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Gerardo Díaz Ferrán, el ex presidente de la patronal CEOE de España, será juzgado por fraude fiscal en el sonado caso que lleva adelante la Audiencia Nacional acerca de la privatización y venta de la empresa Aerolíneas Argentinas en el año 2.001 al grupo que formaba junto a su socio Gonzalo Pascual y Antonio Mata.

En principio el Juez que entiende en la causa observó un delito contra la Hacienda Pública estimado en 100 millones de euros. Pero al mismo tiempo, el Juez archivó los demás cargos presentados contra los acusados como los de malversación de caudales públicos o apropiación indebida.

En la privatización de la compañía aérea argentina, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vendió por la suma de 1 euro el 92% de la empresa a Air Comet, que era la aerolínea ligada al desaparecido grupo Marsans y propiedad de los tres antes mencionados.

Para que la operación fuese viable, la entidad pública realizó un aporte de 300 millones de euros para amortizar una parte de la deuda de Aerolíneas Argentinas, que en esos momentos ascendía a un total de 1.200 millones de la moneda común, ayudando así a recuperar la compañía. Pero ese capital no fue regularizado con Hacienda y en el año 2.006 el Tribunal de Cuentas de España denunció que el dinero en cuestión ni siquiera se había destinado a lo pactado.

La denuncia contra los tres empresarios fue interpuesta por Roberto Pérez Badiola, y por ella Díaz Ferrán debió dejar la presidencia de la CEOE por la grave crisis desatada que acabó con su intrincada red empresarial.

Finalmente Aerolíneas Argentinas fue expropiada por el Estado argentino en el año 2.008.

No es probable que Díaz Ferrán vaya a la cárcel porque para que un acusado de fraude termine preso debe existir de acuerdo a la jurisprudencia española un delito continuado contra la Audiencia Pública y no como ocurrió en este caso que se trató de una sola operación, más allá del monto del que se trate.

Sobre Díaz Ferrán y Pascual hay un embargo de 424 millones de euros por la quiebra de Marsans ya que según el Juez hay indicios de que sean declarados culpables del concurso de quiebra y también claras evidencias de que no habrá recursos para pagarles a los acreedores del desaparecido grupo turístico.

Tal como venía esperándose desde hace un tiempo, al final el Juzgado en lo Mercantil número 12 de la ciudad de Madrid decretó el embargo en forma “preventiva” de los bienes de los ahora tristemente famosos empresarios Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual.

Este embargo a los bienes de ambos empresarios será por una cantidad suficiente como para cubrir el déficit patrimonial de “Viajes Marsans”, el que al momento asciende a poco más de 417 millones de euros de acuerdo con los datos aportados por la administración concursal en la quiebra de la compañía, según se desprende de los autos de la causa.

El Juzgado que interviene en tan controvertido y conocido caso adoptó varias medidas cautelares, dentro de las cuales las más significativas corresponden al embargo preventivo de cinco fincas que son propiedad de Díaz Ferrán y otras cinco fincas, éstas propiedad de Pascual.

Además se ha procedido a embargar las cuentas y todo tipo de depósitos de que dispongan ambos empresarios en todas las entidades bancarias y financieras que han sido informadas por la administración concursal.

Pero no todo termina allí, ya que también el Juzgado ordenó el embargo preventivo de los bienes que estén a nombre de “Posibilitum”, una sociedad que actualmente es propietaria de Viajes Marsans, también en cantidad suficiente como para hacer frente a todas las deudas debidamente certificadas por la compañía concursada.

El juzgado estableció un plazo de cinco días para que la sociedad informe de todos los derechos de crédito y de titularidad de bienes a su nombre, además de los derechos de cobro pendientes frente a terceros, derechos que pasarán a poder de los damnificados por esta millonaria quiebra que ha revolucionado el mundo financiero de España.

Que el Grupo Marsans no está pasando un buen momento ni mucho menos no es ninguna novedad.

El Grupo, propiedad del presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales Gerardo Díaz Ferrán, no solamente está afectando en España a la compañía aérea Air Comet y a otras de sus empresas en territorio español.

