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En los últimos días del año pasado representantes de Unión Progreso y Democracia (UPyD) le pidieron al Banco de España que inicie una investigación para determinar la compatibilidad entre las retribuciones por prejubilaciones a exdirectivos de Caja Segovia y la percepción de fondos públicos a través del FROB que recibe la Caja.

Además le pidió que requiera a los órganos pertinentes de esa entidad que hagan público el plan de jubilaciones, el que según indican podría llegar a los casi 69 millones de euros.

En el escrito que se presentó en la sede central del Banco de España en la ciudad de Madrid, UPyD asegura que en el año 2.006 se aprobó un plan de prejubilaciones para miembros de la alta dirección, que estaría vigente hasta el año 2.018 y contaría con una dotación de 1,5 millones de euros. Este plan crecería progresivamente hasta el año 2.010. En ese momento Caja Segovia muestra una cifra en sus cuentas de 51,56 millones de la moneda común. Y junto a esta cifra UPyD asegura que hay otra póliza similar de 17,19 millones que llevaría los guarismos finales a los 68,75 millones de euros.

UPyD sostiene ante el Banco de España y los tribunales correspondientes que Manuel Escribano, exdirector de la Caja, no va a percibir 6 millones brutos en diez años sino que esa cifra se duplica hasta los 12 millones.

Además Escribano se reservó el cargo de asesor del presidente de turno, por lo cual percibirá también dietas y gastos.

Los representantes de UPyD creen que no existe en toda Europa una entidad mercantil, ya sea pública o privada, que pueda soportar un plan de prejubilaciones semejante o siquiera parecido al de Caja Segovia. Y exigen al Banco de España que compruebe si se ha respetado la legislación europea vigente sobre las remuneraciones del sector financiero y los riesgos de inversión tomados por las entidades sobre todo en el sector inmobiliario tal como llevó adelante Caja Segovia en los últimos tiempos.

La tesis que esgrime UPyD es que hay muchas inversiones inmobiliarias de Caja Segovia que se debieron a préstamos fallidos. Éstos, en vez de ser contabilizados como tales, se decidió la compra de las entidades para ir dotando la depreciación de esas inversiones en lugar de los impagos correspo0ndientes, en un concreto y flagrante delito.

Alberto Núñez Feijoó, el presidente de la Xunta, hizo el anuncio en las últimas horas acerca de la presentación que harán de un recurso en lo contencioso-administrativo en contra de la valoración que hizo el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) sobre el valor de Novacaixagalicia antes de que se procediese a su nacionalización.

En esas circunstancias el FROB valoró la Caja, que es el resultado de la fusión que se produjo entre Caixa Galicia y Caixanova, en la suma de 181 millones de euros, es decir con un descuento de más del 90%, concretamente el 92%, de su valor en libros.

A pesar de que en ese momento la Xunta aseguró que esa valoración contó con el visto bueno de la administración autónoma de Galicia, y que esa cifra supondría alcanzar el 15% del nuevo Banco en el cual se iba a integrar, ahora Núñez Feijoó consideró que la valoración fue en su momento “injusta”, y debido a ello esto se tradujo en la reducción de la participación de la Caja a apenas un 6,8% de Novagalicia Banco.

Pero ahora se tomó la determinación de no presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, como lo hizo la Xunta en ocasión de impugnar el decreto de recapitalización del mes de febrero de este año, sino que se presentará ante la Administración.

Las razones de carácter jurídico que esgrime la Xunta y en las que se basa el reclamo es que fue el comprador el que en su momento determinó el precio de la operación de venta y en que no se conocen los criterios que se aplicaron para llegar a esa valoración.

La Xunta dice que la rebaja que se estableció respecto del valor en libros no puede ser comparada a la que se llevó a cabo con otras entidades que, con menos de la mitad de los activos que tenía Novacaixagalicia, fueron en su momento valoradas por el FROB hasta siete veces más que ésta.

Núñez Feijoó se comprometió hacia fines de la semana pasada a defender a ultranza la supervivencia de Novagalicia Banco, y a principios de esta semana debió aceptar que éste pueda desaparecer a consecuencia de una nueva y predecible ola de fusiones que pueden llevarse a cabo para lograr “desatascar el crédito”. Al respecto el presidente de la Xunta admitió que “si el Banco es capaz de capitalizarse tiene futuro, de lo contrario es evidente que estará en problemas de los que muy probablemente no pueda sobreponerse”.

Mariano Rajoy, el flamante presidente del Gobierno de España, está decidido a actuar rápidamente en la reestructuración del sector financiero del país. Ya en su discurso de investidura dijo textualmente que “la culminación del proceso de reestructuración del sector financiero” se debía cerrar “en los seis primeros meses del año”.

