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Faltan menos de 30 días para que deban aprobarse los presupuestos del 2.011 en España, y los funcionarios dedicados al tema ya trabajan a un ritmo casi enloquecedor para darle forma a las cuentas que seguramente serán las más importantes de la economía española de los últimos años.

La administración de José Luis Rodríguez Zapatero sabe que está jugando una carta muy difícil tanto dentro como fuera de las fronteras del país.

Y esto se debe a que posiblemente nunca como en estos meses un gobierno español ha estado tan vigilado por los organismos financieros internacionales como en estos momentos. Y tampoco nunca como ahora un gobierno tuvo que hacer tantos malabares para mantener la economía del país a flote, con los intereses políticos, electoralistas y de simple supervivencia que esos malabares conllevan.

En la faz económica el objetivo es claro y no se puede desviar ni un milímetro de lo estipulado. El mundo no le permitirá a España dejar de cumplir con lo que ha prometido. El déficit del conjunto de las administraciones españolas deberá reducirse hasta el 6% del PIB durante el próximo año desde el 9,3% que se prevé para este 2.010 que está corriendo.

Esto supone en términos de divisas un recorte de algo más de 33.000 millones de euros.

Este recorte saldrá de una reducción de gastos del propio Estado de casi 10.200 millones de euros con respecto a este año, lo cual de hecho no parece ser algo fácil de realizar teniendo en cuenta que los intereses de la deuda subirán.

El Ministerio de Economía deberá repartir entre todas las dependencias no más de 122.000 millones de euros, frente a los 132.000 millones que inclusive después de los ajustes terminarán gastándose en este 2.010.

En toda esta movida que se asemeja a una complicada partida de ajedrez, el Ministerio más afectado será nuevamente el de Fomento, mientras que Rodríguez Zapatero ya anunció los sacrificios a los que deberán someterse empleados públicos y pensionistas.

En el caso particular de los pensionistas, alrededor de 6 millones de personas verán durante el 2.011 congeladas sus prestaciones, lo cual supondrá un importante ahorro para las arcas de la Seguridad Social.

José Manuel Campa, el secretario de Estado de Economía, dijo que por ahora será suficiente con estos ajustes, pero de ninguna manera descartó poner en marcha nuevas medidas de ajuste en caso de ser necesarias por producirse un desvío en el objetivo de déficit fijado por el Gobierno.

De acuerdo a un informe que fue publicado hace muy pocas horas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó las previsiones que tiene sobre el crecimiento de la economía de España para el año próximo.

El organismo internacional mantiene sus previsiones y apuesta a una caída del 0,4% del PIB español para este año 2.010, pero corrigió a la baja los cálculos que se habían realizado para el 2.011.

Se esperaba en un principio, en el informe que se dio a conocer en Abril, un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0,9% el año entrante, pero ahora esa cifra fue revisada a la baja hasta el 0,6%, es decir un 33% menos.

En contrapartida con estos datos, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estima que el crecimiento del PIB en el 2.011 será de un 1,3%, el doble que lo calculado por el FMI.

Estas variaciones en los pronósticos del Fondo se producen después de que el Ejecutivo español adoptó severas medidas de ajuste fiscal estimadas en unos 15.000 millones de euros.

En este nuevo informe sobre la situación internacional que da a conocer el FMI, España es seguramente uno de los países que plantea peores perspectivas a futuro, puesto que al parecer será la única de las grandes economías mundiales que retroceda en este 2.010 que estamos atravesando, y también la que menos crezca en el 2.011.

Tomando la economía mundial en su conjunto, el FMI subió 0,4% su previsión de crecimiento para llevarla al 4,6%, y mantiene inalterable su previsión del 4,3% para el 2.011.

Las estimaciones indican que los países que lideren la recuperación serán los emergentes, aunque también las llamadas “economías desarrolladas” van a crecer aunque en menor medida, un 2,6% este año y un 2,4% el que viene.

Otro dato interesante del informe del Fondo es el que dice que al parecer la economía mundial está recuperándose este año a un ritmo mayor al esperado de acuerdo a las proyecciones del primer trimestre, que eran del 5% a tasa anualizada.

Asia juega el papel de locomotora en este proceso de recuperación, seguido muy de cerca por la mayoría de las economías de Latinoamérica.

Pero advierte que los riesgos de la recuperación subieron a consecuencia de las turbulencias en los mercados periféricos de la Eurozona.

En el caso de España, el FMI indica que está entre los países donde el precio de los seguros contra impago de la deuda ha subido más en todo el mundo.

