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Recién comienza el año 2.012 y ya parecen echadas las cartas para la economía de España. Por lo bajo, la rueda de la economía va a seguir estancada durante todo el año en curso, e incluso es muy probable que retroceda nuevamente.

La escuela de negocios Esade emitió un informe que coincide con la mayoría de los analistas españoles e internacionales acerca de la actual coyuntura del país. Su departamento de Economía, con la firma de su director Fernando Ballabriga, indica que el PIB español oscilará en tasa interanual entre el 0,5% y el -0,5%.

Además salvo que la reforma laboral de choque dé inmediatos resultados, no hay posibilidades de que se produzca en el 2.012 una creación neta de empleo.

Ballabriga explica textualmente en el informe que “a finales de noviembre pensábamos que la economía española seguiría estancada en 2012, con un crecimiento entre el 0,5% al 0%; a finales de diciembre abrimos el rango de probabilidades al -0,5%. Ahora, gana fuerza la posibilidad de que haya una contracción”.

Y entre los motivos que esgrimió el economista para explicar esta constante revisión a la baja de la economía española afirmó que “el ajuste del gasto público en España y el empeoramiento de las perspectivas económicas en la zona euro, de la que depende, en buena medida, nuestro sector exterior”.

Destacó y respaldó el “tono general” de las primeras medidas que adoptó la administración de Mariano Rajoy después de que el Jefe del Gobierno confirmara que el déficit público superaba el 8% del PIB, pero cuestionó que la subida de impuestos con la que espera recaudar alrededor de 6.000 millones de euros se base en el IRPF y no en el IVA, porque así el mayor esfuerzo lo soportarán los salarios de la clase media y no los más pudientes.

Ballabriga aseguró que es muy claro que España debe hacer un fuerte ajuste de todo tipo, pero recalcó que por sí sola es muy difícil que consiga tener éxito. Consideró como “crítico” el soporte del BCE y de los países centrales del euro, con Alemania a la cabeza, para poder recuperar la confianza de los mercados financieros internacionales.

Finalmente indicó que está de acuerdo en que la parte sustancial del recorte del gasto público recaiga esta vez en las Comunidades Autónomas.

Fiel a su estilo, Mariano Rajoy no abandonó el término “depende” ni siquiera en su discurso de investidura del día lunes.

Lo que sí quedó claro es que en el próximo trimestre va a llevar a cabo un muy ambicioso plan de reformas “hasta el hueso”, con mucha profundidad.

Lo que no aclaró ante el pleno del Congreso de España es cuál es la forma en que llevará este plan adelante, ni siquiera cuáles son sus propuestas concretas. Es predecible suponer que habrá recortes, los que serán medidas tan impopulares como necesarias e inevitables.

Rajoy dijo textualmente en su discurso que “soy muy consciente de que no me enfrento a un escenario de halagos y lisonjas. Yo no he llegado a este momento para cosechar aplausos, sino para intentar resolver problemas”, en un claro recordatorio a la muy grave situación de crisis que está viviendo el país actualmente y que obligatoriamente llevará a toda la población a tener que hacer ingentes esfuerzos y sacrificios para salir adelante.

Sin demasiado entusiasmo en su discurso, porque ya se sabe que Rajoy no es dado particularmente a ser portador y trasmisor de alegrías, y porque además los debates de investidura son para toda la oposición trámites más que incómodos sobre todo después de una debacle electoral, así transcurrió todo el mensaje del nuevo Jefe del Gobierno español.

Todo el ambiente estaba impregnado entre la satisfacción de quienes recuperaron el poder después de casi ocho años de oposición y se mueven sigilosos ante el reparto de los nuevos cargos y la incomodidad manifiesta del derrotado que debe retirarse sin siquiera mirar para atrás.

En el medio de estos dos grandes grupos, las minorías de izquierda que por el momento se conformaron con dejar constancia de los derechos laborales y sociales, y el CiU que, a pesar de cierto “desprecio” por parte de Rajoy aspiran a ser los socios preferenciales del nuevo Gobierno.

Rajoy, que se convirtió este martes en el sexto presidente del Gobierno de la democracia, hizo un enunciado de sus propuestas, las que van desde la modificación del sistema de pensiones, una nueva reforma laboral, la reducción de los puentes y la acumulación de festivos, entre otras.

Y como “estrella” de las nuevas medidas gubernamentales, la drástica reducción del gasto público que afectará a todas las partidas excepto a las pensiones, las que volverán a ser revalorizadas de acuerdo al IPC.

