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Los parámetros económicos y de otras índoles que se fijó para este año el gobierno de España no están resultando tal como se esperaba.

Pasado largamente el primer semestre, el crecimiento apenas si llega a un modesto “aprobado –“ como si se tratase de una nota escolar, las cuentas públicas siguen ajustándose a un ritmo mucho menor al deseado y, por sobre todas las cosas, la creación de empleo todavía está en deuda con la sociedad española.

Para llegar a los números anticipados por las autoridades a principio de año, el segundo semestre de la economía española debería ser sobresaliente, y aún así no es seguro que se llegase a las cifras propuestas en enero.

Lo cierto es que los hechos de las últimas semanas confirman que la segunda mitad del año va a ser extraordinaria, pero por lo adversa y no por lo buena. No queda otra opción que esperar un año más para ver qué ocurre con la marcha de la recuperación del país.

La prima de riesgo de los bonos españoles hace rato que está “coqueteando” con los 400 puntos básicos, con subidas y bajadas que más que de mejorías hablan de incertidumbres.

Las perspectivas de un repunte del crédito al menos a corto plazo se desvanecen y con este desvanecimiento también desaparecen las expectativas de que la demanda interna comience a tomar nuevamente impulso y el mercado interno recobre aunque sea parte del ritmo que supo tener alguna vez.

Los inversores se muestran cada vez más desconfiados y eso atenta contra las previsiones gubernamentales, que hablaban de una nítida recuperación económica para este 2.011 en curso.

Para terminar de redondear la situación imperante, el Banco de España anticipó el viernes de la semana pasada que el Producto Interno Bruto (PIB) entre abril y junio mostraba un avance en ese trimestre del 0,2% en tasa trimestral, más débil todavía que el que había mostrado la economía en el arranque del año.

Elena Salgado sostuvo que el gobierno no tiene previsto revisar las previsiones para el año en curso. Lo que no dijo la ministra de Economía es que con lo que queda de legislatura, ya que las Cortes se disuelven en setiembre y no queda tiempo para presentar proyectos de nuevos presupuestos, el calendario oficial ya de por sí no da ocasión de que se modifiquen las previsiones, si éstas fuesen las ideas del Ejecutivo.

El gobierno de España respondió el domingo a la demanda de sus vecinos europeos para que acelere las reformas si es que verdaderamente quiere recibir su apoyo.

Pocas horas antes de la importante reunión que tuvo el BCE para comprar deuda española e italiana, la ministra de economía Elena Salgado reforzó el mensaje de su gobierno en torno a los ajustes, dando algunos detalles del plan que prepara el Ejecutivo español parta la semana entrante. Pidió asimismo “que el BCE haga su tarea y ayude a la estabilidad de los ya tambaleantes mercados de deuda”.

Así pedía la vicepresidenta lo que al final decidió llevar adelante el organismo europeo: ampliar el programa de compra de bonos públicos para poder así incluir la deuda española e italiana y ayudar de esta forma a bajar sus muy elevados intereses.

En estos últimos días Salgado mantuvo muchas conversaciones telefónicas con importantes dirigentes políticos. La última de ellas fue con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos Timothy Geithner. También habló con sus pares de Francia, Italia y Alemania, con Jean Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, con Olli Rehn y con el gobernador del Banco de España, además del director general de la OCDE.

En todas estas “charlas” Salgado dejó en claro que España está dispuesta a tomar medidas adicionales para evitar una todavía más brusca subida de la desconfianza hacia su real situación económica y financiera.

Estimó en 5.000 millones de euros el dinero adicional que ingresarán a las arcas del Estado provenientes de las medidas previstas por el Consejo de Ministros extraordinario de la semana próxima. Algunas de estas medidas tienen que ver, según se anticipa, con un incremento a cuenta de los pagos que hacen las grandes empresas por el impuesto de sociedades.

Si se piensa que este año ese tributo no espera recaudar más de 16.000 millones de euros, la medida se antoja cuanto menos “heroica”.

Salgado también aseguró que se ayudará a las comunidades autónomas a cumplir sus objetivos de déficit para este año, mediante reducciones del gasto público adicionales.

La ministra quiere calmar a toda costa a los inversores, manifestando que las reglas de gasto que las comunidades se comprometieron a pactar a partir de setiembre estará lista ese mes para que todos los Parlamentos Autonómicos puedan ponerla en práctica antes del final del año.

