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Los analistas técnicos de Moody’s, una de las tres agencias de calificación crediticia más importantes, se mostraron muy activos en los últimos días.

No solamente provocaron un nuevo descalabro en los mercados con la calificación de Portugal sino que también tuvieron un protagonismo destacado en el proceso de salida a Bolsa de Bankia.

Es la primera vez que la agencia de calificación pone una nota a la entidad controlada por Caja Madrid y Bancaja, y es nota no resultó precisamente alentadora, ya que le otorgó un Baa2, lo que describe una calidad crediticia aceptable y un riesgo de crédito moderado, pero todo esto con una perspectiva a futuro más que negativa.

Moody’s también procedió a calificar a la matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y en este caso la nota que le correspondió fue aun más baja: un Ba2, también con perspectivas igualmente negativas.

Bankia salió al cruce de la calificación que le había sido otorgada aduciendo que esta perspectiva negativa que se le atribuye está en línea con la que la agencia le otorga a España como país y a todo su sector financiero, sin depender del nivel de rating de cada entidad.

Para Moody’s la base de capital de Bankia es totalmente vulnerable a pérdidas en el mercado y en el sector inmobiliario, y esta situación puede prolongarse por bastante tiempo. Estas particulares circunstancias pueden impedir el crecimiento del negocio de Bankia y presionar constantemente sus márgenes operativos a la baja.

Pero todo tiene su costado positivo, y en este caso se resalta que todavía no se han reflejado los ahorros en los costes productos de la fusión, los que sin lugar a dudas van a beneficiar a la nueva entidad en cuanto se materialicen. También se considera que Bankia mejorará su financiación en cuanto esté cotizada. También considera como un hecho auspicioso la separación del “Banco malo” en BFA, lo que ve a redundar en dejar “más limpio” a Bankia.

Pero Moody’s recuerda que, al igual que lo hizo en un planteo anterior, Bankia podría verse afectado por los problemas de los activos malos y por su conocida falta de liquidez. No descarta que BFA pueda llegar a necesitar de “saneamientos adicionales”.

No son buenos tiempos para los Bancos españoles. Fitch, otra importante agencia de calificación crediticia, rebajó un escalón la nota del Banco Popular y dos escalones la correspondiente a Bankinter, ya que se endurecieron sus condiciones de financiación.

Adelantándose a las próximas pruebas de esfuerzo a la banca europea, que desde ya se sabe que serán más estrictas que las que se realizaron en el transcurso del año pasado, la agencia de calificación Moody’s ya anticipó que los resultados que arrojen estas pruebas no van a tener efectos significativos en sus respectivas calificaciones.

La excepción a este supuesto sería que los tests a llevarse a cabo reflejasen todavía más debilidad de la que tiene prevista la agencia para la inmensa mayoría de las entidades financieras de Europa.

Ya Moody’s anticipó en un comunicado sus previsiones: considera que al menos 26 de los 91 Bancos que se van a examinar van a necesitar capital externo para reforzar su solvencia. No especifica cuáles serán esas entidades, pero sí adelanta que serán aquéllas con las notas más bajas de acuerdo a su sistema de calificación, o también aquéllas a las que no califica.

Sucede que las pruebas de esfuerzo que lleva a cabo la Autoridad Europea Bancaria (EBA) tratan de evaluar lo mismo que Moody’s, es decir el riesgo. Entonces los analistas de la agencia no esperan que ningún resultado positivo de las pruebas que lleve a cabo la EBA vaya a tener mucha incidencia en los rátings, al tener ellos sus propios métodos de evaluación.

La idea es que los tests de estrés de EBA van a revelar un estado de debilidad que ya está intrínsecamente valorado en las calificaciones de la calificadora de riesgos. De cualquier forma, y sólo en caso de ser necesario, Moody’s va a responder de manera adecuada ante cualquier eventual debilidad que no se viese reflejada en los rátings.

Por otro lado, Moody’s cree que es positivo el hecho de que EBA ya haya anunciado su intención de implementar medidas de apoyo para todas aquellas entidades que no superen los tests.

Se cree que estas próximas pruebas de esfuerzo tendrán muchos efectos positivos para las entidades bancarias, aún para aquéllas que no consigan sus objetivos. Entre estos efectos se citan tres de importancia: a) los tests ya obligaron a varias entidades a reforzar su capital, b) las entidades se verán obligadas a subir su transparencia por el conocimiento de su exposición a la deuda y c) las entidades se ven obligadas a adaptarse a las exigencias de los reguladores.

