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Finalmente los ministros de economía de la Eurozona aprobaron el pasado fin de semana el rescate financiero que había pedido en su momento Portugal.

Este rescate supone desembolsos por 78.000 millones de euros a lo largo de los próximos tres años. La aprobación se había retrasado algo por las exigencias presentadas por Finlandia, las que finalmente fueron aceptadas por los portugueses.

En medio del escándalo que supone la detención del director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, este organismo se va a hacer cargo de un tercio de la ayuda, es decir 26.000 millones de la moneda común.

Los dos tercios restantes van a ser aportados por partes iguales por los dos fondos europeos que se constituyeron en mayo del año pasado, el MEEF y el FEEF, con garantía de la Comisión Europea y los propios Estados respectivamente.

Elena Salgado, la vicepresidenta de España, aclaró desde la ciudad de Bruselas que su país va a avalar entre 4.500 y 5.000 millones de euros, asegurando que no se trata de un préstamo sino de garantizar las emisiones, al tiempo de afirmar que esa cifra ya está en el presupuesto español, que es lo verdaderamente importante.

Las declaración del Eurogrupo informa que Portugal se compromete a alentar a los inversores privados a mantener su actual situación en base a un programa de ajuste creíble y viable.

Por su parte, el ministro de Finanzas luso, Fernando Teixeira, manifestó que el programa de ajustes fiscales y reformas legales “cumple con todas las condiciones exigidas por Finlandia”.

En cuanto a la situación de Grecia, la concesión a este país de una nueva ayuda debido a la remodelación del plan de ajuste existente hasta el momento también fue tratada en la reunión pero la decisión final quedó aplazada hasta junio mientras se esperan los informes de las misiones del FMI, del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea, que se encuentran actualmente en Atenas.

Los griegos están a la espera de un alargamiento del vencimiento de los créditos y de una baja de los tipos de interés, cosas de las que muchos ministros de Finanzas de la región no están demasiado convencidos.

Como fuere, el gobierno de Atenas se verá obligado a producir más ajustes, privatizaciones y reformas, con las seguras revueltas sociales que eso conllevará.

El Gobierno de Portugal anunció en las últimas horas un agresivo plan de austeridad en una apuesta por reducir el elevado déficit público que muestra su economía como consecuencia de la crisis global.

Este plan contempla entre otras medidas un fuerte recorte del gasto público y recomienda en cierta forma la idea de la “contención salarial”.

El Poder Ejecutivo está trabajando sobre varias ideas, entre las cuales figura un nuevo impuesto de alrededor del 45% para aquellas personas que tengan una renta anual que supere los 150.000 euros.

Además el ministro de finanzas portugués, Fernando Teixeira, dio a conocer otras medidas de inminente aplicación elevar las tasas a las plusvalías obtenidas en la Bolsa al 20%, poner un límite a los salarios de los funcionarios, recortar las prestaciones sociales y retrasar la puesta en marcha de algunas importantes obras de infraestructura, como el AVE entre Lisboa, Oporto y Vigo.

Esta última medida puede que reduzca algo los gastos estatales, pero seguramente irá en detrimento del empleo que obras de esta envergadura generarían en la castigada sociedad lusitana.

Teixeira aseguró que el sueldo de los funcionarios públicos va a ser congelado durante todo el presente año y ya advirtió que no debe haber muchas expectativas en cuanto a que los salarios puedan ser equiparados a lo largo del año a las cifras inflacionarias.

Portugal está a punto de embarcarse en un plan de fuerte contención salarial, probablemente como nunca antes haya ocurrido. Este camino de salarios bajos y contenidos se hará por supuesto extensible a todos los trabajadores de las empresas públicas, además de invitar al ámbito privado a sumarse a esta medida tan impopular como inquietante.

Al igual que lo que está ocurriendo con Grecia y España, el plan va a ser enviado a Bruselas para su consideración y aprobación, y espera reducir el déficit público hasta un 2,8% en el año 2.013, desde el 8,3% con que se ha cerrado el ejercicio económico del 2.009.

Al mismo tiempo que se espera el visto bueno de Bruselas, Portugal intenta convencer a los mercados de la seriedad del plan adoptado para bajar los números rojos de la economía portuguesa, el mismo problema que en estos momentos también enfrentan, como decíamos, España, Grecia e Irlanda.