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Los estudios realizados por la agencia calificadora de riesgos Moody’s cifran en el orden de los 40.000 millones de euros el ajuste que debe realizar España durante el año 2.012 para cumplir con el objetivo de déficit que se estableció oportunamente.

Esta cantidad es casi un 43% superior a la de los ajustes combinados entre 2.010 y 2.011 de acuerdo al informe de la agencia, la que a su vez cree que todavía harán falta “más medidas de austeridad” para retornar a las finanzas públicas españolas a una senda de crecimiento más o menos sostenible.

Después de conocerse la desviación de los objetivos déficit del gobierno español, los analistas de Moody’s aseguraron textualmente que “cumplir con tal ajuste fiscal masivo en un contexto de ralentización del crecimiento económico supone el riesgo de agravar la negativa perspectiva económica”. De esta manera ahora prevén una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) español que oscilará entre el 0,5 y el 1% en el año en curso, un guarismo poco alentador si se lo compara con el crecimiento del 0,7% que experimentó la economía en el 2.011 que acaba de terminar.

Si bien Moody’s hace clara referencia a los problemas internos propios de España, no deja de destacar la influencia negativa que en todo este proceso la creciente crisis de deuda de toda la región del euro.

La agencia calificadora de riesgos, una de las tres más importantes del mundo, cree que el anuncio por parte del Gobierno de Mariano Rajoy de que el déficit definitivo del 2.011 se va a ubicar en torno al 8% del PIB, lo que en números supone una diferencia para peor de alrededor de 22.000 millones de euros frente al 6% previsto originalmente, va a actuar de manera definitivamente negativa para el perfil internacional de crédito de España en los mercados de deuda de todo el mundo.

Si bien los detalles puntuales del desequilibrio fiscal no van a ser dados a conocer sino hasta el mes de marzo, Moody’s asegura que, a nivel regional, fue uno de los mayores frente a los esperados inicialmente y que, quizás en contra de lo previsto, el propio gobierno central español fue incapaz de superar su objetivo de reducción del déficit.

Sin embargo la calificadora de riesgos puntualiza textualmente que “la rapidez de las acciones del Gobierno reflejan su compromiso con la consolidación fiscal, aunque son necesarias más medidas para devolver a una senda sostenible las finanzas públicas españolas”.

Si uno no estuviera convencido de la transparencia del accionar de las principales agencias calificadoras de riesgo, diría que Moody’s, por ejemplo, tiene un particular interés por poner en evidencia los problemas que, como tantos otros países, presenta España a consecuencia de la crisis global.

Es que ahora le tocó el turno a las autonomías españolas y a varios de los principales Bancos de la península.

Apenas un día después de la rebaja de la solvencia de la deuda soberana española, la agencia redujo la nota de diez comunidades autónomas y de las tres mayores entidades financieras del país: Santander, BBVA y CaixaBank.

El mayor golpe fue para la comunidad de Castilla- La Mancha, cuya deuda bajó de una sola vez cinco escalones pasando de A3 a Ba2 y quedando a la altura de “bono basura”, es decir de muy difícil recuperación. Y Cataluña y Valencia quedaron a sólo dos pasos de esa categoría, cuando la deuda pasa a ser considerada como inversión de especulación.

Caen asimismo dos peldaños pero mantienen el grado de inversión las otras siete comunidades que cambiaron su calificación: Madrid, Galicia, Extremadura, Castilla León, Andalucía, Murcia y País Vasco. Aunque todas sin excepción con perspectiva negativa.

Con respecto a la deuda castellano manchega Moody’s justifica su drástica determinación en la muy grande debilidad financiera de la región que se develó después de la auditoría que llevó a cabo María Dolores de Cospedal cuando el PP ganó las elecciones el 22 de mayo pasado. Allí apareció un déficit “extra” de 2.800 millones de euros que hasta ese momento no figuraban en ninguna parte.

En las demás comunidades también la rebaja de la calificación de la deuda se debe a profundos desequilibrios presupuestarios y a una persistente y hasta el momento sin solución falta de liquidez.

Con respecto a los grandes Bancos, la agencia deja claro que el recorte de la calificación está íntimamente vinculado con el de la deuda de los bonos españoles que el martes pasado cayó dos peldaños desde Aa2 a A1.

A pesar de esto, Moody’s sólo rebaja un escalón al Santander, el BBVA y CaixaBank, de Aa2 a Aa3. De esta extraña forma las tres entidades financieras presentan una mayor solvencia que el propio Reino de España según el criterio de la agencia de calificación.

