ninguna petición de rescate en nuestra imaginación, está absolutamente fuera de toda consideración”.

Salgado opina que el bajo nivel de la deuda pública, un 66% del PIB hasta junio, reafirma sus declaraciones y hace que España no corra riesgos al menos de esa índole. Pero lo cierto es que el diferencial de rentabilidad con la deuda alemana rondó los 500 puntos básicos y el Tesoro debió pactar en pagar más del 7% anual para poder colocar bonos a diez años. Esos ya son límites fronterizos que rozan los que traspasaron Grecia, Irlanda y Portugal cuando debieron ser rescatados.

Muchos se preguntan si hay algún modo de que el nuevo gobierno electo pueda tomar medidas aún antes de lo que establecen los plazos constitucionales.

José Luis Martínez Campusano, estratega financiero del Citigroup en España, opina que “por muchos ajustes que se hagan, lo prioritario es resolver la crisis de la deuda soberana, lograr mayor consenso en Europa. Las medidas que se adopten pueden ser correctas, pero lo más importante es tener capacidad para convencer a nuestros socios europeos de que afronten de una vez la crisis”.

Ya el PSOE había dicho en su campaña electoral a través de Felipe González que la economía española podría salir perfectamente de la crisis si no es ahogada financieramente por una mala política europea.

Y el candidato ahora devenido perdedor a la presidencia Alfredo Pérez Rubalcaba reclamó insistentemente a la Unión Europea para que permita aflojar el ritmo del ajuste fiscal y se pueda desarrollar un plan de inversiones para compensar el recorte del gasto público en varios países de la región.

Lo cierto es que ahora Rajoy deberá enfrentar problemas de varios frentes que no harán nada fácil sus primeros meses (o años…) de gobierno.

El presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, le “exigió” en las últimas horas a las autoridades del Consejo Europeo (CE) y del Banco Central Europeo (BCE) una pronta respuesta a los problemas que por estos tiempos están afectando seriamente a la Eurozona esgrimiendo entre otras cosas que “para eso se les ha transferido parte del poder”.

Estas palabras de Zapatero fueron dichas en el transcurso de una comida mitin que se llevó a cabo el jueves pasado en la capital soriana, y donde también aseguró que los “problemas europeos” requieren para solucionarlos una “respuesta europea”, añadiendo que la que debe mandar es Europa en su conjunto y no dos o tres gobiernos aisladamente.

En el marco de la misma reunión, la vicepresidenta económica del gobierno español Elena Salgado reiteró que España no precisa ser rescatada a pesar de la fuerte subida de la presión que está sufriendo en todos los mercados, añadiendo que la sostenibilidad de la deuda española está “fuera de toda duda”.

Salgado se refirió en declaraciones periodísticas a los altos tipos de interés que debió aplicar España para poder colocar sus obligaciones ese mismo día y recordó que el presupuesto del Estado preveía 27.000 millones de euros para hacer frente a los compromisos de la deuda, y seguramente se van a utilizar sólo 24.000 millones de los previstos.

O sea que la ministra afirmó que, a pesar de todas las tensiones que viene sufriendo la economía española, se va a gastar incluso 3.000 millones menos, lo que demuestra que la deuda es perfectamente sostenible, a pesar de reconocer que los tipos de interés para el pago de las obligaciones deberían ser “sustancialmente más bajos”.

Después Salgado recordó que el vencimiento medio de la deuda española es de 6,7 años, de acuerdo a lo cual España tardaría entre seis y siete años en tener que hacer frente a los altos tipos de interés de las últimas subastas de bonos de la deuda.

Y no perdió ocasión de asegurar reiteradamente que la solución a la crisis de la deuda debe ser coordinada y consensuada en el propio seno de la Eurozona, ya que al menos doce de los diecisiete miembros sufrieron en sus economías ataques sistémicos.

La ministra dijo que deben seguirse dos líneas paralelas: el BCE debe comprar deuda de los países europeos hasta nuevo aviso y los países de la zona euro deben ajustar sus planes de consolidación fiscal y reformas estructurales.