Nuevamente la agencia de calificación Fitch modificó su nota con respecto a España. Y otra vez la modificación fue a la baja. Este hecho se produce en el medio de un severísimo plan de ajuste que puso en práctica la administración de José Luis Rodríguez Zapatero que envuelve al país en un clima político y social bastante comprometido.

Tanto el presidente del gobierno español como el PSOE están atravesando los peores momentos de sus seis años de gobierno, con alarmas que se disparan y suenan por todas partes.

Fitch pasó la calificación de la solvencia de España de AAA al escalón inmediatamente inferior AA+.

En realidad es un hecho que, tomado en cuenta en forma aislada, no cuestiona la capacidad de pago de España con respecto a sus obligaciones.

Pero en el contexto de la situación que se está viviendo en la península ibérica, es un síntoma más que habla de la gravedad del estado del paciente, en un clima poco menos que de fin de régimen.

Como el anuncio fue hecho hace un par de días después del cierre de las Bolsas europeas, no impactó en los resultados de las mismas, aunque sí hizo bajar el Dow Jones en los Estados Unidos un 1,9%, ya que reavivó los temores de una crisis generalizada en toda Europa.

Y encima esto viene a suceder apenas un día después de que el jefe del gobierno de España salvara su plan de ajuste en el Congreso de su país por apenas un voto de diferencia.

La situación actual de España da como hacer una lista de problemas que pareciera salida de una película de Alfred Hitchcock: Las previsiones de crecimiento que dio a conocer el gobierno son literalmente negativas, acaba de comenzar una huelga en los ferrocarriles españoles, no hay forma de lograr un acuerdo entre los sindicatos y el empresariado para la reforma laboral con el fin de mayo ya superado, todos los políticos están al borde de un ataque de nervios al mejor estilo Almodóvar y la semana que recién se inicia puede resultar una seguidilla de acontecimientos de pesadillas.

En el ámbito estrictamente financiero habrá que ver con el correr de los días cómo responden los mercados, aunque ya se sabe que el Ibex cerró su peor mes desde la caída del Lehman Brothers, lo cual no es para nada un buen indicio.

El presidente del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero anunció hace pocas horas que su administración decidió “en su momento” según sus propias palabras subir los impuestos a las rentas más altas.

El anuncio fue hecho durante la VI cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe (ALCUE) que finalizó hace apenas un par de días, aunque se cuidó muy bien de recalcar que la decisión recién será puesta en práctica cuando el Ejecutivo español lo considere “oportuno”, y de acuerdo a la marcha del gigantesco plan de ajuste que se anunció el miércoles de la semana pasada.

Zapatero también se cuidó muy bien al asegurar que la revisión de los tributos fiscales no va a afectar a la mayoría de los impuestos ni a las clases medias.

Lo concreto es que el titular del ejecutivo de España sigue pidiendo duros esfuerzos que van a afectar a una parte importante de la población para el tremendo déficit público de las cuentas españolas.

Ahora citó a las clases más acomodadas, pero también mencionó en su momento a trabajadores de todas las clases y pensionistas.

Según sus propias palabras, “toda la sociedad está de acuerdo” en que los esfuerzos deben hacerse en mayor medida por parte de quienes más tienen, es decir los que cuentan con un volumen importante de riquezas.

Pareciera ser que con estas declaraciones Zapatero quiere dar por terminada la polémica que se implantó en la sociedad española desde que fuera anunciado el nuevo plan de ajuste para este año y el próximo y que prevé reducir el gasto público en 15.000 millones de euros extras.

Recordemos que este plan se centra principalmente en la rebaja de los sueldos de los funcionarios, la congelación de pensiones y un ajuste de las obras públicas sin precedentes hasta el momento.

Luego de los anuncios, los vicepresidentes segundo y tercero del Gobierno discreparon en parte con los mismos.

La titular de economía aseguró que una reforma fiscal “no estaba en los planes del ejecutivo”; el Ministro de Política territorial dijo por su parte que dicha reforma se aprobaría “en un corto plazo”, y su sucesor en la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se dedicó a formular varias peticiones específicas al respecto.

Parece poco probable implantar en la población una sensación de tranquilidad habida cuenta que los propios funcionarios de primerísima línea no logran ponerse de acuerdo ni siquiera en sus declaraciones públicas.

El presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, “enfrentó” el miércoles pasado al Congreso de su país para anunciar una serie de medidas cuanto menos polémicas pera reducir el gran déficit público que presentan las cuentas del país y lo pone en la lupa de todos los organismos financieros internacionales.

