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El plan de ajuste que aprobó el nuevo Gobierno de España es una fuerte señal que da cuentas del compromiso que asumió el país con el ajuste fiscal que piden a gritos las autoridades europeas.

Este es, en resumen, el informe elaborado por el Banco de inversión Goldman Sachs acerca de la actualidad española. Pero asimismo GS asegura que las medidas tomadas por las nuevas autoridades conllevan el cierto riesgo de poner todavía más trabas al ya de por sí complicado proceso de recuperación y crecimiento de los españoles.

Esta es la primera valoración del Banco estadounidense acerca de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre pasado.

Andrew Benito, el analista que firma el mencionado informe, aclara que el plan propuesto supera las expectativas previstas aún por los más audaces partidarios de medidas radicales. Según Benito, “será clave para España cómo se combinan estas medidas con un marco a más medio plazo de ajuste fiscal, reformas estructurales y crecimiento”.

Goldman Sachs cree firmemente que, a la vista de las medidas tomadas, el plan de ajuste fiscal del nuevo Gobierno español muy probablemente vaya más allá de lo previsto en un principio, y tendrá un coste de los recortes y las subidas de impuestos que seguramente rondarán el 1,5% del PIB de España. Así se podrá en principio compensar las noticias negativas que dan por sentada una revisión al alza del déficit para este año 2.012.

El desequilibrio del 8% que anunció el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro es también un guarismo “muy susceptible de ser revisado al alza”. Las fuertes y progresivas subidas de impuestos y la decisión de reducir la paga de los funcionarios pueden incidir en limitar el impacto sobre el crecimiento. En conjunto, “todas son medidas necesarias que llegan en un mal momento”.

Para el Banco estadounidense, frente a las previsiones de crecimiento para este año de un 2,3% que calcularon las anteriores autoridades, lo más probable es que el PIB español se contraiga un 1,5% en el transcurso del 2.012.

O sea que el ajuste se va a diluir por el deterioro el ciclo y esto va a obligar a nuevos recortes para que se puedan cumplir los compromisos que se tomaron con la Unión Europea.

Además Benito afirma que los planes de ajuste de cada país deben ineludiblemente ser acompañadas por políticas de la Eurozona que permitan una financiación más favorable para todas las economías consideradas “periféricas”, como es el caso de la española.

Cuando en mayo del 2.010 Grecia se hundía irremediablemente en una profunda crisis económica sin precedentes sus socios de la Eurozona salieron al rescate y al cabo de tres meses le lanzaron un “salvavidas” de 110.000 millones de euros. Pero el plan de ajuste que se le exigió a cambio, con el principal objetivo de reducir el gigantesco déficit del 15% del PIB en el 2.009 a tan sólo el 3% en cuatro años no hizo sino empeorar la calidad de vida de los griegos y hacer subir el descontento general hasta niveles muy peligrosos. Ahora la austeridad está asfixiando a los griegos, su economía caerá este año más que el anterior y hasta los que acudieron en ayuda de los helenos admiten que por estos meses los efectos secundarios agravaron al enfermo, es decir que las contraindicaciones del “medicamento” no hicieron sino complicar todo.

Y las lecciones que dejó el proceder con Grecia son estudiadas por España con mucha atención. El déficit español tocó techo en el 2.009 con un 11,1% del PIB y también tiene cuatro años para reducirlo al 3%, alrededor de 80.000 millones de euros. Es una rebaja drástica que amenaza, como en el caso griego, con que la sangría termine por agravar el estado del paciente.

Pero los mercados mandan y éstos un día critican la falta de rigor en el gasto público y al siguiente se quejan del estancamiento económico que este ajuste fiscal conlleva.

Ciertamente que el gobierno que resulte electo próximamente no tendrá mucho margen para innovar porque ya Bruselas pontificó sobre la senda a seguir. “España no tiene ningún margen en política fiscal”, aseguraron.

Un famoso catedrático de la Universidad de Pensilvania, Jesús Fernández-Villaverde, cree incluso que después del problemático verano que finalizó hace poco y de los últimos vaivenes de las economías griega e italiana, ya queda poco margen de tiempo para la consolidación fiscal. La consecuencia lógica será una nueva subida del paro, aunque a su juicio esto es preferible a tener que recurrir a un rescate financiero.

