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El 17 de enero pasado el Gobierno de España recibió el explícito apoyo del Poder Ejecutivo francés para lograr que los españoles mantengan su representante en el consejo del Banco Central Europeo (BCE).

Después de reunirse con el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, el presidente francés Nicolas Sarkozy declaró textualmente que “Francia apoya con todas sus fuerzas que España mantenga un puesto” en el BCE.

Por su parte el presidente del gobierno español explicó que la reunión que ambos mandatarios llevaron a cabo ese día le sirvió para asegurarle a Sarkozy su indeclinable voluntad de que España siga manteniendo, como corresponde, uno de los seis lugares del consejo del BCE que quedará vacante cuando termine el mandato del español González-Páramo.

José Manuel González-Páramo es el representante de España en el consejo ejecutivo del BCE, y dejará su puesto en la autoridad monetaria del euro el próximo 31 de mayo. Rajoy ya declaró abiertamente su intención de “pelear” con todos los medios a su alcance para mantener un puesto en el máximo órgano de gobierno del instituto emisor europeo.

No es una cuestión menor la elección de la nacionalidad del sexto miembro del Consejo. La salida de España de éste y su eventual reemplazo por un socio del norte rompería la actual mayoría que en estos momentos tienen las naciones del sur y particularmente los periféricos en la cúspide del órgano donde se toman las decisiones acerca de los tipos de interés, un ítem clave para lograr la reactivación de la economía de la Eurozona en estos momentos de crisis. Además se ocupa de la controvertida compra de bonos de los países bajo presión de los mercados, levantando las consecuentes suspicacias de Alemania y el resto de la “línea dura” de la región, como Holanda y Austria.

Ahora el consejo del BCE cuenta con dos alemanes, un italiano, un griego, un francés y el español González-Páramo. Y la idea es mantener esa paridad de fuerzas, con cierta preeminencia de los países “del sur”.

Tampoco ayuda la pérdida de la triple A por parte de Francia, porque así deja a un solo país de los representantes en esa condición, es decir Alemania, y podrían intentar colocar a otra nación “del norte” que esté en esas condiciones, como por ejemplo Holanda.

La salida de España del máximo órgano del BCE sería un traspié para España, quien tradicionalmente ocupó un lugar haciendo valer su condición de cuarta potencia del euro.

La Seguridad Social en España culminó el año 2.011 registrando un pequeño déficit de 0,06% del PIB español, equivalente a 668 millones de euros. Esta cifra fue adelantada hace unos días por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría después del Consejo de Ministros que se llevó a cabo el pasado 6 de enero.

El dato dado a conocer es, según la vicepresidenta, un indicador claro de que la situación es más difícil de lo que pensaba en un principio el nuevo Gobierno, y coincide con el vaticinio que adelantaron los expertos en el tema y el propio Gobierno socialista saliente en la última fase del año anterior. A pesar de esto, el resultado obtenido se ubicó muy lejos de las previsiones que hizo el anterior Poder Ejecutivo en los Presupuestos correspondientes, cuando se esperaba que hubiese un superávit de al menos el 0,4% del PIB español.

Éste es el primer desfase entre ingresos y gastos en el sistema de pensiones español desde el momento en que la Seguridad Social dejó de financiar por completo la sanidad pública en el año 1.999.

Pero el tremendo balance negativo en lo laboral en cuanto a la destrucción de empleos todavía en el transcurso del 2.011ha deprimido los ingresos al mismo tiempo que los gastos subían con inusitada fuerza por la existencia de cada vez más y mejores pensiones. Esta es la razón por la que se ha producido una desviación de casi medio punto con respecto a lo que se había previsto en su momento.

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría admitió que el anterior secretario de Estado de Seguridad Social les había advertido oportunamente en el momento del traspaso de poderes que creía muy difícil que se alcanzase un superávit en el conjunto del ejercicio, a pesar de lo cual la nueva administración no esperaba una desviación de tamaña magnitud. Debe verse también que, contemplando desde el inicio un escenario de déficit, la desviación es en realidad moderada.

Y la cifra que se dio a conocer, que es la primera que se da de las cuentas públicas en el presente año, le sirvió a la vicepresidenta del Gobierno para justificar medidas, tanto las que ya se adoptaron como las que se piensan adoptar en los próximos meses, que son sin lugar a dudas más “duras” de lo que proyectaba la nueva administración de Mariano Rajoy.

Debe tenerse en cuenta que el grueso de la desviación del déficit no tiene como origen la Seguridad Social sino que viene de las Comunidades Autónomas, tal como lo reconoció el ministro de Economía Luis de Guindos.

