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Las autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclamaron el pasado viernes al gobierno de España un plan de ajuste fiscal que presente verdaderamente objetivos creíbles y factibles de llevar adelante.

Y en este duro reclamo entraron también ocupando un lugar muy importante las comunidades autónomas, para las que le pidió a la administración de Rodríguez Zapatero que tenga mano dura para poder alcanzar la meta de un déficit del PIB del 3% de aquí al año 2.013.

El gasto en España en los últimos años se ha ido incrementando de manera exponencial, y en vista de ello el FMI le recomendó al gobierno que se apliquen severas sanciones a las comunidades que no cumplan con los planes de consolidación fiscal con los que se han comprometido.

Para el Fondo, de no existir sanciones por no cumplir con los planes trianuales de ajuste, las distintas regiones autónomas podrían presentar cada año nuevos planes, posponiendo de esta forma indefinidamente el cumplimiento de las pautas preestablecidas por la administración central.

También destaca el Fondo como otro error de las administraciones autónomas la falta de información en tiempo y forma sobre la ejecución de sus presupuestos anuales, con lo que es muy difícil poder planificar la marcha general de la maltrecha economía española.

En caso de incumplimiento en los plazos establecidos, para el FMI podría ser un buen “castigo” para los incumplidores retener parte de las transferencias que normalmente se giran a las comunidades.
También se sugirió aplicar estrictos techos de gastos para todas las regiones españolas, y si ciertas comunidades se desviasen de los objetivos establecidos habría que aplicar subidas automáticas en los impuestos, con el obvio descontento social general que eso generaría.

Todas estas recomendaciones están claramente especificadas en el informe anual que para España elaboró el FMI, quien ya había anticipado los principales lineamientos del plan en mayo último.
En cuanto a la recuperación española de los efectos de la crisis económica global, el ente multinacional señala nuevamente que será “débil, frágil y lenta” por la manifiesta inestabilidad financiera que todavía presentan los mercados españoles.

De cualquier manera, y como una clara señal de estímulo a las autoridades de la península, destaca el informe del Fondo que los pasos dados hasta ahora son los correctos, aunque recalca que deberán llevarse a la práctica con más rapidez y ajustando todavía más “las clavijas” a los distintos estratos que forman la sociedad española.

Se estima que la economía de España no volverá a subir a un ritmo cercano al 2% anual por lo menos hasta el año 2.016, a pesar del optimismo en contrario del gobierno.

La actual crisis en los mercados de España y sus graves consecuencias para las arcas públicas del país hacen que se piense en poner nuevos impuestos al sector financiero.

Es esto ahora tan importante que los españoles creen que será un tema de vital importancia en la próxima cumbre del G-20.

La Fundación Ideas analizó en profundidad este problema en un informe que fue comandado por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz.

Según este informe, los tributos que se están analizando podrían derivar a las arcas del Gobierno español alrededor de 7.400 millones de euros anuales.

Entre las conclusiones del estudio se pone de manifiesto que “un impuesto sobre todo tipo de transacciones financieras coordinado a nivel global sería la mejor opción para el presente momento”.

Participaron de este estudio varios reputados expertos economistas a nivel mundial, como Jeffrey Sachs, André Sapir y Nicholas Stern, y parece ser que la finalidad del trabajo es volver a poner sobre la mesa de las tasas financieras una versión corregida y ampliada de la Tasa Tobin.

La idea es complementar dicha tasa donde fuere necesario con nuevos impuestos sobre la banca y recargos mayores sobre las plusvalías de los activos financieros de alto riesgo.

El Director de la Fundación Ideas Jesús Caldera, afirma que los tributos deben saber diferenciar los distintos comportamientos y de esta manera penalizar a aquellos movimientos financieros especulativos a muy corto plazo, que se parecen a “juegos de casino” que no ayudan en nada a las Empresas y por el contrario les pueden acarrear terribles dolores de cabeza.

