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El Congreso de los Diputados votó el pasado lunes por mayoría absoluta a Mariano Rajoy como nuevo Presidente del Gobierno de España. Todo esto transcurrió con una normalidad democrática que, teniendo en cuenta los tiempos difíciles de crisis por los que atraviesa la Nación, resultó cuanto menos apaciguadora y sobre todo llena de esperanza.

Y es que, dadas las actuales circunstancias, desde la Transición donde fue elegido presidente Adolfo Suárez no hubo nunca en España tantas ganas de que las cosas salgan bien. Ahora ya no se trata de las diferencias entre un gobierno de centroderecha, conservador, liberal, de izquierda, sino de que esta nueva “aventura” no puede fallar porque está en juego la supervivencia de esta “vieja y querida España” que tan sólo tres días antes de la asunción del presidente se encontraba al borde del abismo financiero.

Nadie pecará de adivino si afirma que España se juega su futuro en los próximos doce meses, los que serán realmente difíciles para todos, Gobierno y pueblo.

A partir de este momento, y por bastante tiempo, los españoles deberán hacer los deberes más que nunca y contener la respiración con la mirada y el alma puesta en ese futuro distinto e incierto que se avecina, pero al que todos están dispuestos a presentarle batalla.

“La fiesta se acabó” y eso era sabido desde hace ya muchos meses. La España de los años de oro, rompedora de récords en materia económica, de crecimiento incontenible, no volverá a ser igual posiblemente nunca más.

Rajoy lo dijo claramente en su discurso: para salir de esta crisis sin antecedentes los españoles deberán rejuvenecerse, reinventarse, transformarse en lo que sea necesario en pos de recuperar el futuro y la sonrisa.

Y este no es un dato menor viniendo de un político “conservador” poco propenso a la ruptura de las inercias. Si hasta dejó a la izquierda con un descolocado discurso de ortodoxias metodológicas ya caducas.

Si algo puede decirse de Mariano Rajoy es su ausencia de misterio. Él mismo gusta calificarse como “un hombre previsible”. Pero esto se compensa con una muy alta dosis de cautela, quizás no demasiado recomendable para estos tiempos.

Con esta base deberá cimentar un Gobierno anticrisis. Las perspectivas para el 2.012 son muy duras y lo serán todavía más si las cifras finales que deje la administración de Rodríguez Zapatero resultan ser peores a lo esperado.

Todo puede suceder, pero lo cierto es que la confianza y las ganas de recuperarse es lo que hoy por hoy sobran en todos los españoles.

Mariano Rajoy, el flamante presidente del Gobierno de España, está decidido a actuar rápidamente en la reestructuración del sector financiero del país. Ya en su discurso de investidura dijo textualmente que “la culminación del proceso de reestructuración del sector financiero” se debía cerrar “en los seis primeros meses del año”.

Con estas medidas pretende regresar a niveles crediticios medianamente aceptables al crear entidades que sean rentables, fiables y solventes. Pero para esta declarada urgencia se presenta un problema que habrá que resolver.

Los gestores de NovaGalicia Banco y CatalunyaCaixa tienen de por sí un año de plazo para buscar inversores, de acuerdo a lo que dice el Real Decreto de Reestructuración. Y esto supone que hasta fines de setiembre del año próximo el Estado no podrá vender la mayoría de las acciones, las que son propiedad del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Si alguien quisiera comprar a las entidades gallega o catalana antes de ese plazo, debería contar indefectiblemente con la aprobación de sus actuales gestores, se recuerda en los pasillos de las entidades afectadas.

En el mundillo de los banqueros se pidió al PP que cambie el Real Decreto para terminar con esta condición y permitir que se pueda empezar cuanto antes con la reestructuración, sin trabas en el horizonte. Los banqueros pretenden que se siga el modelo de la CAM con las posteriores adquisiciones, el que fue muy criticado por algunas Cajas por considerarlo “excesivamente generoso”.

