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De acuerdo a los datos de la patronal de constructoras Seopan, la licitacón de obras públicas cayó un 39,3% hasta el mes noviembre de este año comparada con el año anterior. A esto debe sumársele la baja del 33% que se registró el año pasado.

Las inversiones del 2.011 llegaron apenas a los 14.400 millones de euros. Y en caso de mantenerse esta tendencia en diciembre, como todo parece indicar, el año cerraría con un total de inversiones en obra pública de 15.700 millones, lo que sería a moneda corriente la cifra más baja desde el año 1.997.

Las Administraciones locales fueron los ámbitos donde más se restringieron la licitaciones de obra, con una caída de más del 66%, seguidas de las Administraciones autónomas que las bajaron casi un 60% en el conjunto de toda España.

Era lógico suponer por el drástico recorte en todas las partidas de gastos que las mayores caídas en inversión de obras se dieran en Castilla-La Mancha, con un 90% de disminución, y en Asturias y Cataluña, donde la caída fue algo menor pero igualmente de mucha significación.

Del bajón inversor sólo se salvan las regiones autónomas de Aragón, que sube un 14%, y Navarra, que muestra un notable incremento del 86% en sus licitaciones de obra pública.

Y esta caída de obras públicas es muy grande aún a pesar del crecimiento fuera de lo común de las licitaciones del Ministerio de Fomento español y sus entes y empresas asociadas directa o indirectamente, ya que entre ellas suman el 40% del total de inversiones públicas de toda España.

En este Ministerio los 6.021 millones de euros en obra nueva terminada hasta el mes de noviembre casi duplican la cantidad en el mismo período del año anterior. Y de esa cifra casi 1.900 millones corresponden a dos licitaciones que se realizaron en mayo en la línea de alta velocidad a la región de Galicia.

Ahora bien: los datos que aporta Seopan difieren mucho de las cifras que publica el Ministerio de Fomento en su página web, las que llegan hasta el mes de octubre. La diferencia es enorme entre el 25% de incremento en las licitaciones frente al 90% que informa Seopan.

Y esa diferencia se debe según la patronal a “un cambio de criterio” del Ministerio, que en principio dijo que contabilizaría este año todo el importe del AVE a Galicia pero finalmente excluyó una buena parte que corresponde a los pagos de os próximos 25 años por la disponibilidad de infraestructura del servicio.

Inmaculada Rodríguez-Piñeiro, la Secretaria General de Infraestructuras del gobierno de España, anunció hace muy poco que la administración de José Luis Rodríguez Zapatero le dará más peso a la hora de licitar obras públicas en todo el territorio español a la oferta económica que a la oferta técnica, lo que hace a priori presumir una caída en la calidad de las obras.

Esta medida se encuadra dentro de la Ley de Economía sostenible y va a ser aplicable tanto a nivel “país” como de las Comunidades Autónomas.

Por otra parte también advirtió al sector correspondiente de que los presupuestos no van a poder ser aumentados una vez que los proyectos se hayan iniciado, porque el Poder Ejecutivo va a limitar las modificaciones a los costes previstos originalmente sólo hasta un 10% como máximo y por causas probadamente extraordinarias.

Rodríguez-Piñeiro explicó en el transcurso de unas jornadas dedicadas al respecto que la oferta económica que se haga acerca de un proyecto de obra pública subirá sustancialmente su peso en el momento de evaluar y valorar a los candidatos. El apartado correspondiente a la oferta económica tendrá un 54% de la nota final mientras que la oferta técnica baja a partir de ahora su importancia al 46% de la valoración final.

Todas estas medidas suponen un endurecimiento de las condiciones para un sector como el de la construcción que está muy afectado por la crisis económica y los ajustes de gasto aprobados por el Gobierno para reducir el grave déficit fiscal que soporta España por estos meses.

