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El Gobierno presidido por Barack Obama anunció hace muy pocos días que llevará a cabo una serie de reformas financieras muy importantes para evitar tener que volver a salir al rescate de instituciones demasiado “grandes e importantes” como para que presenten quiebra.

Las autoridades norteamericanas aseguraron que todos los detalles de las medidas que se tomarán serán dadas a conocer en estos días, antes de la cumbre del G-20 del 2 de abril próximo en Inglaterra.

El Secretario del Tesoro estadounidense, Timothy Geithner, admitió en conferencia de prensa ante los principales medios periodísticos del mundo que se debe modernizar un marco legal que mostró varios puntos débiles en ocasión del comienzo de esta crisis que luego se transformó en mundial, y que se está trabajando en ello a gran velocidad.

El propósito de Geithner es conseguir armar una “red legal” que impida que vuelvan a suceder catástrofes financieras como la de AIG, que en cierta forma fue la detonante de esta situación que había comenzado con las hipotecas subprime en los Estados Unidos.

AIG tomó en su momento riesgos desmesurados al emitir contratos de seguros por varios billones de dólares sobre productos financieros muy intrincados y sofisticados, que al no resultar tal cual estaba previsto provocó la debacle del gigante asegurador mundial, e hizo que las finanzas públicas de los Estados Unidos tuvieran que salir en su ayuda con más de 170.000 millones de dólares.
El presidente Obama aseguró que de haber permitido la quiebra de AIG o de otros “monstruos” de las finanzas mundiales, como por ejemplo el Citigroup, se hubiera producido un efecto de quiebras en cadena mucho más devastador que el actual.

Es por eso que el Gobierno quiere modificar en profundidad los marcos legales para estas situaciones, logrando para la administración Obama nuevos poderes parecidos a los de un “juez de quiebras”, que pueda actuar en forma rápida y practicar, de ser necesario, cirugía mayor en las compañías en peligro.

Se intenta crear un nuevo organismo regulador, pero no llegan a un acuerdo acerca de quién debe controlarlo, si el Banco Central Estadounidense (FED) o la Agencia de Garantías de Depósitos Bancarios (FDIC).

A pocos días de la cumbre de Londres, el gigante norteamericano, en buena parte responsable de esta situación, no logra ponerse de acuerdo en temas financieros internos.

Y eso es muy grave.

La autoridad reguladora británica presentó un plan por el cual se reformaría todo el sistema financiero de ese país, basado en un incremento de los recursos propios de los Bancos, además de propiciarse la creación de un ente regulador europeo.

Esta crisis económica que parece que se instaló por un largo tiempo entre la mayoría de los países de la Eurozona y de América y Asia, hace que los Gobiernos y las instituciones financieras profundicen las medidas para poner límites y pautas al comportamiento de los mercados y el sistema financiero en general.

Estas medidas cobran una importancia inesperada luego, por ejemplo, de conocerse hace muy pocos días que los principales ejecutivos de la aseguradora norteamericana AIG, que fuera rescatada recientemente de la quiebra por el Gobierno de Barack Obama, se habían fijado el cobro de primas millonarias.

Esta noticia causó por supuesto un malestar muy grande en el mundo financiero, y ahora la FSA, que es la autoridad de servicios financieros que regula el sector en el Reino Unido solicitó al Gobierno mayores poderes para controlar las excesivas sumas de dinero que cobran los banqueros, y además los riesgos demasiado altos que corren los Bancos cada vez con más frecuencia.

Los especialistas en el tema creen que las reformas deben ser profundas, con lo cual se atreven a vaticinar que el sistema bancario dejará de funcionar como en los últimos diez o doce años, y entonces la economía mundial volverá a estar mejor que en la actualidad, cosa no demasiado difícil dadas las actuales circunstancias.

Todas estas propuestas figuran en un plan que en octubre pasado le encargó el Primer Ministro británico Gordon Brown a Lord Turner, el presidente de la FSA.

Este plan intenta modificar el sistema financiero británico para lograr que no se repitan crisis financieras como la actual, que está logrando enloquecer a los economistas de todo el mundo.

Lord Turner se mostró además partidario de limitar la concesión de créditos en forma indiscriminada en tiempos de bonanza, y propuso que las autoridades económicas del Gobierno tengan más acceso a la información bancaria, para poder regular así el otorgamiento de créditos de alto riesgo, que suelen terminar en pérdidad para los Bancos, y por efecto cascada en pérdidas para las arcas del Gobierno.