La gran diferencia entre este nuevo gravamen y la Tasa Tobin sería, según Caldera, que la Tasa Tobin se centraba en los mercados de divisas, mientras este nuevo impuesto mundial pondría una tasa a todas las transacciones, incluso las que se formalicen a nivel bilateral por fuera de los mercados regulados.

El tipo de interés sería muy bajo, entre el 0,01 y el 0,05% del importe involucrado en la negociación, pero suficiente como para “quitar las ganas” de realizar operaciones especulativas a muy corto plazo.

Este nuevo impuesto podría recaudar a nivel global 467.000 millones de euros, que le representarían al gobierno español no menos de 2.200 millones.

Pero en el G-20 opinan que otras medidas serían mejores, como un nuevo impuesto a la banca o subir los recargos a las plusvalías de ciertos puntuales productos financieros de alto riesgo, tal como decíamos antes.

El presidente del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero anunció hace pocas horas que su administración decidió “en su momento” según sus propias palabras subir los impuestos a las rentas más altas.

El anuncio fue hecho durante la VI cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe (ALCUE) que finalizó hace apenas un par de días, aunque se cuidó muy bien de recalcar que la decisión recién será puesta en práctica cuando el Ejecutivo español lo considere “oportuno”, y de acuerdo a la marcha del gigantesco plan de ajuste que se anunció el miércoles de la semana pasada.

Zapatero también se cuidó muy bien al asegurar que la revisión de los tributos fiscales no va a afectar a la mayoría de los impuestos ni a las clases medias.

Lo concreto es que el titular del ejecutivo de España sigue pidiendo duros esfuerzos que van a afectar a una parte importante de la población para el tremendo déficit público de las cuentas españolas.

Ahora citó a las clases más acomodadas, pero también mencionó en su momento a trabajadores de todas las clases y pensionistas.

Según sus propias palabras, “toda la sociedad está de acuerdo” en que los esfuerzos deben hacerse en mayor medida por parte de quienes más tienen, es decir los que cuentan con un volumen importante de riquezas.

Pareciera ser que con estas declaraciones Zapatero quiere dar por terminada la polémica que se implantó en la sociedad española desde que fuera anunciado el nuevo plan de ajuste para este año y el próximo y que prevé reducir el gasto público en 15.000 millones de euros extras.

Recordemos que este plan se centra principalmente en la rebaja de los sueldos de los funcionarios, la congelación de pensiones y un ajuste de las obras públicas sin precedentes hasta el momento.

Luego de los anuncios, los vicepresidentes segundo y tercero del Gobierno discreparon en parte con los mismos.

La titular de economía aseguró que una reforma fiscal “no estaba en los planes del ejecutivo”; el Ministro de Política territorial dijo por su parte que dicha reforma se aprobaría “en un corto plazo”, y su sucesor en la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se dedicó a formular varias peticiones específicas al respecto.

Parece poco probable implantar en la población una sensación de tranquilidad habida cuenta que los propios funcionarios de primerísima línea no logran ponerse de acuerdo ni siquiera en sus declaraciones públicas.

José Luis Rodríguez Zapatero confirmó que la semana venidera presentará un documento que contenga las medidas económicas más urgentes para hacer frente a la crisis derivada de la llamada crisis global que enfrenta España por estos días.

Estas medidas fueron acordadas en el marco del Pacto de Zurbano y el ejecutivo pretende ahora pasarlas a un decreto-ley de forma tal que se pueda lograr su inmediata puesta en marcha.

Zapatero agregó a las medidas ya acordadas una nueva línea de créditos blandos del ICO para beneficiar a las pymes, una reducción del IVA que en realidad ya aprobó el Congreso español, y medidas para fomentar el empleo, posiblemente el punto más álgido de la actual situación española.

