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Ignacio Fernández Toxo, el secretario general de CCOO, aseguró hace pocas horas que con las medidas anunciadas por el Gobierno como la de rebajar el plazo para que los parados rechacen eventuales ofertas de empleo, puede intuirse que las autoridades están tras la búsqueda de encontrar alguna forma de “maquillar” las cifras oficiales del paro.

Tampoco se privó Toxo de efectuar declaraciones contra el ministro de trabajo Celestino Corbacho, de quien dijo que es el “mayor activo” de los sindicatos, ya que cada vez que efectúa declaraciones aumenta el rechazo hacia las medidas gubernamentales.

De la misma manera que Toxo se expresaron Ramón Gorriz, también de CCOO, y Toni García de UGT en un acto que se realizó en Madrid. En él insistieron enfáticamente en el hecho de que la reforma laboral del Gobierno va totalmente en contra de los derechos de los trabajadores, amén de que la ley ha sufrido un endurecimiento muy significativo durante su trámite parlamentario.

Todos los representantes de CCOO y UGT estuvieron de acuerdo en los vetos que se plantearon contra la reforma del Poder Ejecutivo, y que fueron presentados por los grupos parlamentarios de izquierda.

Fernández Toxo afirmó que coincide en que los parados tengan que hacer un esfuerzo para encontrar nuevamente un empleo, pero al mismo tiempo mostró su preocupación por lo que denominó el “argumentario” que se utiliza para ello. Cree que los desempleados no son tales por propia voluntad, sino que es la situación límite por la que está atravesando España la que los expulsa del mercado laboral y después se ven “incapacitados” para encontrar un nuevo empleo.

Toxo considera que en todo este juego parlamentario puede haber un particular damnificado, que es el Gobierno del socialista Patxi López en Euskadi, en obvia alusión a las negociaciones que se mantengan entre el gobierno y el PNV para sacar adelante las cuentas pendientes.

De cualquier manera, Toxo dice estar seguro de que la reforma laboral no favorecerá electoralmente al PSOE, entre otras cuestiones porque la recuperación económica de España está lejos de poder llevarse a cabo en los plazos estimados por las autoridades gubernamentales.

Los pobres habitantes de Grecia parecería que están empecinados en tener problemas, y de los grandes…

Decenas de miles de pasajeros y turistas de todo el mundo se vieron afectados el miércoles 23 por la huelga de todos los servicios de ferrocarril y en el puerto ateniense de El Pireo. Esta nueva medida de fuerza de una larga cadena de protestas que ya se realizaron fue llevada adelante en protesta por la terriblemente controvertida reforma laboral y los cambios en el sistema de pensiones griego.

Ya el gobierno tuvo que anunciar que abonará a los turistas los costes extras de estadía y regreso a sus hogares fuera de los tiempos predeterminados y por efectos de las distintas huelgas, como por ejemplo la de pilotos de líneas aéreas, que afectan hoy en día al país helénico.

Amén de la crisis económica global que afectó a prácticamente todo el mundo, Grecia comenzó a sufrir desde principios del 2.010 una crisis interna que afectó principalmente al sector turístico, que representa alrededor del 20% de la renta total del país, lo que produjo un recorte de no menos del 10% de las reservas gubernamentales.

Cuando todavía se habla de la huelga de hace apenas 48 horas, ya se anunciaron nuevas medidas de fuerza para el próximo 29 de este mes.

La situación en el puerto ateniense se volvió muy tensa el pasado 23, cuando la medida fue declarada ilegal por un tribunal de Atenas y fue la capitanía del puerto quien tuvo que pedir la colaboración de las autoridades policiales para mantener la calma ante la preocupante situación que se produjo entre los viajeros que intentaban abordar los barcos y los manifestantes que se los impedían.

