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El presidente del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero anunció en su discurso durante el debate acerca del estado de la Nación un paquete de medidas que tienen como finalidad proteger a aquellas personas que no puedan hacer frente al pago de sus hipotecas.

Durante la tercera jornada del debate los principales partidos españoles, PSOE, PP y CiU pactaron una propuesta de resolución que fue aprobada por unanimidad, por la cual se sube la cantidad del sueldo que no va a poder ser afectado por un embargo en el caso de un impago hipotecario. Además se sube desde el “exiguo” 50% actual, el porcentaje de valoración de los inmuebles que sean embargados que se van a quedar las entidades financieras cuando no se subastan.

Esta segunda medida tiene por fin mantener el valor real de los bienes en los casos de ejecución hipotecaria, evitando así cualquier abuso sobre el deudor o el malabaratamiento del bien a subastar.

Además se propone se propone acelerar la entrada en vigencia de las subastas judiciales electrónicas, con las que más postores podrían pujar por las viviendas y acercar así el valor de la subasta al valor real del inmueble.

Se acordó también que la parte del sueldo que cualquier entidad financiera no va a poder embargar en los procesos de ejecución hipotecaria va a subir un 50% por encima del salario mínimo interprofesional y otro 30% por cada miembro del grupo familiar que no disponga de ingresos propios.
O sea que una vez hechos los cálculos, la cifra en cuestión pasa de 641 a 961 euros, pudiendo llegar a los 1.350 euros para el caso de quienes tienen a cargo dos personas.

Esta importante resolución de cara al futuro y en caso de que no mejoren las condiciones habitacionales por efectos del desempleo todavía reinante y el gran número de ejecuciones hipotecarias en marcha, fue aprobada en la tercera jornada del debate sobre el estado de la Nación, y entre otras cosas insta al gobierno a intensificar los controles sobre las condiciones para la concesión de créditos. Así espera evitarse que vuelvan a proliferar las cláusulas abusivas como por ejemplo las de suelo y techo, que marcan los tipos de intereses variables en función de la evolución de los tipos que fija el Banco de España.

Aquéllos que promovieron con inusitado éxito el movimiento 15-M que comenzó en la Puerta del Sol en Madrid y ya se extendió por toda España y muchos países alrededor del mundo, no tienen bajo la mira sólo la administración central del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ellos y sus cada vez más seguidores se quejan amargamente de la falta de transparencia democrática que día a día muestran las principales fuerzas políticas de España, sobre todo los principales partidos PSOE y PP.

De acuerdo a lo que se desprende de sus quejas, la democracia interna en los partidos políticos es una moneda de cambio muy rara y cada vez más escasa. Están los partidarios de “Democracia Real Ya!” convencidos de que no todos los partidos ni todos los políticos son iguales, pero lamentablemente, y como sucede en la mayor parte de este castigado mundo nuestro, la actividad política en cualquiera de sus formas está muy desprestigiada.

Y éste es uno de los principales reclamos de los seguidores del 15-M. La corrupción interna de los partidos políticos está haciendo estragos y socavando las bases democráticas de España y de muchos países alrededor del planeta.

No debemos olvidar que los principales referentes políticos españoles ya estaban en la mira de la opinión pública aún antes del comienzo de la campaña electoral, e incluso no son pocos los periodistas que siguen día a día la información de los partidos, en especial el PSOE, el PP e IU, los que se suman al reproche de la gente y han tomado parte abiertamente parte a favor de esta pueblada de la gente tratando de enderezar la dirección política y ética de España, según ellos bastante torcida por estos días.

Los reclamos por problemas irresueltos, respuestas inadecuadas y graves casos de corrupción interna en las filas partidarias se suceden uno tras otro, y alimentan el fuego de la protesta ciudadana como si de un poderoso combustible se tratase.

En definitiva, parece haber llegado el momento de pasar factura a todos, gobierno, sindicalistas y líderes sociales. Todos están en la picota y el pueblo está a la espera de que den las respuestas y soluciones del caso para todos los planteos que se les están haciendo.

Manuel Chávez, el vicepresidente tercero del gobierno de España y Ministro de Política Territorial, advirtió el domingo pasado que la administración de José Luis Rodríguez Zapatero no tiene entre sus planes encarar en un futuro inmediato la financiación local.

Según las propias palabras de Chávez, el presente no es el momento oportuno para hacerlo. Éstas fueron sus declaraciones en ocasión de su participación como parte de la escuela de verano municipal que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) está desarrollando en Mérida.

A su parecer en estos momentos el gobierno no cuenta con los recursos necesarios como abordar el nuevo sistema, y el objetivo prioritario de aquí al año 2.013 es alcanzar, tal como se prometió a las autoridades económicas comunitarias, un déficit del PIB del 3%.

Chávez cree que este es el momento para que el gobierno diga claramente que no se está en condiciones de encarar la financiación local.