La Comisión Europea (CE) recortó el jueves pasado su previsión de crecimiento para España tanto para este año como para el próximo, llevando la subida del PIB a 0,7% en ambos casos frente al 0,8 y 1,5% que había previsto en la pasada primavera. Se suma así al cambio de pronóstico, todos a la baja, que hicieron hace poco algunos organismos internacionales.

Y en el caso español se destaca principalmente el impacto de la crisis de deuda que está enloqueciendo a varios países de la región, el fuerte ajuste del gasto público y sus consecuencias en el crecimiento, la desaceleración en general de la economía mundial y el incipiente proceso de desendeudamiento tanto de familias como de empresas.

La CE advierte además que seguramente España va a incumplir los objetivos de déficit al que se comprometió durante el período fijado en el plan de estabilidad, que debería terminar con un 3% del PIB en el año 2.013.

Concretamente en Bruselas prevén un déficit del 6,6% del PIB para el año en curso, aún cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero sostiene que logrará cerrar el ejercicio ligeramente por debajo del 6%.

Lo cierto es que las autoridades comunitarias estiman que España necesita conseguir todavía 15.000 millones de euros más el año que viene y otros 23.000 millones adicionales a los previstos para el 2.013.

Y en la evolución de la deuda pública, actualmente en cerca del 65% del PIB, la desviación sobre lo previsto es todavía más significativa. Las autoridades gubernamentales esperaban que la subida de la deuda llegase a su techo en el 2.013, con prácticamente el 70% del PIB. Pero de acuerdo a las nuevas previsiones de la CE, este 70% se superará ya a finales de este 2.011 en curso. Y esta bendita deuda pública seguirá creciendo a buen ritmo hasta el año 2.013 cuando se espera que alcance casi el 80% del PIB español.

Para la CE el momento “crítico” es el paso del 2.011 al 2.012, porque la economía española se estancó en el verano y en este trimestre se contraerá al menos un 0,1%. Si la crisis comienza a ceder, no habrá recesión, pero de lo contrario España comenzará el 2.012 en medio de un nuevo proceso recesivo.

Mientras tanto el Gobierno sigue adelante con el pronóstico ficticio de que el PIB subirá un 2,3% en el 2.012 y un 2,4% en el 2.013.

La agencia de calificación crediticia Fitch recortó fuertemente su previsión de crecimiento para España para el año 2.012, llevándola del 1,6% calculada en su anterior informe del mes de junio hasta la actual 0,5%. De la misma forma, también bajó su previsión para el 2.013, llevándola desde 1,9% hasta la actual 1,5%, en una suerte de apuesta para que ello ocurra.

En la última publicación de su informe trimestral “Perspectiva Económica Mundial”, Fitch hace saber que la profunda austeridad fiscal que ha iniciado el gobierno español va a prolongar sin dudas el proceso de recuperación económica.

Sin embargo, y en cierta forma contradiciendo sus cifras anteriores, Fitch revisó levemente al alza sus previsiones para este año, llevándolas del 0,6 al 0,7% por el buen comportamiento general de la economía y las cuentas fiscales en el primer semestre del 2.011.

En el informe indica que, contrariamente a las expectativas de que la economía española apenas registraría cambios en el segundo trimestre de este año, el PIB subió un 0,2% si se lo compara con el trimestre anterior, cuando había subido ya un 0,4%.

La explicación de este fenómeno se puede encontrar en una fuerte e inesperada contracción de las importaciones del 3,7% y paralelamente de una menor caída en las exportaciones de tan sólo un 1,9%, lo que se tradujo en una mejora de la balanza comercial española.

Esta mejora pudo compensar el ininterrumpido descenso en la inversión de capital y el todavía muy débil crecimiento del consumo privado de los españoles.

Según Fitch, el gasto público que se había incrementado en el primer trimestre del año por estar a las puertas de las elecciones autonómicas y locales, cayó entre los mese de abril y junio más de un 2%, exactamente un 2,4%.

Para el 2.011 y el 2.012 las previsiones siguen siendo más pesimistas que las del gobierno, que prevé una subida del 1,3 y el 2,3% respectivamente.

Pero ya la vicepresidenta económica Elena Salgado ha reconocido que si las previsiones gubernamentales se hicieran ahora, “existe la posibilidad de que los datos no concordasen con los que se calcularon en su momento”.

Fitch remarca en su informe que el índice de parados sigue siendo muy elevado y se encuentra acompañado de un sector inmobiliario “altamente endeudado”, lo que está afectando la demanda interna española.
Prevé una tasa de paro del 21,1% este año, del 22,1% el año próximo y del 21% en el 2.013.

