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El presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, le “exigió” en las últimas horas a las autoridades del Consejo Europeo (CE) y del Banco Central Europeo (BCE) una pronta respuesta a los problemas que por estos tiempos están afectando seriamente a la Eurozona esgrimiendo entre otras cosas que “para eso se les ha transferido parte del poder”.

Estas palabras de Zapatero fueron dichas en el transcurso de una comida mitin que se llevó a cabo el jueves pasado en la capital soriana, y donde también aseguró que los “problemas europeos” requieren para solucionarlos una “respuesta europea”, añadiendo que la que debe mandar es Europa en su conjunto y no dos o tres gobiernos aisladamente.

En el marco de la misma reunión, la vicepresidenta económica del gobierno español Elena Salgado reiteró que España no precisa ser rescatada a pesar de la fuerte subida de la presión que está sufriendo en todos los mercados, añadiendo que la sostenibilidad de la deuda española está “fuera de toda duda”.

Salgado se refirió en declaraciones periodísticas a los altos tipos de interés que debió aplicar España para poder colocar sus obligaciones ese mismo día y recordó que el presupuesto del Estado preveía 27.000 millones de euros para hacer frente a los compromisos de la deuda, y seguramente se van a utilizar sólo 24.000 millones de los previstos.

O sea que la ministra afirmó que, a pesar de todas las tensiones que viene sufriendo la economía española, se va a gastar incluso 3.000 millones menos, lo que demuestra que la deuda es perfectamente sostenible, a pesar de reconocer que los tipos de interés para el pago de las obligaciones deberían ser “sustancialmente más bajos”.

Después Salgado recordó que el vencimiento medio de la deuda española es de 6,7 años, de acuerdo a lo cual España tardaría entre seis y siete años en tener que hacer frente a los altos tipos de interés de las últimas subastas de bonos de la deuda.

Y no perdió ocasión de asegurar reiteradamente que la solución a la crisis de la deuda debe ser coordinada y consensuada en el propio seno de la Eurozona, ya que al menos doce de los diecisiete miembros sufrieron en sus economías ataques sistémicos.

La ministra dijo que deben seguirse dos líneas paralelas: el BCE debe comprar deuda de los países europeos hasta nuevo aviso y los países de la zona euro deben ajustar sus planes de consolidación fiscal y reformas estructurales.

Fue en el año 2.007 la época en que el presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se jactaba del dato de que España había superado por vez primera a los italianos en el índice de riqueza por habitante. Y en ese mismo año, el primer ministro de Italia, Romano Prodi, aseguraba que tal cosa no había sucedido, que el esperado “sorpasso” de los españoles no se había producido.

Cuatro años más tarde, ninguno de los dos gobiernos está en condiciones de “sacar pecho” para hacer rumbosos anuncios. La competencia entre ambas naciones ya no es por la velocidad de crecimiento sino simplemente por la supervivencia, por poder parar los embates de los mercados internacionales que han puesto a la deuda de ambos en la picota.

Las primas de riesgo tanto de España como de Italia tocaron la semana que acaba de terminar máximos históricos, superando en el caso de los españoles los 400 puntos básicos y los 383 si hablamos de la situación italiana.

El Tesoro italiano tuvo que pagar un tipo de interés del 5,77% en la última subasta de sus bonos a diez años, la mayor cifra en más de una década.

En el caso de España, todavía le quedan unos 40.000 millones de deuda por emitir, y se verá a qué tipo de interés puede llegar a colocarla.

Todos los analistas coinciden en culpar a ambas economías de un común pecado base, el de haber vivido por años por encima de sus reales posibilidades. Y esa época ha llegado a su fin y ahora hay que pagar las consecuencias.

Ahora bien: el enfoque de las dos naciones difieren entre sí. Italia, que es la tercera economía europea pero se encuentra estancada desde hace diez años está en dura lucha contra una colosal deuda pública, que supone actualmente el 120% de su Producto Interno Bruto (PIB), el segundo nivel más alto del mundo sólo superado por los japoneses.

En el caso de España, la deuda pública es del 67% del PIB, unos 20 puntos por debajo del promedio europeo. Esta deuda está en gran parte en manos extranjeras, a diferencia de la italiana que se encuentra mayoritariamente en poder de inversionistas locales.

De la parte en poder de extranjeros, la banca francesa es la más comprometida con la deuda italiana, ya que posee el 46% del total de la misma.