Existe un temor generalizado y lamentablemente con fundamentos de que los líderes europeos lleguen a la reunión cumbre de este fin de semana sin un acuerdo al menos esbozado. Y ésta será una reunión clave para tomar eventuales medidas que devuelven la confianza hacia el euro, perdida hace ya bastante.

Esta falta de confianza le está pasando nuevamente factura a España, presionando en contra de la deuda del Tesoro y haciendo que el Ibex cotice una vez más (y van…) en rojo por las cada vez mayores incertidumbres acerca del resultado final de las turbulencias económicas y financieras.

Para colmo de males, las agencias de calificación internacionales, Moody’s en este caso, decidió bajar la nota de solvencia de 10 autonomías españolas y también devaluó a los grandes Bancos del país.

Con este panorama por delante y ante el sobreprecio exigido a los bonos españoles a diez años frente a los alemanes, que llevó la prima de riesgo sobre los 340 puntos básicos, el Tesoro español acudió otra vez al mercado a emitir deuda a largo plazo.

Después de la subasta de estas obligaciones, el Tesoro español pudo bajar el tipo de interés de las obligaciones a diez años hasta el 5,453% desde el 5,921% que había debido pagar en la anterior emisión producida en plena turbulencia de los mercados en julio de este año. Por el contrario, debió subir el tipo de interés de los bonos a ocho años hasta el 5,147% desde el 4,998% de la anterior emisión. A cinco años, los bonos fueron colocados al 4,782%.

A pesar de la subida de la rentabilidad, la demanda se redujo frente a anteriores emisiones aunque en un porcentaje no demasiado significativo.

Elena Salgado, la vicepresidenta económica, valoró que la subasta ha ido bien y que sus resultados son satisfactorios sin duda alguna. Y que a pesar del retroceso de la demanda, ésta fue “muy buena” como ha sucedido siempre. Afirmó que se colocó la cantidad de dinero que se pretendía y que los intereses que tuvo que pagar el gobierno español estuvieron de acuerdo a la línea que se viene siguiendo en las últimas subastas.

“La subasta fue pobre en términos de demanda pero esto es una consecuencia lógica de las dudas que despierta la reunión del eurogrupo del fin de semana que se avecina”.

Elena Salgado, la ministra de Economía de España, dijo que se mantienen las previsiones de crecimiento económico del país, aunque admitió que si éstas fuesen hechas en estos días “posiblemente no serían las mismas que las elaboradas en su momento”.

Para la ministra la solución a la crisis se está complicando y España está saliendo de ella a un ritmo bastante más lento del que se pensó hace unos meses.

En declaraciones periodísticas Salgado se refirió a la situación de Grecia afirmando que “lo que tienen que hacer los griegos son reformas netamente estructurales y lo que estamos pidiendo desde la Unión Europea es que persevere y profundice en ellas”. También añadió que no ve como una hipótesis posible el hecho de que Grecia se hunda.

Al referirse a la compra de deuda española por parte del BCE Salgado dijo que el organismo está manteniendo los precios dentro de un rango razonable. “Lo hace para estabilizar el euro en su conjunto y porque España siempre ha cumplido con sus compromisos”.

La vicepresidenta no quiso referirse a la reciente rebaja de la deuda que S&P aplicó a Italia. Sólo aseguró que los italianos están haciendo grandes esfuerzos para superar los obstáculos, añadiendo que la situación y el “modus operandi” de cada país es diferente y no puede ser comparado.

Además agregó que confía en que las calificadoras de riesgo reconozcan los esfuerzos de España y valoren la decisión de incluir en la Constitución española un límite para el déficit.

El gobierno de Rodríguez Zapatero mantiene el objetivo de déficit para este año en el 6% del PIB, añadiendo que la administración central lo disminuyó mucho y ahora son las comunidades autónomas quienes deben redoblar sus esfuerzos para bajar los déficits regionales.

