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Las ventas de inmuebles se desploman mes tras mes. Los precios siguen a la baja paro todavía así no se logra vender casi nada. El stock de viviendas en poder de las entidades financieras es un lastre cada vez mayor, con las líneas de créditos congeladas y un mercado del suelo en estado “glacial”.

Las perspectivas de crecimiento económico en España por supuesto tampoco ayudan y los datos del paro sólo alimentan el pesimismo de la población española.

Todas parecen ser desgracias para un mercado como el residencial que en sus años de apogeo llegó a representar el 13% del PIB del país.

La pregunta del millón es “¿cuánto durará esta situación?”

Los más diversos representantes del sector inmobiliario creen que la parte comercial, que involucra oficinas, centros comerciales y logística, podría volver en el mediano plazo a valores razonables. Para el 2.014 España podría seguir el camino que comenzó tibiamente a vislumbrarse en el resto de Europa.

Pero en el sector residencial la situación es mucho más compleja. Primero hay que deshacerse del tremendo stock en manos de la banca, algo que sólo comenzará a suceder cuando los precios lleguen a valores casi irrisorios. Y en cuanto al mercado del suelo, es decir la compraventa de terrenos, el panorama es aún bastante más preocupante.

Desde AFI señalan que “todos los indicadores nos dicen que este año va a ser muy negativo, peor incluso que el pasado, que ya fue el peor que se recuerda en mucho tiempo”. Y estiman que hasta dentro de al menos cinco años el sector no volverá a alcanzar la “velocidad de crucero” por la que inician entre 200.000 y 300.000 viviendas anuales. Estos guarismos están a años luz de las 900.000 viviendas que se comenzaron a construir en el año 2.006, pero también muy lejos de las menos de 80.000 que se iniciaron el año pasado, la cifra más baja desde que los arquitectos empezaron con esta estadística a mediados de los setenta del siglo pasado.

Otros piensan que recién tal vez en el 2.015 el stock de casas nuevas sin vender haya bajado a niveles “razonables”, unas 400.000 unidades, de las cuales el 50% tendrá a su vez una salida muy difícil en el mercado.

Mientras tanto, todo el sistema bancario y las propias inmobiliarias siguen “apilando” viviendas en sus catálogos sin poder sacarse de encima más que unas pocas y a un precio que muchas veces genera una operación que sólo da pérdidas al vendedor.

Los cálculos varían de acuerdo al analista del que se trate, pero nadie duda que la solución de la crisis le va a llevar a España al menos una década, y esto en el caso de los catalogados como “optimistas”. El recorte del déficit del 8,5% del PIB al 3% en dos años es muy superior al de los países que ya fueron rescatados por la Unión Europea y el FMI. Tanto Grecia, Irlanda como Portugal debieron poner en marcha ajustes drásticos comandados desde Bruselas y Washington a cambio de ayudas multimillonarias.

Pero el de España supone un ajuste del 5,5% de su PIB que en los papeles implica un recorte más duro que el de las tres economías intervenidas.

Se viene un “tijeretazo” de alrededor de 55.000 millones de euros hasta fines del 2.013 que afectará a absolutamente todas las Administraciones y obligará a retocar todas las partidas, ingresos y gastos para que las cuentas comiencen a tomar un rumbo más o menos aceptable. Y esto hará que la recesión se endurezca y que suban las ya terribles cifras del desempleo.

En este mismo lapso Portugal e Irlanda deberán recortar el déficit en menos de tres puntos del PIB y Grecia en algo menos de cinco puntos. Todas las economías periféricas europeas están bajo la lupa, la española incluida.

En la práctica y con las cifras a la vista, las exigencias a la Administración española suponen un “castigo” mayor que al resto de las naciones más afectadas. Lo cierto es que no se recuerda en la historia económica contemporánea un ajuste semejante al que deberán llevar adelante las huestes de Mariano Rajoy.

Según Charles Wyplosz, del Graduate Institute, España enfrenta una dicotomía que empeora y mucho su actualidad: es la cuarta economía de Europa, demasiado grande para caer y demasiado grande para ser rescatada. A su parecer y textualmente “un ajuste de 55.000 millones en dos años es estúpido e injusto, pero no hay que olvidar que todo el mundo en Europa lleva meses tratando de forzar a los demás a hacer cosas estúpidas: por eso la crisis ha llegado tan lejos”.

España ha incumplido hasta ahora los objetivos requeridos por una combinación de factores que van desde el desplome en la recaudación de impuestos por la crisis hasta la negligencia en el control de las Comunidades. Pero lo cierto y concreto es que un ajuste del PIB de 5,5 puntos es demasiado para cualquiera, y eso deberá ser tenido en cuenta por las autoridades europeas.