Los datos que dio a conocer recientemente el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indican que a pesar del crecimiento registrado, son las cifras más bajas desde el período marzo/abril del 2006.

En una encuesta realizada en conjunto por varias agencias de noticias internacionales, los analistas habían estimado un crecimiento de alrededor del 7%, que sin embargo era menor al 8,6% registrado en el último bimestre del año 2007.

Pero la ya mundialmente extendida crisis global hizo de las suyas, y llevó los guarismos a cifras menores a las previstas.

Continuando con su informe, el INEI anunció que hasta el mes de noviembre, el crecimiento durante el 2008 fue de 9,48%, y entre noviembre de 2007 y noviembre de 2008, del 9,53%.

Pero la desaceleración de la economía debida a la crisis ya comenzó a golpear al pueblo peruano, pues su Gobierno registra caídas en los ingresos fiscales y por exportaciones desde hace ya más de 6 meses.

Siguiendo con los datos proporcionados por el INEI y con firmados en rueda de prensa por el presidente del Gobierno Alan García Pérez y su ministro de hacienda y finanzas, la actividad comercial aumentó , siempre en el último bimestre de 2008, un 6,7%, y la de la construcción un 9,9%, aunque ambas en bimestres anteriores habían superado los dos dígitos de crecimiento.

La baja más destacada fue la de la actividad pesquera, de neta orientación exportadora, que cayó casi un 9% debido a la caída de las compras internacionales, principalmente de la Unión Europea y Asia, por efectos de la crisis internacional.

El Banco Central de reserva (BCR) previó para todo el 2008 un crecimiento económico del 9%, pero esas cifras ya fueron revisadas y corregidas hacia abajo, teniendo en cuenta que la crisis global está haciendo estragos en prácticamente todas las economías del mundo.

Esta crisis económica mundial, sin precedentes desde la gran depresión de los años treinta, y que se manifiesta entre otros hechos con la quiebra de numerosos Bancos en los Estados Unidos, origen del problema, y en los países de la Unión Europea, comenzó a afectar la economía regional de Sudamérica, por lo tanto a la paraguaya, provocando ya numerosos despidos y recesión en la industria del país.

Los niveles de empleo comenzaron a descender en forma preocupante, y no es mucho lo que el Presidente paraguayo Fernando Lugo está en condiciones de hacer, pues se halla, al igual que otros presidentes sudamericanos, con serios problemas políticos internos.

Mientras que en los países desarrollados los Gobiernos están inyectando grandes cantidades de dinero para auxiliar a las empresas en problemas, en Paraguay los empresarios recurren a despidos masivos con la consiguiente reducción del empleo, de las de horas laborales y de los beneficios sociales, y otras medidas que afectan a los trabajadores.

Con este cuadro de situación, el Gobierno paraguayo acaba de lanzar el “Plan estratégico para enfrentar la Crisis Global“, con el cual seguramente se aumentará la deuda externa del país, para destinar casi 2500 millones de dólares para hacer frente a las necesidades financieras de los sectores productivos.

El ministro de economía Borda anunció que casi la mitad de esa suma provendrán del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con tasas de interés algo superiores a la media mundial y con un plan de devolución a corto plazo, ya que se trata de fondos de necesidad urgente.

El Gobierno de Lugo planea realizar concesiones al sector privado por más de 500 millones de dólares, al tiempo que se niega a conceder aumentos salariales al sector estatal y planea continuar con un plan de despidos “programados”.

Más allá del préstamo extraordinario que le dará a Paraguay, el Bid ya informó que las remesas de dinero a Latinoamérica sufrirán este año el primer descenso desde que comenzaron a concederse, allá por el año 2000.

El panorama no es alentador para Paraguay ni, en mayor o menor medida, para ninguno de los países de la región.

Según el boletín financiero que publica periódicamente el Banco Santander,La crisis que está atravesando la economía de España hará que el déficit de la administración pública llegue al 7% del PIB para fines del 2009,en vez del 3,8% que registró en el ejercicio anterior.

Este porcentaje supera en 1,2 puntos al previsto por el Gobierno en la última actualización del Programa de Estabilidad Presupuestaria, en la cual el ministro Pedro Solbes apuntó a un déficit que no superaría el 5,8% para para todo el año.

