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Las entidades financieras de España en su conjunto volvieron a aumentar en el mes de octubre el dinero que pidieron prestado al Banco Central Europeo (BCE) por tercer mes consecutivo. Esta vez fueron poco más de 76.000 millones de euros, un 13,5% más que un año antes. Esta cifra muestra el mayor volumen de fondos desde setiembre y el ritmo de subida más alto desde ese momento.

Es la creciente desconfianza entre los Bancos de la Eurozona que hace que no se presten dinero en la proporción usual más el “karma” que hoy en día supone llevar la marca “España” encima lo que hizo que las entidades españolas debiesen incrementar la apelación al BCE para sostener sus niveles de liquidez.

Y todo esto sumado a que en su conjunto la banca europea, sin contar la española, debió recurrir al BCE un 17% menos, lo que magnifica la particular situación española de acuerdo a los datos publicados recientemente por el Banco de España.

Al momento de comparar la evolución de la banca española frente al resto, la cantidad de dinero que se solicitó desde el país con respecto al conjunto del eurosistema subió de manera firma hasta un 20%. Es una situación que dista de ser la ideal y eso se ve en la posición que ocupa la banca de España en la región, donde apenas supera el 12% del conjunto.

Había mejorado entre enero y abril de este año, pero regresaron las tensiones financieras, volvieron a aparecer las dudas de los mercados y el porcentaje nuevamente volvió a ser preocupante.

Sin embargo los 76.000 millones de euros pedidos no están ni cerca del máximo 131.000 millones de julio del año pasado, después de la debacle de Grecia y las restricciones al crédito que causó la salida de cauce de la crisis económica.

La entidad que preside Mario Draghi, frente al avance de la cantidad de dinero solicitada por España, informó que el conjunto del Eurosistema 381.000 millones de euros, una baja del 17,7% en tasa interanual. Este es el resultado del saldo vivo que las entidades residentes en territorio español todavía tienen pendientes de devolución o eventual refinanciamiento.

Y también sigue siendo alta la cantidad de dinero que dadas las incertidumbres reinantes por estos días los Bancos españoles dejan a recaudo del BCE en vez de prestarlas a familias y empresas, con lo cual se dificulta aún más la recuperación económica de la crisis.

La actual situación de crisis generalizada hace que los expertos pasen sus días deshaciendo y rehaciendo sus estimaciones a futuro. En el año 2.010 habían vaticinado que la morosidad del sistema financiero de España iba a tocar techo a principios del presente ejercicio. Después la realidad los obligó a revisar una vez más sus cálculos.

El trimestre anterior las propias entidades financieras preveían en el peor de los casos una subida de la mora para este año hasta llegar al 7%. Pero ya en Julio se alcanzó esa cifra, concretamente el 6,94%, que es el porcentaje más alto registrado desde 1.995. La realidad volvió a superar a las estimaciones.

A mediados de la década de los 90 los créditos eran de 264.000 millones de euros. En Julio pasado, la financiación en conjunto de la economía española llegaba a los…1,79 billones de euros.

Y cuando terminó el mes de Setiembre pasado, el Banco de España reconoció que la morosidad sigue su camino ascendente y que para fines de este año los créditos impagos pueden representar entre el 8 y el 8,5% del total de dinero prestado por las entidades.

Esta tasa está muy cerca del récord del año 1.994, cuando el total de la banca española llegó al 9% de impagados, hecho producido en gran parte por la intervención de Banesto a fines del año 1.993.

Pero en ese momento la medición de los índices de morosidad era más laxa que en la actualidad. Por eso fuentes del sector financiero estiman que si ahora se alcanzase un 9% de morosidad esa cifra podría equivaler a un 12 ó 13% de mediados de la década de los noventa.

En este aspecto es determinante el continuo deterioro de la economía española de los últimos al menos dos años y medio. La caída de la construcción y del sector inmobiliario sigue afectando sobremanera las cuentas y resultados de la banca en España. Tanto es así que en el mes de Julio la mora que estaba ligada a la industria del ladrillo llegaba a un récord del 17% sobre un total de créditos hipotecarios de casi 414.000 millones de euros.

La caída de la industria de la construcción parece no encontrar su piso. No son pocos los que vaticinan que la morosidad ligada al sector inmobiliario va a ser para finales de este año de no menos del 19%, un guarismo nunca antes visto.