Con estas medidas pretende regresar a niveles crediticios medianamente aceptables al crear entidades que sean rentables, fiables y solventes. Pero para esta declarada urgencia se presenta un problema que habrá que resolver.

Los gestores de NovaGalicia Banco y CatalunyaCaixa tienen de por sí un año de plazo para buscar inversores, de acuerdo a lo que dice el Real Decreto de Reestructuración. Y esto supone que hasta fines de setiembre del año próximo el Estado no podrá vender la mayoría de las acciones, las que son propiedad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Si alguien quisiera comprar a las entidades gallega o catalana antes de ese plazo, debería contar indefectiblemente con la aprobación de sus actuales gestores, se recuerda en los pasillos de las entidades afectadas.

En el mundillo de los banqueros se pidió al PP que cambie el Real Decreto para terminar con esta condición y permitir que se pueda empezar cuanto antes con la reestructuración, sin trabas en el horizonte. Los banqueros pretenden que se siga el modelo de la CAM con las posteriores adquisiciones, el que fue muy criticado por algunas Cajas por considerarlo “excesivamente generoso”.

Algunas fuentes no oficiales de las dos entidades afectadas admitieron que, de acuerdo a como está el mercado financiero español hoy en día, puede pasar cualquier cosa, aunque lo normal sería que se respetaran los tiempos establecidos.

Ambas Cajas afirman tener bastante avanzada la búsqueda de inversores privados, y si se produjese un brusco cambio en el planteo de la situación por parte de las autoridades esto significaría terminar con estas negociaciones. De cualquier manera, hay muchas dudas de que en sólo un semestre se pueda reordenar el sector, sobre todo porque el nuevo Jefe de Gobierno no ha pronunciado palabra sobre cómo lo hará, ni cuánto va a costar, ni quién lo va a pagar, que es lo más importante para el sector.

Desde el seno de la Comisión Europea se salió al paso del discurso de Rajoy advirtiendo que bajo ningún concepto deberá darse dinero público a entidades que no vayan a ser viables.

Con Unnim, es decir la unión de las Cajas Sabadell, Terrassa y Manlleu, se pretende seguir el mismo camino y modelo que en el caso de Cajasur, la que se colocó dos meses después de su intervención a la BBK.

Pero la diferencia es que la entidad catalana posee activos por alrededor de 29.300 millones de euros frente a los 19.000 millones de la misma moneda de Cajastur. El Estado de España “invirtió” 948 millones y de esa forma controla el 100% de las acciones.

Lo concreto es que en una semana va a estar listo el cuaderno de venta que elaboró el Banco de inversión Nomura. En este documento se presentará un detallado análisis financiero que contendrá el riesgo asumido, la gestión actual y a futuro, y otros temas de interés para los interesados en la operación.

Después de ese paso se enviará la convocatoria de subasta y el mencionado cuaderno a unas quince entidades. De ellas, las interesadas deberán hacer una oferta preliminar y no vinculante. De acuerdo a los tiempos previstos para toda la operación, esta parte deberá estar finalizada antes de que termine el mes de enero.

A posteriori el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) va a seleccionar las entidades que pueden pasar a la segunda ronda. Y éstas van a acceder a los ejecutivos de Unnim y a documentos internos de la entidad para poder calcular las pérdidas que se originarán sobre la cartera de créditos y otros aspectos de la contabilidad interna. Entonces el FROB concretará las normas de venta.

Finalmente, tras este completo análisis de la situación, se procederá a las ofertas formales y vinculantes de las que saldrá el ganador. El Banco de España espera que todo el proceso anteriormente citado esté concluido para el mes de marzo del año entrante, para entonces empezar con el Banco de Valencia.

Seguramente, y de acuerdo a lo que sucedió con la CAM, el comprador de Unnim pedirá un esquema de protección de activos por el cual el Fondo de Garantía se quedará con el 80% de los morosos que aparezcan tras la compra de la entidad.

Recordemos que las últimas cuentas públicas de Unnim son del mes de junio pasado y en ellas se declaró un beneficio de 25,4 millones de euros después de un ingreso extraordinario de 34 millones.

Pero el FROB está recalculando las provisiones, por lo que se espera que la entidad entre en pérdidas en el mes de diciembre.

De acuerdo a lo que indicó hace apenas unas horas la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Elena Salgado, los Bancos, Cajas y Cooperativas de España van a tener que aportar el doble de lo que hasta ahora debían depositar al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Este Fondo tiene actualmente depósitos por alrededor de 6.500 millones de euros y debido a esta nueva iniciativa va a poder recaudar anualmente aproximadamente unos 1.600 millones.