En estas pruebas que se avecinan se tomarán escenarios más problemáticos respecto a cuestiones de deuda, con lo que se supone se dará un paso adelante para reforzar la credibilidad del ejercicio, y además no se incluye el supuesto de que un país se declare en cesación de pagos, un riesgo que por estos tiempos sobrevuela de manera preocupante a la Unión Europea, con los casos particulares de Grecia y Portugal.

La agencia de calificación Moody’s publicó en las últimas horas un informe con las repercusiones del presupuesto que presentó el Parlamento de la Generalitat de Cataluña, el que prevé un déficit del 2,66%, o sea el doble del objetivo que se impuso el gobierno central de España.

Moody’s piensa que la actual situación fiscal catalana no hace sino demostrar que la administración central española no tiene por el momento las herramientas necesarias como para imponerles a las comunidades autónomas que cumplan con los objetivos fiscales que se les piden en estos momentos de crisis económica.

Es así que la previsión de un alto déficit para los catalanes en el curso del presente año trae aparejada implicancias negativas no sólo para Cataluña en sí sino para todo el Estado español, ya que es un importante factor de impedimento para cumplir con la meta del 6% de déficit del Producto Interior Bruto (PIB).

Y en el caso particular de Cataluña, Moody’s prevé todavía más retrasos en el pago a los proveedores y un notorio empeoramiento de su estado de liquidez si el Gobierno toma la decisión de limitar su endeudamiento como una muestra de represalia por incumplir con los objeticos que le fueron fijados.

La agencia calificadora explica sus previsiones señalando que el presupuesto inicial de Cataluña para este año muestra las graves dificultades que tienen las autoridades catalanas para poder reducir los gastos de educación y sanidad, sobre todo en ausencia de alguna iniciativa de importancia para esos rubros del gobierno nacional. Esta dificultad hace que no se compense el 6% de la caída de los ingresos.

Tanto es así que incluso la gran reducción del 40% de la inversión prevista para este año en la región no alcanza para lograr los objetivos de déficit reclamados por la administración central madrileña.

Moody’s señala textualmente que “la posición de Cataluña muestra claramente que el Gobierno central no tiene instrumentos eficaces para garantizar el cumplimiento fiscal en los Gobiernos regionales”.

Esta afirmación parece reafirmarse en el hecho de que los datos del primer trimestre del año publicados por las distintas comunidades autónomas indican que las cuentas públicas presentan serias dificultades no solo en Cataluña sino en varias importantes regiones españolas.

Todos los mercados financieros están expectantes por la resolución del tema de cómo se va a articular el segundo plan de rescate a Grecia. Nada de esto esfácil, por ejemplo después de que el miércoles pasado por ejemplo Moody´s hundiera la nota de solvencia de la deuda griega al nivel de bono basura.

Y en este ambiente de incertidumbre total el Tesoro de España volvió a acudir al mercado de deuda con una nueva emisión de bonos. Esta vez logró el objetivo máximo que se había propuesto al colocar bonos por 4.000 millones de euros, aunque para esto debió subir la rentabilidad ofrecida por uno de los dos títulos que sacó al mercado con el objeto de disipar las dudas de los inversores acerca de la situación real de los países periféricos.

Lo concreto es que el Tesoro público colocó 2.753 millones a tres años de plazo con un interés “marginal” del 4,051%, y otros 1.200 millones de euros a un plazo de cinco años y un tipo de interés del 4,244%.

La demanda mostró un incremento significativo del interés de los inversores, quienes parecen haber aumentado su “apetito” por la deuda española. En los bonos a tres años, frente a la ratio de cobertura de 1,8 veces de abril, la relación se ubicó en estos días en 2,48 veces. En los bonos a cinco años, también la mejora se produjo pasando del 1,86 de mayo el 2,80.

En la última subasta que se realizó el 24 de mayo pasado, el Tesoro español pudo por fin reducir el interés a pagar por los nuevos títulos. Debemos recordar que en aquella ocasión, que fue la primera después de las elecciones, se vendieron 2.300 millones de euros en letras a tres y seis meses.

La reciente emisión fue recibida de manera positiva por el mercado. En las distintas Bolsas, el Ibex moderó sus pérdidas iniciales al conocerse el resultado de la operación de colocación de bonos. Y también se animaron las compras en el resto de las plazas de referencia europeas.

El jueves de la semana pasada al mediodía, el selectivo Ibex 35 caía un 0,9% llegando a los 10.330 puntos. El euro, por su parte, mantenía la subida de las últimas horas y cotizaba a 1,44 dólares por unidad.