Las mismas obligarán a las empresas constructoras a presentar obras a precios más razonables, seguramente a costa de sus márgenes de ganancia, y a análisis más ajustados sobre los costes finales, ya que a partir de la entrada en vigencia de la norma se pone coto a los hasta ahora llamados “modificados”.

La Secretaria explicó que en la Unión Europea resulta poco comprensible la cultura imperante en España acerca de los “modificados”, por los que es lícito ampliar el presupuesto inicial a medida que la obra se va desarrollando.

Con esta opción vigente, las empresas se atrevían a presentar presupuestos iniciales muy bajos para intentar ganar la licitación, sabiendo que después ese presupuesto podía ser ampliado durante el transcurso de las obras licitadas.

A partir de ahora los análisis de costes deberán ser muy estudiados y se ajustarán verdaderamente al costo de la obra, puesto que luego no se podrán subir.

La Comisión Europea decidió recomendar a los Estados que forman la Eurozona que sigan adelante con el plan de ayuda a Grecia, en el segundo tramo para que el país helénico afronte la grave situación por la que atraviesa a consecuencia de la crisis económica global, que a los griegos los ha tocado en forma muy fuerte.

Todo esto debido a la comprobación de que Grecia viene cumpliendo a conciencia con los compromisos de ajuste y reformas a los que en su momento se comprometió.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios Olli Rehn aseguró que “Grecia consiguió una consolidación de su presupuesto verdaderamente impresionante en el curso del primer semestre del año”.

La decisión acerca de la concesión del segundo tramo de ayuda será analizada en el curso de la reunión del Eurogrupo (ministros de economía de los países de la zona euro) que se llevará a cabo el próximo 7 de setiembre.

Este segundo tramo que está en discusión consistirá en un préstamo de alrededor de 9.000 millones de euros, de los cuales 6.500 millones van a ser aportados por los países de la Eurozona y los restantes 2.500 millones por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Recordemos que en mayo pasado ya los Estados miembros concedieron un préstamo de 80.000 millones de euros, que se complementaron con otro adicional de 30.000 millones.

En el campo estrictamente financiero, el Banco de Grecia intensificó la supervisión de las entidades financieras griegas y estableció un Fondo de Estabilidad Financiera para asegurar la liquidez del sector bancario, por lo cual las autoridades de Atenas tienen prevista una nueva emisión de bonos con garantía del gobierno central de alrededor de 25.000 millones de euros.

Durante el primer semestre de este año el déficit presupuestario griego se redujo un 46%, lo que es mucho más de lo que se había previsto.

Los gastos públicos cayeron un 17% por los grandes recortes a los salarios de los empleados estatales y la paralización de buena parte de las obras públicas.

Pero los ingresos a las arcas estatales sólo crecieron un 5,9%, bastante menos de lo que las autoridades esperaban.

Rehn agregó finalmente que para Grecia “todo marcha de acuerdo a lo esperado, pero a pesar de los significativos progresos realizados, los desafíos y os riesgos todavía están presentes”.

El presidente del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero anunció hace pocas horas que su administración decidió “en su momento” según sus propias palabras subir los impuestos a las rentas más altas.

El anuncio fue hecho durante la VI cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe (ALCUE) que finalizó hace apenas un par de días, aunque se cuidó muy bien de recalcar que la decisión recién será puesta en práctica cuando el Ejecutivo español lo considere “oportuno”, y de acuerdo a la marcha del gigantesco plan de ajuste que se anunció el miércoles de la semana pasada.

Zapatero también se cuidó muy bien al asegurar que la revisión de los tributos fiscales no va a afectar a la mayoría de los impuestos ni a las clases medias.

Lo concreto es que el titular del ejecutivo de España sigue pidiendo duros esfuerzos que van a afectar a una parte importante de la población para el tremendo déficit público de las cuentas españolas.

Ahora citó a las clases más acomodadas, pero también mencionó en su momento a trabajadores de todas las clases y pensionistas.