Salgado también prometió novedades en el empleo ya sea el 19 de agosto o una semana después, flexibilizando los contratos a tiempo parcial para hacerlos más atractivos a los empresarios.

Los más importantes líderes europeos llegan a la cumbre que se convocó para hoy jueves 21 en la sede de la Comisión Europea con una propuesta entre manos.

Y la vicepresidenta de España, Elena Salgado, adelantó que cuando fueron convocados por el presidente del CE Herman Van Rompuy les fue dado un mandato para todos los ministros de finanzas de la región de concurrir con una “propuesta concreta” sobre la deuda de Grecia.

Lo que Salgado no dejó claro es si se trata de una propuesta que ya está cerrada y consensuada entre todos los ministros comunitarios o si por el contrario van a presentarse varias opciones para ser discutidas y que después los jefes de Estado y de Gobierno decidan cuál se va a aplicar.

Al parecer la idea es presentar un conjunto de elementos para que puedan ser valorados y discutidos hoy por las máximas autoridades de los países de la Eurozona.

Después del fracaso del intento alemán de convocar esta reunión para unos días atrás, los responsables del gobierno de Alemania declararo0n públicamente que “no tenía sentido reunirse hasta tanto no se perfilara una solución viable para la deuda de los griegos”.

Es así que esta nueva convocatoria hace pensar a los analistas políticos y económicos que la “receta” a seguir con la grave crisis griega está hoy bastante más próxima que hace cinco días atrás, es decir el viernes de la semana pasada. Sin embargo los responsables de las economías de la región no dieron demasiadas pistas al respecto.

Salgado eludió aclarar si finalmente se aceptará que la reestructuración de la deuda griega implique también la participación del sector privado, el que renunciaría a cobrar una parte de la deuda ya sea aplazándola, bajando los intereses o con una combinación de ambas opciones.

Pero son varios los países, España entre ellos, que no contemplan como una opción que pueda funcionar aquella que implique un impago por parte de la nación helena.
Salgado se mostró en cierta forma crítica con la manera en que los griegos llevaron adelante su economía en los últimos tiempos. Afirmó textualmente que “su administración tributaria seguramente no tiene la calidad que debería, el país necesita reformas…”. Pero a su vez coincidió con el gobernador del Banco de España en el hecho de que los 17 países que forman de Eurozona deberían actuar con más agilidad ante la actual situación.

La vicepresidenta para asuntos económicos del Gobierno de España, Elena Salgado, criticó hace ya casi diez días la rebaja de la deuda soberana de Irlanda al nivel de “bono basura”, al tiempo que acusó a las agencias calificadoras de riesgo que en la práctica monopolizan el mercado de carecer por completo de un “criterio de oportunidad” que haga que sus informes no empeoren todavía más las situaciones ya existentes.

En el transcurso de declaraciones que efectuó a los periodistas en el Congreso español, Salgado directamente censuró la decisión de Moody’s de rebajar la calificación de riesgo de la deuda irlandesa hasta el nivel de bono basura, agregando además que no sería extraño que pueda volver a rebajarla hasta colocarla en perspectiva negativa.

Debe recordarse que fue el propio comisario europeo de Asuntos Económicos Olli Rehn quien manifestó que no le parecía razonable rebajar las calificaciones a aquellos países en problemas “que están llevando a cabo planes económicos con actuaciones y decisiones muy planeadas y supervisadas por la Comisión Europea, el BCE y el FMI”.

Rehn coincidió con Salgado en la necesidad de tener siempre un criterio de oportunidad para dar a conocer datos que puedan afectar intereses soberanos, en obvia alusión a la desafortunada información suministrada por Moody’s.

Pia Ahrenkilde, la portavoz de la CE también afirmó desde Bruselas que la decisión es “incomprensible” y el momento de su anuncio es, cuanto menos, “cuestionable e inoportuno”.

Irlanda, que sin dudas es la principal afectada por los informes de Moody’s, denunció la “disparidad” de criterios aplicada por la agencia, ya que según la defensa esgrimida por su Ministerio de Finanzas, la economía irlandesa va por el buen camino “para retornar al crecimiento positivo en el curso de este 2.011 que estamos transitando”.

En esta misma denuncia también se recuerda y se enfatiza que el país cumplió con todos los objetivos fiscales que le fueron fijados hasta ahora por las autoridades de la Unión Europea y el FMI dirigidos a la reducción del déficit, destacando además que el Banco Central de Irlanda tiene suficientes fondos como para cubrir sus necesidades de financiación hasta por lo menos finales del año 2.013.