Y aquí es donde cobran importancia las palabras del Nobel de economía Joseph Stiglitz, cuando afirma que al intentar salvar la economía de un país de la región, como podría ser el caso de Grecia, en realidad se está salvando a los tenedores de la deuda de ese país.

El presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, acusó hace pocos días a los alemanes, aunque sin mencionarlos directamente, del agravamiento de la crisis de la deuda que está sacudiendo los cimientos de la economía española.

Basa Zapatero estos dichos en el hecho de que Alemania haya abierto el debate de la participación en el proceso de rescate a Grecia.

Y afirma también que la calma no volverá a los mercados sino hasta que todos los países de la Eurozona asuman su verdadera responsabilidad, en especial los más poderosos de la región, en clara alusión a los alemanes.

Critica Zapatero que el problema central es la apertura del debate de la participación privada, y según él este debate no se abrió bien y todavía no se ha cerrado. Estas palabras fueron dichas en el marco de una comparecencia conjunta que realizó con el presidente del Consejo Europeo Hernan Van Rompuy.

De acuerdo al presidente del Gobierno, España puede permitirse el encarecimiento de la financiación ya que los Presupuestos fueron elaborados con suficiente holgura como para permitir al Tesoro hacer frente a eventuales mayores costes.

Los planes de reducción del déficit se están cumpliendo y los datos macroeconómicos van “razonablemente bien, son positivos”, de acuerdo al pensamiento de Zapatero.
También aseguró que son positivos los datos sobre la financiación de la deuda, ya que España se está enfrentando a una subida del coste de la misma que se espera que sea temporal si Europa en su conjunto da una respuesta satisfactoria.

Además la vicepresidenta Elena Salgado mantiene una vigilancia diaria sobre los parámetros económicos ya que la credibilidad de los españoles debe mantenerse en su nivel máximo en estos tiempos de crisis.

Van Rompuy, por su parte, no confirmó ni descartó una reunión extraordinaria del CE para analizar la situación.

Todo este “lío” comenzó cuando en octubre del año pasado Ángela Merkel se reunió con el presidente de Francia Nicolas Sarkozy y le planteó por primera vez la posibilidad de que los inversores privados tuvieran que hacerse cargo de una parte de la factura que estaba pasando la crisis de deuda de los países en problemas.

Desde entonces, cada vez que se suscitó un problema de índole de la deuda soberana de un país, Alemania ha vuelto a la carga con la “ayuda” de los inversores privados para hacer frente a la situación.

El premier de China Wen Jiabao le prometió hace apenas unas horas en la capital de su país al presidente del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero que los chinos van a comprar más deuda española de la que ya poseen (en la actualidad son unos 25.000 millones de euros, un 12% del total), a la vez que también van a participar activamente en la reestructuración de las Cajas de Ahorro como “una muestra de la confianza depositada en la economía española”, de acuerdo a las textuales palabras de Wen.

El primer ministro chino aseguró que siguió muy de cerca los problemas por los que atravesó y todavía persisten en España y que las autoridades de su país trataron de ayudar a los españoles en la medida de sus posibilidades.

Recordemos que en la actualidad China se ha transformado en la segunda economía del mundo, mientras que España ocupa el duodécimo lugar de la lista.

Wen se refirió a la crisis española diciendo que “España es el mejor amigo de China en Europa, y este es un buen momento para demostrar que la amistad es verdadera y duradera”.

A su vez Rodríguez Zapatero dijo que las relaciones económicas y políticas con China están sin duda en una curva ascendente de constante crecimiento, pero la intención del gobierno español es que estas relaciones crezcan todavía más, de allí su presencia en territorio chino en un momento tan especial para su país.

Durante las reuniones que mantuvieron ambos mandatarios se acordó una subida de la presencia de productos agroalimentarios españoles en China en un intento por equilibrar aunque sea en parte la balanza comercial entre los dos países, ya que en la actualidad China es la responsable de la tercera parte del déficit comercial de España con el extranjero.

Zapatero le hizo la oferta a Wen para que China participe en el proceso de privatización de puertos y aeropuertos españoles. Además la idea es intentar impulsar el turismo chino a España teniendo como puntos clave para atraer al mismo la gastronomía y el deporte.

Zapatero y el ministro de Industria, Turismo y Comercio Miguel Sebastián se reunieron también con el viceprimer ministro Li Keqiang, quien visitó España en el mes de enero pasado y dejó tras su viaje varios contratos millonarios que ahora Zapatero quiere repetir y aumentar en la capital del gigante asiático.