Según sus propias palabras, “toda la sociedad está de acuerdo” en que los esfuerzos deben hacerse en mayor medida por parte de quienes más tienen, es decir los que cuentan con un volumen importante de riquezas.

Pareciera ser que con estas declaraciones Zapatero quiere dar por terminada la polémica que se implantó en la sociedad española desde que fuera anunciado el nuevo plan de ajuste para este año y el próximo y que prevé reducir el gasto público en 15.000 millones de euros extras.

Recordemos que este plan se centra principalmente en la rebaja de los sueldos de los funcionarios, la congelación de pensiones y un ajuste de las obras públicas sin precedentes hasta el momento.

Luego de los anuncios, los vicepresidentes segundo y tercero del Gobierno discreparon en parte con los mismos.

La titular de economía aseguró que una reforma fiscal “no estaba en los planes del ejecutivo”; el Ministro de Política territorial dijo por su parte que dicha reforma se aprobaría “en un corto plazo”, y su sucesor en la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se dedicó a formular varias peticiones específicas al respecto.

Parece poco probable implantar en la población una sensación de tranquilidad habida cuenta que los propios funcionarios de primerísima línea no logran ponerse de acuerdo ni siquiera en sus declaraciones públicas.

La producción industrial del Japón creció en enero de este año un 2,5%, pero igualmente siguen las presiones inflacionarias y hay muchas dificultades en el mercado laboral nipón, de acuerdo a lo informado hace apenas unos días por el Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonés.

El aumento de la producción fue debido a los incrementos registrados en sectores como los del transporte y la química.

Los industriales japoneses esperan que la actividad industrial tenga una caída del 0,8% en el mes de febrero, y una posterior subida cercana al 1,6% para el mes de marzo.

Los especialistas económicos japoneses consideran que van a seguir las dificultades para la economía nipona en la primera parte del 2.010, ya que el gobierno del primer ministro Yukio Hatoyama va a asignar más fondos a políticas propias en detrimento de varios proyectos de obras públicas que estaban a punto de concretarse y ahora quedaron en un compás de espera.

La subida del desempleo, que no se beneficia con la interrupción del plan de obras públicas y la persistente deflación que no cede, son también factores que están complicando los parámetros económicos japoneses.

Los últimos datos oficiales ubican la tasa de parados en un 5,1% durante el año pasado, en lo que es su peor nivel en más de cinco años. En ese mismo período se registró una caída de precios del 1,3%, algo inédito en la economía del Japón.

Esta situación puede retardar la recuperación de la crisis global, a pesar de algunas señales positivas en el sector manufacturero y de las exportaciones.

Frente a este panorama, el Parlamento japonés aprobó un segundo presupuesto extraordinario en este año fiscal de 56.700 millones de euros.

Como parte del plan de estímulo, se incluirán medidas para beneficiar a las Pymes y al mercado de productos ecológicos.

Pero la prioridad por el momento seguirá siendo combatir el desempleo y la deflación, declaró recientemente Hatoyama.

También hay otras dificultades, como la urgencia de reducir la deuda nacional, que es la mayor de los países industrializados, y que se produjo a causa de la financiación necesaria para combatir la recesión durante la crisis.

A escasos días de terminar este 2.009 que en realidad todo el mundo espera ansiosamente que se despida por la crisis económica global que azotó a todo el planeta y todavía hace de las suyas, el gobierno de Portugal se vio obligado a corregir por segunda vez el presupuesto 2.009, subiendo hasta los 15.000 millones de euros la cifra de números en rojo de las cuentas públicas, lo cual habla a las claras del nivel creciente de endeudamiento público al que se ve obligado el gobierno lusitano.

El actual ministro de finanzas de Portugal, Fernando Teixeira dos Santos, intentó explicar el error de cálculos cometido por las autoridades de su sector, que sube el déficit del 5,9% del PIB al 8,4%, en la inesperada caída de los ingresos a las arcas del gobierno, que fue de un 13,2% con respecto al año anterior, como consecuencia directa de la crisis.