Ahora el gobierno de la República Argentina decidió hace apenas unos días iniciar acciones legales contra la filial de Marsans Viajes en su país por la comisión del delito de librar cheques sin fondos y de esta manera dejar de pagar a sus empleados.

Según la cadena Ser, que es la que dio a conocer la noticia, sobre la Empresa pende de un hilo la sombra del pedido de quiebra, porque hasta la fecha sus acreedores en la Argentina ya presentaron tres pedidos de disolución de la Compañía.

El periódico en cuestión estuvo intentando contactarse con alguien del Grupo Marsans en España pero sin suerte, ya que ninguno de sus directivos ni el portavoz de la Empresa se manifestaron en condiciones de efectuar alguna declaración.

Todas estas noticias fueron confirmadas por un funcionario responsable de la Secretaría de Turismo de la Argentina, que depende del Ministerio de Industria.

Gonzalo Casanova, quien es el Director de Gestión de Calidad Turística de la Argentina, explicó a la prensa que una de las principales razones por las que se tomó la decisión de abrir los expedientes contra Marsans lo constituye el hecho de haber emitido cheques sin fondo.

Según las propias palabras de funcionario, “hemos tenido que abrir un expediente administrativo porque los informes comerciales son muy desfavorables”.

Sin perjuicio de lo que la Justicia pueda decidir al respecto, el Departamento a cargo de Casanova ya ha tomado precauciones para asegurar el cobro de sus haberes por parte los empleados argentinos perjudicados por el accionar del Grupo Marsans.

En forma individual y separada, tres de los acreedores ya presentaron ante los tribunales argentinos pedidos de quiebra.

De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Turismo argentina, la situación se ha tornado muy complicada, ya que los 50 trabajadores de Marsans Viajes en la Argentina llevan tres o cuatro meses sin cobrar, y en estos momentos la empresa no está desarrollando actividades de ningún tipo.

Por estas horas Air Comet está presentando un ERE que va a afectar a más de 600 trabajadores (exactamente 640) de su plantilla, y simultáneamente está efectuando los trámites para presentar un concurso voluntario de acreedores.

De esta manera piensa afrontar la deuda que se deriva del embargo de su flota, que se estima en unos 14 millones de euros, de acuerdo a lo informado por fuentes sindicales.

Desde comienzos de la crisis económica global, Air Comet ha sido sin dudas una de las compañías que más inconvenientes tuvo para poder seguir operando en forma relativamente normal, las cosas se complicaron con el correr de los meses y ahora la situación ya llegó a un punto límite de difícil retorno.

Se dictó una orden de embargo sobre los 13 aviones de la compañía que es propiedad de la empresa Astra con base en Irlanda y también del grupo Marsans, bajo el control de Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual.

Air Comet no hizo frente a sus obligaciones crediticias con el Banco alemán Nord Bank, y es por esto que el Banco presentó una demanda judicial.

El Sábado pasado, ante la imposibilidad de la aerolínea no sólo de operar sino incluso de hacer frente al pago del carburante, se detuvo la venta de pasajes para vuelos de la compañía.

Los dos comités de huelga que se habían formado, integrados por representantes del sector de Estructura y Vuelos y de Handling, solicitaron reunirse con urgencia con los máximos directivos, con el fin de solicitarles las garantías que consideran indispensables para asegurarse el cobro de las nóminas atrasadas, que en algunos casos llega a medio año.

Por el momento, los trabajadores sólo pudieron constatar el cobro de unos pocos pagarés.

A pesar de todo, fuentes oficiales de la compañía, que se dignaron reconocer una cierta “inquietud” que pudiera existir entre los 640 trabajadores de la empresa, intentaron explicar que algunos de los talones necesitan de 24 horas adicionales para hacerse efectivos, de allí los inconvenientes surgidos.

Díaz Ferrán y Pascual se comprometieron una vez más a abonar todos los salarios atrasados, que como ya dijimos llegan a atrasos de hasta seis meses, en dos veces, los días 21 (que ya pasó) y 30 de este mes de diciembre.