Por otra parte, el saldo negativo de las administraciones públicas quedaría en cifras muy altas, lo que podría hacer aún más difícil la reducción del déficit con vistas al año 2011,que es uno de los objetivos principales que tiene el Departamento a cargo de Pedro Solbes.

Esta misma semana el ministro de economía reconoció la pérdida que para las finanzas públicas ha sido el esfuerzo fiscal que hubo que realizar para poder hacer frente a la crisis, pero reiteró una vez más el compromiso del Gobierno de poder asegurar la estabilidad de las cuentas públicas en el mediano plazo.

Afirmó que en 2010, si la crisis actual llega a tocar fondo, el Gobierno deberá comenzar a plantearse un plan de ajustes presupuestarios para intentar mejorar el saldo de las cuentas públicas, acercando el déficit fiscal al valor del 3% que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En el boletín financiero que mencionábamos antes, el Banco Santander hace referencia a que las administraciones públicas cerraron el ejercicio 2008 con el ya mencionado 3,8% de déficit, lo que equivalió a casi 42000 millones de euros.

Así es que el conjunto de las administraciones públicas españolas volvió a registrar déficit, tras tres años consecutivos de superávit,a causa del desplome de los ingresos y de todas las medidas que el Poder Ejecutivo tuvo que poner en marcha para superar esta inédita crisis económica.

Al haberse superado el límite del 3% que marca el Pacto de Estabilidad, la Comisión Europea debió abrirle un expediente al país por déficit excesivo, como ocurrió con otros países tales como Francia, Grecia e Irlanda.

El banco británico HSBC señaló que planifica ampliar su capital a 12.500 millones de libras (14.125 millones de euros) por medio de la edición de nuevas paquetes de acciones.

La entidad dijo que esta medida dotará de instrumentos para afrontar una situación financiera que aún se califica de incierta. Desde el mes de octubre del año pasado, la cotización de este capital ha soportado caídas cercanas al 50%. Para darle más credibilidad a todo este contexto, sólo hay que aseverar que el HSBC comunicó oficialmente que durante el año 2008 ha registrado un descenso de sus ganancias anuales hasta alcanzar la cifra de 5.728 millones de dólares (unos 4.519 millones de euros).

De esta forma, y con estos números, se cumplirían los vaticinios de los observadores que aguardaban esta baja y una eventual poda del beneficio final. Por otro lado, la entidad financiera también ha informado acerca de la pérdida de 6.100 cargos laborales en los EE UU, país del cual planificaba retirarse aunque fuese parcialmente a causa de los ingentes quebrantos de su filial HSBC Finance Corporation.

De todas maneras, y a pesar del insondable aprieto bancario que no da descanso a los británicos, el HSBC es una de las instituciones que no ha pedido auxilio al Gobierno. Esta vital tarea de socorro se ha tenido que implementar por medio de tres planes de rescate, el primero destinado a uno de sus antagonistas, el Royal Bank of Scotland (RBS), solamente en el Reino Unido y en un plazo de cinco meses.

Londres arribó a un acuerdo la semana anterior con el RBS por el cual el Estado inglés emitirá un gran paquete de activos del banco escocés considerados dañinos y valorados en 325.000 millones de libras (365.000 millones de euros) contra sus pérdidas generalizadas.

Usando el Fondo de Garantía, el Ejecutivo permitirá y fomentará las fusiones para evitar la caída de las entidades.

Se conocieron en estos días algunas declaraciones de Cristóbal Montoro, vocero de Economía del PP: “el Gobierno está llamando a los bancos, a través de los responsables del Banco de España, para advertirles de que puede entrar en su capital.

Si no hay crisis, ¿para qué quieren entrar en las entidades, para reforzarlas o para mangonearlas?”.

El ministro de Industria, Miguel Sebastián es adepto de continuar con el modelo de Sarkozy, que introduce capital público a todas las instituciones francesas, de acuerdo al volumen de sus negocios.

Los bancos resisten esencialmente a esta disposición, pues afirman que apenas aparezca esta medida se alcanzará consecuentemente el registro estatal sobre los créditos. La banca recuerda la famosa locución de Sebastián: “Se nos acaba la paciencia con los bancos”, por imputarles el hecho de cerrar los créditos para la gente.