María Dolores Amorós, la ex directora general da la Caja del Mediterráneo (CAM), y que tras su despido pactó una pensión anual vitalicia de 370.000 euros, se apuntó como desempleada en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo (SPE). O sea que ya realizó el primer trámite para solicitar posteriormente su prestación por desempleo.

Fuentes socialistas que dieron a conocer la noticia dicen no saber si la prestación fue concedida, pero no cabe ninguna duda de que Amorós se ha registrado como desempleada a los fines de cobrar dicha prestación.

También fuentes sindicales confirmaron que la ex directiva se inscribió en el antiguo Inem.

Debemos recordar que Amorós fue despedida de su cargo el pasado mes de setiembre, en forma “fulminante” y sin derecho a indemnización como directora general de la CAM. Esto fue alrededor de un año después de que acordara percibir un sueldo anual de casi 594.000 euros y el derecho, al igual que el resto de los directivos, a una pensión de 370.000 euros anuales al momento de su jubilación.

La prestación por desempleo que le correspondería en caso de confirmarse sería de unos 1.400 euros mensuales.

Una vez “explotado” el escándalo por las millonarias indemnizaciones, la fiscalía Anticorrupción inició de oficio diligencias para determinar las circunstancias en las que se produjo el despido de la directiva de la Caja del Mediterráneo, con el objeto de dilucidar si la concesión de una pensión vitalicia de 370.000 euros por su cese puede ser considerada como constitutiva de un delito.

Al conocerse la nueva situación laboral de Amorós, Francisco Toledo, que es el portavoz adjunto en las Cortes Valencianas, afirmó categóricamente que “ahora que la ex directora general de la CAM, María Dolores Amorós, cobra del paro, tiene que devolver el sueldo de 593.040 euros que se autofijó antes de ser despedida de manera “fulminante”.

Para Toledo, “la avaricia, la desvergüenza y el saqueo de los directivos de la CAM no conoce límites”. Además cargó culpas contra el Partido Popular en los últimos 15 años ya que fueron ellos quienes ocuparon las Cajas, y entonces debían haber supervisado los órganos de control y dirección de las mismas a través del IVF.

Es por esto que Toledo le exigió al PP y al presidente de la Generalitat que voten a favor de la Comisión de Investigación ya que también es su responsabilidad por ejemplo que Moody’s haya “hundido” a la entidad al nivel de bono basura.

Decir que la situación de España se encuentra casi al límite de sus posibilidades podría parecer una redundancia.

Y las últimas noticias hablan de que los españoles tienen un plazo de un mes para poder convencer a la agencia de calificación Moody’s de la efectividad de las reformas puestas o por ponerse en marcha para reducir el monumental déficit público del país. Si lo logra, podrá evitar seguir la misma suerte que Italia, que en las últimas horas vio como Standard&Poor’s le recortaba la nota de solvencia de su deuda por motivos similares a los que atraviesan los españoles, es decir un crecimiento mínimo y un sinfín de dudas para alcanzar los objetivos de déficit que se propuso el gobierno de Rodríguez Zapatero.

Una de las diferencias la constituye las divisiones políticas que hoy por hoy hay en el Ejecutivo de Silvio Berlusconi.

Moody’s puso en revisión a fines de julio pasado la calificación de la deuda española, la que actualmente se encuentra en Aa2, la tercera nota más alta en el escalafón y que equivales a un “notable”. Pero todo parece indicar que deberá rebajarla o mantenerla en un plazo que no supere los tres meses, aunque podría retrasar una eventual nueva rebaja y postergarla por otro trimestre.

Pero lo cierto es que ya sea en octubre o algo más adelante, es muy posible que su conclusión sea negativa para los intereses españoles. Y las razones de esta previsión están en el deterioro generalizado de los parámetros que marcan el curso de la crisis y las advertencias que la propia Moody’s hizo sobre las dificultades que para la reducción del déficit presentan las cuentas de las distintas comunidades españolas. A pesar de esas predicciones, celebró la reforma constitucional que impone por ley un límite al déficit público español.

Elena Salgado confía en que se reconozca que España cumple de acuerdo a lo pactado el calendario de reformas y los cambios constitucionales, porque estos hechos proporcionarán en el futuro una clara estabilidad presupuestaria. La ministra no quiso referirse a las decisiones de las agencias, limitándose a afirmar que España “está cumpliendo con todo lo que prometió a los organismos internacionales”.

España entró en la crisis global con la máxima nota posible, la codiciada triple A. La mantuvo hasta que en enero del 2.009 S&P la redujo en un peldaño. Después le siguieron las otras dos entre mayo y junio del 2.010, cuando la crisis del euro estaba en su apogeo.

Igualmente las notas crediticias de los españoles se encuentran entre las más altas que en la actualidad se pueden conseguir en toda la región europea.