Ya parece estar definitivamente declarada y lanzada la batalla fiscal en el poder legislativo de los Estados Unidos.

El ala más conservadora del Capitolio, el Congreso estadounidense, se lanzó a la misma con todas sus armas apuntadas al “enemigo”.

Es así que la Cámara de Representantes aprobó en la madrugada del sábado de la semana pasada un gigantesco recorte de más de 60.000 millones de dólares (algo así como 44.800 millones de euros) en el gasto público que corresponde al actual ejercicio, sin tener en cuenta ni esperar la propuesta del presidente Barack Obama en su proyecto de presupuesto para el año 2.012.

En los estados Unidos el ejercicio fiscal de cada año comienza en el mes de octubre. Lo mismo hizo en octubre del año pasado, pero desde entonces la mayor economía del planeta se las viene ingeniando con un presupuesto paralelo de emergencia. Lo concreto es que el tiempo para las excusas se acaba.

En dos semanas se terminará el plazo constitucional para que las autoridades centrales con sede en Washington se pongan de acuerdo y de esta manera puedan ser aprobados los fondos necesarios como para financiar las actividades del gobierno durante lo que resta de este ejercicio.

La oposición republicana, después de casi cuatro días de intenso debate, pudo lograr sumar 235 votos a su iniciativa, que contempla drásticos recortes a los gastos públicos como por ejemplo en programas sociales cuya desaparición podría llegar a mellar la popularidad del presidente Obama.

La explicación a esta medida tan poco popular se da en el hecho de que los republicanos aducen que servirá para paliar en parte un déficit que este año va a alcanzar seguramente los 1,6 billones de dólares.

Pero no todo está dicho y la batalla promete tener todavía varios capítulos, porque ahora la medida debe pasar al Senado estadounidense que tiene mayoría demócrata, por lo que no son pocos los que creen que será rechazada de plano y deberá volver a la Cámara de Representantes para su eventual cambio.

Hace apenas unas horas el Foro Económico Mundial (FEM) publicó el Informe de Competitividad Mundial 2.010-2.011.

Suiza vuelve a repetir el liderazgo en dicho informe al igual que el año anterior, pero el caso de España es muy diferente, ya que ha retrocedido hasta el puesto número 42 de entre 139 economías del mundo que han sido “censadas”. De esta forma cae la economía española al nivel de países como Puerto Rico y Barbados.

El Índice de Competitividad Global (ICG) que aparece en el informe fue redactado por un reconocido grupo de siete economistas que tuvieron como coordinador al español Xavier Sala-i-Martin, y mide en una escala de cero a siete un total de doce diferentes factores como ser infraestructuras, mercado laboral, ambiente de negocios, mercado de bienes, mercado financiero, salud, educación inicial y tamaño absoluto del mercado de cada país verificado.

Si se compara este índice con el del año anterior, puede observarse que España cedió esta vez nueve posiciones, la que junto con Grecia constituye la mayor caída entre todos los países que fueron examinados.

El puntaje obtenido por los españoles esta vez fue de 4,49 puntos, lo que los empata con Puerto Rico y los coloca apenas un lugar por encima de Barbados.

Según el documento, la caída en la calificación de España puede atribuirse en su mayor parte a una cada vez mayor gestión negativa de los mercados laborales y financieros, además de la baja en la sofisticación de los negocios del país.

Algunos de los autores del informe destacan que en estos momentos España atraviesa por un “desequilibrio presupuestario grave”, especialmente si se tiene en consideración lo que concierne al gasto público, al que se suma los también serios problemas que se derivan del desempleo.

En el listado que se efectuó de los países de acuerdo a las políticas de contratación y despido, la situación española podría calificarse como pésima, ya que se encuentra en el puesto 137 de 139 posibles a nivel mundial.

Con respecto a los países de la Unión Europea, nuevamente España se ubicó en los últimos lugares de la lista, superando por ejemplo a Portugal e Italia pero lejos de naciones como Alemania, Finlandia, Holanda o Dinamarca.

Estados Unidos por su parte bajó del segundo al cuarto lugar en la lista.

Los diez países que encabezan el índice son del primero al décimo: Suiza, Suecia, Singapur, Estados Unidos, Alemania, Japón, Finlandia, Holanda, Dinamarca y Canadá.

Los datos que dio a conocer hace dos días el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) indican oficialmente que el gasto público de la administración del premier Silvio Berlusconi casi llegó en el curso del año pasado a los 800.000 millones de euros, cifra con la superó más del 50% de su Producto Interno Bruto (PIB), exactamente el 52%.