Gerardo Díaz Ferrán, quien es el Presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), dijo durante la Asamblea de la Organización Empresarial de Madrid (CEIM-CEOE) de este año 2.009, que el verdadero problema de la actual y comprometida situación económica que está viviendo España, no es en sí derivado de la crisis económica global que soporta el mundo por estos meses, sino la consecuencia lógica de los años de gobierno del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Todo este lamentable episodio se produjo mientras intervenía en la Asamblea haciendo uso de la palabra el Presidente de la Patronal madrileña, Arturo Fernández, e inadvertidamente estaba abierto el micrófono de Díaz Ferrán.

El presidente de la CEOE estaba alabando las palabras dichas acerca de la marcha de la crisis por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre durante la Asamblea, y expresó su parecer sobre la gestión de Rodríguez Zapatero sin advertir que su micrófono no había sido cerrado. Sus dichos se escucharon como una voz de fondo, con cierta dificultad, pero igualmente pudo entenderse claramente lo que estaba diciendo.

Durante su discurso, Arturo Fernández negó enfáticamente que los empresarios deseen buscar una salida a la difícil situación “abaratando el despido”, ya que aseguró que “ninguna Empresa desea reducir su personal”. Fue en ese momento que se escuchó a Díaz Ferrán comentarle al Secretario General de CEIM, Alejandro Couceiro, algo así como “es que no lo ha hecho bien, el problema que tenemos no es la grave crisis, son los años de Zapatero…”

Posteriormente habló Díaz Ferrán en este acto que había sido inaugurado por los Príncipes de Asturias, y durante su intervención volvió a traicionarlo el micrófono abierto fuera de lugar dos veces, cuando se le escuchó decir “Aguirre (por Esperanza) es muy cojonuda”.

El presidente del CEOE aconsejó durante su discurso a los sindicatos españoles que por favor se abstengan de poner en marcha cualquier tipo de medidas de fuerza, y mucho menos una huelga general, ya que dijo que no es momento de complicar todavía más el panorama sino de sumar esfuerzos y avanzar en un diálogo entre las partes del mundo laboral español para buscar y encontrar soluciones al grave problema de los parados y el desempleo.

Además les pidió en un tono crítico a todos los agentes sociales así como asegura hicieron los empresarios, puesto que durante lo que va de la crisis “no han caído en la tentación de culpar o amenazar a nadie por la crisis”.

Evidentemente Díaz Ferrán va a tener que mejorar su relación con los medios técnicos que se le ponen enfrente, puesto que si no muchas veces le sucederá que lo que manifiesta en público no condice para nada con sus comentarios, que él cree privados y parece que no lo son tanto.

Miguel Angel Fernández Ordóñez ha polemizado acerca de la reforma del mercado laboral y el costo de los despidos, porque según su opinión esos mecanismos de ajuste “no funcionan de forma adecuada”.

Para el funcionario, las muchas deficiencias en el sistema español establecen un “fracaso rotundo en el objetivo de reducir el desempleo” y también producen consecuencias perjudiciales en el rendimiento de la economía, por lo que insistió en emprender “con urgencia” los cambios en las instituciones laborales.

Además, Fernández Ordóñez no descartó la intervención estatal en los bancos si esto fuera necesario, tal como ha sucedido en otras naciones. Señaló, por otra parte, que existen diferentes formas de sobrellevar los cambios, como la fusión de las entidades financieras y también, la reestructuación de sucursales, como ha sucedido con el banco Santander.

Por otra parte, advirtió que los españoles no pueden permitir un endeudamiento social parecido al de los años recientes.

El dirigente indicó que la mayoría de la opinión pública cree, erróneamente, que el sistema actual protege a los trabajadores. Para graficar su opinión, comparó esa protección a los empleados con la “que caracterizó a la economía española en los años cincuenta”.

Estas declaraciones alcanzan a llegar en medio de la polémica originada por la proposición ofrecida por la Confederación de Empresarios de Madrid para crear un contrato para la crisis, con indemnización de 20 días por año trabajado, reemplazando a los 45 días actuales.

Gerardo Díaz Ferrán, el presidente de la CEOE, declaró que “son proposiciones sensatas, que comparto de la A a la Z”.

Un arrebato que no cayó nada bien a Pedro Solbes.