Salgado agregó textualmente que “todos tenemos que hacer más, pero no debe interpretarse como medidas de ajuste, sino como reformas estructurales mantenemos el objetivo de déficit es irrenunciable y las comunidades autónomas que tenían problemas están ratificando que van a cumplir”.

Finalmente, cuando fue consultada sobre si el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba cuenta con ella en caso de ganar las próximas elecciones generales, Salgado aseguró que “si Rubalcaba me dice ven, lo dejo todo”.

En el primer semestre del año las comunidades autónomas de España tuvieron un déficit del 1,2% del PIB español, con lo que ya prácticamente alcanzaron el 1,3% previsto para todo el año en curso.

Y este dato no hace sino reflejar la incapacidad de los gobiernos regionales para frenar el gasto y cumplir con los objetivos previstos por el gobierno central. Esto indudablemente afecta negativamente sus ratings, de acuerdo a lo que expresó la agencia calificadora de riesgos Moody’s.

El conjunto de las comunidades autónomas españolas cerró el primer semestre del 2.011 con un déficit de poco más de 13.000 millones de euros, equivalentes al 1,20 del PIB, según lo que dijo el jueves pasado la vicepresidenta económica Elena Salgado. Aún así se mostró convencida de que al cabo del año podrán cumplir con los objetivos de déficit propuestos, algo al parecer muy difícil de conseguir.

Pero Moody’s opina que el gobierno central español, al igual que el año pasado, deberá compensar los muy pobres resultados financieros de las comunidades pasando su propio objetivo de déficit establecido, que debería no sobrepasar el 6% del PIB.

La necesidad de las comunidades de reducir sus costes sustancialmente es crítica, y Moody’s desconfía de la capacidad de la Administración central para cumplir con sus objetivos de déficit con los recortes que se están llevando adelante y los previstos para lo que resta del año, a la vista de lo ingresado hasta ahora frente a los gastos del primer semestre.

La Unión Europea vigila de cerca los esfuerzos españoles para la reducción del déficit público y considera que hasta el momento se tomaron las medidas necesarias, aunque éstas no hayan sido suficientes. Es posible que en el futuro cercano haga falta un nuevo “tijeretazo” para volver a recortar gastos apenas se detecte el más mínimo desvío de las metas comprometidas ante ese organismo.

De hecho ya Salgado adelantó que se recuperarán algunos impuestos para intentar mejorar la recaudación impositiva. Estos impuestos están previstos del lado de los ingresos, pero no por ahora del lado del gasto.

La CE le pidió a España mayor control del déficit y la deuda de los gobiernos autonómicos, a la vez que adopte las medidas de ajuste a las que se comprometió si es que se detectan desviaciones de los objetivos prometidos.

Elena Salgado, la vicepresidenta económica del gobierno de España, defendió hace un par de días la posibilidad de una reforma de la Constitución española para poder dar lugar a un límite en el déficit estructural del país.

En declaraciones periodísticas Salgado aseguró que, de concretarse, sería una medida más que acertada porque generaría una gran cuota de confianza.

La ministra dijo que los inversores internacionales deben saber que al máximo nivel legal español están claramente especificados los pasos para asumir los compromisos de la deuda.

No queda demasiado claro por qué cuando la semana pasada Ángela Merkel planteó la necesidad de que todas las normas fundamentales de las naciones de la Eurozona incluyeran lo que denominó “regla de oro”, Salgado se mostró partidaria de establecer el techo del déficit en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

De concretarse, España se convertirá en el primer país de la zona euro en seguir las recomendaciones de Alemania a pesar de que Salgado aseguró que la decisión de incorporar el límite constitucional del déficit de cada país es totalmente autónoma, siendo la base de la reforma la Ley de Estabilidad Presupuestaria anteriormente citada.

En la reforma constitucional van a incluirse medidas para otorgarle una mayor flexibilidad al límite del gasto, de manera tal que en caso de una situación grave se puedan liquidar los presupuestos con déficit, algo que actualmente la Ley no prevé.