Todo el Gobierno de España está realmente en apuros para poder darle forma aceptable a los presupuestos.

Pero los consejeros de Hacienda de las Comunidades Autónomas están “al borde de un ataque de nervios” tratando de ver cómo hacer para que sus cuentas medianamente cierren.

Con un desfasaje presupuestario que el año pasado llegó al 2,94% del PIB español, deberán hacer un ajuste de al menos 15.600 millones de euros en este 2.012 para que las cuentas queden “regular”. El problema más grave es que el 75% de este presupuesto es destinado por las Comunidades a educación, sanidad y servicios sociales. Y sin que estos sectores sufran un recorte importante, no parece posible que se pueda cumplir con los ajustes comprometidos.

Así es que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que es el nexo entre las autoridades centrales y los responsables de Economía de las regiones, los consejeros “sugirieron” que necesitan un fuerte impulso del Gobierno para poder alcanzar mínimamente los objetivos de déficit que aún así decidieron aprobar.

Varios de los consejeros económicos regionales le pidieron al Ejecutivo que asuma una buena parte del coste político de los recortes que deben llevarse adelante, además de reclamar una rebaja en la cartera de servicios, es decir que se reduzca la cobertura de algunas prestaciones sanitarias.

También piden alguna rápida medida estatal que les permita a las Comunidades poder bajar el sueldo de los funcionarios sin tener que asumir el coste político, ya sea que éste provenga de una modificación de las condiciones laborales o directamente de una nueva rebaja del sueldo. Lo que sí esperan las comunidades poder hacer es reducir el personal laboral eventual que se encuentren en estos omentos trabajando en sus plantillas.

Alberto Rodríguez Feijóo, el presidente gallego, fue quien abrió el fuego de los pedidos. Entre las solicitudes está poder subir las tasas reguladas por el Estado, regulándolas a partir de ahora en función de la renta para poder obtener así más ingresos. Estos pedidos están siendo estudiados por un grupo especial creado por Montoro hace alrededor de dos semanas.

El Gobierno central ya tomó algunas medidas para aliviar la crítica situación de las Comunidades. Amplió de cinco a diez años el plazo de reintegro de las transferencias del 2.008 y 2.009 y les anticipó un semestre parte de las transferencias que debían realizarse en julio, por un monto de 6.000 millones de euros.

Casi siempre los encargados de elaborar los presupuestos se “rompen” la cabeza para lograr que las cuentas cierren. Y desde que esta crisis económica que primero fue global y ahora afecta sobre todo a las naciones de la región europea está haciendo de las suyas, la tarea se volvió todavía más ardua porque los ingresos fiscales se viene desplomando ejercicio tras ejercicio y al parecer siempre se llega después de exhaustivos análisis a las mismas conclusiones: en el caso de España, por ejemplo, las Administraciones gastan bastante más de lo que recaudan. Y así las cuentas no pueden cerrar nunca.

Los responsables del Ministerio de Hacienda de España intentan por todos los medios evitar las medidas menos populares, pero esto no siempre es posible. Muchas veces no queda otro camino que dañar, en mayor o menor medida, el bolsillo de la ciudadanía, por ejemplo recortando los gastos en planes sociales o subiendo en forma agresiva los impuestos.

A una semana de las elecciones andaluzas España debe enfrentar el mayor ajuste presupuestario de la era democrática y las soluciones a la vista no son demasiadas, por no decir muy escasas. Lo único cierto e indiscutible es que hay que subir la recaudación fiscal.

Todas las Administraciones públicas deberán aguzar el ingenio para reducir sus gastos y darle máxima velocidad a la maquinaria fiscal. Sólo así es posible, aunque no probable, que se pueda cumplir con el compromiso contraído con Bruselas de reducir el déficit fiscal al 5,3% del PIB nacional para este 2.012 en curso.

Con este estremecedor escenario por delante, el Ejecutivo central, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos tendrán que bajar en casi 35.000 millones de euros sus desajustes presupuestarios.

El ministro de Hacienda Cristóbal Montoro evitó presionar más a las ya casi asfixiadas comunidades asumiendo sólo el Gobierno central el ajuste extra exigido por Bruselas de 5.320 millones adicionales. Así, la Administración General del Estado deberá hacer frente a un ajuste de 17.490 millones, un desafío verdaderamente gigante sobre todo si se tiene en cuenta que todas las previsiones hablan de una contracción de la economía para este año de no menos del 1,7% del PIB.

