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Las reformas económicas pendientes que fueron anunciadas en su momento por el presidente de México Felipe Calderón podrían quedar suspendidas por el tiempo que resta de su mandato, o sea hasta el año 2.012.

Es que en estos momentos la agenda presidencial está definitivamente dominada por la lucha contra la violenta ofensiva del narcotráfico, y donde además el opositor partido PRI apuntó todas sus armas a recuperar el poder en las próximas elecciones.

Entre otras cosas, el portavoz de los senadores del PRI Carlos Jiménez Macías ha declarado hace muy poco que “el presidente se ha convertido en el operador electoral de su partido y eso lo pone en una situación muy compleja en su capacidad para poder construir acuerdos de cara al futuro”.

México es la segunda economía de Latinoamérica detrás de Brasil, pero en los últimos meses se está quedando detrás de otros líderes regionales como Chile o la Argentina, debido en buena parte a la resistencia del Congreso mexicano a respaldar reformas más profundas que las aprobadas hasta el momento para subir la recaudación impositiva y la producción de crudo.

El Congreso acaba de abrir un nuevo período ordinario de sesiones de más de tres meses, pero son pocas las expectativas de que sean aprobadas reformas que ayudarían al país a recuperarse de la que sin dudas es su peor recesión en varias décadas.

En la campaña presidencial que lo llevó al poder en el año 2.006, Calderón había prometido generar 1.000.000 de nuevos empleos y modernizar las bases de la economía, pero todo se ha complicado por la fuerte oposición parlamentaria y el avance agresivo del narcotráfico.

Las reformas económicas, entre las que se destacan una que facilite el acceso al mercado laboral y otras dos de carácter fiscal y energético, parecen haber quedado por el momento en el olvido para dar paso a otras iniciativas que le den al Gobierno más armas legales y herramientas para poder combatir los violentos cárteles de la droga.

El director de Bursamétrica Management, Ernesto O’Farrill, dijo que “en la agenda del presidente sigue siendo prioritaria la guerra contra el crimen organizado, y dado que existe la percepción de que el Gobierno está perdiendo esa guerra, se hace todavía más importante la jerarquía de objetivos prioritarios inmediatos”.

Son varias las iniciativas gubernamentales en la lucha contra la delincuencia, pero esas iniciativas retrasan la puesta en marcha de otras de carácter económico que por ahora quedaron para el futuro.

Es una ley no escrita que en el tramo final de los ejercicios fiscales es cuando se concentran los pagos que debe realizar el Estado y, si fallan los ingresos como está sucediendo en España en estos momentos por los efectos de la crisis económica global, el déficit y los problemas del gobierno alcanzan su dimensión real.

Y basándose en esta premisa es que el saldo negativo del Estado durante el mes de noviembre muestra que es cada vez mayor. Ya supera los 71.500 millones de euros, lo que es lo mismo que decir casi el 7% del PIB español.

Es en estas circunstancias que el Secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, reafirmó en estos días que la evolución del presupuesto está de acuerdo a lo previsto por las autoridades, que previeron un déficit de alrededor del 8,1% en la administración central para todo el ejercicio fiscal actual.

El problema es que el saldo negativo es el quíntuple del desfasaje que se registraba hace exactamente doce meses atrás.

Según Ocaña, “la mitad se debe al impacto de una evolución económica negativa y la otra mitad al coste de las medidas que el gobierno tuvo que tomar para hacer frente a los aspectos más necesarios y urgentes de la crisis”.

La recesión aparece en todas las cuentas del Estado, no importa desde donde se las enfoque.

La recaudación impositiva cayó un 16,8% respecto al mismo período de once meses del año anterior, con el IVA ocupando un cómodo primer lugar con un espeluznante 30% de caída, y los impuestos de sociedades con un descenso del 23%.

Por el lado de los gastos se destacan la subida de las erogaciones que se debieron hacer para enfrentar las prestaciones por desempleo y el aumento del pago de los intereses de la deuda pública.

Las medidas anticrisis tampoco ayudaron a las arcas públicas: los aplazamientos del IVA limitan los ingresos y los fondos extraordinarios de inversión suben los gastos de manera desmedida.

El Gobierno central tiene sus dudas sobre si las comunidades autónomas van a respetar el déficit previsto para este año del 1,5% del PIB o si se tomarán de lo acordado para el año próximo, donde el déficit se elevó al 2,5%. Ocaña ya advirtió que no aceptarán déficits públicos regionales por encima de lo pactado en su momento.

El panorama fiscal de España no varió desde hace varios meses: es oscuro y de consecuencias imprevisibles por donde se lo mire.