Tampoco los dueños de las varias compañías navieras que hacen el trayecto entre las famosas islas griegas y el continente estaban muy contentos, ya que argumentaban que “si no trabajamos ahora, en plena temporada estival, entonces qué será de nosotros en el invierno que inexorablemente se aproxima”.

Tampoco los trenes y el servicio de transporte automotor se salvan de las medidas de protesta y realizan paros escalonados de tres horas de duración.

El sindicato PAME organizó ese día una manifestación en el centro de Atenas y en casi 50 ciudades del interior de Grecia como protesta ante los cambios en las leyes laborales que estudia poner en práctica a la brevedad el ejecutivo griego.

La situación social en Grecia lejos de tranquilizarse se está complicando cada día más, lo que dificulta en gran forma los intentos del gobierno por salir de la penosa situación económico-financiera en la que está inmerso.

El ya conocido fracaso de las negociaciones ente el gobierno, los sindicatos y los empresarios para dar forma consensuada a la reforma laboral que pedían a gritos tanto la sociedad de España como los vecinos de la Eurozona como condición indispensable para la recuperación española de la crisis económica global, “obligó” al presidente José Luis Rodríguez Zapatero a imponer por decreto la Ley que la pone en marcha apenas sea reglamentada.

Fueron demasiados los días de marchas y contramarchas en las reuniones bi y tripartitas para las acuciantes necesidades españolas en estos momentos. La elaboración una y otra vez de un texto consensuado fue rechazado alternativamente tanto por las centrales obreras como las federaciones patronales, por lo que el mandatario socialista tomó la decisión de evitar más demoras y envió en forma directa e inconsulta el texto del decreto al Boletín Oficial, el cual desde hoy mismo reducirá las indemnizaciones por despido desde los actuales 45 días abonados por año trabajado a tan sólo 33 días.

Pero de acuerdo a la legislación vigente, el decreto debe ser ratificado por la mayoría de los Diputados del Congreso Español, cosa que se intentará alcanzar en la sesión del martes de la próxima semana.

Y este es un punto que preocupa y mucho al gobierno, porque si tomamos como muestra la votación para la aprobación del recorte presupuestario de 15.000 millones de euros en la administración pública, que finalmente fue aprobada por apenas un voto, el destino de la ratificación de este nuevo decreto para la reforma laboral es, cuanto menos, muy incierto.

Es entonces que el voto de la principal fuerza opositora, el Partido Popular (PP) adquiere un gran protagonismo en las negociaciones de cara a la votación de la próxima semana.

Su líder, Mariano Rajoy, afirma no haber tomado aún una posición definida sobre el destino del voto de su partido, a pesar de que la reforma era pedida casi a gritos desde el comienzo de la crisis. El tema es que el actual texto que se instituyó por decreto no contempla a su criterio algunas de las demandas de la oposición que son consideradas fundamentales, como la puesta en marcha en forma inmediata de un ambicioso plan para generar empleos ante la posible ola de despidos que se avecina por el abaratamiento de las indemnizaciones por despido.

Para Rajoy “El texto no es una reforma laboral global, sino un decreto ley confuso, que no tiene ninguna claridad y que tampoco tiene en cuenta algunos puntos de inmensa importancia para el mercado laboral español”.

Parece continuar la incógnita, que tal vez pueda ser develada en unos pocos días.

Finalmente sucedió lo que muchos vaticinaban. Después de casi doce horas de febriles reuniones, a las seis de la mañana del pasado jueves el Gobierno de España, la patronal y los sindicatos dieron por terminadas las negociaciones que intentaban consensuar los términos de la tristemente famosa reforma laboral española.

Pudo suponerse en un momento que la duración del encuentro presagiaba un posible acuerdo que finalmente no se concretó.

Pero las irreconciliables diferencias en varios puntos considerados claves como por ejemplo los concernientes al tema del despido echaron por tierra las esperanzas de alcanzar algún tipo de concordancia.