Zapatero repitió varias veces durante la actual visita que la ayuda que China le prestó a España fue fundamental para que los mercados internacionales recuperasen progresivamente la confianza en la economía española.

Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, está en España en visita oficial y se reunirá en el transcurso de esta semana en Madrid con los directivos de las más importantes empresas españolas con intereses en territorio colombiano, de acuerdo a lo informado el lunes por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España.

Santos comenzó el mismo lunes la que es su primera visita oficial a España en su carácter de presidente, y su objetivo es mantener varios desayunos de trabajo con los presidentes de compañías tales como Repsol, CAF, Endesa, OHL, Iberia, Ferrovial, Cepsa Sol Meliá y FCC Construcciones, según informó también el Consejo Superior en el mismo comunicado.

La semana pasada, antes de emprender su viaje a España, Santos declaró a Efe que su país “es una oportunidad para los inversores españoles porque está en condiciones de ayudar a mitigar los efectos de la crisis económica”.

Según Santos, la delicada situación económica que está sufriendo España por estos meses puede ser una oportunidad para que las empresas que ya invirtieron en su país se interesen en aumentar dichas inversiones de manera significativa.

E l Jefe de estado del país latinoamericano adelantó asimismo que el principal propósito de su visita a territorio español es “continuar fortaleciendo de todas las formas posibles las relaciones con un país que para Colombia es sumamente importante” en términos geopolíticos y en cuanto a las relaciones de política exterior, comercio bilateral e inversiones mutuas.

Juan Manuel Santos llegó a España el pasado domingo 10 de abril, y ya al día siguiente, es decir el lunes 11, tuvo una reunión a la que calificó como “muy importante y productiva” con el Rey Juan Carlos y posteriormente con el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en medio de una muy nutrida agenda de reuniones y entrevistas.

El gobierno de España, a través nada menos que de su presidente José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a insistir en la dirección que viene trasmitiendo desde hace ya varios meses, según la cual el largo camino para desandar la actual situación de desempleo se va a recorrer en “forma lenta”.

El alto nivel del índice de parados no va a desaparecer a corto plazo, a pesar de que las autoridades están seguras de que la recuperación económica está en marcha y esto se debe fundamentalmente a las reformas llevadas a cabo en los últimos 18 meses.

En su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, Zapatero reiteró estos conceptos en forma redundante muchas veces, al tiempo que informó acerca del Consejo Europeo que se llevó a cabo la semana pasada.

Según las propias palabras del presidente del gobierno, el retorno a la creación de empleo “será lento” y “nos va a costar”.

Pero a su vez aseguró en todo momento que el Ejecutivo está actuando, sin esperar a que la recuperación se produzca por sí sola.
Esta recuperación va a llegar si se sigue el camino de reformas que ya ha comenzado, en especial aquellas de orden financiero, laboral y de pensiones.

Las reformas que se han llevado a cabo ya generaron una “confianza creciente” en la estabilidad y las perspectivas de futuro de la economía española.

Los dichos de Zapatero no se condicen con el 0,1% que cayó el PIB español el año pasado o los 70.000 nuevos parados que se registraron en el mes de febrero de este año, pero hay otros indicadores como la subida de la producción industrial que podrían respaldar sus afirmaciones.

También la caída al menos por el momento del ataque de los mercados financieros internacionales contra la deuda soberana de España juega a favor del gobierno.

Para Zapatero el PIB seguirá creciendo trimestre a trimestre aunque en forma muy paulatina. Habrá que esperar si las previsiones gubernamentales para todo el 2.011 de un crecimiento del 1,3% terminan siendo las correctas, o se parecen más a las calculadas por el Banco de España, bastante más conservadoras y menos optimistas.

El presidente del gobierno aprovechó la oportunidad de hablar en el Congreso para agradecer a los grupos parlamentarios que han sido “responsables” y apoyaron las reformas, haciendo obvia referencia a CIU, PNV, UPN y Coalición Canaria, no así al Partido Popular que se mostró contrario a todo lo propuesto por el Ejecutivo.

A la todavía abierta herida que en el corazón de los países europeos produjo el terremoto y tsunami ocurridos en Japón el pasado 11 de marzo, con las imprevisibles consecuencias económicas que este desastre traerá a casi todo el mundo y no sólo a los japoneses, se suma ahora la crisis militar desatada en Libia, que también hará variar seguramente la relación comercial y de toda índole entre los países de la Unión Europea y los libios y probablemente otros países del norte de África.