Este sinceramiento ayudará a clarificar el panorama y, finalmente, redundará en el propio bien de los ayuntamientos, de la ciudadanía en general y de todo el país.

Chávez valoró en grado sumo el Fondo Estatal de Inversión Local que el Ejecutivo puso en marcha recientemente, ya que “ha permitido un proceso de renovación urbana” de muchas ciudades y pueblos españoles, como así también materializó la posibilidad de crear un interesante número de empleos, en estas épocas donde el paro es uno de los puntos claves en la lucha contra la todavía no derrotada completamente crisis económica global.

Para el ministro de Política Territorial, este Fondo ha sido “la transferencia más importante que se hizo en los tiempos modernos a los municipios españoles”, al margen de la financiación regular.

El vicepresidente tercero de los españoles declaró que se debe ir “con la verdad por delante, sobre todo en momentos de zozobra como éstos”, con lo cual planteó claramente la necesidad de que la dirigencia política española diga cuáles son las prioridades que se deben abordar en primer término y dejen de lado la demagogia de seguir diciendo al ciudadano de España que todos los problemas pueden ser resueltos, a la vista de que los recursos con los que cuenta el Gobierno “no son ilimitados ni indefinidos”.

Nuevamente la agencia de calificación Fitch modificó su nota con respecto a España. Y otra vez la modificación fue a la baja. Este hecho se produce en el medio de un severísimo plan de ajuste que puso en práctica la administración de José Luis Rodríguez Zapatero que envuelve al país en un clima político y social bastante comprometido.

Tanto el presidente del gobierno español como el PSOE están atravesando los peores momentos de sus seis años de gobierno, con alarmas que se disparan y suenan por todas partes.

Fitch pasó la calificación de la solvencia de España de AAA al escalón inmediatamente inferior AA+.

En realidad es un hecho que, tomado en cuenta en forma aislada, no cuestiona la capacidad de pago de España con respecto a sus obligaciones.

Pero en el contexto de la situación que se está viviendo en la península ibérica, es un síntoma más que habla de la gravedad del estado del paciente, en un clima poco menos que de fin de régimen.

Como el anuncio fue hecho hace un par de días después del cierre de las Bolsas europeas, no impactó en los resultados de las mismas, aunque sí hizo bajar el Dow Jones en los Estados Unidos un 1,9%, ya que reavivó los temores de una crisis generalizada en toda Europa.

Y encima esto viene a suceder apenas un día después de que el jefe del gobierno de España salvara su plan de ajuste en el Congreso de su país por apenas un voto de diferencia.

La situación actual de España da como hacer una lista de problemas que pareciera salida de una película de Alfred Hitchcock: Las previsiones de crecimiento que dio a conocer el gobierno son literalmente negativas, acaba de comenzar una huelga en los ferrocarriles españoles, no hay forma de lograr un acuerdo entre los sindicatos y el empresariado para la reforma laboral con el fin de mayo ya superado, todos los políticos están al borde de un ataque de nervios al mejor estilo Almodóvar y la semana que recién se inicia puede resultar una seguidilla de acontecimientos de pesadillas.

En el ámbito estrictamente financiero habrá que ver con el correr de los días cómo responden los mercados, aunque ya se sabe que el Ibex cerró su peor mes desde la caída del Lehman Brothers, lo cual no es para nada un buen indicio.

Al mismo tiempo que Rodríguez Zapatero presentaba el proyecto de Ley de Economía Sostenible, dicho sea de paso con una furibunda respuesta crítica, los partidos políticos…¡ se ponían de acuerdo! para dar a conocer un plan de 8 puntos para reducir el déficit de la administración pública y el gasto que originan las administraciones centrales y descentralizadas.

No es un dato menor recordar que es el primer consenso en política económica que se obtiene en la legislatura.

Porque en realidad lo que más llama la atención es el tono del debate, donde por ejemplo el PP habló de un “punto de inflexión en las relaciones entre los partidos” mientras el PSOE se declaró “orgulloso del acuerdo alcanzado”, todo esto en medio de un gran clima de enojo hacia la política económica de la gestión de Zapatero, lo que se viene produciendo por lo menos en lo que va de este 2.009 de crisis global que difícilmente nadie olvide en lo que le resta de vida.

Este primer consenso alcanzado en el Senado fue presentado en primera instancia por el PSOE en base a un acuerdo con el CiU, y luego se sumó a la “concertación” el PP, que introdujo algunas modificaciones que fueron rápidamente aprobadas para entonces votarse por unanimidad.

El portavoz de los socialistas, Joan Lerma, declaró a la prensa que lo más importante del acuerdo es que si se lleva adelante tal y como fue planeado, España volverá a la senda de crecimiento que según los integrantes del acuerdo “está todavía muy lejos si se siguen las pautas propuestas por el Presidente Rodríguez Zapatero”.

El acuerdo propone la reducción del gasto real, en concordancia con reiterados pedidos del PP y CiU, que querían eliminar “ministerios completos del organigrama gubernamental”.