Tanto voceros gubernamentales como el presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán coincidieron en que las causas para poder llevar adelante un despido procedente y la magnitud de las indemnizaciones fueron escollos insalvables a la hora de intentar llegar a algún acuerdo, aunque más no fuera en estos puntos.

El miércoles pasado los responsables de la patronal y los sindicatos recibieron sendos documentos con las principales propuestas laborales propiciadas por el Poder Ejecutivo, pero parece que nada de eso surtió efecto.

Ahora, con el fracaso de las negociaciones ya oficializado, el Gobierno va a citar por separado a los otros dos sectores para establecer esta vez una ronda de consultas, no negociaciones, acerca del decreto que ya lleva semanas preparando ante la posibilidad ahora concretada del no-acuerdo.

Estas rondas de consultas se harán sobre la base del documento final elaborado por las autoridades del Ministerio de Trabajo y la idea es que este documento pueda ser aprobado en el Consejo de Ministros que se desarrollará el próximo miércoles 16.

No es un dato menor que ante la falta de acuerdo y la necesidad del gobierno de aprobar la reforma por decreto, esta aprobación no está asegurada por la falta de mayoría parlamentaria del gobierno.

La maratónica sesión en la que se produjo el fracaso final fue presidida en la sede del ministerio de trabajo por el titular de la cartera Celestino Corbacho y el Jefe de Gabinete de La Moncloa, José Enrique Serrano.

Los principales líderes sindicales asistieron a la reunión, tal el caso de Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, y por CEOE asistió su presidente Gerardo Díaz Ferrán.

Lo concreto es que las semanas pasan y la reforma no termina de tomar su forma definitiva.

No debe olvidarse que el tema laboral es acuciante en estos momentos en España, a punto tal que podría considerarse casi un cuello de botella para que el país pueda remontar la difícil situación por la que atraviesa.

El Deutsche Bank sigue siendo, a pesar del descalabro bancario que hoy reina en casi todos los mercados internacionales como secuela de la crisis económica global, uno de los mayores Bancos del mundo.

Su presidente, Josef Ackermann, hizo hace un par de días una visita privada al presidente del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero en el palacio de La Moncloa.

En esta visita los dos funcionarios hablaron de la actualidad de los mercados a nivel global, planteándose especialmente la situación de los grandes inversores internacionales que en los últimos tiempos golpearon fuertemente la deuda española haciendo que el diferencial llegase a máximos de 1,76 puntos por sobre la alemana, lo cual representa el máximo nivel de los últimos quince años.

Zapatero coincidió con el germano acerca de la preocupación por el comportamiento de los mercados, cuyos vaivenes encarecieron demasiado el pago de la deuda.

Ackermann estimó que el comportamiento de estos inversores se guía a veces por razones que poco tienen que ver con la realidad financiera y se dejan llevar por informaciones extraoficiales o lo que él denominó “los sentimientos de los mercados”.

Debemos recordar en este punto que el Deutsche Bank es hoy por hoy uno de los Bancos líderes en la colocación de la deuda soberana española.

Coincidieron también en que los mercados están esperando la tan prorrogada reforma laboral y cambios de fondo en el sector financiero español, y hasta ahora la actitud dubitativa que al respecto parece mostrar el titular del ejecutivo de España ha influido negativamente en la interpretación que de la actualidad española se está haciendo en estos días.

Las entidades alemanas y los inversores privados de ese país tienen en estos momentos alrededor de 45.000 millones de euros en bonos de la deuda soberana española, por lo cual se sienten particularmente involucrados en la marcha de la economía de España.

Esta reunión entre Ackermann y Zapatero fue gestionada en ocasión de la última visita de los representantes del Tesoro español a Alemania.

Pero es bien sabido que el presidente del Deutsche Bank realiza periódicamente visitas fuera de su país para mostrar a los accionistas extranjeros la actualidad de la institución y las perspectivas a futuro de las acciones que poseen.