Pedro Solbes, ministro de Economía, declaró que no es cierto que tenga planificado constituir capitales públicos para todo el sector financiero. “El plan es utilizar, en primer lugar, los Fondos de Garantía de Depósitos (FGD). Además, se pueden recapitalizar entidades con dinero público, sin olvidar las fusiones bajo la intervención y el control del Banco de España”, ilustran en el Ministerio.

La cuestión de si se usa un arma u otra “dependerá de cada caso” particular. Economía trata de transmitir calma: “En España no hay una crisis general del sistema financiero, como ocurre en otros países”. Sin embargo el propio gobierno indicó que “está preparado para intervenir”, en cualquier momento.

Las estadísticas refieren a un aumento del paro y a un retroceso del mercado inmobiliario que aumentará, que duda cabe, la morosidad de la devolución de los créditos. Es que cuando las provisiones no resultan bastantes, los morosos comienzan a comerse el capital activo y así nace el momento de las dificultades de liquidez, como ocurrió con Banesto.

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, embistió con sus críticas a las primeras líneas del PP, a causa de la investigación que en la Audiencia Nacional administra el juez Garzón sobre la aparente corrupción de puestos en ese partido.

El presidente aseveró que el Ejecutivo y la democracia que gobierna no tolerarán ninguna clase de presión, ni a fiscales (ni, consecuentemente, a jueces), pero tampoco a policías en su persistente pelea contra los corruptos.

Zapatero se dirigió a toda la ciudadanía con el fin de recordar que el Gobierno y el propio Estado no condescenderán en estos desafíos que son cruciales para el futuro del país.

El PP “es hoy un partido sin liderazgo”, señaló como invectiva, y apeló a la memoria de la gente para que recordara lo que se “está viendo y viviendo” en la vida del país y en consonancia a algunas otras “cosas que han dicho dirigentes del PP en las últimas horas”.

El presidente habló en un mitin en la ciudad de Vigo, en su gira por Galicia, después de que días anteriores lo hiciera en A Coruña. El líder socialista añadió, sarcástico, que el PP es un partido sin cohesión “y alguien que no tiene liderazgo ni cohesión no puede liderar ni cohesionar, ni Galicia ni España“.

Hasta el momento, no hubo respuesta directa oficial del PP en respuesta a estas opiniones tan duras.

Las declaraciones de Zapatero aparecen justo un día después de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, investigara la hipotética componenda de corruptela enlazada a los cargos del PP, durante una semana en la cual se han redoblado las diatribas contra la participación del magistrado en una cacería en la que también participó Mariano Fernández Bermejo, el ministro de Justicia.

Celestino Corbacho, el ministro de Trabajo español, señaló que en un plazo de un mes presentará nuevas disposiciones legales para combatir el paro, que se están manejando con la participación de los sindicatos y la patronal, todo inmerso en el diálogo social auspiciado por el Gobierno.

Corbacho, en medio de su interpelación sobre la posición del Gobierno ante la imparable suba del paro, dio explicaciones al Congreso sobre la pérdida de puestos de trabajo y la consecuente caída de la afiliación a la Seguridad Social.

Su deseo explícito es que el PP apruebe y defienda con énfasis estas medidas. Correlacionado con ello, criticó la conducta del partido opositor que, según su opinión, “cada día tiene menos claro que el paro sea su máxima preocupación y más claro que es su obsesión para utilizarlo con el fin de deteriorar la imagen del Gobierno”.

Agregó, además, que todos los españoles reconocen claramente este modo de actuar, y como prueba del hecho afirmó que en tres décadas de democracia sólo ha gozado ocho años de confianza, a causa de que “ven un uso partidista de un problema que preocupa a todos y para el que piden soluciones, en las que sí trabaja este Gobierno”.

El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo durante la misma sesión que el compromiso que busca el diálogo social ha tratado otras medidas para reactivar el empleo por medio de “la capitalización del paro y los incentivos a trabajar a tiempo parcial”, así como un acrecentamiento del amparo social.

Las disposiciones fueron elevadas por el Gobierno a sus interlocutores sociales en el pasado mes de enero. De todas ellas se destaca el aumento para garantizar las prestaciones por desempleo o bien adelantar el tiempo de espera para comenzar a hacer efectivo el subsidio a la gente que ya ha perdido su trabajo.