Algunas fuentes no oficiales de las dos entidades afectadas admitieron que, de acuerdo a como está el mercado financiero español hoy en día, puede pasar cualquier cosa, aunque lo normal sería que se respetaran los tiempos establecidos.

Ambas Cajas afirman tener bastante avanzada la búsqueda de inversores privados, y si se produjese un brusco cambio en el planteo de la situación por parte de las autoridades esto significaría terminar con estas negociaciones. De cualquier manera, hay muchas dudas de que en sólo un semestre se pueda reordenar el sector, sobre todo porque el nuevo Jefe de Gobierno no ha pronunciado palabra sobre cómo lo hará, ni cuánto va a costar, ni quién lo va a pagar, que es lo más importante para el sector.

Desde el seno de la Comisión Europea se salió al paso del discurso de Rajoy advirtiendo que bajo ningún concepto deberá darse dinero público a entidades que no vayan a ser viables.

Fiel a su estilo, Mariano Rajoy no abandonó el término “depende” ni siquiera en su discurso de investidura del día lunes.

Lo que sí quedó claro es que en el próximo trimestre va a llevar a cabo un muy ambicioso plan de reformas “hasta el hueso”, con mucha profundidad.

Lo que no aclaró ante el pleno del Congreso de España es cuál es la forma en que llevará este plan adelante, ni siquiera cuáles son sus propuestas concretas. Es predecible suponer que habrá recortes, los que serán medidas tan impopulares como necesarias e inevitables.

Rajoy dijo textualmente en su discurso que “soy muy consciente de que no me enfrento a un escenario de halagos y lisonjas. Yo no he llegado a este momento para cosechar aplausos, sino para intentar resolver problemas”, en un claro recordatorio a la muy grave situación de crisis que está viviendo el país actualmente y que obligatoriamente llevará a toda la población a tener que hacer ingentes esfuerzos y sacrificios para salir adelante.

Sin demasiado entusiasmo en su discurso, porque ya se sabe que Rajoy no es dado particularmente a ser portador y trasmisor de alegrías, y porque además los debates de investidura son para toda la oposición trámites más que incómodos sobre todo después de una debacle electoral, así transcurrió todo el mensaje del nuevo Jefe del Gobierno español.

Todo el ambiente estaba impregnado entre la satisfacción de quienes recuperaron el poder después de casi ocho años de oposición y se mueven sigilosos ante el reparto de los nuevos cargos y la incomodidad manifiesta del derrotado que debe retirarse sin siquiera mirar para atrás.

En el medio de estos dos grandes grupos, las minorías de izquierda que por el momento se conformaron con dejar constancia de los derechos laborales y sociales, y el CiU que, a pesar de cierto “desprecio” por parte de Rajoy aspiran a ser los socios preferenciales del nuevo Gobierno.

Rajoy, que se convirtió este martes en el sexto presidente del Gobierno de la democracia, hizo un enunciado de sus propuestas, las que van desde la modificación del sistema de pensiones, una nueva reforma laboral, la reducción de los puentes y la acumulación de festivos, entre otras.

Y como “estrella” de las nuevas medidas gubernamentales, la drástica reducción del gasto público que afectará a todas las partidas excepto a las pensiones, las que volverán a ser revalorizadas de acuerdo al IPC.

Las compañías eléctricas de España le reclaman al nuevo presidente español, Mariano Rajoy, importantes sacrificios vía subida de tarifas para solucionar los males que amenazan seriamente sus cuentas.

Así es que la asociación patronal Unesa, que agrupa a las compañías, ya le envió al nuevo gobierno la semana pasada los cálculos de cómo le irá al sector el año próximo. Y, una vez más, las cuentas no cierran.