El presidente del gobierno afirmó que espera “una actitud constructiva” que no obstaculice la marcha del plan por parte del PP y el resto de los grupos involucrados, aunque recordó que si no hay consenso, el Gobierno va a tomar igualmente las medidas que considere necesarias y urgentes.

Mariano Rajoy, el líder del PP, dijo desde Colombia donde se encuentra de viaje, que las decisiones del Gobierno fueron tomadas hace diez meses, en mayo del 2.009, y ahora parece ser que se llevarán a la práctica casi un año después.

Para él, este decreto-ley no es bueno ni malo sino indiferente si lo que pretende es parar la crisis económica. Vuelve a considerar las decisiones gubernamentales como un ejercicio de escapismo que nada variará en lo sustancial la situación económica por la que atraviesa España.

Recordó Rajoy esta situación, haciendo especial hincapié en el muy elevado número de parados, en el abultado déficit público que no parece ceder, en la falta de crédito oficial a todo nivel y en la desmesurada subida de los impuestos a empresas y a la población en general.

Se refirió a las declaraciones del presidente del gobierno de hace pocos días en las que decía que su gabinete puso en marcha 137 medidas anticrisis y sobre esto aseguró que a su juicio “España lo que menos precisa ahora son 137 medidas improvisadas, sino que se controle el gasto público y se reduzca sustancialmente el déficit”.

Rajoy también defendió la necesidad imperiosa de una reestructuración de base del sistema financiero, una igualmente necesaria reforma laboral y sobre todo que los impuestos permanezcan en el actual nivel o que se reduzcan, y no que continúen subiendo.

El 24 de febrero toda Grecia se paralizó por una huelga general convocada por todas las grandes centrales sindicales en protesta por los importantes recortes salariales anunciados por el Gobierno socialista de Yorgos Papandreu con el objeto de poder salir de la más grave crisis financiera por la atravesó el país en décadas, y reducir el déficit público de acuerdo a las exigencias de la Unión Europea, que amenazó al país con su salida del Eurogrupo.

Dos semanas atrás habían sido los funcionarios los que habían ido a la huelga, el 24 todos los trabajadores fueron llamados a protestar.

El paro total de más de dos millones de trabajadores fue convocado por la Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE), la Unión de Funcionarios Civiles (ADEDY) y la Organización Sindical Comunista (PAME).

No hubo servicios en los puertos, una actividad vital por tratarse Grecia de una nación insular y no poder contar con servicios entre las islas, tampoco funcionaron los aeropuertos y los ferrocarriles brindaron un servicio de emergencia mínimo.

Sólo se garantizó el funcionamiento de autobuses en las grandes ciudades helénicas, los que resultaron insuficientes para movilizar al pueblo griego aunque no fuese a sus trabajos sino a las manifestaciones organizadas por los sindicatos.

Estas manifestaciones fueron masivas a pesar de que la policía bloqueó los accesos a la ciudad capital de Atenas, donde está concentrada el 50% de la población, desde la madrugada.

Las oficinas estatales, Bancos, Escuelas y hospitales mantuvieron cerradas sus puertas, en la que parece haber sido la más grande manifestación en contra de una decisión gubernamental de los últimos tiempos en territorio griego.

Inclusive se cerró el espacio aéreo, que sólo se mantuvo operativo para eventuales situaciones de emergencia de cualquier índole.
Los servicios informativos de la televisión se mantuvieron en silencio por 24 horas, por el plegamiento de periodistas y técnicos a la medida de fuerza.

Como se sabe, Bruselas impuso a Grecia un muy severo plan de ajuste que vigilará en forma rigurosa, para garantizar la reducción del déficit público, actualmente en el 12% del PIB griego, a razón de 4% anuales.

Para poder cumplir con esas metas, el gobierno debió recortar sueldos de funcionarios, aumentar la edad jubilatoria, subir los impuestos y reducir drásticamente el gasto público.

La población reaccionó en contra de estas medidas de forma muy enérgica, y verdaderamente el futuro de la situación está en tinieblas.