El presidente del Gobierno de España Mariano Rajoy firmó el decreto ley de prórroga de los Presupuestos, y en él se incluyen varias medidas de bastante dureza para los contribuyentes españoles como por ejemplo la subida del IRPF y del IBI.

Pero a su vez este mismo decreto trae dos noticias buenas para la banca española. La primera es que las Cajas de Ahorro pueden evitar quedar convertidas en Fundaciones aún con menos del 50%del capital del Banco con que operan financieramente. Y la segunda medida es la autorización que le confiere al Estado para que pueda otorgar avales de hasta 100.000 millones de euros a la banca en el curso del año que recién comenzó.

Esa cantidad de euros va a servir para el otorgamiento de avales a las emisiones de bonos y nuevas obligaciones que lleven adelante las entidades de crédito con residencia en España y que tengan una actividad destacable en el mercado de crédito nacional. Este aval va a garantizar tanto el monto de la emisión como los intereses ordinarios que genere la misma.

Será potestad del ministerio correspondiente fijar los requisitos para la concesión de avales, entre los que podrán existir diversas condiciones de solvencia que establezca oportunamente el Banco de España. También dicho ministerio establecerá el procedimiento para otorgar estos avales y las comisiones que por este otorgamiento se cobre a la entidad involucrada.

Debemos recordar que el otorgamiento de avales públicos a la banca fue un procedimiento bastante común de la mayoría de los gobiernos de Europa incluido el de José Luis Rodríguez Zapatero durante los momentos más duros de la primera parte de la crisis financiera debido a la desconfianza de los inversores internacionales para sus operaciones financieras.

Cuando esta crisis se transformó en una crisis de la deuda pública, en algunos países como España dejaron de ser útiles por tener un coste prohibitivo, ya que las entidades debían hacer frente al precio del aval más la prima de riesgo del avalista.

Después, ante la casi desaparición de los mercados de financiación mayorista fue el Banco Central Europeo quien asumió el total del protagonismo para la financiación de la banca.

Basta recordar que en la subasta que se realizó en diciembre a un plazo de tres años, el BCE prestó a los Bancos de la zona del euro poco menos de medio billón de euros.

La administración de Mariano Rajoy dio los primeros pasos en la reforma financiera que es prioridad para este primer semestre de la economía de España.

Se publicó recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una disposición que evita que las Cajas de Ahorro que controlen menos del 50% del capital del Banco mediante el cual ejercen su actividad financiera pasen en el futuro a ser Fundaciones.

Las 7 Cajas de Ahorro que lideran Caja Madrid y Bancaja estaban apenas por encima de ese porcentaje en Bankia, y lo mismo sucedía con Cajasol y CAN en el caso de Banca Cívica.

Estas entidades necesitaban recapitalizarse, especialmente si comenzasen nuevos saneamientos de sus activos inmobiliarios tóxicos, y se encontraban sin margen de maniobras para poder actuar sin caer por debajo del “fatídico” 50% que figura en el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2.010 de fecha 9 de julio del año pasado. Por lo tanto corrían el peligro de ser convertidas en Fundaciones, lo que subiría el control político de las mismas por parte de las distintas Comunidades Autónomas.

El nuevo Gobierno de España estudió desde sus primeros días de gestión cómo implementar esta decisión fundamental para las Cajas bajo la supervisión directa del ministro De Guindos, quien antes de ser nombrado para su nuevo cargo era consejero de uno de los Bancos controlados por Cajas.

Actualmente todas las Cajas crearon Bancos para traspasar el negocio financiero. Pero de acuerdo a la anterior disposición, si bajaban del 50% de participación dejaban de llamarse “Cajas” para pasar a ser “Fundaciones” con lo que su única labor sería gestionar la obra social correspondiente.

Ahora el mencionado apartado 3 pasa a tener el siguiente contenido: “Si una Caja de Ahorros dejase de ostentar el control, en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, de la entidad de crédito a la que se refiere la presente disposición, deberá renunciar a la autorización para actuar como entidad de crédito según lo previsto en la Ley de Ordenación Bancaria de 1946 y proceder a su transformación en fundación especial (…)”.

De esta manera se reemplaza la exigencia vigente hasta ahora de tener más del 50% del capital por una nueva que es la de ostentar el control de la entidad de crédito en los términos del artículo 42 del Código de Comercio.

Esta nueva disposición es más general y permite el control aún cuando no se tenga más del 50% del capital.

Buena parte de los jubilados de España, más precisamente alrededor del 50% de ellos, van a volver a perder poder adquisitivo en el 2.012 por segundo año consecutivo. Y eso se debe en buena parte al incumplimiento de la promesa del flamante presidente del gobierno español Mariano Rajoy de no subir los impuestos, con lo cual se incide directamente en el poder de compra de las pensiones.