Y los principales referentes políticos tampoco se ponen de acuerdo en el camino a seguir. El candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ser partidario de pedir a los socios europeos que retrasen el ajuste al menos dos años, mientras que el popular Mariano Rajoy defendió la austeridad a ultranza.

Cualquier cosa puede suceder en los próximos meses en la política y por ende la economía española…

De acuerdo a lo que reconocieron algunos portavoces de la Generalitat, ésta va a despedir antes de que comience el verano a más de 1.000 trabajadores de sus empresas públicas y otros organismos en los cuales tiene una participación superior al 50% como parte del plan de ajuste que se ha propuesto ejecutar.

Al parecer este ajuste ya se aprobó en el pasado mes de febrero y según él estas empresas y entidades deberán reducir o bien un 6% su masa salarial o un 5% de su plantilla antes de que finalice el primer semestre de este año. Recién allí se sabrá a ciencia cierta el número exacto de afectados por la medida.

Según consta en los presupuestos de Catalunya del año pasado, el personal total a su cargo era de casi 50.000 personas en el año 2.010. Así es que un 5% de esa cantidad implicarían más de 2.400 trabajadores, el triple del ERE que llevó adelante Nissan en el 2.009, y que fue el mayor de Catalunya en los últimos años.

Desde la gobernación aseguran que no será necesario llegar a esa cantidad de despidos, pero por ejemplo para Xavier Casas, el responsable de la función pública de UGT en la Generalitat, se está en presencia de un ERE encubierto ya que afecta a personal fijo, sin tener en cuenta ningún criterio económico, incluyendo el despido de personas con más de 20 de antigüedad en sus puestos.

Para los sindicatos los despidos ya comenzaron. En varios entes estatales de la gobernación ya fueron dados de baja más de 70 trabajadores.

Suman en total 74 despedidos a quienes se les abonó sólo 20 días por año trabajado, lo cual no es lo que prevé la Ley.

También desde CCOO su coordinadora de Área Pública Josefina Pujol denunció que a pesar de haber intentado varias veces abrir conversaciones con las autoridades, éstas se negaron sistemáticamente a recibirlos.

UGT, de acuerdo a los despidos producidos hasta la fecha, prevé que el total de cesanteados en los próximos meses va a superar ampliamente los 1.000 trabajadores, una cifra casi igual a los 912 empleos destruidos en todo el año pasado según la EPA.

La gobernación, por su parte, afirma que la mayoría de los damnificados son interinos, personal contratado y eventual que reforzaba determinados horarios y lugares de trabajo.
La situación, lejos de resolverse, podría empeorar sustancialmente en las próximas semanas.

Pujol ha sido muy clara en sus dichos, al afirmar que “No tiene sentido que en Catalunya, con una cuota de paro de casi el 18%, la Generalitat sea parte del problema y no de la solución”.

El pasado fin de semana el ministro de fomento y número dos del PSOE, José Blanco, hizo lo que el mismo consideró “algunas reflexiones” acerca de la necesidad a su criterio de subir impuestos para poder mantener el nivel de servicios.

Pero la vicepresidenta económica del gobierno de España Elena Salgado salió al cruce de esas declaraciones aduciendo que tales afirmaciones son sólo eso, reflexiones personales y no un programa de Gobierno.

Estas fueros las afirmaciones de Salgado en una reciente conferencia de prensa que dio junto con Blanco.

Para Salgado “la estructura fiscal actual es suficiente para cubrir las necesidades de las arcas gubernamentales”, en declaraciones llevadas a cabo en el Ministerio de Economía. Con el nivel de ingresos actual va a ser posible alcanzar el objetivo que se fijó el Gobierno para el año entrante de obtener un déficit del 6%.

Haciendo referencia a las declaraciones de Blanco del pasado fin de semana, Salgado afirmó que Blanco dijo que “la presión fiscal española es inferior a la europea, lo cual es estrictamente cierto. Pero lo que no dijo Salgado y sí lo había hecho Blanco es asegurar que los impuestos españoles eran muy bajos y que debían buscarse en forma urgente fórmulas para homologarlos y asemejarlos a la media de la Eurozona.