La propia ministra de Economía explicó que gracias a esta medida, que ya había sido adelantada a principios de octubre, se espera que el proceso de reestructuración del sistema financiero español no tenga costes para el contribuyente, de la misma forma que tampoco lo tienen los préstamos realizados a las distintas entidades a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Salgado acordó subir el límite legal de las cuotas que aportan las entidades al FGD desde el 2 por mil hasta el 3 por mil de los depósitos.

Hasta ahora ese límite se ubicaba entre el 0,6 y el 1 por mil, de acuerdo al perfil de las entidades financieras de que se tratase.

El FGD cubre los depósitos de hasta 100.000 euros de los usuarios y desde ahora realizará las actuaciones necesarias para reforzar el funcionamiento y la solvencia de cualquier entidad en problemas.

Con esta subida de las aportaciones de la Banca, el Ejecutivo espera duplicar las estimaciones de los 1.600 millones actuales. Lo concreto es que Salgado aseguró varias veces que el proceso de reestructuración en España tendrá un “coste cero” para los contribuyentes.

El sector bancario ve la medida como una penalización extra en un momento difícil. Para la Asociación Española de Banca (AEB) “resulta a la vez sorprendente e injusto que se incrementen las contribuciones”.

La patronal agrega que estas entidades “no solamente no recibieron ayudas públicas sino que ya han aportado el patrimonio que tenían históricamente constituido en su fondo de garantía.

Así es que la AEB le reclama a las autoridades económicas que se establezca una hoja de ruta “clara y transparente” para poder hacer frente de manera definitiva a la inconclusa reestructuración del sistema financiero.

Acerca de la posibilidad de crear un Banco malo donde agrupar los activos inmobiliarios, Salgado afirmó que el actual Gobierno hizo la tarea que le correspondía y sobre esta nueva iniciativa debe pronunciarse el futuro Poder Ejecutivo.

Un profesional del sector asegura que hacia el año 2.006 en la Comunidad Valenciana “la vivienda no se vendía, sino que se despachaba”. Y este comentario es un claro ejemplo de lo exultante que estaban por aquel entonces todas las vertientes que tuvieran que ver con el negocio de la construcción residencial.

Las nuevas viviendas a lo largo del litoral mediterráneo se vendían en el mercado apenas sobre los planos, sin siquiera esperar los cimientos. Y la necesidad de mano de obra, generalmente inmigrante, también requería de nuevas viviendas más modestas para vivir.

El Banco de Valencia operaba en un territorio que había sido bendecido por la promoción inmobiliaria. Bancaja tomó el control de casi el 40% del Banco y se transformó en el colchón que necesitaba un Banco conservador como el de Valencia para dar el gran salto que el momento requería.

José Luis Olivas tomó la presidencia del Banco en un momento inmejorable, en enero del 2.004. Y poco después presentaba un resultado en donde el volumen del negocio superaba por vez primera los 12.000 millones de euros.

Para los accionistas la rentabilidad no paraba de crecer. En el 2.004 fue del 65%, y los directivos del Banco anunciaban nuevos planes de expansión con oficinas en toda España.

Incluso las leyes valencianas permitían el uso del suelo sin ser dueño del mismo y la rentabilidad de la construcción no encontraba equivalente en ninguna otra actividad.

Todo siguió sobre ruedas marchando cada vez mejor, con inversiones crediticias por parte del Banco que crecían a un ritmo del 30% anual, hasta que en el año 2.007 ya comenzaron a detectarse algunos síntomas de alarma, al punto que Olivas calificó a ese año como “especial”.

2.007 cerró para el Banco con beneficios del 20%, pero se notaba que algo no estaba bien, que iba a suceder algo inconveniente. Hasta que la burbuja inmobiliaria se infló tanto que terminó por estallar.

El primer golpe duro y público por su dimensión fue cuando Polaris, una inmobiliaria con grandes proyectos en Murcia, colocó entre sus acreedores propiedades por un valor de casi 1.000 millones de euros.

Bancaja y el Banco de Valencia y Murcia fueron las instituciones más afectadas.

A partir de ese momento los quebrantos se multiplicaron exponencialmente y el Banco de Valencia acumuló entre sus activos promociones incompletas y una cantidad de suelo cuyo valor está hoy puesto en duda por el Banco de España.

Finalmente la inyección de 1.000 millones de euros por parte del FROB para mantener a flote a la entidad valenciana obligó a Olivas a renunciar recientemente a la vicepresidencia del Banco Financiero y de Ahorros y a la vicepresidencia de Bankia.