La mitad de los jubilados no se verán afectados por la subida en IRPF, pero el otro 50% va a sentir cómo esa subida del impuesto se lleva buena parte del reajuste del 1% que se dio para compensar la inflación prevista.

Los que se perjudicarán más son los que cobran las pensiones más altas, para los cuales la subida del impuesto será mayor al incremento de la pensión, a punto tal que quizás vean reducirse ligeramente su pensión anual neta.

Recordemos que la subida de las pensiones será, con carácter general, del 1%, la cifra establecida como parámetro de la inflación este año. Y los pensionistas no recuperan así el poder adquisitivo que perdieron en el 2.011, que fue del 2,9%de acuerdo con la subida de precios en el período noviembre del 2.010 a noviembre del 2.011. Y a esto se agrega que en torno al 50% de los jubilados volverá a perder poder adquisitivo en el 2.012 por la subida de impuestos.

El aumento del IRPF afecta sobre todo a los pensionistas con prestaciones superiores a 700 euros mensuales. Este nivel puede subir algo dependiendo de la situación particular de cada pensionista, como es el hecho de estar casado y tener hijos menores a su cargo.

De acuerdo a datos de noviembre pasado, de las casi 5.300.000 pensiones de jubilación había 2,72 millones superiores a los 700 euros mensuales. Aunque es difícil calcular el número exacto, es dable suponer que los afectados representan la mitad del total de jubilados.

Para los que reciben pensiones contributivas, el porcentaje que cobra prestaciones mayores a 700 euros es menor, alrededor del 28% del total, es decir un millón de pensionistas más.

La pérdida de poder adquisitivo se estima que superará los 100 euros mensuales para alrededor de un millón de pensionistas, la mayoría de ellos jubilados con pagas de alrededor de 1.500 euros mensuales, de forma tal que la subida del IRPF se comerá una parte variable del alza del 1% en sus pensiones.

Al parecer y de acuerdo a todos los indicios, la propuesta que hace unos quince días dio a conocer el presidente de la patronal Juan Rosell de tratar de combatir el paro con empleos con un salario de 400 euros mensuales más 150 euros de cotizaciones va a “morir” antes de ver la luz.

Fátima Báez, la nueva ministra de Empleo y Seguridad Social, dijo hace el martes de la semana pasada que el partido gobernante, el PP, no tiene previsto incluir los que se dieron en llamar “miniempleos” en la reforma laboral.

La ministra hizo estas declaraciones unas pocas horas antes de entrevistarse precisamente con Rosell, en lo que fue la inauguración oficial de los encuentros con los agentes sociales. Al día siguiente se produjo la reunión con los líderes de los principales sindicatos UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo respectivamente.

Báez, nueva responsable de Empleo en España, afirmó que está convencida acerca de que la patronal y los sindicatos van a llegar a un acuerdo que le facilite al Gobierno llevar adelante la reforma laboral.

Después de la apertura de la legislatura en el congreso, Báez dijo textualmente que “el acuerdo entre los distintos agentes sociales nos hará la tarea más fácil”. Y aseguró que prefiere un acuerdo aunque éste sea parcial entre la patronal y los sindicatos antes que tener que llevar adelante una reforma “por decreto”.

La entrevista entre Báez y Rosell de acuerdo a trascendidos de la propia patronal, fue meramente protocolar y se abordaron por encima los problemas que en la actualidad atraviesan sobre todo las pequeñas y medianas empresas españolas.

Recordemos que en su discurso de investidura el pasado 19 de diciembre, el actual presidente del Gobierno español Mariano Rajoy no precisó la reforma laboral que planea llevar adelante, la que debe estar aprobada en el transcurso de la primera quincena de enero.

Lo que sí sugirió es un proceso de abaratamiento del despido al momento de defender el contrato único y señalar que a su juicio la indemnización por despido en España es muy elevada. El plazo que Rajoy les dio a los agentes sociales para que presenten loa acuerdos a los que han arribado es hasta el próximo 7 de enero.

Y Báez confirmó los dichos de su “jefe” al asegurar que el “tiempo apremia” a tan sólo cinco días de haber asumido su cargo.

El Congreso de los Diputados votó el pasado lunes por mayoría absoluta a Mariano Rajoy como nuevo Presidente del Gobierno de España. Todo esto transcurrió con una normalidad democrática que, teniendo en cuenta los tiempos difíciles de crisis por los que atraviesa la Nación, resultó cuanto menos apaciguadora y sobre todo llena de esperanza.