No es novedad para nadie que las agencias calificadoras de riesgos se convirtieron con sus cuestionadas decisiones en uno de los focos de mayor preocupación y críticas por parte tanto de Bruselas como de la opinión pública en general.

Elena Salgado, la vicepresidenta económica del gobierno de España, sugirió hace un par de días que existe la posibilidad de que algunas Cajas de Ahorro de España podrían suspender las pruebas de estrés cuyos resultados se conocerán en principio este próximo viernes, por no contar con las provisiones genéricas como parte del capital.

Estos dichos no hacen sino contradecir sus propias declaraciones anteriores efectuadas el pasado mes de abril en el transcurso del Ecofin informal que se llevó a cabo en Hungría, momento en el cual Salgado sostuvo que “hasta la última Caja de Ahorros de España aprobaría los exámenes de solvencia requeridos por las autoridades.

Al respecto la vicepresidenta dijo que ella había realizado esa afirmación en un supuesto que consideraba el mismo del año anterior, es decir en el cual las provisiones dinámicas formaran parte del capital.

Esta fue la justificación de Salgado en declaraciones a la prensa a la entrada de la reunión de ministros de Economía de la Eurozona.

Como es bien sabido por todos, este viernes se conocerán los resultados de las pruebas de solvencia a las que se han sometido 91 Bancos y Cajas de Ahorro de toda Europa, dentro de los cuales 25 son españoles, es decir más del 25% del total.

España es el país de toda la región con más entidades financieras sometidas al control de los supervisores bancarios, con exactamente el 27% de la lista total de entidades de todo el continente europeo.

Debe recordarse que en el transcurso del año pasado las pruebas de solvencia realizadas también se hicieron sobre un total de 91 entidades, de las que 27 eran españolas. El tema es que en ese momento los requerimientos y exigencias eran menores a los actuales.

Como resultado de las pruebas realizadas en el 2.010, se suspendieron por no cumplir los requisitos exigidos a siete entidades europeas, de las cuales cinco eran Cajas de Ahorro españolas que en su momento había pedido fusionarse con la ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Estas cinco Cajas fueron Cajasur, Diada, Espiga, Banca Cívica y UNNIM.

Elena Salgado, la vicepresidente segunda del gobierno de España, salió al cruce de las declaraciones del ministro de Fomento José Blanco acerca de la necesidad de subir los impuestos para poder hacer frente a las grandes infraestructuras.

La ministra aseguró que en el corto plazo no hay prevista ninguna modificación en los impuestos, ni en los directos ni en los indirectos.
A su juicio, y en caso de una extrema necesidad, el debate se dará en el futuro, cuando se haya recuperado el nivel de consumo de la población.

Salgado recordó además que la presión fiscal de España es inferior en un 7 u 8% a la media de la Eurozona, y que encima la recaudación cayó en los últimos años a causa de la crisis económica.

De esta forma la vicepresidenta refutó las declaraciones de Blanco, quien en las últimas horas afirmó que “España no va a ser capaz de mantener las grandes infraestructuras sin tocar los impuestos”, al tiempo que reclamó una profunda reflexión sobre el futuro de las grandes obras.

La ministra señaló que las declaraciones de Blanco son, como ha sucedido otras veces, una reflexión a más largo plazo, añadiendo que ahora lo que resulta imprescindible es que se recupere el nivel de consumo. También hizo hincapié en que los informes que maneja el Ministerio de Economía y Hacienda prevén una desaceleración de la economía en el segundo trimestre, no sólo en España sino en toda Europa, la que “lógicamente no está creciendo como lo hacen los países emergentes”. Sin embargo recordó que esta situación estaba prevista con anterioridad.

Aclaró también que será atribución del Banco de España vigilar los incentivos del sector financiero, para que los riesgos a futuro de ese sector no se incrementen y puedan afectar a las personas o influir en una eventual nueva burbuja inmobiliaria.

Salgado también tuvo que aclarar las críticas a la banca del vicepresidente Alfredo Rubalcaba, quien acusó al sector de ser el responsable de la crisis, y las declaraciones del ministro de Trabajo Valeriano Gómez, que anunció tipos de interés mayores para gravar las retribuciones “muy altas” de los directivos de la banca.