En los mercados secundarios de deuda, que son los lugares donde se negocian los títulos una vez que fueron emitidos, también la tónica imperante en los últimos días era de mejoras, aunque muy leves.

Pareciera que hoy en día cualquier determinación en materia económica que se tome en España, más allá de lo acertada o no que pueda ser, levanta una ola de críticas de los más diversos sectores.

La semana pasada la comunidad de Valencia realizó una emisión de bonos para minoristas, calificados como “bonos patrióticos” a uno y dos años, con un coste total para la administración entre intereses y comisiones del 6,5%.

No olvidemos que esta autonomía no es la única que en los últimos meses tuvo que recurrir a los pequeños inversores para colocar deuda destinada a cubrir y reforzar la financiación comunitaria a corto plazo por los problemas que obviamente se derivan de los muy altos niveles de déficit que presentan los gobiernos autónomos.

Pero por ejemplo para la agencia calificadora de riesgos Moody’s haber tenido que recurrir a esta opción para poder mantener efectivo en caja supone por supuesto un elemento altamente negativo en lo que se refiere a la nota de solvencia crediticia de los valencianos, porque al subir el precio de la financiación hará falta en el futuro más dinero para devolver los fondos que hoy se comercializan.

Es por esto que tras este tipo de operaciones, cuyo vencimiento no supera en ningún caso los 24 meses, Moody’s hace cuentas y determina que las necesidades de financiación de las autonomías en general subieron para el curso de este año a entre 30.000 y 35.000 millones de euros. Para el año próximo estima asimismo que se va a mantener en los mismos niveles a pesar de los recortes en el déficit que anunciaron las distintas administraciones regionales.

Hoy en día, según la agencia calificadora, las administraciones autonómicas destinan un mínimo promedio del 2% de sus ingresos para poder pagar los intereses contraídos, pero al mismo tiempo señala que ese porcentaje seguramente va a aumentar si las comunidades que aún no se han sumado a esta nueva vía de financiación que implican los bonos patrióticos deciden hacerlo y proceden a emitir esos bonos minoristas.

Moody’s agrega que, como un pernicioso efecto de estas emisiones, estas operaciones van a dar más “combustible” a la que se conoce como guerra del pasivo de las entidades financieras, la que en los caso más extremos llegan a ofrecer a los inversores particulares hasta un 4,5% por sus depósitos, con el evidente propósito de captar los ahorros y el efectivo de esa importante franja de inversores, y entrando así en una clara competencia con las mismas comunidades.

Tres son las agencias calificadoras de riesgo a nivel internacional que manejan todo el panorama: Moody’s, Fitch y S&P. Y de ellas ya van dos que colocan a la CAM a nivel de “bonos basura”.

La Caja de Ahorros Mediterráneo vio reducida hace un par de días la calificación crediticia de su deuda a ese nivel por Moody’s, después de que le fuese rechazada la intención de fusionarse con Cajastur, Caja Extrtemadura y Caja Cantabria para crear el Banco Base.

Así es que Moody’s sigue el camino que comenzó a transitar Fitch, cuando hizo lo propio con la Caja alicantina hace no mucho.

A pesar de los beneficios que le proporcionaría a la CAM los 2.800 millones de euros que ha pedido al FROB, Moody’s sostiene que la Caja sigue con demasiados retos e inconvenientes por delante debido a su actual muy débil capacidad de absorber riesgos, por leves que éstos sean, y entonces hace hincapié en la posibilidad de que los recursos públicos no sean suficientes para hacer frente a las eventuales pérdidas de la Caja.

La agencia calificadora de riesgos explica que la situación se ve todavía más complicada por las incertidumbres sobre la evolución de la economía de España y sobre todo de su sector inmobiliario.

Es entonces que Moody’s sostiene que “la recapitalización que provenga del FROB puede no ser suficiente para proteger a la CAM, aún parándonos en un escenario conservador de pérdidas”.

El informe de Moody’s indica además que la capacidad de generación interna de fuentes de recursos recurrentes por parte de la CAM seguramente se verá limitada por un entorno operativo a nivel nacional que está pasando por una etapa muy desafiante de crecimiento apático, amén de estar presionando de forma muy fuerte sobre los márgenes de ganancia de las instituciones financieras.

Para la agencia calificadora, la Caja Mediterráneo tiene en la actualidad un nivel de activos que no generan beneficios que se encuentra muy por encima de lo aconsejable, y por otra parte debe enfrentar una subida de los costes de financiación al mismo tiempo que hacer frente a las mayores exigencias de provisiones que le llegan desde los mercados.