Además se dio a conocer que en el 2.009 Italia retornó a los mismos altos niveles de presión fiscal que tenía en el año 1.997, más de una década atrás.

El otro dato sugerente para tener en cuenta es que el peso fiscal sobre la riqueza nacional llegó a algo más del 43%, una cifra inédita hasta ahora.

La explicación oficial para esta subida del gasto público es el fuerte aumento que al parecer sufrieron los llamados gastos intermedios que se elevaron un 7,5%. Entre estos gastos se cuentan especialmente las prestaciones sociales que el gobierno otorga en dinero como las pensiones y los subsidios. Este “subrubro” tuvo una influencia que alcanzó el 36% de los pagos totales y se incrementó algo más del 5% con respecto al año anterior, el 2.008.

Otro gasto que se disparó más de la cuenta es el de la sanidad concertada, aquella que se prevé con anticipación y en cierta forma se pacta con el beneficiario, que subió un 4,4%.

Silvio Berlusconi tiene prácticamente como frase de cabecera desde el comienzo de la crisis económica global aquella que dice que “no se meterá la mano en el bolsillo de los italianos”.

Pese a la grandilocuencia de su discurso, Italia escaló dos lugares en la lista de los 27 países de la Unión Europea en cuanto a la presión que el fisco ejerce sobre los trabajadores. Está ahora ocupando junto con Francia el quinto lugar de la tabla, cuando a fines del 2.008 se encontraba en la séptima posición.

Para el ISTAT la subida de la presión fiscal se debe sin dudas a que la reducción del PIB italiano fue superior a la caída en la recaudación de impuestos, lo que desequilibró todavía más la ya maltrecha balanza interior italiana.

Por esta razón Berlusconi busca compensar el comportamiento negativo que en general presenta la recaudación impositiva con la fuerte subida de los impuestos extraordinarios, los que para el último ejercicio crecieron casi 12.000 millones de euros.

La oposición al gobierno salió a criticar fuertemente estas cifras, y como muestra bastan las declaraciones del diputado del Partido Democrático Michele Ventura, quien sarcásticamente proclamó a los cuatro vientos que éstos eran “los récords prometidos por el gobierno de Berlusconi”.

José Luis Rodríguez Zapatero confirmó que la semana venidera presentará un documento que contenga las medidas económicas más urgentes para hacer frente a la crisis derivada de la llamada crisis global que enfrenta España por estos días.

Estas medidas fueron acordadas en el marco del Pacto de Zurbano y el ejecutivo pretende ahora pasarlas a un decreto-ley de forma tal que se pueda lograr su inmediata puesta en marcha.

Zapatero agregó a las medidas ya acordadas una nueva línea de créditos blandos del ICO para beneficiar a las pymes, una reducción del IVA que en realidad ya aprobó el Congreso español, y medidas para fomentar el empleo, posiblemente el punto más álgido de la actual situación española.

El presidente del gobierno afirmó que espera “una actitud constructiva” que no obstaculice la marcha del plan por parte del PP y el resto de los grupos involucrados, aunque recordó que si no hay consenso, el Gobierno va a tomar igualmente las medidas que considere necesarias y urgentes.

Mariano Rajoy, el líder del PP, dijo desde Colombia donde se encuentra de viaje, que las decisiones del Gobierno fueron tomadas hace diez meses, en mayo del 2.009, y ahora parece ser que se llevarán a la práctica casi un año después.

Para él, este decreto-ley no es bueno ni malo sino indiferente si lo que pretende es parar la crisis económica. Vuelve a considerar las decisiones gubernamentales como un ejercicio de escapismo que nada variará en lo sustancial la situación económica por la que atraviesa España.

Recordó Rajoy esta situación, haciendo especial hincapié en el muy elevado número de parados, en el abultado déficit público que no parece ceder, en la falta de crédito oficial a todo nivel y en la desmesurada subida de los impuestos a empresas y a la población en general.

Se refirió a las declaraciones del presidente del gobierno de hace pocos días en las que decía que su gabinete puso en marcha 137 medidas anticrisis y sobre esto aseguró que a su juicio “España lo que menos precisa ahora son 137 medidas improvisadas, sino que se controle el gasto público y se reduzca sustancialmente el déficit”.

Rajoy también defendió la necesidad imperiosa de una reestructuración de base del sistema financiero, una igualmente necesaria reforma laboral y sobre todo que los impuestos permanezcan en el actual nivel o que se reduzcan, y no que continúen subiendo.