“Lo que hará el Gobierno, siguiendo las indicaciones de la Unión Europea, es que el Banco de España vigile estrechamente los incentivos de todo tipo del sector financiero”, aclaró Salgado.

El gobierno de España decidió reducir casi un 4% el gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, lo que en realidad es un esfuerzo inferior al 7% que fue el recorte de este año.

Después de este recorte decidido, el techo del gasto llegará a poco más de 117.000 millones de euros una vez descontadas las transferencias a las comunidades. Así se piensa cumplir con el objetivo de reducción del déficit público que fueron comprometidos con Bruselas.

Concretamente, esta cifra es algo así como unos 4.700 millones menos a los más de 122.000 millones que se aprobaron en el 2.010.
Para poder cumplir con las metas que se han establecido, la vicepresidenta económica del gobierno, Elena Salgado, volvió sin embargo a descartar por completo que se piense en subir los impuestos o en cualquier modificación que implique una baja en la retribución de las empresas a las arcas del Estado.

El Poder Ejecutivo tiene previsto llevar adelante este año el mayor el mayor esfuerzo de ahorro desde que se puso en marcha el programa de reducción del déficit con un ajuste del 3,2% del PIB español, llevándolo desde el 9,2% del 2.010 hasta el 6% previsto para fines del presente ejercicio.

Con respecto al 2.012, de acuerdo al programa de estabilidad que se remitió a la Comisión Europea, se debe reducir al 4,4%, lo que implica un esfuerzo algo menor al actual, del 1,6%.

Para el 2.013 debería volverse al límite del 3% que fija Bruselas para los presupuestos de los países de la región.

Debe tenerse en cuenta que el esfuerzo en el recorte del gasto pasa a ser responsabilidad de la Administración Central, sin autonomías ni ayuntamientos y sin contar con la Seguridad Social, ya que es el propio Estado quien debe bajar su déficit del 4,8% con el que espera cerrar el 2.011 llegando al 3,2%, lo que equivale a unos 16.000 millones de ahorro. Así es que Salgado se preocupó en decir que es la Administración Central la que realizará el esfuerzo más importante.

Se recalcó asimismo que se les ha pedido a las Comunidades Autónomas y Administraciones locales que destinen la mayor cantidad de ingresos que recibirán en el 2.012 a cubrir los servicios públicos en el primer caso y en el segundo a reducir la morosidad que vienen acumulando con los proveedores.

A nivel global el grave problema actual tuvo su origen en los mercados financieros y después se trasladó a las cuentas públicas de los distintos países. Pero esta Gran Recesión en España terminó convirtiéndose en una mayúscula crisis laboral.

El mercado laboral español ya lleva tres años destruyendo empleo y esa es una herida muy difícil de cicatrizar. A tal punto que hasta el gobierno es pesimista en cuanto a volver a los niveles de trabajo previos a la crisis.

De acuerdo al pronóstico oficial, que se publicó hace un par de semanas, para el año 2.014 no se habrá generado ni la mitad del empleo que se perdió desde el comienzo de la “hecatombe”. De cualquier forma que se la mire, ésta será la recuperación laboral más lenta de los últimos treinta años.

La especialista Sara Baliña, de Analistas Financieros Internacionales (AFI), asegura que las afiliaciones a la Seguridad Social en el primer trimestre de este año ya anticipan que en esos tres meses se perdieron al menos 200.000 empleos más.

Los analistas consultados coinciden también en el hecho de que entre los meses de abril y setiembre el empleo se va a ver beneficiado por una acostumbrada mejora que corresponde a la temporada turística veraniega.

Y para el cuarto trimestre se podrá observar una débil recuperación con datos estadísticos algo menos preocupantes que los del mismo trimestre del año pasado.

De ser esto cierto, la próxima EPA va a permitir hacer un balance más o menos concreto del descalabro laboral español. Desde el tercer trimestre del 2.007, el último máximo del mercado laboral en España con 20.500.000 empleos, habrá unos 2,3 millones de personas con trabajo menos. La tasa de parados, si estas estimaciones son correctas, habrá pasado del 8 al 21% de la población activa.

Hasta la OCDE señala que ningún país de los considerados “avanzados” experimentó ni de lejos una subida de tal magnitud de la tasa de paro.

Será seguramente la evolución de la población activa la que determinará si en el primer trimestre de este año se llegó a la tan temida cifra de 5.000.000 de parados, después de los 4.700.000 contabilizados al cierre del 2.010.

