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Es poco probable que cuando una institución se encuentra pasando por un riesgo muy grande como el que atravesó y atraviesa la Caja Mediterráneo (CAM) las causas sean de un solo origen.

Sus males no empiezan sólo en las malas inversiones inmobiliarias o la pérdida de valor de sus activos vinculados al sector de la construcción. Vienen de mucho antes.

Ya la gestión del negocio bancario abre bastantes interrogantes. Por lo pronto, la política de expansión del director general de la CAM entre los años 2.001 y 2.010, Roberto López Abad, juntamente con la apertura de nuevas oficinas sin tener otro parámetro que la expansión en volumen de la entidad generaron una subida en los gastos de administración que pasaron de 330 millones de euros en 2.001 a 624 millones de la misma moneda en el transcurso del año pasado, es decir un 90% de incremento en diez años.

Pero el margen de intermediación bancaria, o sea la diferencia entre los intereses que se cobran a los clientes y los que se producen como cargas asimiladas se mantuvieron casi estables entre el año pasado y cuando López Abad asumió su cargo.

En 2.001 la Caja de Alicante obtuvo 575 millones de beneficios por este concepto y una década después esos beneficios fueron de 586 millones.

Este desigual crecimiento se debe a que el año anterior los gastos de administración superaron en 38 millones de euros a los beneficios que produjo el negocio bancario.
Entre 2.003 y 2.008 la CAM se expandió de forma tal que llegó a superar las 1.000 oficinas y tener presencia en 17 comunidades y dos ciudades autónomas de España, además de tener nueve oficinas en el extranjero.

Algunas de esas oficinas en el exterior, como es el caso de Varsovia o Cancún se podían justificar con las inversiones inmobiliarias de la propia Caja en esos lugares, pero otras como la oficina de Ginebra en Suiza realmente generan muchas dudas en cuanto a su utilidad para el negocio de la CAM.

Ya en el 2.009 se cerraron 116 sucursales, y esta caída en el número de oficinas continuó sin que por ello se haya podido detener el crecimiento de los gastos de administración.

Poco antes de ser intervenida en el mes de julio se había aprobado un plan para cerrar otras 122 oficinas llegando a las 841, es decir más de 200 oficinas menos que en el año 2.008.

En una encuesta realizada por la consultora CB Richard Ellis, se muestra que sobre algo más de trescientos cuarenta inversores europeos consultados, su interés por realizar inversiones inmobiliarias en España subió ligeramente por encima del 9%, un porcentaje algo superior al del año pasado.

De acuerdo a las explicaciones de la prestigiosa consultora inmobiliaria, la razón más importante esgrimida por los inversores para su creciente interés, a pesar de las dudas que a nivel internacional hay sobre la economía española es la oportunidad que presenta por estas épocas el mercado español, con rentabilidades consideradas “históricamente atractivas”.

CB Richard Ellis tiene fundadas razones para suponer que la inversión inmobiliaria en España vaya a superar en el presente año los 3.329 millones de euros que se contabilizaron en el 2.010.

Adolfo Ramírez escudero, el consejero director general de Capital Markets de CBRE España, explicó que las razones por las que todavía no se han visto en el mercado cifras de inversión aún más altas es simplemente por una falta de unidades ofrecidas que se ajusten a la demanda internacional.

Según el mismo estudio, en la actualidad sigue siendo Alemania el destino preferido por los inversores en territorio europeo, en una tendencia que se viene presentando desde el año pasado, el momento clave en el que el país germano se ubicó a la vanguardia en el proceso de recuperación económica del continente europeo.

Lo concreto es que frente al 18% de inversores que planeaba invertir en Alemania durante el 2.010, ahora esa cifra se elevó a un tercio de los consultados.

Con respecto al Reino Unido, el país lideró la recuperación en cuanto al número de transacciones y el valor de los activos, pero todavía los inversores siguen centrando su interés en otros países.

Francia por su parte está ubicada en la cuarta posición si tenemos en cuenta el interés inversor, en una situación que se toma a nivel europeo como una importante caída si se tiene en cuenta que en el ejercicio del año pasado más del 10% de los inversores consideraban al país galo como su principal objetivo.

La cordobesa Cajasur, a través de los 20 miembros que forman su Consejo de Administración, avalaron los pasos para la fusión con Unicaja, cuya sede se encuentra en Málaga.

Cajasur, que se encuentra en manos de la Iglesia Católica, tuvo en los últimos tiempos una mala gestión y se dedicó a inversiones inmobiliarias de dudosa rentabilidad en medio de esta crisis económica global, las que ahora la obligan a tomar la decisión de fusionarse para poder seguir adelante.

No hace todavía dos semanas que Unicaja, que en la actualidad es la Caja de Ahorros más importante de Andalucía, ya hizo el anuncio de su fusión con Caja de Jaén, y ahora se agrega Cajasur, de forma tal que se elevará la propuesta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Hace apenas dos días, el Consejo de Administración de Cajasur le hizo llegar al Organismo que se ocupa de la regulación de las Cajas un comunicado en el que informa de la reunión durante la cual se dieron a conocer los términos de la fusión, que dará origen a la será la quinta entidad financiera española por cantidad de depósitos y la sexta si se tiene en cuenta el volumen de activos que posee.

Además facultó a su presidente Santiago Gómez Sierra, quien es también deán de Catedral de Córdoba, a iniciar el proceso de integración, que de cualquier forma deberá ser refrendado por las demás autoridades de la entidad.

Luego de la reunión el hermetismo fue total, y prácticamente no se pudo obtener información de ninguno de los participantes de la misma, a pesar de que era sabido en todos los ámbitos que a partir de las cinco de la tarde se trataría la orden extraordinaria el día, que se iba a referir exclusivamente al proceso de fusión de la Caja.

Ya la semana anterior se reunieron los presidentes de ambas cajas, Gómez Sierra por Cajasur y Braulio Medel por Unicaja, en lo que fue el primer acercamiento de ambas entidades en forma oficial.

Se pudo saber que la Iglesia pretende tener un vicepresidente ejecutivo en el futuro Consejo de Unicajasur, la entidad que vería la luz del día luego de la fusión, a la vez de asegurarse un 8% de representación en el Consejo, lo que le garantizaría tres representantes.

Si se concretan los primeros preacuerdos, en estos difíciles tiempos de crisis la Iglesia contaría con una nueva fundación que dispondría de 8 millones de euros en sus tres primeros años de funciones y con 6 millones el cuarto año.

Por otro parte, desde el punto de vista de la infraestructura de la nueva caja resultante, es deseo de la Iglesia gestionar varios de sus edificios que, desde luego, pasarían a ser patrimonio de la nueva sociedad.

Entre ellos estarían la sede central de Cajasur en Córdoba, otro edificio en la misma zona que en estos momentos alberga a la Oficina Agraria, el Colegio del Santo Ángel, el Convento del Corpus y la sede de Cajasur en Jaén.