Las instituciones financieras de Valencia parecieran haber caído en una catarata de problemas. Comenzaron con las dificultades de encaje de Bancaja en su fusión con Caja Madrid. Después sobrevino la quiebra de la Caja Mediterráneo, cuya subasta se intentará terminar a finales de este mes.

Y en las últimas horas apareció otro dolor de cabeza de aquéllos…: el Banco de Valencia.

Esta entidad está ahora integrada en el Banco Financiero y de Ahorro (BFA) y se ha detectado un déficit de provisiones de alrededor de 800 millones de euros. BFA planea ingresar a la ampliación de capital con su porcentaje correspondiente, unos 300 millones de euros.

Y es entonces el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) quien completaría la ampliación necesaria.

Elena Salgado, la vicepresidenta económica del Gobierno, dijo textualmente que “En primer lugar tendría que llevar a cabo esa aportación de capital la matriz de Bankia. En todo caso, el FROB tiene unas facultades y lo que no podemos hacer es tener una entidad financiera en nuestro sistema financiero que precisa de ayuda y esa ayuda no se le proporciona”.

Esto debe ser así porque cualquier problema que pueda surgir en el sistema financiero y que pudiera conducir a un déficit en el presupuesto del Estado debe ser financiado por el FROB, es decir por el propio sistema.

Hasta finales de octubre José Luis Olivas era el presidente ejecutivo del Banco de Valencia y el vicepresidente de Bankia. El 28 de ese mes decidió dejar el cargo y ser sustituido por Aurelio Izquierdo.

Esto causó un profundo malestar en los altos directivos de BFA y Bankia, porque consideraron que esta renuncia podía entorpecer la venta del Banco de Valencia, la que era intensamente buscada por BFA desde hacía varios meses, conscientes del déficit de capital de la institución.

El 31 de octubre Rodrigo Rato, presidente de BFA y Bankia, dijo que la marcha de Olivas se había producido sin su consentimiento y que esto podía ser altamente negativo para los intereses del grupo. Ahora el enfrentamiento entre ambos coloca a Olivas en una delicada situación, porque se lo considera responsable de gran parte de los problemas que hoy presenta el Banco de Valencia.

Su futuro en el sistema dependerá de cómo se resuelva el problema, que obviamente deberá ser de una forma no traumática.

Por una razón u otra, Novacaixagalicia está por estos días en boca de todos.

La salida de varios directivos de la Caja gallega como resultado de la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova y poco antes de su nacionalización por parte del Banco de España está presentando más de un problema dentro del sector financiero de España.

Teniendo ya como antecedente el fulminante despido de la ahora ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, por parte de los administradores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) a consecuencia de los arreglos que había pactado la directiva en caso de ser cesada en su cargo, por estos días las sospechas apuntan sus cañones a Novacaixagalicia (NCG), la entidad de la que el Estado español pasó a controlar el 93% a partir del viernes de la semana pasada.

Fuentes cercanas y confiables a NCG indican que el ex director general de la entidad, José Luis Pego, habría recibido alrededor de ocho millones de euros en concepto de “prejubilación e indemnización”.

Pero al parecer no sería el único directivo en haber recibido fuertísimas sumas de dinero. El ex director adjunto de la oficina de integración, Oscar Rodríguez Estrada, también podría haber cobrado unos siete millones de la moneda común, al mismo tiempo que el ex encargado del grupo inmobiliario Gregorio Gorriarán, que se habría llevado a su casa no menos de cinco millones de euros.

Otras fuentes de también mucha credibilidad indican que el único que habría renunciado a buena parte del dinero que le correspondía como alto directivo de la entidad por su salida de la misma fue Javier García Paredes, el ex director general adjunto de la Caja.

Pero las críticas y el disconformismo no sólo se centran en las salidas que se derivan de la llegada del nuevo presidente de NCG Banco, José María Castellano y de su número dos César González Bueno, sino que también alcanzan a los dos hijos del ex presidente de Caixa Galicia, José Luis Méndez, que hasta ahora ocupaban puestos directivos importantes en la entidad. Ellos son Yago Méndez Pascual y José Luis Méndez Pascual, uno director de empresas para fuera de Galicia y el otro consejero delegado de la Corporación.

Las informaciones sobre estas indemnizaciones fueron solicitadas por fuentes sindicales en varias oportunidades al gobierno de la entidad, hasta ahora sin éxito alguno. Y le reclaman al Banco de España que inicie rápidamente las investigaciones del caso del mismo modo que se ha hecho en la CAM.

Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, se mostró sorprendido y hasta cierto modo ofuscado al asegurar que esperaba “mucho más rigor” por parte del Banco de España al hacer la valoración de Novacaixagalicia. Le reprochó a la entidad emisora el hecho “de haber ejercido como comentarista en los últimos minutos del juego en vez de haber supervisado durante ocho años”, en una rara y clara metáfora.

El instituto emisor valoró a la entidad con un inusitado descuento del 93% de su capital para recibir ayuda del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), lo que trae aparejada su nacionalización y deja a la Caja en una mejor posición como accionista del nuevo Banco con una participación testimonial del 6,9%.

En un desayuno de trabajo que se realizó hace un par de días y al que asistieron entre otros la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la ciudad, Feijóo hizo mención a la fusión de Caixa Nova y Caixa Galicia y destacó asimismo que existen muchas expectativas para la recapitalización de Novacaixagalicia, con inversores privados de modo que no le cueste dinero al Estado.

Después de destacar las improvisaciones y errores que han regulado este “desastre de gestión financiera” Feijóo criticó el hecho de que se valore el patrimonio común de las Cajas en la misma semana en que las propias autoridades del Gobierno se dieron cuenta de que no podían vender Loterías y Apuestas del Estado, agregando que algún día alguien deberá dar cuenta de esto.

El presidente gallego insistió en que no está de acuerdo con la valoración que se le hizo a Novacaixagalicia y comentó que en estos últimos años las Cajas perdieron parte de su valor al igual que todas las empresas de España, ya que todo vale ahora un 10 ó un 15% menos que lo que valían hace una década.

Feijóo continuó con sus declaraciones poniendo en muchos momentos en duda lo hecho por el Gobierno y el Banco de España, lo que dijo que será juzgado por los acontecimientos de los próximos años. En el mejor de los casos, matizó que no se puede “estar orgulloso” de la presente actuación.

Debemos recordar que el Gobierno que preside Feijóo nunca estuvo de acuerdo en que las Cajas gallegas se fusionasen con entidades de otras comunidades. Pero finalmente el muy mal estado de Caixagalicia terminó por arrastrar a Caixanova.

María Dolores Amorós, directora general de la intervenida Caja Mediterráneo (CAM), fue despedida por las autoridades del Banco de España de acuerdo a lo informado por fuentes oficiales de la entidad. Amorós pretendía cobrar una renta vitalicia anual de unos 370.000 euros, pero las mismas fuentes consultadas confirmaron que por tratarse de un despido disciplinario no corresponde abonarle indemnización alguna.

La salida de la ahora ex directora de la Caja se efectivizó 45 días después de que los nuevos administradores de la CAM, es decir los interventores del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) la suspendiesen y le quitasen sus atribuciones en el cargo.

El despido, bastante inesperado en estos momentos, se llevó a cabo el jueves pasado, y no va a eximir a Amorós de cualquier tipo de responsabilidad que pueda corresponderle por los problemas de gestión de la CAM. Es así que el Banco de España acusa entre otras cosas a la ex directora de presentar un balance engañoso de los resultados obtenidos por la entidad.

De acuerdo al FROB, la ejecutiva presentó en el mes de marzo pasado unos beneficios por unos 40 millones de euros en las cuentas del primer trimestre debido a que ocultó deliberadamente las fuertes provisiones que necesitaba la entidad. Fue en junio que el organismo que depende del Banco de España recalculó los números existentes y llegó a la conclusión de que la entidad registraba pérdidas por más de 1.136 millones de euros, al tiempo que presentaba una tasa de morosidad del 19%.

El ente emisor justificó este salto en los resultados ya que la CAM presentó sus cuentas en marzo después de romper el acuerdo de fusión con Cajastur. Entonces pudo cargar las pérdidas contra su propio patrimonio y presentar beneficios en sus balances.

Pero al quedar como una entidad independiente, no pudo repetir esta operación y los números recalculados por el FROB arrojaron las verdaderas pérdidas multimillonarias que en realidad tenía la CAM.

Debe recordarse la extrañeza que causó en el mercado el balance positivo del primer trimestre de la entidad cuando era de público conocimiento la muy mala situación de sus activos inmobiliarios.

La destitución de Amorós en su cargo en el mes de agosto fue anunciada por el Banco de España como una “suspensión temporal de empleo”, pero ahora se produjo el despido definitivo sin posibilidades de reclamar ningún tipo de salarios caídos.

La destitución de Amorós se produce unos pocos días después de que un colectivo de fiscales anunciase una demanda por prevaricato si la ejecutiva continuaba en el ejercicio de sus funciones.