Acerca del impuesto para los ricos que anunció el presidente del Gobierno, Salgado dijo que podría hacerse algún pequeño ajuste que favoreciese la equidad, pero de ninguna forma con ánimos recaudatorios.

Ambos ministros manifestaron al salir de una reunión que el recorte inversor en infraestructura para el año próximo muy posiblemente podría aliviarse con un recorte que difícilmente supere los 500 millones de euros.

Para Salgado el ahorro en el pago de la deuda como consecuencia de la mejora en los mercados permitirá arbitrar los medios necesarios para poner en marcha obras que en su momento quedaron paralizadas por el plan de ajuste, aunque de cualquier forma se va a mantener el tope de gastos que fue aprobado en su oportunidad.

Blanco agregó que estos recurso adicionales van a servir para beneficiar a unas 50 obras en avanzado estado de ejecución que fueron paralizadas oportunamente y que afectan a la mayoría de las comunidades autónomas.

Para la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), España contraerá su economía un 0,7% este año 2.010 y se estima que crecerá el 0,3% durante el año próximo, con lo cual rebaja un 0,5% su último pronóstico hecho en abril de este año para el próximo ejercicio, por el impacto negativo de las medidas dadas a conocer en el plan de ajuste anunciado por el gobierno.

Según las predicciones del instituto, la caída del 0,3% del PIB español es debida al retorno a la recesión para los últimos dos trimestres del año, lo que técnicamente es irrefutable.

A partir de fines del 2.010 comenzará a vislumbrarse una “ligera tendencia ascendente” en los parámetros económicos que permitirá un crecimiento, aunque sea mínimo, en el ejercicio 2.011.

El Banco de España es algo más optimista que Funcas, ya que de acuerdo al informe que presentaron sus técnicos la economía española caerá este año un 0,4% pero en el transcurso del 2.011crecerá un 0,8%.

Como suele suceder en estos casos, el gobierno es el que da a conocer los datos más optimistas de todos a pesar de los grandes recortes presupuestarios, ya que la administración de José Luis Rodríguez Zapatero pronostica sin lugar a dudas una subida del PIB de no menos del 1,3% para el año próximo.

El informe de Funcas desglosa el 0,5% de rebaja en el pronóstico sosteniendo que el 0,3% corresponden a la reducción de la inversión pública, mientras el 0,2% restante derivan de otras medidas y del impacto negativo de arrastre de la crisis.

Los factores que actuarán todavía como un freno al crecimiento pueden encontrarse en el endeudamiento privado aún en niveles muy altos, el hecho de no haber corregido todavía el exceso productivo del sector de la construcción y la gran cantidad de viviendas que todavía no pudieron ser vendidas.

Las entidades financieras continuarán en el proceso de saneamiento de sus cuentas, al tiempo que al menos en el corto plazo no podrá recuperarse la competitividad que las empresas perdieron por los altos costes laborales.

Finalmente Funcas cree que en el segundo trimestre de este 2.010 que vence a fines de junio habrá un estancamiento del PIB, una caída en las inversiones en la construcción y en el consumo público y una fuerte subida del consumo privado por el inminente aumento del IVA.

Nuevamente la agencia de calificación Fitch modificó su nota con respecto a España. Y otra vez la modificación fue a la baja. Este hecho se produce en el medio de un severísimo plan de ajuste que puso en práctica la administración de José Luis Rodríguez Zapatero que envuelve al país en un clima político y social bastante comprometido.

Tanto el presidente del gobierno español como el PSOE están atravesando los peores momentos de sus seis años de gobierno, con alarmas que se disparan y suenan por todas partes.

Fitch pasó la calificación de la solvencia de España de AAA al escalón inmediatamente inferior AA+.

En realidad es un hecho que, tomado en cuenta en forma aislada, no cuestiona la capacidad de pago de España con respecto a sus obligaciones.

Pero en el contexto de la situación que se está viviendo en la península ibérica, es un síntoma más que habla de la gravedad del estado del paciente, en un clima poco menos que de fin de régimen.