Para evitar que se siga engrosando el déficit de alrededor de 20.000 millones de euros, las grandes empresas creen que la parte regulada del recibo de la luz, la que es decidida por el Gobierno, debe subir al menos un 30% durante el 2.012, cuando esa suba en el 2.011 fue del 11,3%. Este mero cálculo hace suponer que la administración de Mariano Rajoy debe empezar a subir las tarifas desde el mismo mes de enero del año entrante.

Como la parte regulada supone más o menos la mitad del recibo, la propuesta de Unesa en realidad implica un aumento mínimo de la tarifa de luz para el 2.012 del 15%. Y a ese porcentaje se le agregaría el que resultara de las subastas de energía que determinan el valor trimestral de la energía y que es la otra mitad del recibo domiciliario.

Los cálculos de Unesa se enviaron a un ministerio que todavía está a cargo de un ministro socialista, pero la “advertencia” es para el nuevo Ejecutivo que debe formar Rajoy, quien deberá decidir este mismo mes qué hacer con la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR) que ahora pagan más de 20 millones de usuarios.

Lo cierto es que los números presentados por Unesa hablan de un desfasaje resultante de casi 5.300 millones de euros, que de cumplirse superaría muy largamente los 1.500 millones de déficit máximo que contempla el Real Decreto 6/2.009.

Pero los directivos de Unesa no sólo presentaron los números que se esperan para los próximos doce meses, sino que también señalan quién, desde su punto de vista, es el responsable de tamaño desfasaje: el sector de las energías renovables, con las del sector solar (fotovoltaico y termosolar) a la cabeza.

De acuerdo a un informe de la Comisión Nacional de la Energía, en el 2.011 las renovables cobrarán en primas más de 6.600 millones de euros. Y las grandes empresas eléctricas destacan ese incremento de primas que se verifica cada año para fomentar lo que ellas llaman “energías inmaduras”. Y encima pende sobre sus cabezas la construcción de 40 nuevas plantas termosolares que costarán, a su juicio, por lo menos 2.000 millones de euros al año.

En apenas un mes, Mariano Rajoy se encontrará al frente de un país en estado de máxima presión, si es que todavía no estalló para ese entonces.

Siempre antes de unas elecciones nacionales el último Consejo de Ministros acostumbra a ser un período de balance. Pero esta vez la apremiante actualidad financiera de España no permitió andar con discursos rimbombantes ni calurosas felicitaciones.

El viernes pasado Elena Salgado tuvo que salir a rebatir nuevamente la versión que ya está instalada en todos lados, y que asegura que los españoles tendrán que pedir auxilio a la Unión Europea y al FMI para poder honrar su deuda. Aseguró que “no hay ninguna petición de rescate en nuestra imaginación, está absolutamente fuera de toda consideración”.

Salgado opina que el bajo nivel de la deuda pública, un 66% del PIB hasta junio, reafirma sus declaraciones y hace que España no corra riesgos al menos de esa índole. Pero lo cierto es que el diferencial de rentabilidad con la deuda alemana rondó los 500 puntos básicos y el Tesoro debió pactar en pagar más del 7% anual para poder colocar bonos a diez años. Esos ya son límites fronterizos que rozan los que traspasaron Grecia, Irlanda y Portugal cuando debieron ser rescatados.

Muchos se preguntan si hay algún modo de que el nuevo gobierno electo pueda tomar medidas aún antes de lo que establecen los plazos constitucionales.

José Luis Martínez Campusano, estratega financiero del Citigroup en España, opina que “por muchos ajustes que se hagan, lo prioritario es resolver la crisis de la deuda soberana, lograr mayor consenso en Europa. Las medidas que se adopten pueden ser correctas, pero lo más importante es tener capacidad para convencer a nuestros socios europeos de que afronten de una vez la crisis”.

Ya el PSOE había dicho en su campaña electoral a través de Felipe González que la economía española podría salir perfectamente de la crisis si no es ahogada financieramente por una mala política europea.