De esta forma cada año se deberá determinar en qué punto del ciclo económico se encuentra la Nación y proceder en consecuencia. Aún pudiendo liquidar el ejercicio presupuestario con déficit, la reforma de la Constitución obligará a tomar medidas tendientes a reconducir dicho déficit.

La ministra explicó que la medida comenzará a aplicarse en el 2.018 ya que será en ese entonces cuando España llegue a un “equilibrio estructural”. Ahora esta reforma no podría aplicarse porque se estaría partiendo de una situación económica extremadamente complicada.

El líder opositor Mariano Rajoy se adjudicó el día anterior la paternidad de la reforma al recordar que él fue quien propuso inicialmente limitar mediante la constitución el techo del gasto, pero Salgado desvirtuó esa afirmación al afirmar que la iniciativa de Rajoy “ya estaba recogida en la Ley de Estabilidad”.

La reforma al parecer no sólo va a introducir el límite del déficit, sino que también pretende incluirse un techo a la deuda pública, tomando para ambos parámetros los “criterios europeos”.

El Plan Prepara, que les permitía a los parados en España que cumpliesen con determinados requisitos como haber agotado sus prestaciones, carecer de rentas y participar en programas de formación cobrar la suma de 400 euros mensuales, finalizó el pasado martes 16 de este mes.

Pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está estudiando la posibilidad de renovarlo, lo que al parecer se va a decidir en el segundo Consejo de Ministros que se llevará a cabo el día 26 de agosto.

De acuerdo a los cálculos de las autoridades del Ministerio de Trabajo español, esta iniciativa, faltando computar los últimos datos, benefició a alrededor de 190.000 desempleados, a pesar de que según datos provenientes de UGT este número de personas beneficiadas a fines de junio era bastante inferior a la cifra oficial, de aproximadamente 109.000 parados.

Si estas cifras se confirman, en caso de renovarse la prestación por otros seis meses, el coste del plan para las arcas del gobierno sería de unos 240 millones de euros.
Recordemos que el Plan Prepara que se puso en marcha el 15 de febrero de este año y también por un período de un semestre, formó parte del Acuerdo Social y Económico que la administración de Rodríguez Zapatero firmó con los distintos agentes sociales el mes de febrero pasado, acuerdo en el cual el punto fundamental lo constituyó la reforma de las pensiones.

Elena Salgado, la vicepresidenta económica del gobierno español, explicó ante requerimientos periodísticos que la posible prórroga de este plan no va a ir ligada a que los eventuales futuros beneficiarios busquen empleo, sino que paralelamente se busca que refuercen su formación, por considerar que es esta la causa más importante y significativa para poder confirmar la renovación de este plan de ayudas.

Por su pàrte, los sindicatos CC OO y UGT creen imprescindible que el Plan Prepara esté en vigor al menos por otros seis meses ante la muy elevada tasa de parados, cercana al 21%, y consecuentemente al también elevado número de desempleados, que asciende según los últimos cómputos de la Encuesta de Población Activa (EPA) a 4.830.000 personas.

Alfredo Pérez Rubalcaba, el candidato presidencial del PSOE para las próximas presidenciales del 20 de noviembre, también le solicitó al gobierno la continuidad del plan a favor de dar toda la ayuda posible a los millones de desempleados españoles.

El pasado domingo 7 de agosto la ministra de Economía de España Elena Salgado dio a conocer el paquete de medidas presupuestarias que el gobierno implementará para combatir de la forma más eficaz posible esta nueva crisis de deuda que afecta a varios países de la Eurozona.

Y este anuncio de Salgado estuvo precedido por una fuerte subida de la presión que sobre el país ejerció el Banco Central Europeo (BCE). Su presidente, Jean-Claude Trichet, le envió unos pocos días antes al gobierno español donde le pedía que no cesara el ritmo de las reformas y las medidas para contener el déficit.

El tenor de la carta de Trichet se discutió en la reunión que las autoridades del BCE celebraron el 4 de agosto pasado y la nota partió para España al mismo tiempo que otra que fue enviada al primer ministro de Italia Silvio Berlusconi para que también apresure el ritmo de las reformas fiscales pedidas al gobierno de su país.