Entre las principales medidas anunciadas figuran una reducción promedio del 5% de los salarios de los funcionarios públicos y su congelamiento durante el 2.011, el congelamiento de las pensiones el próximo ejercicio, la supresión de los 2.500 euros de ayuda por nacimiento (conocido en España como “cheque bebé“) desde el año próximo, y otras que causaron más malestar que satisfacción a los congresistas, hasta completar un total de nueve medidas.

Estas medidas se completan con una caída del sueldo de los integrantes del Gobierno del 15%, recortes en la inversión pública y la ayuda al desarrollo.

Con este paquete de “shock”, la administración central espera reducir cinco puntos el déficit del PIB de aquí a diciembre de este año.
Sin haberlo anunciado explícitamente, dejó la puerta abierta a futuras subidas de impuestos a las rentas más altas.

Con la reducción de los sueldos de los funcionarios públicos se espera obtener un ahorro de 4.000 millones de euros. Esta reducción no va a ser igual parta todos, sino que será proporcional a los ingresos, por lo que los salarios más altos se verán más afectados que aquellos más bajos.

La reducción de los salarios de los miembros del Gobierno aportará, siempre según los cálculos gubernamentales, otros 2.400 millones de ahorro.

1.500 millones de euros esperan obtenerse en el transcurso del 2.011 de la suspensión “temporal” de la revalorización de las pensiones.
Cambios en el régimen jubilatorio también aportarán ahorros a las arcas del Gobierno, al volver a las condiciones jubilatorias aprobadas en el 2.007.

La eliminación del “Cheque bebe” desde el primero de enero proveerá a las arcas del gobierno 1.500 millones de euros adicionales.

Habrá cambios en la Ley de medicamentos destinados a optimizar el gasto del gobierno en los medicamentos de los planes sociales.

En la Ley de Dependencia, uno de los puntos fuertes del gabinete de Zapatero, se elimina la retroactividad en el cobro de la prestación.

600 millones de euros saldrán de la reducción entre 2.010 y 2.011de la oficial al desarrollo, a pesar de lo cual España sigue siendo el sexto país en el mundo en materia de ayuda de esta índole.

Finalmente, entre reducción de la inversión pública y ayudas a las comunidades autónomas, se espera reducir el gasto otros 1.645 millones de euros.

Se verá sobre la marcha si estas medidas producen el efecto deseado, aunque la oposición y muchos congresales del oficialismo son bastante escépticos al respecto.

José Luis Rodríguez Zapatero confirmó que la semana venidera presentará un documento que contenga las medidas económicas más urgentes para hacer frente a la crisis derivada de la llamada crisis global que enfrenta España por estos días.

Estas medidas fueron acordadas en el marco del Pacto de Zurbano y el ejecutivo pretende ahora pasarlas a un decreto-ley de forma tal que se pueda lograr su inmediata puesta en marcha.

Zapatero agregó a las medidas ya acordadas una nueva línea de créditos blandos del ICO para beneficiar a las pymes, una reducción del IVA que en realidad ya aprobó el Congreso español, y medidas para fomentar el empleo, posiblemente el punto más álgido de la actual situación española.

El presidente del gobierno afirmó que espera “una actitud constructiva” que no obstaculice la marcha del plan por parte del PP y el resto de los grupos involucrados, aunque recordó que si no hay consenso, el Gobierno va a tomar igualmente las medidas que considere necesarias y urgentes.

Mariano Rajoy, el líder del PP, dijo desde Colombia donde se encuentra de viaje, que las decisiones del Gobierno fueron tomadas hace diez meses, en mayo del 2.009, y ahora parece ser que se llevarán a la práctica casi un año después.

Para él, este decreto-ley no es bueno ni malo sino indiferente si lo que pretende es parar la crisis económica. Vuelve a considerar las decisiones gubernamentales como un ejercicio de escapismo que nada variará en lo sustancial la situación económica por la que atraviesa España.

Recordó Rajoy esta situación, haciendo especial hincapié en el muy elevado número de parados, en el abultado déficit público que no parece ceder, en la falta de crédito oficial a todo nivel y en la desmesurada subida de los impuestos a empresas y a la población en general.

Se refirió a las declaraciones del presidente del gobierno de hace pocos días en las que decía que su gabinete puso en marcha 137 medidas anticrisis y sobre esto aseguró que a su juicio “España lo que menos precisa ahora son 137 medidas improvisadas, sino que se controle el gasto público y se reduzca sustancialmente el déficit”.

Rajoy también defendió la necesidad imperiosa de una reestructuración de base del sistema financiero, una igualmente necesaria reforma laboral y sobre todo que los impuestos permanezcan en el actual nivel o que se reduzcan, y no que continúen subiendo.