En el primer semestre del año las comunidades autónomas de España tuvieron un déficit del 1,2% del PIB español, con lo que ya prácticamente alcanzaron el 1,3% previsto para todo el año en curso.

Y este dato no hace sino reflejar la incapacidad de los gobiernos regionales para frenar el gasto y cumplir con los objetivos previstos por el gobierno central. Esto indudablemente afecta negativamente sus ratings, de acuerdo a lo que expresó la agencia calificadora de riesgos Moody’s.

El conjunto de las comunidades autónomas españolas cerró el primer semestre del 2.011 con un déficit de poco más de 13.000 millones de euros, equivalentes al 1,20 del PIB, según lo que dijo el jueves pasado la vicepresidenta económica Elena Salgado. Aún así se mostró convencida de que al cabo del año podrán cumplir con los objetivos de déficit propuestos, algo al parecer muy difícil de conseguir.

Pero Moody’s opina que el gobierno central español, al igual que el año pasado, deberá compensar los muy pobres resultados financieros de las comunidades pasando su propio objetivo de déficit establecido, que debería no sobrepasar el 6% del PIB.

La necesidad de las comunidades de reducir sus costes sustancialmente es crítica, y Moody’s desconfía de la capacidad de la Administración central para cumplir con sus objetivos de déficit con los recortes que se están llevando adelante y los previstos para lo que resta del año, a la vista de lo ingresado hasta ahora frente a los gastos del primer semestre.

La Unión Europea vigila de cerca los esfuerzos españoles para la reducción del déficit público y considera que hasta el momento se tomaron las medidas necesarias, aunque éstas no hayan sido suficientes. Es posible que en el futuro cercano haga falta un nuevo “tijeretazo” para volver a recortar gastos apenas se detecte el más mínimo desvío de las metas comprometidas ante ese organismo.

De hecho ya Salgado adelantó que se recuperarán algunos impuestos para intentar mejorar la recaudación impositiva. Estos impuestos están previstos del lado de los ingresos, pero no por ahora del lado del gasto.

La CE le pidió a España mayor control del déficit y la deuda de los gobiernos autonómicos, a la vez que adopte las medidas de ajuste a las que se comprometió si es que se detectan desviaciones de los objetivos prometidos.

Verdaderamente en los mercados el pacto que alcanzaron el PP y el PSOE para poder limitar por Ley el déficit público de España no está teniendo demasiada repercusión. Este pacto de ninguna forma produjo una mejora inmediata, como se esperaba, en la confianza de los inversores internacionales que se hubiese traducido en una baja de la prima de riesgo española o en su defecto en un rebote relevante en la Bolsa de Comercio.

Pero, extrañamente, este pacto para limitar el déficit sí tuvo efecto en las agencias calificadoras de riesgo. Así es que Moody’s consideró a la medida adoptada como “positiva” para mejorar el perfil de crédito de España, admitiendo que introducir en la Constitución una cláusula que limite el déficit de las Administraciones va a ser beneficioso para el país al momento de volver a analizar el rating soberano.

Recordemos que en marzo de este año la agencia internacional rebajó la nota crediticia de la deuda pública española hasta Aa2, que es la tercera más alta en el escalafón de notas y es equivalente a un “notable alto”. Pero no olvidemos que antes de la crisis la nota española era una triple A, o sea una “matrícula de honor”.

Ahora Moody’s felicita en cierta forma a la administración de Rodríguez Zapatero por hacer hincapié en la estabilidad presupuestaria que tanto valoran las agencias de calificación de riesgo, a pesar de advertir que el establecimiento de una regla fiscal no va a resolver por sí sola los problemas fiscales que presenta la Nación en la actualidad.

Igualmente Moody’s considera que en la reforma constitucional hubiese sido preferible incluir la cifra máxima permitida de déficit, introduciendo mecanismos claros de corrección para el caso de eventuales desviaciones de las metas trazadas. A pesar de eso, el anuncio es positivo para el crédito de España a nivel soberano.

El pasado 29 de julio la nota Aa2 de España fue puesta en revisión para el caso de una posible rebaja ante las evidentes dificultades del gobierno de cumplir con sus objetivos fiscales y las crecientes presiones en la financiación de la deuda.

De todas maneras, la decisión de “constitucionalizar” el equilibrio presupuestario será tenido en cuenta a la hora de la revisión.

Moody’s ve con buenos ojos la aplicación de esta nueva medida a todos los niveles de la Administración pública española, y asegura que los beneficios a largo plazo serán ostensibles.