Sabemos que por efectos de la crisis económica las entidades financieras de España, Bancos y Cajas, al igual que las de otros muchos países, vieron casi cerrado el camino de los ingresos por préstamos otorgados.

Y para compensar aunque sea en parte esa pérdida, en los últimos meses subieron en un gran porcentaje las comisiones cobradas a los clientes por los servicios prestados. Estas comisiones de acuerdo a datos del Banco de España subieron en el último semestre entre un 8,5 y un 35%, de acuerdo a la entidad y al servicio prestado. Todas estas comisiones son en sí pequeñas cantidades pero que abonadas mes tras mes por más de 20 millones de usuarios hacen una cifra que ciertamente influye en el resultado de las entidades.

España es sólo superada por Italia en toda la Unión Europea como el país que más grava a los clientes con este tipo de gastos. Y es entonces que el gobierno quiere poner límite a este problema con una orden ministerial que exija más transparencia en el cobro de comisiones.

Por el momento sólo se logró acumular denuncias de abusos de los Bancos y Cajas en las oficinas de las asociaciones de consumidores, mientras el enojo de los ciudadanos crece día a día.

Además el poder adquisitivo de la población ha bajado a tal punto que no son pocos los que prefieren hacer largas colas en los Bancos antes que concurrir a un Cajero automático a realizar una operación y tener que pagar la correspondiente comisión.

Muchos son los españoles que literalmente han vuelto al pasado, yendo personalmente a los Bancos, retirando el dinero por ventanilla y después dirigiéndose a otra institución si es que deben hacer alguna operación de transferencia.

Las comisiones por transferencias realizadas a través de Internet pueden llegar a cobrarse hasta 4,35 euros, una cifra que muchos no pueden darse el lujo de gastar para ganar cierta comodidad.

Pero más allá del coste económico de la operación, la mayoría de los clientes de los Bancos se sienten “engañados y estafados” por los mismos, ya que en la mayoría de los casos las comisiones no son debidamente aplicadas y muchos empleados bancarios al ser consultados ni siquiera pueden explicar el origen y motivo de estos gastos.

La situación tiende a convertirse en un verdadero dolor de cabeza tanto para los Bancos y Cajas como para sus clientes y es por eso que las autoridades de Economía quieren cuanto antes normalizar la situación y fijar nuevas y claras reglas que rijan el tema de las famosas comisiones.

Valeriano Gómez, el ministro de Trabajo e inmigración de España, ha vuelto a insistir hace unos pocos días en responsabilizar a las entidades financieras de la crisis económica y de la inédita destrucción de empleo que en la actualidad mantienen en vilo a los españoles.

También fue blanco de sus críticas el Banco de España, por no haber llevado adelante una adecuada supervisión de dichas entidades.

Esta “pésima” actuación de los Bancos y las Cajas españolas originó en el sector de la construcción una burbuja que, al estallar, fue la responsable de acuerdo a los cálculos del ministro del 80% de los empleos perdidos en el país, ya sea en forma directa o en ramas de la industria ligadas a la misma.

Añadió también que a su juicio el ajuste en el sector de la construcción todavía no terminó y puede seguir influyendo directamente en un nivel de desempleo “masivo”.

Gómez realizó todas estas declaraciones en la apertura del curso “Las huellas profundas de la gran recesión”, que fue organizado port la Universidad del País Vasco.

“Los servicios de estudios de nuestras entidades financieras advertían la presencia de una burbuja inmobiliaria y discutían acerca del nivel de sobrevaloración, mientras que esas mismas entidades continuaban dando demasiados créditos al sector, empeorando la situación que ellos mismos estaban señalando”, destacó el ministro.

En cuanto a las culpas que le fueron echadas al Banco de España, de acuerdo a los dichos textuales del ministro “aunque hubo algunas actuaciones destacables como la implantación de provisiones anticíclicas por iniciativa de Luis Ángel Rojo, luego el nivel de supervisión de nuestras entidades financieras fue insuficiente frente al crecimiento desmesurado del crédito al ladrillo”.

Gómez considera a los Bancos responsables de la crisis por partida doble. Primero, porque inflaron la burbuja inmobiliaria hasta que ésta estalló. Y segundo porque después fueron los problemas de las entidades financieras que luego después se transformaron en económicas los que desataron la tremenda crisis que todavía padece España y que cortó por completo el crédito.