Cada vez son más los que opinan que el Gobierno no podrá cumplir con el déficit comprometido. Sólo a modo de ejemplo, la CEOE asegura que éste no bajará este año del 6%.

El Gobierno de España consiguió que el Congreso aprobara el pasado miércoles un cuadro macroeconómico que, en verdad, ya fue superado por las nuevas exigencias de la Unión Europea. Y anunció además que va a asumir el coste de los 5.000 millones de euros adicionales de recorte del déficit público que “pidió” Bruselas.

Este coste, de acuerdo a declaraciones del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, recaerá sobre las cuentas del Estado y no sobre las Comunidades Autónomas.

Montoro le quitó importancia a este nuevo recorte y dijo que simplemente saldrá de “renuncias de proyectos de gastos a futuro” e “instrumentos fiscales equilibrados”. Así se podrá cumplir con el 5,3% de déficit público que están exigiendo ahora las autoridades económicas europeas.

Hacia fines de este mes de abril el Gobierno va a aprobar el proyecto de Presupuestos para el 2.012 con recortes en todas las partidas y seguramente nuevos ajustes tributarios, de acuerdo a lo insinuado por el ministro.

La intervención de Montoro en el debate del llamado “techo de gastos” quedó desbordada por la realidad de los últimos acontecimientos y las nuevas exigencias de la UE. Lo que se votó fue un cuadro económico con un déficit del 5,8% del PIB, cuando finalmente éste deberá ser del 5,3%.

La previsión del techo de gastos es de 118.565 millones de euros para todo este ejercicio, una cifra que representa una caída del 4,7% con respecto a la del 2.011. Sin embargo estos números ya se vieron desbordados por los acontecimientos y por lo tanto el recorte tendrá que ser todavía mayor.

Soraya Rodríguez, la portavoz del PSOE, pidió sin éxito que el texto del Gobierno fuera retirado “por inservible”, ya que casi todos los datos que incluye debieron ser modificados a la fuerza. Montoro defendió la postura gubernamental aduciendo que dicho texto sólo incluye un máximo de gastos, por lo que sigue estando vigente a pesar de las nuevas previsiones de las últimas horas.

Así consiguió el Ejecutivo que se aprobase un texto que a todas luces quedó desfasado de la realidad. No tuvieron ningún éxito las peticiones de vuelta atrás con un texto nuevo ya que el PP tiene mayoría absoluta como para no depender de nadie a la hora de la votación.

Todo el resto del Legislativo se abstuvo o votó en contra, pero eso poco importó a la hora del recuento de votos.

En las últimas horas, y a través del ministro de Economía Luis de Guindos, el Gobierno de España ha aceptado el nuevo objetivo de déficit del 5,3% del PIB español para el curso de este año que le ha impuesto el Eurogrupo.

En breves declaraciones a la prensa antes de entrar a la reunión del Ecofin del pasado martes, el ministro afirmó que “España está y estará absolutamente comprometida con el ajuste presupuestario”.

Agregó que la administración de Mariano Rajoy está totalmente comprometida con las reformas estructurales y en esa dirección es que ha aceptado sin más las recomendaciones de las autoridades económicas europeas.

Los 5.000 millones de ajuste adicionales se sumarán a los 30.000 millones ya anunciados para llevar el déficit desde el 8,5% del año pasado al 5,8% previsto inicialmente para este año.

De acuerdo a lo que se había planeado en un principio, serían las Comunidades Autónomas las que asumirían la mayor parte del recorte. Y ahora este recorte va a tener que profundizarse todavía un poco más.

La Administración central española, a su vez, va a bajar el déficit desde el 5,1% al 4%, es decir 1,1 puntos porcentuales del PIB nacional. Y buena parte de esta reducción corre a cargo de las medidas que se anunciaron el 30 de diciembre pasado y que afectan al IRPF y a unos 9.000 millones de no disponibilidad de gastos. Todavía queda por determinar qué partidas van a ser recortadas y en qué proporción. Los Ayuntamientos deberán bajar el déficit del 0,38% del PIB del 2.011 a no más del 0,30% en el transcurso de este año.

José Manuel García-Margallo, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo desde Madrid que la concesión de Bruselas de un déficit superior al 4,4% que se fijó en el Plan de Estabilidad es “toda una victoria para España”.

Aún el 5,3% que ahora pide el Eurogrupo es una cifra bastante por encima del 4,4% que se exigía inicialmente.

Margallo explicó la situación actual asegurando que “nos han concedido el máximo que se podía dar”.” Estos son señores serios a los que se les puede renegociar la deuda”, afirma el ministro que pensaron en la Unión Europea. Y todo se logró por la importancia de las reformas que se implementaron desde que esta administración se hizo cargo del gobierno español.