El actual presidente de Standard & Poor’s, Deven Sharma, deja su cargo en plena tormenta. Lo va a reemplazar en su cargo el director de operaciones del Citibank Douglas Peterson.

La versión oficial que se dio a conocer acerca del cambio hace hincapié en los últimos resultados de la famosa agencia calificadora de riesgos, los que no dejaron satisfechos a los propietarios de la misma.

Es sugerente que su salida del cargo se produzca apenas dos semanas después de haber privado a la nota de la deuda de los Estados Unidos de la máxima calificación que siempre ostentó.

Tampoco en Europa están conformes con las últimas calificaciones que la agencia dio a varios países de la región, entre ellos España, por considerar que se ha excedido en las calificaciones negativas que dio a la deuda soberana de algunas naciones.

Todos estos hechos colocaron a Sharma como blanco de los ataques de muchas personalidades del quehacer político y económico mundial, entre ellos nada menos que el presidente estadounidense Barack Obama.

El cambio en la cabeza de S&P se producirá el próximo 12 de setiembre. Ya Sharma había anunciado unos meses atrás su intención de marcharse, pero los acontecimientos de las últimas semanas hicieron que fuese urgente un cambio en la cúpula de la calificadora, en un intento por recomponer las relaciones con el gobierno estadounidense.

S&P está en cierta forma acusada de ser uno de los artífices de esta nueva e incipiente crisis financiera mundial, por el solo hecho de haber dado la máxima nota crediticia a activos hipotecarios que fueron totalmente insolventes en los años que antecedieron a la crisis global que comenzó a fines del 2.008. Ni qué hablar del descontento que produjo en la administración de Obama el retiro de la triple AAA a la calificación de su deuda.

El presidente de los Estados Unidos declaró a los cuatro vientos que su país “será siempre un país triple A” más allá de lo que pueda decir una agencia calificadora de riesgos. Después fue el vicepresidente Joe Biden de gira por China, el principal acreedor de los Estados Unidos, el que cargó contra S&P.

Habrá que esperar ahora para ver si estos ataques le quitarán poder a las tres agencias calificadoras de riesgo, incluyendo a Moody’s y Fitch en el mismo paquete que S&P.

Un informe que publicó hace unos días la agencia calificadora Moody’s da cuenta de que la gran mayoría de las compañías radicadas en Latinoamérica continuaron mejorando su liquidez en el curso del último año, a punto tal que se redujo considerablemente el riesgo de tener que refinanciar sus eventuales deudas.

Es así que incluso se encuentran muchas de ellas mejor posicionadas en los mercados nacional e internacional que antes que se produjese el estallido que desembocó en la crisis económica y financiera global del año 2.008.

Los datos que aporta el estudio de Moody’s indican, al mes de junio de este año, sólo una cuarta parte de las sociedades de la región latinoamericana presentaban un riesgo que podía considerarse alto para refinanciar su deuda. Si estas cifras son comparadas con datos anteriores, mejoraron con respecto al 30% de abril y se encuentran muy lejos del valor máximo del 55% que se llegó a registrar en el mes de marzo del 2.009, cuando la crisis económica estaba en su apogeo.

Viendo las cifras desde otra óptica, las compañías latinoamericanas con bajo riesgo de refinanciación de su deuda aumentaron hasta llegar al 57% del total de las entidades que formaron parte del estudio realizado por la calificadora de riesgo, mientras que esa misma cifra en el año 2.008 llegaba apenas al 30%, en épocas anteriores al estallido socioeconómico que conmovió al mundo.

El analista de Moody’s Filippe Goossens, en un comunicado dado a conocer antes de difundirse el estudio, manifestó textualmente que “las continuas mejorías en el riesgo de refinanciación reflejan la recuperación económica de la región, la fortaleza histórica de los balances de las compañías, las políticas de apoyo de los Gobiernos y el apetito de los inversores extranjeros de deuda de los mercados emergentes, que ofrece una mayor rentabilidad”.

Recordó Goossens que durante la peor época de la crisis económica global, Latinoamérica demostró una resistencia a los problemas ocasionados que fue evidentemente superior a la de los países desarrollados, lo que a la larga se evidenció en el mejor desempeño de la región en los meses que siguieron al punto más álgido de la crisis, como por ejemplo el año pasado.

Estos datos de Moody’s muestran por octavo trimestre consecutivo una mejoría en la calificación que le merecen los parámetros de la deuda de las empresas latinoamericanas.

Los analistas técnicos de Moody’s, una de las tres agencias de calificación crediticia más importantes, se mostraron muy activos en los últimos días.

No solamente provocaron un nuevo descalabro en los mercados con la calificación de Portugal sino que también tuvieron un protagonismo destacado en el proceso de salida a Bolsa de Bankia.