Y en el caso de España, lo que representa no un dato menor, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha encolumnado, con la aprobación no unánime del Congreso español, con los países de la región que decidieron la intervención militar en Libia para contrarrestar la al parecer enloquecida escalada bélica del gobierno de Muamar el Gadafi.

Atrás parecen haber quedado las épocas de los apretones de manos entre ambos presidentes, y ahora Zapatero pidió permiso a los grupos parlamentarios para una actuación militar en Libia “por unas semanas”, de acuerdo al pedido del Consejo de Seguridad de la ONU.

La respuesta fue en general positiva, de parte del PP, CiU, ERC y UPyD.
Los diputados de IU-ICV y BNG ya anticiparon su voto en contra de la iniciativa del gobierno.

Recordemos que España aumentó las compras de crudo a Libia un 33% en el transcurso del año pasado, siendo en la actualidad el país africano el segundo proveedor de petróleo a los españoles, sólo superado por Irán.

Gadafi ya juró venganza contra todos aquellos que lo están atacando, asegurando que tarde o temprano sus fuerzas caerán sobre ellos.
Y España es uno de los países que están atacando Libia, aunque con una pequeña participación.

Además del grave problema que se le va a presentar a los españoles con la provisión de crudo si es que Libia decide cortar el envío de petróleo a todos los países contra los que se halla en conflicto, sólo faltaría que a la actual situación española, tratando de todas las formas posibles de salir definitivamente de la crisis económica global en la que todavía está en parte inmerso, se le sume el tener que participar de un conflicto bélico que, como toda guerra, tiene consecuencias imprevisibles y por supuesto totalmente indeseables.

Hoy martes el parlamento español procederá a la votación para ratificar el envío de tropas a Libia, algo que en la práctica ya se realizó.

Como consecuencia de la aprobación el fin de semana pasado de los principios del Pacto del Euro por parte de los líderes de los 17 países de la Eurozona, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero admitió ya entrada la madrugada del sábado que “seguramente habrá en España más ajustes y reformas para poder cumplir con los objetivos del Pacto”.

Ya Zapatero se había mostrado antes de la Cumbre partidario de combinar íntimamente salarios y productividad tal como viene reclamando desde hace tiempo la canciller alemana Ángela Merkel.

Después de la reunión, el presidente del gobierno trató de explicar que, en parte, ya la productividad se tiene en cuenta al momento de la negociación colectiva, mostrándose confiado de que empresarios y sindicatos españoles puedan llegar a un “acuerdo equilibrado”, para el que tienen tiempo hasta el 19 de marzo próximo, es decir dentro de muy pocos días.

El acuerdo definitivo de lo establecido por la Eurozona deberá aprobarse en el Consejo Europeo el 24 y 25 de este mes, amén de estar pendiente de otros consensos tendientes a reforzar el Gobierno económico de la Unión Europea.

A los disímiles resultados que lograron Grecia e Irlanda en la reunión de hace apenas unos días, Merkel declaró lacónicamente que “Debe haber un quid pro quo”.

Es esta la tercera vez que los jefes de gobierno de la zona euro se ven obligados a mantener un Consejo extraordinario ante la gravedad de los hechos.

Las rebajas en la calificación de la deuda que las agencias internacionales de calificación hicieron a Grecia, Portugal, Irlanda y España subieron mucho las presiones sobre esos países.

Recordemos que los dos Consejos anteriores se llevaron a cabo en octubre del 2.008 después de la caída del Lehman Brothers y el 7 de mayo del año pasado para tratar de evitar que la crisis griega arrastrara a otros países como Portugal, España e incluso Italia.

España, al igual que el resto de los países de la región, deberá asegurar la sostenibilidad de sus cuentas públicas, adoptando cambios legales en todos los niveles de gobierno.

De acuerdo a lo que señala el texto de la resolución alcanzada, “La formulación exacta de la norma será decidida por cada país pero debería garantizar la disciplina fiscal tanto a nivel nacional como subnacional, o sea los niveles regionales y comunales”.