Las próximas semanas serán vitales para ver si se puede o no despejar el panorama de las finanzas de Grecia.

Italia no estuvo muy bien vista por sus pares europeos durante buena parte de la crisis económica global. Pero hoy en día, y tras haber anunciado oficialmente una pérdida del 5,2% de su PIB durante el año pasado, es el país de la Eurozona que encabeza la recuperación económica de esta formidable crisis.

Estos datos surgen del índice compuesto de la OCDE y fueron reafirmados hace apenas unas horas por Silvio Berlusconi. El premier italiano sostuvo que “en Europa hay varios países en una situación bastante preocupante, pero nosotros nos hemos defendido mejor que todos los demás, en buena medida gracias a que nuestro gobierno trabaja por el bien de todos los italianos”.

Pero la realidad no siempre se condice con las afirmaciones de los gobernantes. No son pocos los especialistas en la materia que sostienen que Italia está en una posición tan mala desde hace tanto tiempo, y ya casi en una situación endémica mostraba un crecimiento tan leve, que era bastante sencillo decir que se había mejorado, puesto que empeorar era casi imposible.

Los italianos, al igual que muchos países de Latinoamérica, parecen sentirse en su salsa en momentos de crisis, y es allí donde recurren a sus fibras más íntimas para sacar la situación adelante.

Italia es un caso único en muchos aspectos. Hace apenas unas horas el premier presumió ante la prensa de haber bajado los impuestos a sus connacionales. La oposición le respondió afirmando que esas declaraciones no eran otra cosa que una “tomadura de pelo”, puesto que en realidad éstos habían subido.

Pero la realidad muestra que los italianos han soportado mejor la crisis que la mayoría de sus vecinos por la alta tasa de ahorro de las familias, una política fiscal bastante prudente y un ahora confirmado bajo déficit durante el año que terminó hace poco.

El ministro Giulio Tremonti mantuvo rigor en las cuentas fiscales, haciendo de la necesidad una virtud, pues no hay que olvidar que la deuda italiana es gigantesca y ronda el 116% del PIB del país, es decir unos 1,8 billones de euros.

De cualquier manera el descontento social en el país va en aumento, porque la crisis afectó con dureza a empresas y particulares, y si bien el gobierno sigue afirmando que todo está bajo control, la situación para la mayoría de los italianos no es todavía nada sencilla y dista mucho de ser la que afirma Berlusconi.

Emma Marcegaglia, la presidenta de la patronal, resumió la actual situación en una frase: “Rigor en las cuentas y cero apoyo a las empresas”.

En un mensaje transmitido a todo el país, el primer ministro de Grecia, Yorgos Papandreou, anunció que el gobierno va a modificar buena parte del sistema impositivo que está vigente en la actualidad, y que además se va a subir hasta los 65 años la edad jubilatoria para todos los trabajadores griegos sin distinción de sexos, de forma tal de intentar frenar en algo la crisis económica que azota al país y el grave déficit público actual.

Pero para muchos entendidos las medidas no son sino apuestas sin mucho sentido para contrarrestar la crítica situación por la que atraviesa la nación helénica.

Papandreu está en su cargo desde octubre del año pasado y desde ese momento intentó hacer valer sus promesas de aumentar los impuestos a los ciudadanos más ricos para poder así ayudar a los más pobres. Ahora volvió a afirmar que ese momento ha llegado y las disposiciones necesarias están a punto de ser puestas en práctica.

Según sus propias palabras, “Grecia ya no tiene margen para soluciones a corto plazo”, al advertiré que la nación ya no puede soportar más huelgas, bajo el inminente peligro de un desmembramiento social.

Las últimas protestas de los agricultores la han traído al país pérdidas por más de 200 millones de euros, una cifra que en estos difíciles momentos es importante para la economía griega.