Y el candidato ahora devenido perdedor a la presidencia Alfredo Pérez Rubalcaba reclamó insistentemente a la Unión Europea para que permita aflojar el ritmo del ajuste fiscal y se pueda desarrollar un plan de inversiones para compensar el recorte del gasto público en varios países de la región.

Lo cierto es que ahora Rajoy deberá enfrentar problemas de varios frentes que no harán nada fácil sus primeros meses (o años…) de gobierno.

Finalmente, y en su tercer intento, Mariano Rajoy ganó ayer las elecciones generales en España con un resultado histórico para la centroderecha española del 53% de los sufragios, lo que le da a su partido, el PP, un poder absoluto de aquí a los próximos años de gobierno. Rompió además el techo electoral que había logrado José María Aznar en el año 2.000.

Y sus primeras palabras fueron para asegurar que va a gobernar “sin sectarismos, con responsabilidad, humildad y compromiso”, sin que ningún español se sienta excluido. Resaltó la profunda necesidad de ser escuchados y respetados en Europa en medio de esta crisis económica sin precedentes. Además aseguró “que el esfuerzo que todavía es mucho y deberán realizar los españoles será repartido y equitativo”.

Acompañado de su esposa, de Dolores de Cospedal, de Pío García Escudero y de varios importantes dirigentes del PP, Rajoy saludó exultante desde el balcón de la sede partidaria de Génova celebrando su victoria electoral. Se notó en su estilo que fiel a su forma de ser no está demasiado dotado para la alegría y la euforia desmedidas.

Con los resultados obtenidos en las elecciones generales celebradas ayer, Mariano Rajoy obtuvo una mayoría holgada que el permitirá comenzar el cambio político que el PP ha propuesto en la campaña para sacar a España de esta más que incómoda situación en la que se encuentra.

Mariano Rajoy va a tener las manos libres para gobernar en solitario, con casi todas las capitales de las provincias españolas en su poder y todas las comunidades ganadas por el PP salvo Cataluña y el País Vasco, además de tener grandes expectativas de poder ganar en Andalucía en Marzo si es que se mantiene la tendencia del acto eleccionario de ayer.

Inclusive el PP pudo todavía aumentar la amplia ventaja que ya había obtenido en las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo.

El triunfo de Rajoy recibió en parte el “regalo” de la debacle de los últimos tiempos de la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero, arrastrado su partido al fracaso absoluto por la corriente de la crisis y el impacto del paro en la sociedad española.

Lo cierto y concreto es que finalmente Mariano Rajoy lo consiguió. Anoche salió por tercera vez en su carrera política al balcón de Génova como candidato presidencial. Y esta vez como un justo y claro vencedor…

Elena Salgado, la vicepresidenta económica del gobierno de España, defendió hace un par de días la posibilidad de una reforma de la Constitución española para poder dar lugar a un límite en el déficit estructural del país.

En declaraciones periodísticas Salgado aseguró que, de concretarse, sería una medida más que acertada porque generaría una gran cuota de confianza.

La ministra dijo que los inversores internacionales deben saber que al máximo nivel legal español están claramente especificados los pasos para asumir los compromisos de la deuda.

No queda demasiado claro por qué cuando la semana pasada Ángela Merkel planteó la necesidad de que todas las normas fundamentales de las naciones de la Eurozona incluyeran lo que denominó “regla de oro”, Salgado se mostró partidaria de establecer el techo del déficit en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

De concretarse, España se convertirá en el primer país de la zona euro en seguir las recomendaciones de Alemania a pesar de que Salgado aseguró que la decisión de incorporar el límite constitucional del déficit de cada país es totalmente autónoma, siendo la base de la reforma la Ley de Estabilidad Presupuestaria anteriormente citada.

En la reforma constitucional van a incluirse medidas para otorgarle una mayor flexibilidad al límite del gasto, de manera tal que en caso de una situación grave se puedan liquidar los presupuestos con déficit, algo que actualmente la Ley no prevé.