Como el anuncio fue hecho hace un par de días después del cierre de las Bolsas europeas, no impactó en los resultados de las mismas, aunque sí hizo bajar el Dow Jones en los Estados Unidos un 1,9%, ya que reavivó los temores de una crisis generalizada en toda Europa.

Y encima esto viene a suceder apenas un día después de que el jefe del gobierno de España salvara su plan de ajuste en el Congreso de su país por apenas un voto de diferencia.

La situación actual de España da como hacer una lista de problemas que pareciera salida de una película de Alfred Hitchcock: Las previsiones de crecimiento que dio a conocer el gobierno son literalmente negativas, acaba de comenzar una huelga en los ferrocarriles españoles, no hay forma de lograr un acuerdo entre los sindicatos y el empresariado para la reforma laboral con el fin de mayo ya superado, todos los políticos están al borde de un ataque de nervios al mejor estilo Almodóvar y la semana que recién se inicia puede resultar una seguidilla de acontecimientos de pesadillas.

En el ámbito estrictamente financiero habrá que ver con el correr de los días cómo responden los mercados, aunque ya se sabe que el Ibex cerró su peor mes desde la caída del Lehman Brothers, lo cual no es para nada un buen indicio.

El presidente del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero anunció hace pocas horas que su administración decidió “en su momento” según sus propias palabras subir los impuestos a las rentas más altas.

El anuncio fue hecho durante la VI cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe (ALCUE) que finalizó hace apenas un par de días, aunque se cuidó muy bien de recalcar que la decisión recién será puesta en práctica cuando el Ejecutivo español lo considere “oportuno”, y de acuerdo a la marcha del gigantesco plan de ajuste que se anunció el miércoles de la semana pasada.

Zapatero también se cuidó muy bien al asegurar que la revisión de los tributos fiscales no va a afectar a la mayoría de los impuestos ni a las clases medias.

Lo concreto es que el titular del ejecutivo de España sigue pidiendo duros esfuerzos que van a afectar a una parte importante de la población para el tremendo déficit público de las cuentas españolas.

Ahora citó a las clases más acomodadas, pero también mencionó en su momento a trabajadores de todas las clases y pensionistas.

Según sus propias palabras, “toda la sociedad está de acuerdo” en que los esfuerzos deben hacerse en mayor medida por parte de quienes más tienen, es decir los que cuentan con un volumen importante de riquezas.

Pareciera ser que con estas declaraciones Zapatero quiere dar por terminada la polémica que se implantó en la sociedad española desde que fuera anunciado el nuevo plan de ajuste para este año y el próximo y que prevé reducir el gasto público en 15.000 millones de euros extras.

Recordemos que este plan se centra principalmente en la rebaja de los sueldos de los funcionarios, la congelación de pensiones y un ajuste de las obras públicas sin precedentes hasta el momento.

Luego de los anuncios, los vicepresidentes segundo y tercero del Gobierno discreparon en parte con los mismos.

La titular de economía aseguró que una reforma fiscal “no estaba en los planes del ejecutivo”; el Ministro de Política territorial dijo por su parte que dicha reforma se aprobaría “en un corto plazo”, y su sucesor en la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, se dedicó a formular varias peticiones específicas al respecto.

Parece poco probable implantar en la población una sensación de tranquilidad habida cuenta que los propios funcionarios de primerísima línea no logran ponerse de acuerdo ni siquiera en sus declaraciones públicas.

Ángela Merkel, la controvertida canciller de Alemania, advirtió en tono bastante dramático que la crisis por la que está atravesando Grecia y que lejos de encontrar vías de solución parece agudizarse por la tremenda resistencia del pueblo griego al severo plan de ajuste, resistencia que lamentablemente ya se cobró varias vidas, entró en una encrucijada cuya salida es cuando menos muy incierta.

Para Merkel el futuro de la Eurozona depende el éxito del rescate a Grecia, país que intenta cumplir con las exigencias que se le impusieron para recibir las ayudas, pero cuya población no está dispuesta a cumplir, al menos en apariencia.

