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El actual vicepresidente de la Generalitat valenciana, José Ciscar, anunció hace unos días al término de una reunión del Consell que se había aprobado un decreto ley por el cual se aplicarán una serie de medidas “muy duras” de recortes para los dos próximos años.

Estas medidas se espera que dejen un ahorro total de 1.057 millones de euros. De esta cifra, 238 millones se van obtener de la subida de los ingresos provenientes del alza de impuestos; 440 millones van a provenir de fuertes recortes en el ámbito del gasto sanitario y otros 379 millones de euros esperan recaudarse por un fuerte ajuste en el área de los empleados públicos.

Con respecto al gasto sanitario el ahorro de 440 millones previsto se llevará a cabo a través de diferentes medidas.

Se concentrarán los servicios externos de hotelería, suministros, lavandería y cocina con un ahorro estimado en 70 millones de euros. Otros 7,5 millones se ahorrarán con cambios en los menúes de los hospitales.

Una batalla contra el absentismo laboral y la racionalización de turnos y guardias ahorrarán otros 57,5 millones de la moneda común. No se realizarán más operaciones de cataratas gratis, con un ahorro de casi 10 millones de euros. Estas medidas en principio significarán una caída en la calidad de las prestaciones asistenciales valencianas. Pero Ciscar insistió en que no se contempla el copago ni se cerrarán ningún hospital ni centro de salud ni disminuirá el número de camas disponibles.

En el rubro “personal” se prevé un ahorro de 379 millones de euros de los que se explicaron el origen de 271 millones. No se dieron explicaciones acerca de la diferencia entre ambas cifras citadas.

Y en lo que respecta a la subida de impuestos, el consejero de Hacienda José Manuel Vela señaló que se va a introducir una nueva escala autonómica para el IRPF, que va a afectar a las rentas más altas, las de 120.000 a 170.000 euros anuales.

Con esta modificación el ingreso esperado oscila en los 28 millones de euros. En tanto las deducciones autonómicas en la renta se van a suprimir a partir de los 24.000 euros, con lo que se espera ahorrar unos ocho millones de euros adicionales.

Además de estas medidas se van a tomar otras varias excepcionales que seguramente redundarán en un dolor de cabeza para la población pero que, según las autoridades valencianas, son absolutamente necesarias para poder salir de la muy difícil situación por la que atraviesa esta Comunidad Autónoma española.

Buena parte de los jubilados de España, más precisamente alrededor del 50% de ellos, van a volver a perder poder adquisitivo en el 2.012 por segundo año consecutivo. Y eso se debe en buena parte al incumplimiento de la promesa del flamante presidente del gobierno español Mariano Rajoy de no subir los impuestos, con lo cual se incide directamente en el poder de compra de las pensiones.

La mitad de los jubilados no se verán afectados por la subida en IRPF, pero el otro 50% va a sentir cómo esa subida del impuesto se lleva buena parte del reajuste del 1% que se dio para compensar la inflación prevista.

Los que se perjudicarán más son los que cobran las pensiones más altas, para los cuales la subida del impuesto será mayor al incremento de la pensión, a punto tal que quizás vean reducirse ligeramente su pensión anual neta.

Recordemos que la subida de las pensiones será, con carácter general, del 1%, la cifra establecida como parámetro de la inflación este año. Y los pensionistas no recuperan así el poder adquisitivo que perdieron en el 2.011, que fue del 2,9%de acuerdo con la subida de precios en el período noviembre del 2.010 a noviembre del 2.011. Y a esto se agrega que en torno al 50% de los jubilados volverá a perder poder adquisitivo en el 2.012 por la subida de impuestos.

El aumento del IRPF afecta sobre todo a los pensionistas con prestaciones superiores a 700 euros mensuales. Este nivel puede subir algo dependiendo de la situación particular de cada pensionista, como es el hecho de estar casado y tener hijos menores a su cargo.

De acuerdo a datos de noviembre pasado, de las casi 5.300.000 pensiones de jubilación había 2,72 millones superiores a los 700 euros mensuales. Aunque es difícil calcular el número exacto, es dable suponer que los afectados representan la mitad del total de jubilados.

Para los que reciben pensiones contributivas, el porcentaje que cobra prestaciones mayores a 700 euros es menor, alrededor del 28% del total, es decir un millón de pensionistas más.

La pérdida de poder adquisitivo se estima que superará los 100 euros mensuales para alrededor de un millón de pensionistas, la mayoría de ellos jubilados con pagas de alrededor de 1.500 euros mensuales, de forma tal que la subida del IRPF se comerá una parte variable del alza del 1% en sus pensiones.