Hace apenas un mes estuvo de visita en Madrid para reunirse con los presidentes del Banco Santander, de la Caja Madrid, del BBVA e incluso con el mismísimo Rey Juan Carlos.

El mes de Mayo terminó, contrariamente a lo que se esperaba, sin que el Gobierno de España, los sindicatos y la patronal pudieran ponerse de acuerdo para fijar la tan esperada reforma laboral.

De cualquier manera, los contactos van a seguir en el curso de los próximos días porque las tres partes involucradas coincidieron en aclarar que “todavía hay margen de maniobras para poder alcanzar un pacto que satisfaga a todos los agentes involucrados en este tan importante tema”.

Esto fue adelantado en un breve comunicado conjunto que se dio a conocer al cabo de las reuniones del último día del mes pasado, es decir hace apenas unas horas.

El Gobierno había adelantado que debía alcanzarse un consenso antes de junio, cosa que evidentemente no ocurrió, pero aún así los contactos van a continuar para intentar evitar que sea la administración de Rodríguez Zapatero quien imponga su propio proyecto.

La vicepresidenta segunda del gobierno Elena Salgado ya adelantó que si no hay reforma tras cuatro meses oficiales y casi dos años extraoficiales de reuniones, será el Ejecutivo por su cuenta quien ponga en marcha los cambios antes de terminar el mes.

El comunicado emitido afirma que se constataron diferencias entre las partes sobre varios puntos de la reforma laboral en tratamiento, pero que todavía hay margen para arribar a un acuerdo.

No se hace referencia a cuándo se reanudarán las conversaciones ni a qué nivel se llevarán a cabo, o si seguirá siendo el ministro de trabajo Celestino Corbacho y los máximos líderes empresariales y sindicales quienes continuarán con las tratativas tal como sucedió en las reuniones de los últimos días de mayo.

Pero sin importar quiénes sigan siendo los interlocutores de los sectores involucrados, Salgado volvió a advertir que si no hay resultados conciliatorios, el gobierno va a poner en marcha la reforma “a muy corto plazo”, tomando las medidas que considere necesarias sin importar “cuán impopulares resulten”.

La principal medida que quiere implementar el gobierno es ampliar a todos los colectivos, los parados y las conversiones de temporales a fijos, el denominado “contrato de fomento de la contratación indefinida” de manera tal que el contrato ordinario de 45 días por año se mantenga sólo para los ya en vigor y para nuevos fichajes.

Pero lo cierto es que esta sola medida es suficiente para que se ponga en práctica la huelga general con la que ya amenazaron UGT y CCOO.

Nuevamente la agencia de calificación Fitch modificó su nota con respecto a España. Y otra vez la modificación fue a la baja. Este hecho se produce en el medio de un severísimo plan de ajuste que puso en práctica la administración de José Luis Rodríguez Zapatero que envuelve al país en un clima político y social bastante comprometido.

Tanto el presidente del gobierno español como el PSOE están atravesando los peores momentos de sus seis años de gobierno, con alarmas que se disparan y suenan por todas partes.

Fitch pasó la calificación de la solvencia de España de AAA al escalón inmediatamente inferior AA+.

En realidad es un hecho que, tomado en cuenta en forma aislada, no cuestiona la capacidad de pago de España con respecto a sus obligaciones.

Pero en el contexto de la situación que se está viviendo en la península ibérica, es un síntoma más que habla de la gravedad del estado del paciente, en un clima poco menos que de fin de régimen.

Como el anuncio fue hecho hace un par de días después del cierre de las Bolsas europeas, no impactó en los resultados de las mismas, aunque sí hizo bajar el Dow Jones en los Estados Unidos un 1,9%, ya que reavivó los temores de una crisis generalizada en toda Europa.

Y encima esto viene a suceder apenas un día después de que el jefe del gobierno de España salvara su plan de ajuste en el Congreso de su país por apenas un voto de diferencia.