Por otro lado, el miembro del Consejo de gobierno del BCE y presidente del Bundesbank, Axel Weber, insistió en que hay “un serio riesgo de contagio” de la crisis de deuda, mientras que Dominique Strauss-Kahn, el Director Gerente del FMI, admitió que esta amenaza realmente existe pero también indicó que algunos países en serios problemas como es el caso de España, tienen una situación actual que no puede compararse a la griega.

Merkel cree firmemente que son precisos gestos inequívocos que hagan que los mercados internacionales confíen en la solidez del euro, y entre estos gestos considera que se deben endurecer las condiciones financieras para evitar que ningún país de la zona euro traspase el límite de déficit del 3% del PIB.

Y aunque no los menciona, se sabe que se está refiriendo sobre todo a Portugal, España y en menor medida Irlanda.

Mientras tanto, se espera al día 12 de mayo, cuando la Comisión Europea tiene previsto presentar sus propuestas para reforzar el endeble acuerdo que por ahora mantiene a Grecia de pie.

Merkel, mientras tanto, lucha a brazo partido en el Parlamento de su país para lograr la aprobación de un préstamo de 22.400 millones de euros a Grecia, que forman parte del inmenso paquete monetario que tanto el FMI como la Eurozona pretenden transferirle para intentar “sacarla del pozo”.

Como ya dijimos, la ayuda a Grecia está totalmente condicionada a la puesta en marcha por parte de los helenos de un plan de ajuste de características extremas.

Pero el gobierno griego se está encontrando con una férrea resistencia del pueblo a tener que hacerse cargo, con fuertes caídas de sus salarios y exorbitantes subidas de impuestos y costos de servicios, de los errores cometidos, dejando claramente a la vista que no tienen ninguna intención de convertirse en el pato de la boda.

La vicepresidenta económica del gobierno de España, Elena Salgado, dijo lacónicamente varias veces que “hay ingresos que no van a volver”. Y esta es una frase a la que recurre con una frecuencia no deseada cuando intenta explicar los 50.000 millones de euros de gastos en los que se ha metido el gobierno en un drástico plan de ajuste para ver de solucionar los múltiples problemas que la crisis económica global les ha traído a los españoles.

En los últimos dos años, los ingresos públicos pasaron de representar el 41,1% del PIB español a tan sólo el 34,6%. Durante el 2.009 a la caja del gobierno llegaron 65.000 millones de euros menos que en el 2.007.

Este es un dato tan preocupante como esclarecedor a la hora de mostrar la actual situación económica de España: ningún otro país de la Unión Europea sufrió semejante merma en su recaudación durante los últimos 24 meses.

En buena parte del mundo esta crisis global trajo la mayor recesión en muchas décadas, y esto podría sobrar como causal de semejante caída en los ingresos públicos. Pero lo concreto es que en ninguna nación de la Eurozona y aledaños la caída fue tan estrepitosa como en la península ibérica.

Los entendidos en el tema recurren a lo que ocurrió antes del momento más álgido de la crisis, cuando la recaudación aumentaba año tras año, e invariablemente se llevan por delante la burbuja inmobiliaria.

La economía española pareció cerrar los ojos ante la ilusoria subida de los sueldos y el nivel de vida de la población y se dejó engañar por la “ilusión inmobiliaria”.

No por nada entre 1.997 y 2.007 se construyeron más del doble de viviendas que en la década anterior. Esto trajo aparejado un importante aumento en el empleo asociado a la industria de la construcción y todo pareció marchar sobre ruedas.

La rueda de la abundancia empezó a girar y toda esta situación repercutió en una tan inesperada como bien recibida subida en los ingresos fiscales.

Esto sitúa el exceso, es decir los ingresos que no retornarán al decir de Salgado, entre 20.000 y 30.000 millones de euros. Lo que no es poco decir, ya que una cifra muy similar, 23.000 millones, es lo que destinó el Estado al pago de los intereses de la deuda pública.

España ha tenido varios años de bonanza anteriores a esta formidable crisis donde se produjeron ingresos a las arcas públicas que en las actuales circunstancias muy difícilmente vuelvan a repetirse.