En una buena cantidad de estaciones de servicio de España el litro de gasóleo ya cuesta más que el litro de gasolina y la tendencia parece ser que la diferencia se consolide en el futuro, de acuerdo a fuentes consultadas del sector.

Recordemos que el gasóleo es el combustible más usado en territorio español y en los mercados internacionales ya hace meses que se equiparó e incluso superó en su precio a la gasolina. Pero como el gasóleo tiene una menor carga impositiva, este nuevo escenario no era todavía apreciable.

El parque automotor español está sufriendo una fuerte “dieselización”, ya que cerca del 80% de los vehículos funcionan hoy en día con gasóleo. Hay un déficit de este combustible que obliga a importarlo y las refinerías están presentando dificultades para abastecer la demanda. Todo esto hace prever que la diferencia de precios se mantenga en el futuro, y aún se profundice.

Por otro lado, en la Unión Europea se está trabajando para que se armonicen las cargas impositivas de los combustibles, con lo cual los impuestos al gasóleo se equipararían con la gasolina.

Entonces toda Europa pasaría a estar “dieselizada” aunque no en la proporción en que lo está España.

Ya son muchas las estaciones de servicio en Madrid por ejemplo donde los surtidores marcan un precio de 1,325 euros para el litro de gasolina frente a 1,334 euros para el litro de gasóleo.

Antonio Onieva, el portavoz de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Madrid (Aeescam) explicó que el gasóleo se acerca a la gasolina en precio por motivos “expresamente coyunturales”, pero también coincide en que estructuralmente tenderá a ser más caro en un futuro muy próximo.

Además de la subida del petróleo y de la devaluación del euro frente al dólar, en invierno sube mucho el consumo de gasóleo por su uso para calefaccionar hogares e industrias por ser el combustible usado en las calderas. Esta es una razón de peso para que su precio suba frente al de la gasolina en los meses invernales.

Todo parece indicar que la tendencia de la UE se implementará en poco tiempo, es decir que se igualarán los impuestos de todos los combustibles, con lo que el gasóleo pasará a costar definitivamente más que la gasolina en todos los surtidores españoles.

La calificadora de riesgos Standard & Poors´s rebajó hace un par de días la calificación de la deuda a largo plazo de la Comunitat Valenciana llevándola desde A hasta A-, con lo que en la práctica queda a un paso de ser considerada como “bono basura”.

Esta baja en la calificación tiene varios considerandos, entre los cuales S&P cree que la comunidad autónoma valenciana va a seguir registrando importantes variaciones presupuestarias hasta por lo menos finales del año.

En el mismo informe se reduce también el ráting a corto plazo del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) llevándolo hasta A-2, destacando el papel “crítico” que tuvo como entidad financiera de la autonomía valenciana.

De acuerdo al informe crítico de los analistas de S&P, la Comunitat Valenciana se retrasó demasiado en la puesta en marcha de importantes medidas de ajuste durante el primer semestre del año, y según su parecer el Gobierno autónomo se muestra poco propenso a utilizar al máximo su capacidad de flexibilidad a la hora de recaudar impuestos.

La calificadora de riesgos crediticios asegura que el Ejecutivo de la región ve frenada su capacidad de equilibrar ingresos y gastos “por su falta de disposición a incrementar impuestos y por la tardanza en poner en marcha una reducción de costes ambiciosa”.

Al parecer también se produjo en este último tiempo una sobreestimación de ingresos, haciendo que el plan de reequilibrio 2.011/2.013 introduzca en sus considerandos varias suposiciones de difícil cumplimiento.

Según las estimaciones de S&P, la deuda del Gobierno valenciano va a tocar su nivel máximo durante el año 2.012 para comenzar a bajar lentamente después. La débil ejecución presupuestaria limita las posibilidades del gobierno autónomo haciendo que la deuda valenciana se transforme en la más alta de todas las regiones de España y con una situación de liquidez a futuro “bastante negativa”.

En parte esta situación se debe a la negativa del Gobierno central de transferirle a la Generalitat valenciana un anticipo de los 633 millones de euros de deuda relacionada con el nuevo modelo de financiación autonómica, cuando ya el Gobierno valenciano lo había incluido en su presupuesto para el 2.011.

S&P tampoco olvida las dificultades del mercado internacional, que impidieron a la Comunitat colocar la cantidad de deuda esperada.
Se espera que recién en el 2.013 los números del Gobierno autónomo de Valencia vuelvan a ser positivos gracias a las liquidaciones que le vaya haciendo el Gobierno Central.