Francisco González, el presidente del BBVA, realizó declaraciones en la ciudad de Bilbao con críticas a la gestión actual del presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Después de un 2.010 donde el beneficio de la institución que preside obtuvo un beneficio de 4.606 millones de euros, mostró estos resultados como una “infalible” receta de éxito y además los utilizó para mostrar según él el camino que el gobierno de España debiera seguir para, según sus propias palabras, “sacar al país de una situación lamentable”.

González se dirigió elípticamente al gabinete de Rodríguez Zapatero para pedirles que ejecuten con “rapidez” las medidas que se tomaron para salir de la crisis económica e impulsar un Plan Estratégico de Modernización que pueda reducir los actuales niveles de paro, que en la actualidad rondan los 4,7 millones de personas, y mejorar al mismo tiempo los niveles de competitividad.

Para González es urgente corregir los errores y reaccionar con decisión y de manera rápida para recuperar la perdida “enorme credibilidad que tenía el país antes de la crisis global”. Para él, el gobierno no está actuando bien en asuntos de fondo y de enorme importancia como la reforma del mercado laboral.

De cualquier manera calificó de “solvente” la actualidad del sistema financiero español, al considerar los 15.125 millones de euros necesarios para recapitalizarlo como una cifra manejable frente a aquéllas que se están manejando en otros países de la región.

La reestructuración de las Cajas es un paso imprescindible que debe ser completado con rigor y rapidez para ayudar a recuperar la confianza de los mercados internacionales, opinó el presidente del BBVA, ya que recordó también que estas entidades “no están sometidas a la disciplina y al control de los mercados” y dependen exclusivamente de las autoridades económicas españolas.

Si cuando los resultados del Banco habían caído el 16% logró de la Junta General de Accionistas un apoyo del 93,5%, ahora en Bilbao González arrasó con un 98% de apoyo a todas sus propuestas.

González sólo pareció perder la calma cuando uno de los accionistas comparó los resultados del Banco con los más cuantiosos del Santander.

Allí el banquero dijo, cosa que después repitió un par de veces, que el error del accionista que formuló la pregunta era no considerar los riesgos que en su momento había asumido cada una de las entidades.

En España no se registraba una subida de tarifas de la magnitud de la que se ha puesto en marcha desde el primer día de este nuevo año desde 1.983, es decir hace 28 años.

El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, presionado por un sector eléctrico que ya usa la palabra desastre en su vocabulario diario, subió las tarifas eléctricas casi un 10%. Además se incrementarán casi un 4% las tarifas de gas natural para los usuarios con las mismas reguladas.

Con la subida en el precio de la electricidad, un consumidor eléctrico medio va a ver aumentado su gasto en energía eléctrica en algo más de 4 euros al mes.

Pero el ministerio de Industria asegura que la subida en la tarifa va a ser todavía algo menor, y que oscilará en los 3,2 euros mensuales para 17 millones de consumidores, ya que no incluye en los potenciales “damnificados” a aquellos con potencias menores a 3 kilovatios y los que podrían solicitar el llamado bono social eléctrico, es decir unas 2,8 millones de familias con todos sus miembros en paro, familias numerosas y perceptores de pensiones mínimas.

Para todos ellos, y siempre de acuerdo a los dichos del gobierno, la luz no va a subir en el 2.011.

Con la Ley en su poder y las diversas fórmulas en la mano, no había demasiadas opciones para los funcionarios gubernamentales. O se subía la tarifa eléctrica en una forma importante o se corría el riesgo de entrar en una zona de extremo peligro para el desfase entre ingresos y gastos.

A punto tal son ciertas estas afirmaciones, que a pesar del gran aumento de las tarifas el déficit en el sector va a seguir creciendo hasta el año 2.013, cuando estas medidas deben desaparecer también por una Ley.

Esto va a suceder a pesar de que la Industria ya ha recortado todo lo posible el coste en el sistema eléctrico, unos 4.600 millones de euros en los próximos tres años. Además Industria recortó en 2.200 millones de euros las primas que deberían cobrar las empresas del sector de la energía fotovoltaica de aquí al año 2.013, e impuso además un “peaje” a la generación de electricidad que traerá aparejado una subida en los ingresos del orden de los 450 millones de euros.

Como si todo esto no fuese suficiente calamidad para la población, el precio de la bombona de gas pasó de 12,79 a 13, 19 euros, un incremento del 3,13% que va a afectar a entre 8 y 10 millones de usuarios.

Durante el año 2.010 el encarecimiento acumulado del butano alcanzó la preocupante cifra del 16,6%.