La Comisión Europea está a punto de exigirle a Grecia más medidas rápidas para reducir su déficit y su deuda y evitar así el riesgo de entrar en cesación de pagos, lo que haría que se suspendieran de inmediato todas las posibles líneas de crédito que eventualmente se destinasen al país.

Al mismo tiempo, los distintos organismos europeos de control decidieron reforzar las auditorías a la marcha de la economía griega, en un intento por frenar el descalabro cada vez mayor que se está produciendo en las cuentas públicas.

El comisario español Joaquín Almunia está a punto de despedirse de la Cartera de Asuntos Económicos y Monetarios con la complicada misión de presionar a los griegos y al mismo tiempo mandar señales de apoyo al país que tranquilicen a los distintos mercados europeos, muy preocupados por la situación de uno de los miembros de la Eurozona.

Por el momento, Papandreou pidió colaboración a los líderes de todos los partidos con representación parlamentaria para que su paquete de medidas se apruebe sin dilaciones.

Sostiene que Grecia está siendo objeto de ataques especulativos sin precedentes, los que poco a poco están minando la economía helénica y hacen subir el coste de los préstamos que solicita su gobierno a niveles sin precedentes desde que se instaló el euro como moneda única en buena parte de Europa.

A escasos días de terminar este 2.009 que en realidad todo el mundo espera ansiosamente que se despida por la crisis económica global que azotó a todo el planeta y todavía hace de las suyas, el gobierno de Portugal se vio obligado a corregir por segunda vez el presupuesto 2.009, subiendo hasta los 15.000 millones de euros la cifra de números en rojo de las cuentas públicas, lo cual habla a las claras del nivel creciente de endeudamiento público al que se ve obligado el gobierno lusitano.

El actual ministro de finanzas de Portugal, Fernando Teixeira dos Santos, intentó explicar el error de cálculos cometido por las autoridades de su sector, que sube el déficit del 5,9% del PIB al 8,4%, en la inesperada caída de los ingresos a las arcas del gobierno, que fue de un 13,2% con respecto al año anterior, como consecuencia directa de la crisis.

Otras causas que menciona en su intento de explicar lo que parece inexplicable es el apoyo que el gobierno debió prestar al sector financiero, y también dice que tiene su parte de responsabilidad el Plan para la recuperación, que en Portugal se conoció como Iniciativa para la Inversión y el Empleo (IIE).

Parta que el año que está a punto de comenzar, la deuda pública que previó la actual administración está por encima del 90% del PIB portugués, algo muy difícil de sostener con miras a obtener resultados favorables.

El gobierno ya aumentó el salario mínimo para todos los trabajadores en relación de dependencia para llevarlo a 475 euros mensuales, 25 euros más que los 450 euros que se pagaban hasta hace un par de meses atrás.

Además tiene previsto, cuando no, grandes inversiones en obras públicas que puedan sostener el nivel de empleo sin dejar que se dispare el número de parados.

La idea es modernizar al país todo lo posible y mantener a raya el ya muy debilitado tejido social.

Se ha prometido también no aumentar en el curso de todo el 2.010 los impuestos a los trabajadores como una forma de aumento salarial encubierto, pero así se debilitarán las cada vez más flacas arcas públicas hasta niveles probablemente insostenibles.

No debemos olvidar que sumado a los problemas que Portugal presentó y presenta en medio de la crisis, durante el año que termina hubo tres consultas electorales consecutivas, lo que obviamente no ayuda a la organización y estabilización del país, paralizando toda posibilidad de despegue económico.

Durante el año fiscal que terminó el pasado 30 de setiembre, el déficit federal de los Estados Unidos alcanzó un máximo histórico de 1,42 billones de dólares, debido principalmente a una abrupta caída en los ingresos públicos sobre todo en materia impositiva y por causa de la crisis global, y a un tremendo incremento del gasto público para tratar de minimizar los efectos de dicha crisis.