Desde el Eurogrupo afirman que lo más importante es el objetivo del 2.013, ya que allí no habrá clemencia para bajar el déficit al 3% tal como ya se anunció.

En las palabras preliminares a la presentación del balance contable de la Administración en 2.011, el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro afirmó textualmente que “no habíamos exagerado, la situación es la que es”.

Y este balance arroja un déficit público que equivale al 8,51% del PIB de España. Si se compara con el cierre del año 2.010, que presentó un déficit del 9,3%, no parecen haber tenido demasiado éxito los sucesivos anuncios de austeridad presupuestaria.

Y con respecto a lo que se había pactado con la Comisión Europea de dejar el saldo negativo en el 6% del PIB, el resultado es definitivamente desastroso, ya que la reducción del déficit es de apenas el 25% de lo previsto. Las consecuencias de estos desarreglos son las previstas: Bruselas sigue apretando las clavijas y el Gobierno español no tiene otra salida que acatar las “sugerencias”. Llegar a la meta prevista para este año implicaría un ajuste de 44.000 millones de euros.

Hasta las elecciones de noviembre, el gobierno socialista aseguró que era posible cerrar las cuentas públicas con un déficit muy cercano al 6% del PIB pactado con las autoridades europeas, a pesar de que los datos sobre todo de las Comunidades Autónomas ya adelantaban que el final sería muy distinto al esperado. Y a poco de establecerse en La Moncloa, ya Mariano Rajoy adelantó que la situación era poco menos que “terminal” y que el déficit público rondaría como mínimo el 8% del PIB.

Sin esperar datos oficiales, a una semana de asumir ya se aprobaron recortes de gastos y subidas de impuestos por unos 15.000 millones de euros.

Montoro defendió el lunes pasado las cifras en las que se basó el Gobierno para el primer paquete de medidas. Y ahora todos se encuentran con un cierre presupuestario todavía peor al supuesto. Primero se pensó en un déficit del 8,3% y finalmente se llegó al oficial 8,5% dado a conocer recientemente.

Estos datos eran esperados en el seno de la CE como requisito para tocar el tema de suavizar los objetivos del ajuste presupuestario, ahora que la recesión vuelve a ser una realidad.

Y es que con el actual descalabro de las cuentas de las Comunidades Autónomas, el objetivo pedido por Bruselas de un déficit para este año no superior al 4,4% del PIB nacional no parece ya algo difícil de conseguir, sino directamente un disparate imposible de conseguir.

El lunes pasado el ministro de Economía y Competitividad de España, Luis de Guindos, aseguró que el dato conocido del déficit del 8,51% del PIB, a pesar de haber comprometido ante la Comisión Europea una cifra no superior al 6%, es una cifra de desviación “relativamente significativa” al tiempo que la atribuyó a que el año pasado “no se hizo el esfuerzo que debería haberse realizado, en clara alusión a la anterior gestión gubernamental.

De Guindos declaró desde Nueva York que el actual gobierno de Mariano Rajoy, a pesar del deterioro presupuestario español, va a redoblar los esfuerzos para que esta situación no vuelva a presentarse.

Tras la reunión de os integrantes del G-20, el ministro recaló en Nueva york para reunirse con alrededor de un centenar de representantes de Wall Street a fin de plantear los objetivos económicos españoles tanto a nivel nacional como internacional. Y una vez más de Guindos reiteró que recién se está reconociendo el contenido de la situación y se actúa en consecuencia con la rapidez necesaria para llevar a cabo las reformas necesarias.

El ministro aseguró que “se hizo un esfuerzo muy importante en los dos últimos meses, tanto a nivel de España como de la unión Europea y los países que constituyen la unión monetaria.

Y al referirse a la opinión de la comunidad inversora internacional con respecto a la marcha de las finanzas de la Eurozona, el término que usó para resumir la actual situación es “alivio”.

De Guindos manifestó que se percibe una importante modificación en la percepción con respecto a la posición de España. Y al referirse a la latente posibilidad de una flexibilización del calendario de ajuste español por parte de la CE, explicó que el crecimiento que va a mostrar España a corto plazo “será muy inferior al que habían proyectado tanto el anterior gobierno como la propia Comisión Europea”. La contracción del PIB esperada oscilará entre el 1 y el 1,5%, a lo cual deberá sumársele la desviación encontrada en el déficit. Por lo tanto para de Guindos “el punto de partida es muy distinto al que se pensaba en un principio y eso dificultará en grado sumo la misión de este año”.