Una de las maneras más claras de ver cómo va el rumbo de la actividad económica de un país es mediante los ingresos que provienen de la recaudación de impuestos.

Y en España, de acuerdo a los datos de la ejecución tributaria de julio, recientemente dados a conocer por el Ministerio de Economía, se verificó que los ingresos por tributos crecieron apenas un 1% en los siete primeros meses del año.

Pero a pesar de este desalentador dato, el déficit declarado de la Administración Central al parecer sigue bajo control, ya que el recorte del gasto público permite incluso una leve mejora del mismo del orden del 2,1% del PIB español.

Economía admitió por nota junto a los datos presupuestarios que hay una “ralentización temporal” de las entradas por ingresos tributarios.

Además menciona que hay retenciones de capital por el vencimiento de la deuda pública que se harán en agosto, cuando el año pasado se hicieron en julio.

Incluso si se tienen en cuenta estos diferentes tiempos y ritmos de devoluciones o calendarios de ingresos, la subida de la recaudación tributaria habría sido de cerca del 3%, mientras que lo que prevé el Presupuesto de 2.011 para todo el año es un aumento del 6,2%.

En la caída de la recaudación de julio lo más significativo es la merma en el IVA, que por otro lado había sido una desaceleración anunciada.

Es que por la suba en este impuesto se habían acumulado incrementos anuales muy significativos, pero ese incremento a partir de ahora comenzará a diluirse en las comparaciones interanuales.

También se suma al frenazo del IVA el débil comportamiento de los impuestos especiales, ya que los tributos indirectos apenas si suman un 2% más que el año anterior.

El más significativo, y por la escalada en los precios de los carburantes que trajo aparejado una merma en el consumo, es el retroceso en la recaudación del impuesto sobre los hidrocarburos, el que cayó un 6,3% en la comparación interanual.

Y los impuestos directos se comportaron todavía peor, al arrojar una caída del 0,2% comparados con los del 2.010.

El impuesto de sociedades vuelve a ganar triste protagonismo, ya que en período en cuestión ingresó un 24% menos que el año pasado.

Es por esto que el gobierno aprobó hace apenas unos días varias medidas para neutralizar la merma de ingresos provenientes de este muy importante impuesto. Todo queda a la espera de ver si estas medidas dan el resultado esperado.

Juan Rosell, el presidente de la patronal CEOE, expuso a comienzos de la semana pasada sus “recetas” para ayudar a la salida de la crisis por la que atraviesa España.

Entre otras cosas, señaló que a su juicio es imperioso acabar con los funcionarios “prepotentes e incumplidores” según sus propias palabras, y también debe terminarse con aquellas personas que se apuntan al paro “porque sí”.

Rosell añadió que todos los parados que estén inscriptos en los servicios públicos de empleo deberán, simultáneamente, formarse laboralmente al mismo tiempo que cobran la prestación.

En relación a sus dichos respecto a los funcionarios, que es un colectivo que la patronal considera que está desproporcionado, Rosell aseguró que ellos también deben ser evaluados y se les debe hacer ver que “no son dueños” de los puestos que ocupan.

Rosell insistió en que el absentismo laboral excesivo debe ser penalizado y deben combatirse los abusos asociados a las visitas al médico y todo lo referente al fracaso estudiantil.

“Al estudiante hay que decirle que un fracaso se le puede consentir, pero que esté ocho años para acabar una carrera de cinco, no se le puede consentir y no se lo vamos a pagar siempre”, declaró textualmente el dirigente de CEOE, afirmando que para que todo eso cambie debe cambiarse también el funcionamiento de los servicios públicos.

Asimismo, el líder de la patronal española advirtió que a pesar de todos los problemas que tiene España en la actualidad, ve a la sociedad inmersa en una especie de “cierta complacencia” que no es buena para poder salir de la crisis, para lo cual hace falta hacer muchos sacrificios y trabajar mucho y con coraje patriótico.

Su pensamiento sobre el tema del empleo en España es que el país no va a crear empleo si su economía no comienza a crecer en forma sostenida por encima del 2% y no se terminan de darles forma a las reformas pendientes.

Además el Estado debería simplificar mucho su estructura y, tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas tendrían que reducir en una gran proporción sus gastos generales, del mismo modo que lo están haciendo las empresas españolas.

Consultado acerca de una eventual subida de impuestos, Rosell dijo que es una medida que “no le gusta”, pero si en algún momento y por causas de fuerza mayor fuese necesario llevarla a cabo, todo el mundo la entendería.

Elena Salgado, la vicepresidente segunda del gobierno de España, salió al cruce de las declaraciones del ministro de Fomento José Blanco acerca de la necesidad de subir los impuestos para poder hacer frente a las grandes infraestructuras.