De esta forma cada año se deberá determinar en qué punto del ciclo económico se encuentra la Nación y proceder en consecuencia. Aún pudiendo liquidar el ejercicio presupuestario con déficit, la reforma de la Constitución obligará a tomar medidas tendientes a reconducir dicho déficit.

La ministra explicó que la medida comenzará a aplicarse en el 2.018 ya que será en ese entonces cuando España llegue a un “equilibrio estructural”. Ahora esta reforma no podría aplicarse porque se estaría partiendo de una situación económica extremadamente complicada.

El líder opositor Mariano Rajoy se adjudicó el día anterior la paternidad de la reforma al recordar que él fue quien propuso inicialmente limitar mediante la constitución el techo del gasto, pero Salgado desvirtuó esa afirmación al afirmar que la iniciativa de Rajoy “ya estaba recogida en la Ley de Estabilidad”.

La reforma al parecer no sólo va a introducir el límite del déficit, sino que también pretende incluirse un techo a la deuda pública, tomando para ambos parámetros los “criterios europeos”.

Mariano Rajoy es otra de las personalidades públicas de España que salió a dar su opinión con respecto a la muy difícil situación de la deuda.

Pero, para diferenciarse de la mayoría de los dirigentes europeos, estas opiniones no fueron hechas pidiéndole a las instituciones de la región que pongan en práctica alguna medida para resolver el problema en forma conjunta o simplemente criticando el funcionamiento que por estos días muestran los mercados financieros europeos.

Rajoy defendió en sus últimas declaraciones la solvencia que presenta el mercado financiero español pero a su vez señaló que a su juicio la única forma de resolver los problemas que presentan los mercados es, textualmente, “haciendo los deberes en España”.

El martes 12, día en el que Rajoy hizo estas declaraciones, fue, de acuerdo a sus propias palabras “un día particularmente difícil, y es en este día que quiero decir que España es un gran país, un país solvente que tiene gente que está muy calificada como para salir de la crisis, y presenta además una alternativa responsable como la que yo personalmente dirijo que sabe muy bien lo que los españoles necesitan en estas épocas”.

A juicio del dirigente político lo que se precisa ahora es un Gobierno decidido que haga las reformas necesarias para pasar a estar en el grupo de los buenos, junto con Alemania y Holanda.

Cree que cuando en un país se hacen bien los deberes las crisis afectan mucho menos y seguramente son más pasajeras.

Todas estas declaraciones fueron hechas en ocasión de la presentación del libro que paradójicamente se llama “Lo que hay que hacer”, en forma conjunta con el profesor Juan Velarde Fuertes.

Sin mencionarlo, Rajoy criticó las propuestas del candidato del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, al calificarlas de una “fórmula milagrera, de demagogia ramplona, una especie de bálsamo pasajero que nada va a arreglar”. Por el contrario, pidió que haya menos regulación y más liberalización en todos los sectores de la economía española.

Insistió en sus dichos en que la clave de todo el problema es “trabajar para que el bono esté como cuando nosotros nos fuimos del Gobierno, es decir en cero”.
Para él, no cabe duda de que los españoles quieren salir de esta situación, y muchos están dispuestos a hacerlo. Para ello se necesita un Gobierno serio, que termine con las ocurrencias y con medidas tomadas a las apuradas para salir del paso.

Después del muy mal arranque que el mercado laboral tuvo en el primer trimestre de este año, la Semana Santa subió algo los índices de empleo, aunque en forma temporaria.

Los servicios públicos de empleo registraron en abril 64.300 parados menos tras tres meses consecutivos a la suba. Esta es la caída más fuerte del paro que se registra para un mes de abril desde el año 2.006, cuando España todavía se encontraba en pleno auge económico.

Para el gobierno la principal causa de esta disminución en el número de parados tiene que ver con las vacaciones, las que suben considerablemente las contrataciones en el sector de servicios, que desde hace bastante tiempo es el más dinámico de la economía española.