De Guindos dijo que el principal motivo de su viaje es “explicar cuál va a ser la política española de cara al futuro. España es un país seguro y confiable y su deuda pública una buena apuesta para invertir en ella”.

La Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) hizo una revisión de sus pronósticos para la economía de España y el resultado, a decir verdad, no fue nada alentador. De acuerdo a las nuevas previsiones, ha empeorado más de un punto la estimación del PIB español, el que ahora piensa que caerá un 1,7% frente a la anterior cifra del 0,5%.

La tasa de paro, asimismo, se va a mantener por encima del 24% por lo menos hasta el año 2.014.

Para la revisión de sus cálculos, los analistas de Funcas tuvieron en cuenta las últimas iniciativas que puso en marcha la administración de Mariano Rajoy para poder cumplir con las exigencias de Bruselas en materia de consolidación fiscal, aunque éstas ahora parece que podrían suavizarse algo. Tampoco ayudó en el cálculo el importante freno que sufrieron las exportaciones por la actual coyuntura económica global.

Todos estos factores van a frenar el eventual crecimiento español de manera pronunciada en al menos los tres primeros trimestres del año, que mostrarán caídas superiores incluso a las del último trimestre del 2.011, cuando el PIB español se desplomó un 0,3%.

Hacia el final del año comenzaría a avizorarse una pequeña recuperación que permitiría al menos un muy modesto crecimiento a partir de los primeros meses del 2.013.

Pero de todos modos Funcas advierte que estas previsiones tienen un “alto grado de incertidumbre” y podrían llegar incluso a empeorar nuevamente.

El empleo va a caer este año un 3,4% y un 0,8% adicional en el 2.013, con lo que el paro seguirá en niveles que hacen imposible pensar en una recuperación a corto y mediano plazo. Habrá nuevas caídas en las remuneraciones por el impacto de la nueva reforma laboral.

Otro tema más que candente es el del déficit del Estado. A pesar de la importante subida de los impuestos y del inédito recorte de gastos que encara el Gobierno, el déficit público se situará muy probablemente por encima incluso del 5,8%, una cifra muy alejada de la previsión original del 4,4% que exigiría hasta el momento la Comisión Europea.

En Funcas aseguran que esta alta cifra de déficit se debe a la caída de los ingresos fiscales a consecuencia de la gran contracción económica y a la mayor erogación de divisas que debe hacer el Estado para enfrentar las prestaciones por desempleo.

Todas las explicaciones que se puedan barajar obedecen sólo a especulaciones. Pero lo cierto es que se ha producido al parecer un cambio de tono en el seno de la Comisión Europea (CE) en Bruselas, que hacia fines de la semana pasada admitió que estaba estudiando flexibilizar el camino hacia la reducción del déficit para España y algunos otros países de la región. Y esto se debe seguramente a que las consecuencias de una prolongada recesión serían mucho peor a las previstas, pero debe reconocerse que menos traumática que lo que algunos analistas económicos pretenden.

Olli Rehn ha dicho que se está trabajando con las autoridades españolas encargadas de la parte económica del gobierno de Mariano Rajoy. Lo que sí resulta indispensable para las autoridades de la CE es que quieren poner en “negro sobre blanco” las cifras definitivas del déficit de los españoles del año pasado.

El ejecutivo español ya adelantó que estas cifras van a estar en alrededor del 8% del PIB frente al objetivo del 6% que se había barajado en su momento. Y esto es debido básicamente a los incumplimientos de los objetivos por parte de las Comunidades Autónomas.

Pero Rehn ya dijo que pretende ver esos números “cuanto antes”, a pesar que el gobierno de España aseguró que los dará a conocer el próximo 23 de abril, y además quiere un informe pormenorizado de lo que él llama el “derrape fiscal” español en el curso del 2.011.

Además quiere conocer en profundidad lo que sería la segunda tanda de recortes de la administración de Mariano Rajoy, quien al llegar al Palacio de La Moncloa ya puso en práctica un primer tijeretazo de 15.000 millones de euros en fuertes subidas de impuestos, sobre todo IRPF y tributación sobre el ahorro, y otros recortes de gastos.

Una vez establecido el déficit definitivo del 2.011 y el nuevo presupuesto para este año, que se enviará al Parlamento a fines de marzo, La CE podría “abrir el grifo” y flexibilizar las metas de déficit para España de modo de no agravar todavía más la ya incipiente pero instalada recesión. Entonces el gobierno debería elaborar los presupuestos con los objetivos del 4,4% del PIB de déficit para este año y del 3% para el próximo.

Varias fuentes europeas ya admitieron que estos números se flexibilizarán algunas décimas al tiempo que Rajoy quiere dejarlo por encima del 5%.