Y es que, dadas las actuales circunstancias, desde la Transición donde fue elegido presidente Adolfo Suárez no hubo nunca en España tantas ganas de que las cosas salgan bien. Ahora ya no se trata de las diferencias entre un gobierno de centroderecha, conservador, liberal, de izquierda, sino de que esta nueva “aventura” no puede fallar porque está en juego la supervivencia de esta “vieja y querida España” que tan sólo tres días antes de la asunción del presidente se encontraba al borde del abismo financiero.

Nadie pecará de adivino si afirma que España se juega su futuro en los próximos doce meses, los que serán realmente difíciles para todos, Gobierno y pueblo.

A partir de este momento, y por bastante tiempo, los españoles deberán hacer los deberes más que nunca y contener la respiración con la mirada y el alma puesta en ese futuro distinto e incierto que se avecina, pero al que todos están dispuestos a presentarle batalla.

“La fiesta se acabó” y eso era sabido desde hace ya muchos meses. La España de los años de oro, rompedora de récords en materia económica, de crecimiento incontenible, no volverá a ser igual posiblemente nunca más.

Rajoy lo dijo claramente en su discurso: para salir de esta crisis sin antecedentes los españoles deberán rejuvenecerse, reinventarse, transformarse en lo que sea necesario en pos de recuperar el futuro y la sonrisa.

Y este no es un dato menor viniendo de un político “conservador” poco propenso a la ruptura de las inercias. Si hasta dejó a la izquierda con un descolocado discurso de ortodoxias metodológicas ya caducas.

Si algo puede decirse de Mariano Rajoy es su ausencia de misterio. Él mismo gusta calificarse como “un hombre previsible”. Pero esto se compensa con una muy alta dosis de cautela, quizás no demasiado recomendable para estos tiempos.

Con esta base deberá cimentar un Gobierno anticrisis. Las perspectivas para el 2.012 son muy duras y lo serán todavía más si las cifras finales que deje la administración de Rodríguez Zapatero resultan ser peores a lo esperado.

Todo puede suceder, pero lo cierto es que la confianza y las ganas de recuperarse es lo que hoy por hoy sobran en todos los españoles.

Mariano Rajoy, el flamante presidente del Gobierno de España, está decidido a actuar rápidamente en la reestructuración del sector financiero del país. Ya en su discurso de investidura dijo textualmente que “la culminación del proceso de reestructuración del sector financiero” se debía cerrar “en los seis primeros meses del año”.

Con estas medidas pretende regresar a niveles crediticios medianamente aceptables al crear entidades que sean rentables, fiables y solventes. Pero para esta declarada urgencia se presenta un problema que habrá que resolver.

Los gestores de NovaGalicia Banco y CatalunyaCaixa tienen de por sí un año de plazo para buscar inversores, de acuerdo a lo que dice el Real Decreto de Reestructuración. Y esto supone que hasta fines de setiembre del año próximo el Estado no podrá vender la mayoría de las acciones, las que son propiedad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Si alguien quisiera comprar a las entidades gallega o catalana antes de ese plazo, debería contar indefectiblemente con la aprobación de sus actuales gestores, se recuerda en los pasillos de las entidades afectadas.

En el mundillo de los banqueros se pidió al PP que cambie el Real Decreto para terminar con esta condición y permitir que se pueda empezar cuanto antes con la reestructuración, sin trabas en el horizonte. Los banqueros pretenden que se siga el modelo de la CAM con las posteriores adquisiciones, el que fue muy criticado por algunas Cajas por considerarlo “excesivamente generoso”.

Algunas fuentes no oficiales de las dos entidades afectadas admitieron que, de acuerdo a como está el mercado financiero español hoy en día, puede pasar cualquier cosa, aunque lo normal sería que se respetaran los tiempos establecidos.

Ambas Cajas afirman tener bastante avanzada la búsqueda de inversores privados, y si se produjese un brusco cambio en el planteo de la situación por parte de las autoridades esto significaría terminar con estas negociaciones. De cualquier manera, hay muchas dudas de que en sólo un semestre se pueda reordenar el sector, sobre todo porque el nuevo Jefe de Gobierno no ha pronunciado palabra sobre cómo lo hará, ni cuánto va a costar, ni quién lo va a pagar, que es lo más importante para el sector.

Desde el seno de la Comisión Europea se salió al paso del discurso de Rajoy advirtiendo que bajo ningún concepto deberá darse dinero público a entidades que no vayan a ser viables.

Fiel a su estilo, Mariano Rajoy no abandonó el término “depende” ni siquiera en su discurso de investidura del día lunes.