En medio de los desacoples y problemas que los coletazos de la crisis económica global siguen generando en España, se suceden malas noticias en cuanto a las “notas” que las principales calificadoras de riesgo les están poniendo a algunas comunidades autónomas de España.

No es que este hecho cambie demasiado la situación de esas comunidades, pero una baja en las calificaciones siempre entorpece las posibilidades de generar nuevas fuentes de intercambio con otras regiones, y de por sí no es un buen parámetro para medir la marcha de las cosas en esas comunidades.

Hace apenas siete días, era Standard & Poor’s la que ponía la deuda contraída por España en estrecha vigilancia y con pronósticos de implicancias negativas.

Ahora es otra calificadora de prestigio internacional, Moody’s, quien ha rebajado la calificación de obtención de créditos en tres comunidades españolas, la Comunidad Valenciana, Castilla- La Mancha y Catalunya.

A las tres comunidades las mantiene en estos días con una perspectiva negativa ante la posibilidad de un nuevo recorte de sus calificaciones en el futuro.

Pero no son éstas las únicas comunidades que parecen estar en problemas más o menos serios, al menos según el punto de vista de Moody’s.

En otro comunicado paralelo la calificadora informó que por las características de la marcha de la economía también se ve precisada a poner bajo vigilancia a Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Galicia.

Todas estas últimas comunidades cambiaron en las últimas mediciones de Moody’s las perspectivas de “estable” a “negativa”.

Fue durante el último verano español, en Julio de este año, cuando la calificadora advirtió que estaba cambiando de manera “peligrosa” su visión acerca de las administraciones regionales en toda España, lo que en cierta forma explica por qué ahora se ha producido esta debacle en las nuevas calificaciones.

Todo esto sucede apenas horas después de que el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmara ante el Congreso de Diputados que hoy por hoy las calificadoras de riesgo, entre las que hizo especial hincapié en Moody’s, no son sino “oráculos financieros” que ahora se jactan de hacer predicciones exactas y sin margen de error, y en el pasado fueron incapaces siquiera de prever la terrible crisis a nivel mundial que se avecinaba.

No es tampoco un dato menor para el “enojo” de Rodríguez Zapatero el hecho de que Moody’s colocó recientemente a España primera en la lista de las economías de la Eurozona con más riesgos en los tramos finales de la crisis.

Desde que comenzó la crisis económica global, la administración de José Luis Rodríguez Zapatero puso como eje central en su lucha contra el desempleo la obra pública, que en estos meses fue la forma más rápida y sencilla de que muchos españoles consiguieran un empleo para poder subsistir en esta crisis.

Lo concreto es que de acuerdo a datos que publicó hace unos días la asociación de las grandes constructoras, Seopan, el gobierno central licitó en los diez primeros meses del año obras por algo más de 8.000 millones de euros. Y esa cifra es significativamente menor a la de igual período del año anterior, en particular un 36,2% inferior.

Para los gobiernos autonómicos, en los cuales la obra pública es todavía más importante, ya que la capacidad de maniobra para generar nuevos emprendimientos laborales es todavía menor, la caída fue mucho menor, puesto que bajó un 7% para situarse en los 10.390 millones de euros.

Y los ayuntamientos aumentaron sus licitaciones un 70%, hasta alcanzar los 13.810 millones de la moneda común europea.
Este inusual impulso se debió a los 8.000 millones de euros que las corporaciones regionales recibieron del gobierno central como un fondo de inversión municipal.

El comportamiento de los distintos Ministerios fue dispar en cuanto a las cifras que se manejaron en materia de obras públicas.

El principal organismo dedicado a la licitación del gobierno, es decir el Ministerio de Fomento, hizo entre enero y octubre de este año un recorte del 47% del importe de las obras sacadas a concurso, puesto que éstas cayeron hasta los 5.555 millones de euros, pero en contrapartida el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino licitó en ese mismo período un 20% que doce meses antes, al llegar a los 1.184 millones de euros.

En el Departamento que está a cargo de José Blanco mencionan los 2.756 millones de euros que licitó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, un 21% menos que el 2.008, al tiempo que la Dirección General de Carreteras licitó poco menos de 700 millones de euros, una caída del 71% comparado en forma interanual.

Si la hace la comparación por administraciones autonómicas, algunas crecieron como Baleares, Murcia y Navarra, y otras redujeron sus inversiones de manera drástica, como Galicia, Catalunya y la Comunidad Valenciana.