Para el ministro es necesario poner el foco en el sector financiero. En los momentos de auge y en la posterior crisis que se desató. Sólo así podrá encontrarse la clave para la salida de esta crisis que sumerge al pueblo español en el desconcierto y la desesperanza.

La vorágine en que se viene desempeñando todo el sistema financiero de España desde el comienzo de la crisis económica global, hace que no haya tiempo para recuperarse de alguna prueba a superar para ya tener que comenzar a pensar en la siguiente.

Esto es lo que les pasa a los directivos de las entidades financieras con, por ejemplo, las pruebas de resistencia que exige la Autoridad Bancaria Europea (ABE).

Son varios los Bancos y Cajas que se pusieron en campaña para conseguir el capital mínimo que requiere el Gobierno. Las entidades que siguen sus modelos internos de gestión, como el Banco Santander, el BBVA y la Caixa, entre otros, deberán entregar hacia mediados de abril los resultados de las pruebas europeas al Banco de España.

Mientras tanto, las entidades que necesiten capital no entregarán estos datos ya que será el propio supervisor quien realice las pruebas desde su sede.

Luego el Banco de España tendrá hasta el 30 de abril para analizar los resultados obtenidos y entonces éstos serán enviados a la ABE y al Banco Central Europeo.

Ambos organismos dispondrán de un mes para estudiar los resultados recibidos y consultar con los distintos Bancos centrales de cada país.
Terminado este procedimiento, los resultados definitivos se conocerán en la primera semana de junio de este año.

Hasta el momento no se conocen cuáles serán los capitales mínimos exigidos tanto para el escenario base como para el adverso.

Pero se supone que éstos no serán ni demasiado bajos ya que de ser así las pruebas de resistencia perderían credibilidad entre los mercados internacionales, ni demasiado altos porque esto provocaría la suspensión de demasiadas entidades y se estaría en presencia de una reedición de la crisis financiera internacional.

En la ABE trascendió que el nivel de capital exigible se está “estudiando a conciencia” y será revelado en las próximas semanas.

Lo que sí es un hecho es que estas pruebas de resistencia serán más severas que las que se llevaron a cabo en julio del año pasado ya que se intentará evitar u nuevo fracaso como el que supuso la incapacidad de detectar la crisis bancaria de Irlanda.

En España se especula con una hipótesis extrema de dos años de recesión, cinco millones de parados, deflación y una caída del 22% en el precio de las viviendas.

Las estimaciones son que el examen va a afectar al 65% de todo el sistema bancario europeo y a no menos del 50% de las entidades financieras de cada país de la región.

Los integrantes del G-20 temen, porque saben a ciencia cierta que puede ser posible, que la crisis fiscal que enfrenta buena parte de la Eurozona termine por frenar la incipiente recuperación de la economía mundial después de la crisis económica global y se entre nuevamente en un peligroso proceso de recesión.

Este tema está desplazando hoy por hoy en la agenda del grupo internacional a aquellos relacionados con la reforma financiera que enfrentan muchos de los países miembros.

El hecho de reforzar la supervisión de las entidades financieras para evitar nuevos desbordes que conduzcan a crisis como la que todavía se está viviendo es compartido por todos, a pesar de las diferencias que se plantean sobre cómo implementar esa supervisión y los eventuales nuevos impuestos al accionar financiero de alto riesgo.

Lo que nadie quiere, por supuesto, es que esta crisis termine tomando la forma de una “W”, es decir que después de la recuperación se vuelva a caer en otra profunda crisis.

El ministro de economía de Sudáfrica, Trevor Manuel, sintetizó en parte el pensamiento de todos sus colegas al manifestar que “es importante que todos nos demos cuenta de cuán frágil es la recuperación”.

Pero lo concreto es que el panorama evolucionó (o involucionó) de forma tal que las recetas que aparecieron como salvadoras en las Cumbres de Londres o Pittsburgh, aquellas de mantener y reforzar los planes de estímulo, ya nadie se atreve a asegurar que ahora sean efectivas.

Por el contrario, sobre todo en Europa se habla por estos días de potenciar los planes de ajustes del déficit, algo diametralmente opuesto a lo conversado e implementado en anteriores reuniones.

Todos estos son los grandes interrogantes a los que deben hacer frente los ministros de economía del G-20 reunidos en la ciudad de Busán en Corea del Sur, como preparatoria de la reunión de los presidentes de las naciones del G-20 que se desarrollará en Toronto.