Otras causas que menciona en su intento de explicar lo que parece inexplicable es el apoyo que el gobierno debió prestar al sector financiero, y también dice que tiene su parte de responsabilidad el Plan para la recuperación, que en Portugal se conoció como Iniciativa para la Inversión y el Empleo (IIE).

Parta que el año que está a punto de comenzar, la deuda pública que previó la actual administración está por encima del 90% del PIB portugués, algo muy difícil de sostener con miras a obtener resultados favorables.

El gobierno ya aumentó el salario mínimo para todos los trabajadores en relación de dependencia para llevarlo a 475 euros mensuales, 25 euros más que los 450 euros que se pagaban hasta hace un par de meses atrás.

Además tiene previsto, cuando no, grandes inversiones en obras públicas que puedan sostener el nivel de empleo sin dejar que se dispare el número de parados.

La idea es modernizar al país todo lo posible y mantener a raya el ya muy debilitado tejido social.

Se ha prometido también no aumentar en el curso de todo el 2.010 los impuestos a los trabajadores como una forma de aumento salarial encubierto, pero así se debilitarán las cada vez más flacas arcas públicas hasta niveles probablemente insostenibles.

No debemos olvidar que sumado a los problemas que Portugal presentó y presenta en medio de la crisis, durante el año que termina hubo tres consultas electorales consecutivas, lo que obviamente no ayuda a la organización y estabilización del país, paralizando toda posibilidad de despegue económico.

Cuando el año en curso, que fue el ojo de la tormenta de la crisis económica global está por terminar, las autoridades de la CEPAL ya anunciaron que Colombia resistió los embates de la crisis con una estimación de crecimiento de su PIB casi confirmada del 0,3% para este año y una inflación anual del 3%, que resultó ser la más baja en los últimos cincuenta años.

Para el año entrante, el balance preliminar de las economías de Latinoamérica que realiza anualmente la CEPAL indica que my posiblemente Colombia registre un crecimiento de no menos del 2,5%, impulsado sobre todo por un fuerte repunte en el consumo privado.

Durante el primer semestre del 2.009 el PIB colombiano cayó un 0,5% con respecto a igual período del 2.008, debido principalmente a la caída de la actividad en la industria manufacturera, el comercio y el sector agropecuario.

El impulso a las obras públicas reactivaron el sector de la construcción, por lo cual la situación mejoró hacia el mes de mayo, aunque luego se produjo una nueva caída de la actividad en setiembre y octubre.

El PIB cayó el 1,1% en cuanto a los ingresos tributarios y entonces la meta original de déficit prevista por el gobierno no pudo cumplirse, y el déficit público llegó al 4% del PIB colombiano.

La inflación, que en el 2.008 había alcanzado el 7,7% se redujo al 2,7% interanual para el mes de octubre. La tasa de parados subió pero menos de lo esperado, pasando del 11,3 al 11,8% entre octubre del 2.008 y setiembre del 2.009.

El salario medio real aumentó hasta llegar al 0,8% frente a la tasa negativa del 1,9% que había experimentado hacia fines del 2.008, cuando la crisis global hacía estragos en el empleo de casi todo el continente latinoamericano.

En el aspecto exterior la situación se vio algo afectada, aunque no demasiado, por la caída generalizada de la demanda mundial y las restricciones comerciales que le impuso a Colombia su vecina Venezuela.

Lo que sí fue un problema no menor fue la reducción de las remesas que llegan a Colombia de los colombianos en el exterior, las que sumadas a un déficit de la balanza comercial colombiana de aproximadamente 2.400 millones de dólares, complicaron en parte la marcha de la economía nacional, que sin embargo espera terminar el año con una muy leve pero significativa subida del PIB.