Fuentes cercanas al consejo de gobierno del BCE afirmaron que la carta que se envió al gobierno de Rodríguez Zapatero puntualizaba las medidas fiscales y estructurales que al entender del BCE son imprescindibles para que los españoles alcancen los objetivos de crecimiento y competitividad a nivel regional que se han comprometido a lograr.

Así es que Salgado anunció el domingo 7 que, por ejemplo, el gobierno subirá los pagos a cuenta a grandes empresas, se pondrá en marcha un plan de ahorro del gasto farmacéutico y se flexibilizarán los términos de los contratos a tiempo parcial.

El ministerio de Economía español señaló que todas esas medidas ya estaban decididas antes de la misiva del BCE.

Recordemos que el BCE había aprobado por esas horas la compra tanto de bonos españoles como italianos en un intento por aplacar las consecuencias de las crisis de deuda que afectan a ambas naciones. Y pocos días antes ya Trichet había anunciado que se retomaban las “medidas extraordinarias” en los mercados de deuda secundarios, al comenzar a comprar también bonos de Portugal e Irlanda.

En el caso de España e Italia, las cartas que se enviaron a las más altas autoridades de ambos gobiernos pusieron muy en claro las condiciones que el BCE creía indispensables para proceder a comprar bonos, lo que comenzó a hacerse el lunes 8 por la mañana.

Durante toda la semana, la compra de bonos españoles por parte del BCE ayudó a bajar la presión sobre la prima de riesgo española, un hecho que se estaba transformando en un problema de muy difícil solución.

La vicepresidenta encargada de la economía del gobierno de España, Elena Salgado, dijo hace apenas unas horas en declaraciones a Onda Cero que había hablado con grandes empresarios españoles y que de esas conversaciones concluyó que estos empresarios “están dispuestos” a hacer todavía más esfuerzos y pagar por lo tanto a cuenta por el Impuesto de Sociedades, más allá de las eventuales declaraciones y lineamientos que pueda hacer la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

Salgado subrayó textualmente al respecto que “estoy segura de que este pequeño esfuerzo no les parece inadecuado y, más allá de declaraciones de la CEOE, he hablado con grandes empresarios y están dispuestos a hacer este esfuerzo”.

Elena Salgado además abogó por una mayor responsabilidad de la ciudadanía, poniendo como ejemplo el hecho de que el mismo día de tomar la decisión de cambiar los pagos de este tributo tan importante para las arcas del Estado español, en Italia los empresarios de ese país se ofrecieron a comprar deuda pública italiana.

Al respecto dijo que las grandes empresas tienen desde siempre un tipo de tributación nominal que está usualmente por debajo del 30%, e incluso aún del 20%. Estas empresas están pagando por ahora cinco séptimos del tributo por adelantado, y nosotros (por el gobierno) pensamos que aquéllas de mayor tamaño pueden anticipar todavía más estos pagos y de esta forma, de continuar haciéndolo el año entrante, pueden seguir ayudando a reducir el déficit estatal, hoy por hoy el eje de la gran mayoría de los problemas de España.

Consultada al respecto, Salgado dijo estar segura de que “en absoluto” cabe la posibilidad de que retorne a un escenario de recesión para la economía española, aunque al mismo tiempo reconoció que la inestabilidad de los mercados de deuda soberana va a tener si dudas efectos no deseables en la economía real del país, la que ya comenzó nuevamente a dar síntomas de ralentización.

También en declaraciones a la agencia Efe, La ministra aseguró lacónicamente “qué duda cabe de que va a tener su influencia, una mayor influencia cuanto más dure la situación de inestabilidad”, admitiendo asimismo que los datos que adelantó oportunamente el Banco de España en el curso de la semana anterior muestran algún tipo de desaceleración del crecimiento de la economía española, crecimiento que, de por sí, no había sido como para festejar demasiado durante los últimos trimestres.