La ministra aseguró que en el corto plazo no hay prevista ninguna modificación en los impuestos, ni en los directos ni en los indirectos.
A su juicio, y en caso de una extrema necesidad, el debate se dará en el futuro, cuando se haya recuperado el nivel de consumo de la población.

Salgado recordó además que la presión fiscal de España es inferior en un 7 u 8% a la media de la Eurozona, y que encima la recaudación cayó en los últimos años a causa de la crisis económica.

De esta forma la vicepresidenta refutó las declaraciones de Blanco, quien en las últimas horas afirmó que “España no va a ser capaz de mantener las grandes infraestructuras sin tocar los impuestos”, al tiempo que reclamó una profunda reflexión sobre el futuro de las grandes obras.

La ministra señaló que las declaraciones de Blanco son, como ha sucedido otras veces, una reflexión a más largo plazo, añadiendo que ahora lo que resulta imprescindible es que se recupere el nivel de consumo. También hizo hincapié en que los informes que maneja el Ministerio de Economía y Hacienda prevén una desaceleración de la economía en el segundo trimestre, no sólo en España sino en toda Europa, la que “lógicamente no está creciendo como lo hacen los países emergentes”. Sin embargo recordó que esta situación estaba prevista con anterioridad.

Aclaró también que será atribución del Banco de España vigilar los incentivos del sector financiero, para que los riesgos a futuro de ese sector no se incrementen y puedan afectar a las personas o influir en una eventual nueva burbuja inmobiliaria.

Salgado también tuvo que aclarar las críticas a la banca del vicepresidente Alfredo Rubalcaba, quien acusó al sector de ser el responsable de la crisis, y las declaraciones del ministro de Trabajo Valeriano Gómez, que anunció tipos de interés mayores para gravar las retribuciones “muy altas” de los directivos de la banca.

“Lo que hará el Gobierno, siguiendo las indicaciones de la Unión Europea, es que el Banco de España vigile estrechamente los incentivos de todo tipo del sector financiero”, aclaró Salgado.

El gobierno de España decidió reducir casi un 4% el gasto no financiero de los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, lo que en realidad es un esfuerzo inferior al 7% que fue el recorte de este año.

Después de este recorte decidido, el techo del gasto llegará a poco más de 117.000 millones de euros una vez descontadas las transferencias a las comunidades. Así se piensa cumplir con el objetivo de reducción del déficit público que fueron comprometidos con Bruselas.

Concretamente, esta cifra es algo así como unos 4.700 millones menos a los más de 122.000 millones que se aprobaron en el 2.010.
Para poder cumplir con las metas que se han establecido, la vicepresidenta económica del gobierno, Elena Salgado, volvió sin embargo a descartar por completo que se piense en subir los impuestos o en cualquier modificación que implique una baja en la retribución de las empresas a las arcas del Estado.

El Poder Ejecutivo tiene previsto llevar adelante este año el mayor el mayor esfuerzo de ahorro desde que se puso en marcha el programa de reducción del déficit con un ajuste del 3,2% del PIB español, llevándolo desde el 9,2% del 2.010 hasta el 6% previsto para fines del presente ejercicio.

Con respecto al 2.012, de acuerdo al programa de estabilidad que se remitió a la Comisión Europea, se debe reducir al 4,4%, lo que implica un esfuerzo algo menor al actual, del 1,6%.

Para el 2.013 debería volverse al límite del 3% que fija Bruselas para los presupuestos de los países de la región.

Debe tenerse en cuenta que el esfuerzo en el recorte del gasto pasa a ser responsabilidad de la Administración Central, sin autonomías ni ayuntamientos y sin contar con la Seguridad Social, ya que es el propio Estado quien debe bajar su déficit del 4,8% con el que espera cerrar el 2.011 llegando al 3,2%, lo que equivale a unos 16.000 millones de ahorro. Así es que Salgado se preocupó en decir que es la Administración Central la que realizará el esfuerzo más importante.

Se recalcó asimismo que se les ha pedido a las Comunidades Autónomas y Administraciones locales que destinen la mayor cantidad de ingresos que recibirán en el 2.012 a cubrir los servicios públicos en el primer caso y en el segundo a reducir la morosidad que vienen acumulando con los proveedores.

La agencia internacional de calificación de riesgos Standard & Poor’s le bajó el pasado martes la nota crediticia a la ciudad de Madrid, pasando de A+ a A, lo que de cualquier forma sigue representando un nivel más que aceptable para la inversión.