La cantidad de turistas extranjeros que visitaron España hasta setiembre de este año cayó casi un 10%, registrándose el ingreso de 42 millones de personas.

En el mismo período del año anterior, según datos de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur), se había producido el ingreso de más de 46 millones de visitantes.

Estas cifras transforman al 2.009 en el peor año para los primeros nueve meses en toda la década y ubican nuevamente al movimiento turístico en los niveles del 2.004.

Esta caída se debe principalmente a la merma en las visitas provenientes del Reino Unido y Alemania, que tradicionalmente son los que más visitan suelo español.

El turismo desde el Reino Unido sufrió un descenso del 15,7%, y el de Alemania del 11,6%, lo cual repercutió negativamente en el mercado turístico español.

De cualquier forma, y a pesar de que en el año la caída muestra los preocupantes guarismos que mencionábamos, las autoridades notan una moderación del descenso de visitantes a lo largo de los meses, ya que el primer semestre del año mostró una caída del 11,4%, julio el 10,3%, agosto el 9,9,% y setiembre el 9,5%, lo cual parecería indicar que si bien los número distan de ser los deseables, la disminución en el turismo extranjero poco a poco se va morigerando.

De cualquier manera desde el 2.001, cuando comienza esta medición de los números turísticos a nivel nacional, el 2.008 había sido el primer año a la baja con un retroceso de 2,6%, y evidentemente los guarismos de este año superan por mucho esa cifra.

Las previsiones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a principios del 2.009, que estimaban la caída en las cifras del sector turístico para todo el año en alrededor del 10% con respecto al año anterior, parecen hasta setiembre coincidir con la realidad, lo cual habla del correcto cálculo que se realizó pero al mismo tiempo de la afligente situación turística española.

Si se tiene en cuenta la variación turística anual en las distintas comunidades españolas, la única que mostró en lo que va del 2.009 cifras al alza es la comunidad de Madrid, que incrementó sus visitantes en 445.000 personas, un 7% si se lo compara con el 2.008.

Habrá que esperar los acontecimientos de los próximos meses con la llegada del invierno para ver si estas tendencias se mantienen o comienza a revertirse el panorama en el turismo ibérico.

Los presupuestos que los gobiernos presentan para los ejercicios de los años venideros conforman ante todo una cabal expresión de deseos de los gobernantes en cuanto a la marcha de la economía.

Y en tiempos de crisis económica global todavía presente, esos presupuestos tienen como mínimo un amplio margen de error en cuanto a la posibilidad de llevarlos a cabo tal cual la letra escrita.
Recién en el “campo de batalla” se verá el éxito o no del emprendimiento.

El presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero afirmó que en las cuentas del Estado que se presentaron hace apenas unos días para el año entrante caben perfectamente la consolidación fiscal y los impulsos fiscales extraordinarios.

Esto significa, a poco que se analice la situación, deberán disminuirse muchas partidas asignadas para este 2.009 si se quiere cumplir con todo lo planeado.

La consolidación fiscal y los impulsos fiscales son dos caminos contrapuestos que pueden llevar al déficit en el 2.010 al 8% del PIB, cuando el Gobierno ya está tratando ahora de frenarlo de todas las formas posibles.

Según el Director de Economía de Analistas Financieros Internacionales, José Antonio Herce, el rotundo fracaso de las cuentas de este año, que presentó en su momento el anterior vicepresidente económico Pedro Solbes habilita a entendidos y a la población española en general a cuando menos desconfiar de los nuevos números para el año próximo.

Para Laura de Pablos, profesora de Hacienda Pública de la Universidad Complutense, el del año próximo es un presupuesto “extraordinariamente complicado”, partiendo de la base del descalabro en todos los aspectos económicos del presente año.

Es el propio Gobierno el que afirma que a fines del 2.009 las recaudaciones de impuestos en todo el territorio español quedará al menos unos 45.000 millones de euros por debajo de lo estimado en el presupuesto oficial que para este año elaboró Solbes.

Simultáneamente, la subida de las prestaciones por desempleo, los nuevos fondos para la financiación autónoma y algún otro gasto que siempre aparece elevarán el gasto no financiero del Estado en 35.000 millones de euros por encima de lo previsto en los límites presupuestarios.

El economista Juan Rubio-Ramírez sintetiza el actual estado de las cosas al afirmar que “España vivió un sueño dorado con unos superávit que nos hicieron creer que la situación estructural de las cuentas públicas estaban bajo control. Esto no es así, y ahora el Gobierno deberá poner los pies sobre la tierra y ver de qué modo se pueden solucionar o al menos morigerar los efectos de este gran déficit fiscal”.