Lo que sí quedó claro es que en el próximo trimestre va a llevar a cabo un muy ambicioso plan de reformas “hasta el hueso”, con mucha profundidad.

Lo que no aclaró ante el pleno del Congreso de España es cuál es la forma en que llevará este plan adelante, ni siquiera cuáles son sus propuestas concretas. Es predecible suponer que habrá recortes, los que serán medidas tan impopulares como necesarias e inevitables.

Rajoy dijo textualmente en su discurso que “soy muy consciente de que no me enfrento a un escenario de halagos y lisonjas. Yo no he llegado a este momento para cosechar aplausos, sino para intentar resolver problemas”, en un claro recordatorio a la muy grave situación de crisis que está viviendo el país actualmente y que obligatoriamente llevará a toda la población a tener que hacer ingentes esfuerzos y sacrificios para salir adelante.

Sin demasiado entusiasmo en su discurso, porque ya se sabe que Rajoy no es dado particularmente a ser portador y trasmisor de alegrías, y porque además los debates de investidura son para toda la oposición trámites más que incómodos sobre todo después de una debacle electoral, así transcurrió todo el mensaje del nuevo Jefe del Gobierno español.

Todo el ambiente estaba impregnado entre la satisfacción de quienes recuperaron el poder después de casi ocho años de oposición y se mueven sigilosos ante el reparto de los nuevos cargos y la incomodidad manifiesta del derrotado que debe retirarse sin siquiera mirar para atrás.

En el medio de estos dos grandes grupos, las minorías de izquierda que por el momento se conformaron con dejar constancia de los derechos laborales y sociales, y el CiU que, a pesar de cierto “desprecio” por parte de Rajoy aspiran a ser los socios preferenciales del nuevo Gobierno.

Rajoy, que se convirtió este martes en el sexto presidente del Gobierno de la democracia, hizo un enunciado de sus propuestas, las que van desde la modificación del sistema de pensiones, una nueva reforma laboral, la reducción de los puentes y la acumulación de festivos, entre otras.

Y como “estrella” de las nuevas medidas gubernamentales, la drástica reducción del gasto público que afectará a todas las partidas excepto a las pensiones, las que volverán a ser revalorizadas de acuerdo al IPC.

Las compañías eléctricas de España le reclaman al nuevo presidente español, Mariano Rajoy, importantes sacrificios vía subida de tarifas para solucionar los males que amenazan seriamente sus cuentas.

Así es que la asociación patronal Unesa, que agrupa a las compañías, ya le envió al nuevo gobierno la semana pasada los cálculos de cómo le irá al sector el año próximo. Y, una vez más, las cuentas no cierran.

Para evitar que se siga engrosando el déficit de alrededor de 20.000 millones de euros, las grandes empresas creen que la parte regulada del recibo de la luz, la que es decidida por el Gobierno, debe subir al menos un 30% durante el 2.012, cuando esa suba en el 2.011 fue del 11,3%. Este mero cálculo hace suponer que la administración de Mariano Rajoy debe empezar a subir las tarifas desde el mismo mes de enero del año entrante.

Como la parte regulada supone más o menos la mitad del recibo, la propuesta de Unesa en realidad implica un aumento mínimo de la tarifa de luz para el 2.012 del 15%. Y a ese porcentaje se le agregaría el que resultara de las subastas de energía que determinan el valor trimestral de la energía y que es la otra mitad del recibo domiciliario.

Los cálculos de Unesa se enviaron a un ministerio que todavía está a cargo de un ministro socialista, pero la “advertencia” es para el nuevo Ejecutivo que debe formar Rajoy, quien deberá decidir este mismo mes qué hacer con la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR) que ahora pagan más de 20 millones de usuarios.

Lo cierto es que los números presentados por Unesa hablan de un desfasaje resultante de casi 5.300 millones de euros, que de cumplirse superaría muy largamente los 1.500 millones de déficit máximo que contempla el Real Decreto 6/2.009.

Pero los directivos de Unesa no sólo presentaron los números que se esperan para los próximos doce meses, sino que también señalan quién, desde su punto de vista, es el responsable de tamaño desfasaje: el sector de las energías renovables, con las del sector solar (fotovoltaico y termosolar) a la cabeza.

De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de la Energía, en el 2.011 las renovables cobrarán en primas más de 6.600 millones de euros. Y las grandes empresas eléctricas destacan ese incremento de primas que se verifica cada año para fomentar lo que ellas llaman “energías inmaduras”. Y encima pende sobre sus cabezas la construcción de 40 nuevas plantas termosolares que costarán, a su juicio, por lo menos 2.000 millones de euros al año.