En los nueve primeros meses de este 2.009 duramente castigado por la crisis económica global, la economía de la República Dominicana tuvo un crecimiento del 2,1%, según informaron las autoridades del Banco Central.

Asimismo se espera que para fines de este 2.009 el crecimiento económico del país alcance un mínimo del 3,0%.

Las previsiones del gobierno que encabeza Leonel Fernández estiman un nivel de inflación para este año de que oscilará entre el 6 y el 7%, a la par del mantenimiento del nivel de cambio de la moneda nacional y el fortalecimiento de las reservas internacionales.

El gobierno dominicano ha firmado recientemente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por el cual el país va a recibir un empréstito de 1.700 millones de dólares, de los que casi 700 millones de dólares irán a parar a la realización de diversas obras públicas que aseguren el nivel de empleo de la población dominicana.

La institución monetaria dominicana no dio demasiadas precisiones acerca de los factores de crecimiento, limitándose a informar que la deuda total del sector público no financiero contabilizada al 30 de setiembre de este año era de 11.435 millones de dólares.

De esa cifra, 7.196 millones de dólares corresponden a la deuda externa y 4.239 millones de dólares a la deuda interna del país.

En declaraciones a la prensa, tanto el presidente Fernández como las autoridades financieras auguraron para el año entrante un mejoramiento y un cambio significativo en el perfil de la deuda pública, que de hecho ya fue mejorando con el correr de los últimos años.

Al cierre del año 2.004, la deuda pública equivalía al 29,1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, mientras que en setiembre de este año las mediciones la ubican en el 25,3% de dicho PIB.

Lo mismo ocurrió con la deuda externa, que para ese mismo período pasó de un 24,5% del PIB a un 15,9%, con una caída cercana al 10% que le permite un margen de maniobras más amplio al gobierno dominicano.

Desde que comenzó la crisis económica global, la administración de José Luis Rodríguez Zapatero puso como eje central en su lucha contra el desempleo la obra pública, que en estos meses fue la forma más rápida y sencilla de que muchos españoles consiguieran un empleo para poder subsistir en esta crisis.

Lo concreto es que de acuerdo a datos que publicó hace unos días la asociación de las grandes constructoras, Seopan, el gobierno central licitó en los diez primeros meses del año obras por algo más de 8.000 millones de euros. Y esa cifra es significativamente menor a la de igual período del año anterior, en particular un 36,2% inferior.

Para los gobiernos autonómicos, en los cuales la obra pública es todavía más importante, ya que la capacidad de maniobra para generar nuevos emprendimientos laborales es todavía menor, la caída fue mucho menor, puesto que bajó un 7% para situarse en los 10.390 millones de euros.

Y los ayuntamientos aumentaron sus licitaciones un 70%, hasta alcanzar los 13.810 millones de la moneda común europea.
Este inusual impulso se debió a los 8.000 millones de euros que las corporaciones regionales recibieron del gobierno central como un fondo de inversión municipal.

El comportamiento de los distintos Ministerios fue dispar en cuanto a las cifras que se manejaron en materia de obras públicas.

El principal organismo dedicado a la licitación del gobierno, es decir el Ministerio de Fomento, hizo entre enero y octubre de este año un recorte del 47% del importe de las obras sacadas a concurso, puesto que éstas cayeron hasta los 5.555 millones de euros, pero en contrapartida el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino licitó en ese mismo período un 20% que doce meses antes, al llegar a los 1.184 millones de euros.

En el Departamento que está a cargo de José Blanco mencionan los 2.756 millones de euros que licitó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, un 21% menos que el 2.008, al tiempo que la Dirección General de Carreteras licitó poco menos de 700 millones de euros, una caída del 71% comparado en forma interanual.

Si la hace la comparación por administraciones autonómicas, algunas crecieron como Baleares, Murcia y Navarra, y otras redujeron sus inversiones de manera drástica, como Galicia, Catalunya y la Comunidad Valenciana.