De acuerdo a lo que indicó la calificadora, una de las tres que domina a nivel mundial el negocio de la calificación de riesgos, el recorte en la nota de la ciudad capital de España se debe a su actual nivel de deuda y a las previsiones a futuro, según las cuales va a sufrir episodios de tensiones de liquidez de aquí al año 2.013.

Queda Madrid además en perspectivas negativas, lo que implica que en un futuro lo más probable es que su nota crediticia vuelva a bajar en lugar de recuperarse.

S&P recuerda que en el 2.010 Madrid terminó el año con déficit de caja y tiene en la actualidad una prohibición del Ejecutivo Central para tomar nuevas deudas en todo lo que resta del año, lo que está llevando las cuentas de la comunidad a un pendiente de pago que va a ser difícil de reducir.

Pero, en cuanto al mismo tema, critica también lo que considera un uso extensivo de la prohibición de endeudamiento por parte del Ejecutivo Central, aduciendo que está siendo utilizado como herramienta para lograr disciplina fiscal a niveles de los gobiernos regionales y locales.

La nota de S&P dice textualmente que “esperamos que la liquidez de Madrid durante el período 2.011/2.013 sea bastante ajustada, por lo que consideramos necesario reducir la calificación de largo plazo de la ciudad de A+ a A, confirmando de la misma manera la calificación de corto plazo como A-1 y asignándole además una perspectiva negativa”.

Esta situación de perspectiva negativa parece reflejar el pensamiento de la calificadora acerca de que la liquidez de Madrid se va a deteriorar fuertemente en caso de que la ciudad vuelva a tener déficit al cabo del año en curso, y especialmente si el gobierno vuelve a impedirle a las autoridades de la comuna adoptar deuda para el año próximo, hecho que sin lugar a dudas implicaría una baja en la calificación de varios escalones.

De cualquier forma S&P no cree probable que la Administración Central llegue a ese extremo aún en el peor de los escenarios.

Para la calificadora, Madrid puede mejorar sus saldos presupuestarios y conseguir importantes superávits a costa de bajar las inversiones y subir significativamente los impuestos.

En los dos últimos años la empresa Exxon Mobil España logró un beneficio neto de casi 10.000 millones de euros.

No cabe duda de que el único empleado de la firma estaría de acuerdo en la proposición en boga por estos días de ligar los sueldos a los beneficios de la empresa.

Ésta no pagó ni siquiera un euro de impuestos por esas ganancias.

La mayor empresa a nivel mundial utiliza la filial española sólo para ahorrar impuestos. Ha encontrado en España, igual que otras multinacionales, su “paraíso fiscal”.

Pero se debe dejar muy en claro que Exxon usa una fórmula completamente legal en su ahorro impositivo: la “entidad de tenencia de valores extranjeros” (ETVE).

Esta figura legal supone un complejo mecanismo de ingeniería financiera y planificación fiscal que no es ningún fraude, salvo que como a veces ocurre se demuestre lo contrario.

Exxon Mobil es la mayor empresa del mundo por su valor en Bolsa y la primera también por facturación.

En España y también en Portugal operaba bajo la marca Esso algo así como 130 gasolineras que vendió hace un par de años a la portuguesa Galp.

Pero lo verdaderamente importante es que Exxon tiene en España una discreta sociedad que mueve cifras realmente multimillonarias.

Las cuentas consolidadas de ExxonMobil Spain en el 2.009 dieron un resultado de 5.333 millones de euros, frente a los 4.573 millones del 2.008. No sólo no pagó impuestos en ninguno de los dos ejercicios sino que en el 2.009 tuvo un crédito fiscal de 1,5 millones de euros.

¿Cómo puede suceder esto? En los años noventa se creó en España un régimen de sociedad “holding” con una tributación privilegiada, por la cual se impide la doble tributación internacional. O sea que los beneficios que genera una empresa en una filial no deben pagar impuestos dos veces, en la propia filial y en la casa matriz.

Tanto las empresas como los asesores fiscales utilizan estos resquicios que ofrecen los paraísos fiscales y algunos países con “jurisdicciones respetables” y logran un efecto contrario y muy beneficioso para ellos: apenas pagan impuestos ni en el país de origen ni en el de destino de los fondos.

El régimen en España es favorable y está muy bien visto gracias a algunas “cautelas”, como que las filiales de las ETVE no estén en paraísos fiscales, salvo que sean de la Unión Europea.

Esto funciona de tal manera que en España muchas de las empresas que usan este método tienen un solo empleado. El de Exxon Mobil cobró en el 2.009 un sueldo de 44.000 euros anuales, lo que no parece mucho para una empresa que ganó más de 5.300 millones de euros.