El 24 de febrero toda Grecia se paralizó por una huelga general convocada por todas las grandes centrales sindicales en protesta por los importantes recortes salariales anunciados por el Gobierno socialista de Yorgos Papandreu con el objeto de poder salir de la más grave crisis financiera por la atravesó el país en décadas, y reducir el déficit público de acuerdo a las exigencias de la Unión Europea, que amenazó al país con su salida del Eurogrupo.

Dos semanas atrás habían sido los funcionarios los que habían ido a la huelga, el 24 todos los trabajadores fueron llamados a protestar.

El paro total de más de dos millones de trabajadores fue convocado por la Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE), la Unión de Funcionarios Civiles (ADEDY) y la Organización Sindical Comunista (PAME).

No hubo servicios en los puertos, una actividad vital por tratarse Grecia de una nación insular y no poder contar con servicios entre las islas, tampoco funcionaron los aeropuertos y los ferrocarriles brindaron un servicio de emergencia mínimo.

Sólo se garantizó el funcionamiento de autobuses en las grandes ciudades helénicas, los que resultaron insuficientes para movilizar al pueblo griego aunque no fuese a sus trabajos sino a las manifestaciones organizadas por los sindicatos.

Estas manifestaciones fueron masivas a pesar de que la policía bloqueó los accesos a la ciudad capital de Atenas, donde está concentrada el 50% de la población, desde la madrugada.

Las oficinas estatales, Bancos, Escuelas y hospitales mantuvieron cerradas sus puertas, en la que parece haber sido la más grande manifestación en contra de una decisión gubernamental de los últimos tiempos en territorio griego.

Inclusive se cerró el espacio aéreo, que sólo se mantuvo operativo para eventuales situaciones de emergencia de cualquier índole.
Los servicios informativos de la televisión se mantuvieron en silencio por 24 horas, por el plegamiento de periodistas y técnicos a la medida de fuerza.

Como se sabe, Bruselas impuso a Grecia un muy severo plan de ajuste que vigilará en forma rigurosa, para garantizar la reducción del déficit público, actualmente en el 12% del PIB griego, a razón de 4% anuales.

Para poder cumplir con esas metas, el gobierno debió recortar sueldos de funcionarios, aumentar la edad jubilatoria, subir los impuestos y reducir drásticamente el gasto público.

La población reaccionó en contra de estas medidas de forma muy enérgica, y verdaderamente el futuro de la situación está en tinieblas.

Las próximas semanas serán vitales para ver si se puede o no despejar el panorama de las finanzas de Grecia.

Durante el año fiscal que terminó el pasado 30 de setiembre, el déficit federal de los Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 1,42 billones de dólares, debido principalmente a una abrupta caída en los ingresos públicos sobre todo en materia impositiva y por causa de la crisis global, y a un tremendo incremento del gasto público para tratar de minimizar los efectos de dicha crisis.

El dato fue dado a conocer hace un par de días por la administración de Barack Obama, triplica la cifra alcanzada el ejercicio pasado, representa un 10% del PIB estadounidense y se sitúa en el nivel más elevado desde los años de la Segunda Guerra Mundial.

Obama se comprometió ante sus compatriotas a reducir drásticamente el déficit al término de la recesión cuando la tasa de desempleo, hoy en valores altísimos para la sociedad estadounidense, comience a disminuir.

Pero para reducir aunque sea en parte estos terribles números rojos de la administración pública, se deberían adoptar medidas muy poco simpáticas como un gran incremento en los impuestos, cosa que no se sabe si Obama está dispuesto a llevar a la práctica.

Peter Orszag, quien es el Director presupuestario de la Casa Blanca, admite que los ingresos del gobierno cayeron más de un 16% en el último período, y coincide en que la principal causa es la caída de la recaudación impositiva por efectos de la crisis y el desempleo.

También se redujo la recaudación fiscal entre las Empresas, porque la recesión llevó los márgenes de ganancias a niveles mínimos nunca antes vistos, y muchas veces no se pudo hacer frente a las obligaciones tributarias.

El aumento del gasto público se ubicó en el orden del 19%, con lo que las arcas del Estado quedaron tambaleantes y en malas condiciones como para recuperarse rápidamente.

Hasta ahora la Casa Blanca defendió con uñas y dientes las partidas de gasto extraordinarias, con un estímulo fiscal incluido de 787.000 millones de dólares, como una de las pocas opciones disponibles para hacer frente a la recesión y la pérdida del empleo por parte de decenas de millones de norteamericanos.