Tan es así que el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, afirmó en tono ciertamente sarcástico que “tendría su gracia que en el mes de abril no hubieran mejorado los datos de paro registrado”.

Lo concreto es que con la caída de abril, el paro registrado oficialmente se ubicó en las 4.269.360 personas.

Seguramente de no haber estado la Semana Santa de por medio el paro hubiera tenido un comportamiento muy distinto. Así es que si se tiene en cuenta la cifra desestacionalizada, la que elimina los picos que se atribuyen a la temporada, los números indican que hubo 7.100 parados más que en el mes inmediatamente anterior, es decir marzo.

Teniendo en cuenta los datos de la EPA, que es el mejor termómetro del mercado laboral español, es factible suponer que en el primer trimestre de este año el deterioro del mercado laboral haya tocado fondo y que a partir de abril haya empezado a estabilizarse de manera muy lenta y leve, sin mejoras significativas en el corto y mediano plazo.

Los datos oficiales de la EPA que se conocieron el viernes pasado confirman que el número total de parados en territorio español llega a poco más de 4.900.000 personas.

El paro en abril cayó con respecto a marzo en todos los sectores, aunque son los servicios vinculados al turismo los que explican más de las tres cuartas partes de este descenso. Es por ello lógico que las comunidades que están más vinculadas al Turismo, como Andalucía, Catalunya y Baleares sean las que mostraron las caídas más importantes en el índice de parados.

El ya conocido fracaso de las negociaciones ente el gobierno, los sindicatos y los empresarios para dar forma consensuada a la reforma laboral que pedían a gritos tanto la sociedad de España como los vecinos de la Eurozona como condición indispensable para la recuperación española de la crisis económica global, “obligó” al presidente José Luis Rodríguez Zapatero a imponer por decreto la Ley que la pone en marcha apenas sea reglamentada.

Fueron demasiados los días de marchas y contramarchas en las reuniones bi y tripartitas para las acuciantes necesidades españolas en estos momentos. La elaboración una y otra vez de un texto consensuado fue rechazado alternativamente tanto por las centrales obreras como las federaciones patronales, por lo que el mandatario socialista tomó la decisión de evitar más demoras y envió en forma directa e inconsulta el texto del decreto al Boletín Oficial, el cual desde hoy mismo reducirá las indemnizaciones por despido desde los actuales 45 días abonados por año trabajado a tan sólo 33 días.

Pero de acuerdo a la legislación vigente, el decreto debe ser ratificado por la mayoría de los Diputados del Congreso Español, cosa que se intentará alcanzar en la sesión del martes de la próxima semana.

Y este es un punto que preocupa y mucho al gobierno, porque si tomamos como muestra la votación para la aprobación del recorte presupuestario de 15.000 millones de euros en la administración pública, que finalmente fue aprobada por apenas un voto, el destino de la ratificación de este nuevo decreto para la reforma laboral es, cuanto menos, muy incierto.

Es entonces que el voto de la principal fuerza opositora, el Partido Popular (PP) adquiere un gran protagonismo en las negociaciones de cara a la votación de la próxima semana.

Su líder, Mariano Rajoy, afirma no haber tomado aún una posición definida sobre el destino del voto de su partido, a pesar de que la reforma era pedida casi a gritos desde el comienzo de la crisis. El tema es que el actual texto que se instituyó por decreto no contempla a su criterio algunas de las demandas de la oposición que son consideradas fundamentales, como la puesta en marcha en forma inmediata de un ambicioso plan para generar empleos ante la posible ola de despidos que se avecina por el abaratamiento de las indemnizaciones por despido.

Para Rajoy “El texto no es una reforma laboral global, sino un decreto ley confuso, que no tiene ninguna claridad y que tampoco tiene en cuenta algunos puntos de inmensa importancia para el mercado laboral español”.

Parece continuar la incógnita, que tal vez pueda ser develada en unos pocos días.