Elena Salgado, la vicepresidenta económica, asegura que no se llegará a esa cantidad de desocupados. Pero todo parece indicar que ni ella misma está demasiado convencida de esto.

Los mercados financieros tuvieron a mediados de la semana un período de “calma tensa” después del correctivo que tuvo lugar el lunes pasado por el temor de una reestructuración de la deuda griega.

Las principales Bolsas de referencia europeas mantenían el ritmo a la suba y la Bolsa de España también se mantenía en verde acompañando la tendencia general después de varias horas de cotización.

Elena Salgado, la vicepresidenta segunda del gobierno y titular del ministerio de Economía español aseguró en esos días que no era momento de “disparar las alarmas” porque el repunte de las tensiones y presiones contra la deuda española constituían un hecho “puntual” y pasajero. Así es que confiaba que esta situación no afectase los tipos de interés que está pagando el país para financiarse.

La ministra está convencida de que no hay que darle demasiada importancia a lo que llama “picos” puntuales de subida de la deuda respecto de los bonos de Alemania tomados como referencia ya que para la confianza en la economía española no son significativos.

Por otra parte, al ser puntual tampoco tiene una incidencia importante en el coste de la deuda, aunque admitió que esta situación puede variar si se extiende en el tiempo y mantiene un alto grado de intensidad.

“No deberíamos estar tan atentos a un pico en una semana determinada, porque en el conjunto de emisiones de deuda no tienen demasiada importancia”, dijo Salgado.

En declaraciones periodísticas la ministra aseguró que las reformas de la economía que se llevaron adelante fueron bien recibidas por los mercados y recordó que incluso el Fondo Monetario Internacional las ha puesto como ejemplo. Anunció también que estas reformas van a seguir produciéndose en el transcurso de este segundo trimestre.

En los mercados secundarios de deuda, en los que se intercambian los títulos emitidos por los Estados entre los agentes privados una vez lanzados al mercado, los bonos españoles se mantenían a mediados de semana en niveles casi sin variantes. Sólo empeoraban algo las condiciones de los bonos a diez años y los títulos a dos años.

El resto de los países periféricos del euro, con problemas por sus altos niveles de déficit como Grecia, Irlanda y Portugal también se encontraban a mediados de semana en una situación levemente al alza acompañando al resto de la Eurozona.

El mercado laboral en España volvió a sufrir un proceso de deterioro en los últimos meses. Y es por ello que el gobierno debió modificar nuevamente al alza sus previsiones de paro para el año en curso.

La nueva cifra oficial estimada de parados está ahora en el 19,8%, en vez del 19,3% que era la última perspectiva que se había dado a conocer en setiembre del año pasado.

De cualquier forma las expectativas oficiales siguen por debajo de las proyecciones tanto del Banco de España como de la Comisión Europea o el promedio de los analistas privados que dio a conocer Funcas.

Todas estas previsiones apuntan a que el desempleo no bajará del 20% para fines de este año.

Estas cifras pasadas a personas dicen que el paro del 2.011 será alrededor de unas 115.000 personas más que lo que preveía el Ejecutivo hace apenas unos meses.

Pero a pesar de estas noticias no demasiado alentadoras, el gobierno sigue afirmando que se comenzará a crear empleo en el segundo semestre del año, con lo que es seguro que la cifra cierre por debajo del 20,06% del 2.010.

En oportunidad de presentar el nuevo esquema macroeconómico del Ejecutivo, la vicepresidenta segunda Elena Salgado habló de previsiones “realistas” que responden a una subida del paro que ya venía perfilándose en el último trimestre del año pasado y sufrió un arrastre en el comienzo de este 2.011 en curso.

Salgado dice estar segura de que este año no se va a llegar a los 5.000.000 de parados en ningún momento.

Poco antes, el secretario de Estado de Economía José Manuel Campa comentó que no espera a corto plazo grandes cambios en la creación de empleo debido a que la economía está llevando a cabo un ajuste de carácter estructural.

Así es que aunque el mercado laboral empiece a ponerse en marcha este año, no será sino hasta el 2.012 que comience a bajar la tasa de parados.

Los funcionarios del gobierno confían en que en el 2.012 el paro caiga hasta el 18,5%, en el 2.013 augura un 17,3% de desempleo y en el 2.014 un 16%.

Estos son según Salgado, “ritmos que nos gustaría acelerar pero preferimos trabajar sobre una base segura”.