Definitivamente, y más allá de los efectos que toda España sufre como consecuencia de la crisis global que ha dejado profundas huellas en su economía, la CAM está atravesando momentos realmente inimaginables un tiempo atrás.

Hace apenas unos días la agencia de calificación internacional Fitch le asestó otro duro golpe a la entidad de Alicante al rebajar la calificación de sus bonos de BBB+ a BB+. Así es que después de conocida esta noticia la deuda de la CAM llegó al temido nivel conocido como “bono basura”.

Pero la agencia de calificaciones no se comportó de igual forma con dos de los ex socios de la CAM en el fallido intento del Banco Base, y se limitó a afirmar que mantiene la vigilancia con perspectivas negativas sobre Cajastur y Caja Extremadura.

Fitch explica que su decisión no hace sino reflejar los desafíos que en su faz operativa presentan la mayoría de las empresas españolas en el débil entorno económico del país. Asegura que una vez que se consolide el panorama en el sector de las Cajas de Ahorro, estas entidades probablemente resulten pequeñas ante la oleada de fusiones que se están produciendo en todo el ámbito financiero de España.

A su vez, revisó con perspectivas de progreso la calificación de BBB+ de Banco de Castilla-La Mancha, que está ahora integrado con Cajastur, aunque persiste la estrecha vigilancia sobre la entidad.

Pero volviendo al caso de la CAM, Fitch explica que la baja de su calificación resulta del hecho de que la Caja va a necesitar una gran ayuda externa por sus bajos niveles de capital y en un contexto de deterioro de sus activos y las mayores exigencias por parte del Banco de España.

Agrega que “tras un significativo crecimiento medio del 30% de los préstamos entre 2004 y 2007, CAM acumula una gran exposición al problemático sector de la construcción en España”.

Con respecto a Moody’s, otra de las grandes agencias de calificación internacionales, tampoco la ha caído muy bien la ruptura del Banco Base.

En este caso la agencia cree que esta situación subió la presión sobre las calificaciones crediticias de la CAM, Cajastur y en este caso de Caja Cantabria, otra de las implicadas en el fallido intento del proyecto Banco Base.

España logró nuevamente bajar el precio que debe pagar cuando acude a los mercados para poder financiarse a pesar del duro lastre que le significó el reciente recorte de su nota de solvencia por parte de Moody’s.

Portugal está reaccionando bien después de haber sido señalada como la próxima víctima de la crisis económica que se ya se llevó por delante a Grecia e Irlanda, y los españoles pudieron entonces sacar provecho de este esperemos que duradero alivio de la presión contra las naciones de la Eurozona bajo sospecha debido a sus altos déficits.

No debe olvidarse tampoco que en esta mejoría influyó el preacuerdo firmado en el seno de la Unión Europea para ampliar el fondo de rescate.

Con este panorama por delante, el Estado español vendió más de 4.100 millones de euros en bonos a 10 y 30 años con una excelente demanda que superó en casi el doble a la oferta, de forma tal que quedó cerca de la cantidad máxima que se preveía para la subasta, que era de 4.500 millones de la moneda común.

En el desglose, el Tesoro español colocó 3.219 millones a 10 años con un interés del 5,179% anual, levemente por debajo del 5,220% conseguido en febrero último, y otros 911 millones a 30 años con una tasa de interés del 5,891%, es decir casi diez puntos básicos menos que un mes atrás, pero con una demanda inferior a la de los títulos que vencerán en el 2.021.

La subasta dio tranquilidad y más argumentos como para mantener la calma que atraviesan en estos días los mercados de deuda.

La prima de riesgo de España, desde siempre el mejor parámetro para medir la confianza en las finanzas de un país y que se mide en base a la evolución de los títulos a diez años frente a los de Alemania, pudo bajar tres puntos básicos para ubicarse en 206.

De acuerdo a la valoración que realizó Schroders, aunque el precio al que se colocaron los bonos está levemente por encima de aquél con el que se negociaban en el mercado secundario, el resultado “ha sido bueno y alentador”.

Asimismo destaca la buena evolución de la deuda española frente a la alemana, puesto que en el primer caso fue algo más positiva.

Todos estos indicios hacen pensar que el país mantiene el apoyo de los inversores y se está produciendo un paulatino pero firme retorno a la normalidad.

