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Las quejas de los Bancos contra el Gobierno de España se están escuchando cada vez más. Primero fue por exigirles subir las provisiones contra la morosidad, mientras desde el exterior se les pide más capital.

Después fue el hecho de haber sido obligados a pagar la reestructuración de las Cajas españolas con dinero del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Y ahora, desde el pasado viernes, se les obliga a aceptar la dación en pago como última posibilidad para aquellos que no puedan hacer frente a los créditos hipotecarios contraídos.

Pero a la par del enojo la situación se asemeja cada vez más a la resignación. Los Bancos sienten que perdieron influencia para parar a un Gobierno que decidió compensar amargas medidas sociales con duras exigencias a la banca.

Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno, presentó el viernes pasado el código de buenas prácticas para hacer más flexible la situación de quienes en el umbral de la exclusión no pueden pagar sus hipotecas.

Y al final del camino el objetivo último es evitar los desahucios mediante la dación en pago, es decir la devolución de la casa al Banco en pago del crédito pendiente.

La vicepresidenta aclaró que el código de buenas prácticas tendrá carácter retroactivo, o sea que las entidades que se comprometan a aplicar el acuerdo, podrán poner en práctica estas medidas para los actuales procesos de desahucio. Pero va a depender de en qué momento procesal se encuentre el trámite para determinar si la persona puede acogerse a estas nuevas condiciones.

De acuerdo a fuentes judiciales confiables, hay unos 300.000 procesos abiertos y alrededor de 150.000 desahucios llevados a cabo. Las autoridades esperan que la gran mayoría del sector financiero se acoja a este nuevo código, ya que cree firmemente que “todos debemos hacer grandes esfuerzos en estos momentos tan difíciles para el país”, según palabras de la vicepresidenta.

Pero lo cierto es que las entidades están en contra de la dación en pago porque si bien esto figura como “voluntario” es en realidad una obligación, ya que nadie puede oponerse al Gobierno, que es el que manda.

Para poder estar incluido en este plan de flexibilización, todos los integrantes de la familia deben estar en paro. Las cuotas hipotecarias deben superar el 60% de los ingresos familiares y sólo debe poseerse una vivienda. Además las condiciones varían de acuerdo a las ciudades y a las eventuales rentas de trabajo o actividades económicas.

De acuerdo a lo que indicó hace apenas unas horas la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Elena Salgado, los Bancos, Cajas y Cooperativas de España van a tener que aportar el doble de lo que hasta ahora debían depositar al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Este Fondo tiene actualmente depósitos por alrededor de 6.500 millones de euros y debido a esta nueva iniciativa va a poder recaudar anualmente aproximadamente unos 1.600 millones.

La propia ministra de Economía explicó que gracias a esta medida, que ya había sido adelantada a principios de octubre, se espera que el proceso de reestructuración del sistema financiero español no tenga costes para el contribuyente, de la misma forma que tampoco lo tienen los préstamos realizados a las distintas entidades a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Salgado acordó subir el límite legal de las cuotas que aportan las entidades al FGD desde el 2 por mil hasta el 3 por mil de los depósitos.

Hasta ahora ese límite se ubicaba entre el 0,6 y el 1 por mil, de acuerdo al perfil de las entidades financieras de que se tratase.

El FGD cubre los depósitos de hasta 100.000 euros de los usuarios y desde ahora realizará las actuaciones necesarias para reforzar el funcionamiento y la solvencia de cualquier entidad en problemas.

Con esta subida de las aportaciones de la Banca, el Ejecutivo espera duplicar las estimaciones de los 1.600 millones actuales. Lo concreto es que Salgado aseguró varias veces que el proceso de reestructuración en España tendrá un “coste cero” para los contribuyentes.

El sector bancario ve la medida como una penalización extra en un momento difícil. Para la Asociación Española de Banca (AEB) “resulta a la vez sorprendente e injusto que se incrementen las contribuciones”.

La patronal agrega que estas entidades “no solamente no recibieron ayudas públicas sino que ya han aportado el patrimonio que tenían históricamente constituido en su fondo de garantía.

Así es que la AEB le reclama a las autoridades económicas que se establezca una hoja de ruta “clara y transparente” para poder hacer frente de manera definitiva a la inconclusa reestructuración del sistema financiero.

Acerca de la posibilidad de crear un Banco malo donde agrupar los activos inmobiliarios, Salgado afirmó que el actual Gobierno hizo la tarea que le correspondía y sobre esta nueva iniciativa debe pronunciarse el futuro Poder Ejecutivo.

El Consejo de Ministros aprobó hace apenas unas horas un real decreto que se relaciona íntimamente con las políticas de las remuneraciones del sector financiero.

Esta nueva legislación pone en vigencia una serie de requisitos que a partir de ahora van a tener que cumplir las entidades de crédito de España (Bancos y Cajas) y las empresas de servicios de inversión.
Con estas medidas se intenta incentivos considerados “perversos” que hagan que los directivos tomen decisiones que pongan en riesgo el patrimonio de las entidades.

Parte de esas nuevas medidas establecen que entre el 40 y el 60% de la retribución variable se difiera como mínimo tres años. Por otro lado, no menos del 50% de esas retribuciones variables deberán ser cobradas en acciones o formas de pago similares.

En las entidades que reciban apoyo financiero público, esta parte variable del sueldo de los directivos sólo se hará efectiva si a juicio del Banco de España las causas para abonar esa suma “están debidamente justificadas”.

Pero además de ese plus que cobran los banqueros, será la remuneración total de cada uno de ellos la que podrá estar limitada por el propio supervisor bancario.

La idea es evitar de esta forma que muchas entidades incrementen sustancialmente los salarios fijos para compensar la eventual eliminación de la parte variable, de acuerdo a lo que el mismo sector advirtió que podría llegar a ocurrir.

Este real decreto dado a conocer recientemente también incluye un nuevo régimen de contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), para intentar enfriar la llamada “guerra del pasivo” que obligan a las entidades a aplicar intereses excesivamente altos a sus depósitos para realizar contribuciones adicionales al Fondo.

De esta forma los importes que sean recibidos por los clientes y que excedan los límites que se hayan fijado se van a ponderar en un 500% para calcular los aportes al FGD, o lo que es lo mismo se van a multiplicar por cinco.

A partir del mes en que se publique la norma, los intereses en los depósitos de hasta 90 días no podrán superar en más de 150 puntos básicos el euríbor a ese plazo, lo que hechas las cuentas con la situación actual supone un interés máximo del 2,934%. Entre 3 y 12 meses el interés no podrá ser superior a 3,214%, o 150 puntos básicos sobre el euríbor a seis meses.

Para los de más de un año, el interés será del 3,137%.