Falta para esta fundamental reunión, dadas las actuales circunstancias mundiales, menos de un mes y todavía la agenda de los temas a tratar está en discusión habida cuenta de la cantidad de frentes conflictivos que debe enfrentar el organismo que se erigió en el principal Foro mundial en la lucha contra la crisis.

El impuesto a la banca no debería faltar en la lista de temas a tratar, y de hecho seguramente será uno de los puntos vitales de la reunión, y todavía hay abismales diferencias sobre la manera de implementarlo para que sea lo más efectivo posible en estos cruciales momentos para la economía mundial.

Durante su discurso en el V Foro Hispano-Alemán, el vicepresidente segundo y ministro de economía del Gobierno español, Pedro Solbes, aseguró que tendrán apoyo del Estado sólo las entidades financieras que durante la crisis hayan actuado en forma correcta y que hoy en día no tengan grandes y graves problemas de solvencia.

Advirtió asimismo que aquellas entidades que no reúnan esos requisitos deberán dejar su lugar en el sistema.

Durante su intervención , Solbes señalo con total claridad que las entidades que no sean capaces de asegurar su solvencia y lograr un equilibrio en sus balances deberán dejar el sistema financiero español para evitar así que se generen distorsiones que puedan complicar aún más la ya difícil situación.

Sin embargo, aseguró el apoyo del Estado para las entidades que juegan un papel fundamental y que durante la crisis se hayan desempeñado de manera correcta en lo que atañe a la sanidad y solvencia de sus cuentas.

Señaló en forma metafórica que en algún momento habrá que darles muletas a la banca y quitarles las actuales sillas de ruedas, puesto que el tema es volver a andar por sus propios medios y esforzarse por restablecer el normal funcionamiento de los mercados financieros.

No obstante, Solbes dijo que el apoyo público podría suponer la recapitalización de algunos bancos y la modificación de mecanismos como el Fondo de Garantía de Depósitos con acciones temporales y dirigidas específicamente por parte del Estado.

El discurso de Solbes va en concordancia con los dichos del presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín, quien también manifestó que si se ayuda a sobrevivir a entidades poco viables, se debilitará todavía más al conjunto de los Bancos, demorando y entorpeciendo la recuperación de la economía real.

Al igual que Solbes, Martín también se opone a la inyección de capitales públicos en forma indiscriminada, sin estudiar detenidamente cada caso para no aumentar la crisis económica existente.

Las bolsas de valores de Europa abrieron sus puertas con los ecos de la estrepitosa caída de anoche en Wall Street (Dow Jones -3,41%), seguida de Tokio (-1,46), que llegó al índice más bajo desde hace 26 años en el mercado bursátil.

Los números fueron parejos en todas las regiones: Bruselas muestra una disminución de 0,86%, 0,74% la bolsa de Zurich, París cayó un 0,64%, 0,79% la de Amsterdam, Frankfurt un 0,74%, 0,3% la de Londres y Madrid un 0,66%.

Como ya se indicó, el Nikkei bajó -1,46%, ubicándolo en el nivel menor de los últimos 26 años, un triste récord que no pone contento a nadie, aunque en la última parte del día hubo una cierta recuperación, en parte también inducida por el Ministerio japonés de Finanzas que, se dijo, estudiará las medidas del gobierno para apoyar el mercado bursátil nacional.

Este mismo índice había alcanzado los 7.155,16 puntos, por lo tanto, muy por debajo del umbral de 7.162.90, que había marcado el 27 de octubre del año pasado al concluir el nivel más bajo alcanzado en 26 años, o sea, desde 1982.

Los sectores más castigados son el bancario y el de seguros. Por su parte, en Italia continúa el derrumbe de Fiat (que pierde más del 5%), después de rebajar su deuda de Moody’s.

Durante el día de ayer, los dimes y diretes acerca de la nacionalización de un número no determinado de acciones del Citibank provocaron que el Dow Jones Industrial de Nueva York se hundiera hasta sus niveles más profundos desde el año 1997: descendió la friolera de 251,4 puntos, (-3,41%) y quedó alrededor de los 7.114 básicos. El resto de los mercados financieros tuvieron similar predisposición negativa.

En otro orden de cosas, Los Estados Unidos notificaron sobre nuevas medidas de recapitalización de entidades financieras a cargo del Estado, condición que prepara la muy esperada nacionalización de bancos.