Proponen también la eliminación paulatina de las políticas de estímulo, porque en opinión de los partidos políticos éstas lo único que generaron fue un lamentable déficit coyuntural.

Por supuesto se pide a las comunidades autónomas que también pongan en práctica este plan al igual que el gobierno central.

Muchos miembros del PSOE dan la sensación de estar entregados. No hace mucho José Luis Rodríguez Zapatero sacaba pecho orgulloso porque según sus estimaciones España crecía al triple de la media de la Unión Europea y dejaba atónitos al resto de los países de la región con la creación de casi un millón de empleos en un año y con las cuentas más saneadas de toda su historia.

Hoy la situación se dio vuelta como un panqueque. La economía se contrae a un ritmo del 4,2%, se perdieron 1,3 millones de puestos de trabajo en los últimos doce meses y el Estado gasta el doble de lo que le ingresa, dando origen a un gigantesco agujero negro que sólo una brutal subida de impuestos puede intentar solucionar.

Ahora el Gobierno, como suelen hacerlo la mayoría de los gobernantes del mundo, adaptó su discurso a las necesidades del momento y nos encontramos con que subir los impuestos es un hecho “solidario y razonable”, propio de cualquier economía moderna.
¿Queda alguna duda de que hoy por hoy la nave del Estado español cambia de rumbo a cada rato?.

Las circunstancias que emergen de la crisis global van variando a cada momento, y allí va la administración de Rodríguez Zapatero tratando de tapar con parches agujeros del tamaño de España.
Lo ocurrido con los 420 euros de ayuda a los parados es una clara demostración de ello.

Desde el pasado 13 de agosto, cuando el Consejo de Ministros aprobó la iniciativa con una serie de condiciones, han sido tantos los trascendidos, las marchas y contramarchas y las dudas que la medida generó que lo único concreto que hasta ahora se logró es una interminable lista de protestas provenientes de todos los sectores, sin que el panorama se haya podido aclarar aún.

Con muchos altos funcionarios del ejecutivo de vacaciones de verano, no eran pocos los que afirmaban que ni siquiera estaban enterados de los cambios.

Lo único seguro de todo este disparate es que los parados que llevaban más tiempo en el paro, o sea los más necesitados, quedaban afuera de la ayuda.

Luego se modificó dos veces la fecha a partir de la cual se recibiría el subsidio, y la política errática del gobierno trajo más preocupación a la población que alivio a sus urgentes necesidades.

Todos en España esperan la implementación de un verdadero plan de salida de la crisis y no simples medidas aisladas que la mayoría de las veces traen más problemas que soluciones.

Hace ya un tiempo que el Gobierno y los sindicatos tienen una reunión pendiente para analizar los mecanismos que permitan ampliar la ayuda de 420 euros que se da a los parados sin prestaciones que esta crisis global dejó de a miles en España.

La puesta en marcha de esta medida se ha caracterizado, como tantas otras que se tomaron en el transcurso de la crisis, por lo precipitado de las decisiones.

Es por eso que ahora la administración de Rodríguez Zapatero resolvió postergar hasta comienzos de la semana próxima dicha reunión, que tentativamente se llevará a cabo el lunes 31.

La intención del Ministro de Trabajo Celestino Corbacho es llegar a un acuerdo con los representantes de UGT y Comisiones Obreras para obtener mejores condiciones adicionales para poder acceder a esa ayuda de poco más de 400 euros, que por ahora sólo llega a quienes perdieron la prestación con posterioridad al 1º de Agosto.

No son pocas las críticas debido a las dilaciones que se presentan para poner definitivamente en práctica una medida tan importante y largamente esperada por los afectados por el alto nivel de desempleo en España.

Se espera que el Ministerio de Trabajo español ponga al menos en práctica su idea de retrotraer al 1º de Junio, es decir dos meses antes de la fecha inicialmente fijada como condición, la fecha a partir de la cual los parados sin protección puedan acceder a la ayuda gubernamental.

Pero los sindicatos consideran insuficiente esta medida y pretenden que la ayuda cubra a todos los parados que hayan agotado la prestación y el subsidio en el transcurso del 2.009.

Las protestas por las actuales condiciones para acceder a la ayuda son muchas, y el Gobierno, que en los últimos meses fue blanco de feroces críticas por la forma en que está manejando esta crisis global de la cual algunos países de la Eurozona ya comenzaron a salir airosos, seguramente va a intentar por todos los medios a su alcance llegar a un acuerdo con los sindicatos para modificar esta medida que entró en vigencia el pasado 17 de Agosto.

Para el PSOE el otro gran desafío, que puede llegar a ser más complicado que el acuerdo con los sindicalistas, será asegurarse el apoyo parlamentario, ya que a pesar de entrar en vigencia en el momento en que se aprueba, el real decreto ley necesita de la convalidación parlamentaria, por lo que habrá que buscar consenso en el Congreso español para que la ayuda pueda salir sin problemas.