Es la primera vez que la agencia de calificación pone una nota a la entidad controlada por Caja Madrid y Bancaja, y es nota no resultó precisamente alentadora, ya que le otorgó un Baa2, lo que describe una calidad crediticia aceptable y un riesgo de crédito moderado, pero todo esto con una perspectiva a futuro más que negativa.

Moody’s también procedió a calificar a la matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y en este caso la nota que le correspondió fue aun más baja: un Ba2, también con perspectivas igualmente negativas.

Bankia salió al cruce de la calificación que le había sido otorgada aduciendo que esta perspectiva negativa que se le atribuye está en línea con la que la agencia le otorga a España como país y a todo su sector financiero, sin depender del nivel de rating de cada entidad.

Para Moody’s la base de capital de Bankia es totalmente vulnerable a pérdidas en el mercado y en el sector inmobiliario, y esta situación puede prolongarse por bastante tiempo. Estas particulares circunstancias pueden impedir el crecimiento del negocio de Bankia y presionar constantemente sus márgenes operativos a la baja.

Pero todo tiene su costado positivo, y en este caso se resalta que todavía no se han reflejado los ahorros en los costes productos de la fusión, los que sin lugar a dudas van a beneficiar a la nueva entidad en cuanto se materialicen. También se considera que Bankia mejorará su financiación en cuanto esté cotizada. También considera como un hecho auspicioso la separación del “Banco malo” en BFA, lo que ve a redundar en dejar “más limpio” a Bankia.

Pero Moody’s recuerda que, al igual que lo hizo en un planteo anterior, Bankia podría verse afectado por los problemas de los activos malos y por su conocida falta de liquidez. No descarta que BFA pueda llegar a necesitar de “saneamientos adicionales”.

No son buenos tiempos para los Bancos españoles. Fitch, otra importante agencia de calificación crediticia, rebajó un escalón la nota del Banco Popular y dos escalones la correspondiente a Bankinter, ya que se endurecieron sus condiciones de financiación.

Adelantándose a las próximas pruebas de esfuerzo a la banca europea, que desde ya se sabe que serán más estrictas que las que se realizaron en el transcurso del año pasado, la agencia de calificación Moody’s ya anticipó que los resultados que arrojen estas pruebas no van a tener efectos significativos en sus respectivas calificaciones.

La excepción a este supuesto sería que los tests a llevarse a cabo reflejasen todavía más debilidad de la que tiene prevista la agencia para la inmensa mayoría de las entidades financieras de Europa.

Ya Moody’s anticipó en un comunicado sus previsiones: considera que al menos 26 de los 91 Bancos que se van a examinar van a necesitar capital externo para reforzar su solvencia. No especifica cuáles serán esas entidades, pero sí adelanta que serán aquéllas con las notas más bajas de acuerdo a su sistema de calificación, o también aquéllas a las que no califica.

Sucede que las pruebas de esfuerzo que lleva a cabo la Autoridad Europea Bancaria (EBA) tratan de evaluar lo mismo que Moody’s, es decir el riesgo. Entonces los analistas de la agencia no esperan que ningún resultado positivo de las pruebas que lleve a cabo la EBA vaya a tener mucha incidencia en los rátings, al tener ellos sus propios métodos de evaluación.

La idea es que los tests de estrés de EBA van a revelar un estado de debilidad que ya está intrínsecamente valorado en las calificaciones de la calificadora de riesgos. De cualquier forma, y sólo en caso de ser necesario, Moody’s va a responder de manera adecuada ante cualquier eventual debilidad que no se viese reflejada en los rátings.

Por otro lado, Moody’s cree que es positivo el hecho de que EBA ya haya anunciado su intención de implementar medidas de apoyo para todas aquellas entidades que no superen los tests.

Se cree que estas próximas pruebas de esfuerzo tendrán muchos efectos positivos para las entidades bancarias, aún para aquéllas que no consigan sus objetivos. Entre estos efectos se citan tres de importancia: a) los tests ya obligaron a varias entidades a reforzar su capital, b) las entidades se verán obligadas a subir su transparencia por el conocimiento de su exposición a la deuda y c) las entidades se ven obligadas a adaptarse a las exigencias de los reguladores.

En estas pruebas que se avecinan se tomarán escenarios más problemáticos respecto a cuestiones de deuda, con lo que se supone se dará un paso adelante para reforzar la credibilidad del ejercicio, y además no se incluye el supuesto de que un país se declare en cesación de pagos, un riesgo que por estos tiempos sobrevuela de manera preocupante a la Unión Europea, con los casos particulares de Grecia y Portugal.