La agencia de calificación estadounidense Moody’s rebajó el jueves pasado un escalón la nota de solvencia de España. Esto puso en dudas los cálculos que había hecho el Banco de España sobre las necesidades reales de capital del sistema financiero y para colmo de males dejó el camino libre para una rebaja adicional en los próximos meses.

Las consecuencias de todo esto fueron inmediatas y fulminantes. Se produjo un debilitamiento del euro y la deuda española tuvo un traspié importante, justo en momentos en que vuelve a aparecer en el horizonte el problema de la crisis fiscal.

A largo plazo las consecuencias parecieran ser peores, ya que la deuda, pública y privada, será más cara y difícil de refinanciar porque despertará más recelos entre los mercados europeos.

Son evidentemente malas noticias para una economía que hoy por hoy está entre las más endeudadas del mundo.

Las grandes agencias calificadoras de riesgo del mundo le reclamaban al gobierno español por un lado que pusiera en marcha un plan de austeridad con profundas reformas sobre todo en el campo de la Banca.

Pero ahora que el gobierno comenzó con esta reforma generalizada, le comienzan a llegar críticas por ese lado, ya que por ejemplo Moody’s aseguró hace un par de días que el coste de reestructuración bancaria previsto por la administración central, de unos 15.000 millones de euros, puede tranquilamente llegar hasta los 50.000 millones.

Pone asimismo en dudas el plan de austeridad por parte de las comunidades autónomas, y al mismo tiempo considera que este plan provocará un “crecimiento económico moderado a corto y medio plazo”, en lo que resulta ser un contrasentido total.

El gobierno criticó a Moody’s con inusitada dureza, ya que aunque la agencia tenía plazo hasta hoy lunes, prefirió adelantarse unas horas a las previsiones dadas a conocer por el Banco de España, y tampoco tuvo en cuenta las posibles vías de solución de la crisis fiscal que pudiese aportar la cumbre europea.

Lo concreto es que esta situación melló la confianza de los mercados europeos en la economía española, cosa que quedó comprobada en la escalada de la prima de riesgo que ya lleva más de un año al alza en un entorno de subida de la deuda pública y un enorme volumen de deuda privada.

Simon Johnson, ex economista jefe del FMI, aseguró hace algunas semanas que Mooody’s forzó la salida de varios ejecutivos que pusieron en dudas las altas notas asignadas por la calificadora a decenas de productos que consideró “tóxicos”, en una decisión que resultó al menos poco fiable.

Como lo había anunciado ya el jueves pasado y como lo ha venido haciendo con todas las medidas importantes del gobierno en materia económica, el PP volvió a abstenerse en la votación que en el Congreso de España se llevó a cabo para convalidar el decreto ley de recapitalización de las Cajas de Ahorro.

Pero a pesar de esa abstención, igualmente la medida pudo salir airosa con los votos a favor del PSOE, CiU y Coalición Canaria.

En el PP sostienen que el decreto “no soluciona la situación de las Cajas”, de acuerdo a dichos textuales de su portavoz económico Cristóbal Montoro.

Muy temprano en la mañana del jueves 10, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ya había anunciado oficialmente que la bancada popular se iba a abstener de votar en el momento de convalidar el decreto ley porque, al igual que lo dicho por Montoro, la reforma que planteaba el Poder Ejecutivo para las Cajas “no era la solución al problema”.

Además se quejó amargamente de que el PP no había sido tenido en cuenta para su desarrollo. Santamaría explicaba a quien quisiera escucharla que apoyar ese decreto sería literalmente “engañar al país”, y justificaba en parte la postura del PP sobre este tema en la rebaja de la calificación de la deuda española que en la semana había anunciado la agencia Moody’s, la que según su punto de vista, que representa el del partido, se debe al “error” de la reforma financiera del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Inmediatamente de arribado al recinto, el Jefe del Gobierno de España lamentó la intransigente postura del principal partido de la oposición, asegurando que se hubiese “sentido muy feliz de contar con su apoyo”.

Tan es así que la vicepresidenta segunda y ministra de economía española, Elena Salgado, estuvo hasta último momento antes de la votación realizando ingentes esfuerzos para hacer cambiar la postura de los representantes del PP y conseguir su respaldo.

Debemos destacar que en esta ocasión el Gobierno tampoco contó con la adhesión del PNV, que es uno de sus socios habituales en la legislatura.

Ahora los nacionalistas vascos se abstuvieron debido al conflicto producido con los socialistas vascos por el futuro de las Cajas en esa comunidad específica.

Problemas intestinos entre representantes de comunidades españolas hacen todavía más difícil la situación en el momento de votar en el palacio legislativo español.