El dato fue dado a conocer hace un par de días por la administración de Barack Obama, triplica la cifra alcanzada el ejercicio pasado, representa un 10% del PIB estadounidense y se sitúa en el nivel más elevado desde los años de la Segunda Guerra Mundial.

Obama se comprometió ante sus compatriotas a reducir drásticamente el déficit al término de la recesión cuando la tasa de desempleo, hoy en valores altísimos para la sociedad estadounidense, comience a disminuir.

Pero para reducir aunque sea en parte estos terribles números rojos de la administración pública, se deberían adoptar medidas muy poco simpáticas como un gran incremento en los impuestos, cosa que no se sabe si Obama está dispuesto a llevar a la práctica.

Peter Orszag, quien es el Director presupuestario de la Casa Blanca, admite que los ingresos del gobierno cayeron más de un 16% en el último período, y coincide en que la principal causa es la caída de la recaudación impositiva por efectos de la crisis y el desempleo.

También se redujo la recaudación fiscal entre las Empresas, porque la recesión llevó los márgenes de ganancias a niveles mínimos nunca antes vistos, y muchas veces no se pudo hacer frente a las obligaciones tributarias.

El aumento del gasto público se ubicó en el orden del 19%, con lo que las arcas del Estado quedaron tambaleantes y en malas condiciones como para recuperarse rápidamente.

Hasta ahora la Casa Blanca defendió con uñas y dientes las partidas de gasto extraordinarias, con un estímulo fiscal incluido de 787.000 millones de dólares, como una de las pocas opciones disponibles para hacer frente a la recesión y la pérdida del empleo por parte de decenas de millones de norteamericanos.

Muchos miembros del PSOE dan la sensación de estar entregados. No hace mucho José Luis Rodríguez Zapatero sacaba pecho orgulloso porque según sus estimaciones España crecía al triple de la media de la Unión Europea y dejaba atónitos al resto de los países de la región con la creación de casi un millón de empleos en un año y con las cuentas más saneadas de toda su historia.

Hoy la situación se dio vuelta como un panqueque. La economía se contrae a un ritmo del 4,2%, se perdieron 1,3 millones de puestos de trabajo en los últimos doce meses y el Estado gasta el doble de lo que le ingresa, dando origen a un gigantesco agujero negro que sólo una brutal subida de impuestos puede intentar solucionar.

Ahora el Gobierno, como suelen hacerlo la mayoría de los gobernantes del mundo, adaptó su discurso a las necesidades del momento y nos encontramos con que subir los impuestos es un hecho “solidario y razonable”, propio de cualquier economía moderna.
¿Queda alguna duda de que hoy por hoy la nave del Estado español cambia de rumbo a cada rato?.

Las circunstancias que emergen de la crisis global van variando a cada momento, y allí va la administración de Rodríguez Zapatero tratando de tapar con parches agujeros del tamaño de España.
Lo ocurrido con los 420 euros de ayuda a los parados es una clara demostración de ello.

Desde el pasado 13 de agosto, cuando el Consejo de Ministros aprobó la iniciativa con una serie de condiciones, han sido tantos los trascendidos, las marchas y contramarchas y las dudas que la medida generó que lo único concreto que hasta ahora se logró es una interminable lista de protestas provenientes de todos los sectores, sin que el panorama se haya podido aclarar aún.

Con muchos altos funcionarios del ejecutivo de vacaciones de verano, no eran pocos los que afirmaban que ni siquiera estaban enterados de los cambios.

Lo único seguro de todo este disparate es que los parados que llevaban más tiempo en el paro, o sea los más necesitados, quedaban afuera de la ayuda.

Luego se modificó dos veces la fecha a partir de la cual se recibiría el subsidio, y la política errática del gobierno trajo más preocupación a la población que alivio a sus urgentes necesidades.

Todos en España esperan la implementación de un verdadero plan de salida de la crisis y no simples medidas aisladas que la mayoría de las veces traen más problemas que soluciones.