La situación actual de España da como hacer una lista de problemas que pareciera salida de una película de Alfred Hitchcock: Las previsiones de crecimiento que dio a conocer el gobierno son literalmente negativas, acaba de comenzar una huelga en los ferrocarriles españoles, no hay forma de lograr un acuerdo entre los sindicatos y el empresariado para la reforma laboral con el fin de mayo ya superado, todos los políticos están al borde de un ataque de nervios al mejor estilo Almodóvar y la semana que recién se inicia puede resultar una seguidilla de acontecimientos de pesadillas.

En el ámbito estrictamente financiero habrá que ver con el correr de los días cómo responden los mercados, aunque ya se sabe que el Ibex cerró su peor mes desde la caída del Lehman Brothers, lo cual no es para nada un buen indicio.

Prácticamente todos los líderes de España en materia de sindicatos y empresas se encuentran reunidos este fin de semana negociando los términos de la esperada reforma laboral.

Intentan arribar al final de este tumultuoso mes de mayo con un pacto “concluído”.

Los máximos directivos de ambas partes se vieron las caras el pasado día 26 en una reunión que ya se había anticipado que podía ser decisiva para alcanzar las bases del acuerdo tan esperado por todos.

Al menos eso era lo que todos esperaban, a punto tal que uno de los máximos referentes sindicales de España dijo ese día “del encuentro de hoy debe salir al menos una perspectiva muy fiable de lo que va a pasar en el futuro inmediato en materia laboral”.

Lo concreto es que el día pasó y no hubo de ninguna manera avances significativos.

La única coincidencia de importancia a la que se arribó fue que difícilmente se arribase a alguna conclusión definitiva antes del 31 de mayo.

La negociación por los nuevos contratos laborales entró sin dudas en una nueva etapa. Es notorio que en las últimas semanas las conversaciones fueron entre sindicalistas y empresarios, y por expreso pedido de ambas partes el gobierno se mantuvo al margen.

Pero a partir de haber entrado en la recta final de las negociaciones, vuelven los representantes de la administración de José Luis Rodríguez Zapatero a sentarse a la mesa de “discusión” junto a sindicalistas y empresarios.

Parece ser que llegó el momento de que todas las partes involucradas de una u otra forma en la reforma se ven obligadas a realizar un postrer esfuerzo para que finalmente el acuerdo salga adelante, tal como lo manifestaba un comunicado emitido por CCOO al final de la reunión del miércoles.

En este encuentro estuvieron presentes los secretarios generales de UGT, CCOO y el presidente y vicepresidente de la CEOE.

Pero ya se sabía que la cosa no venía fácil pues el día anterior se habían reunido los equipos negociadores sin mayor éxito. Se habían encontrado los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, Ramón Górriz, con el responsable de Relaciones Laborales de CEOE, y no se llegó a ninguna conclusión válida.

Luego se produjo la reunión de los líderes y así sigue este entramado tema, con el fin de este mes de mayo encima y todavía sin poder darle a los trabajadores españoles la reforma laboral tan esperada y necesaria para comenzar a desandar el camino que saque a España definitivamente de la crisis económica global en la que todavía está en muchos aspectos inmersa.

No pasaron más de 24 horas para que la patronal CEOE cambiase su postura en relación a la propuesta de reforma laboral que el gobierno de España presentara el pasado lunes.

El día martes, para la CEOE el documento constituía “un buen punto de partida” según palabras de su vicepresidente Joan Rosell.

El presidente en ejercicio de la organización patronal, Gerardo Díaz Ferrán, aplaudió inmediatamente las palabras de su inmediato subordinado.

El miércoles, Díaz Ferrán giró sobre sus propias declaraciones y sostuvo que la patronal “no puede valorar positivamente” la propuesta que ha hecho el Ministerio de Trabajo, y en un comunicado que se emitió ese mismo día calificó a la misma como “insuficiente y ambigua”.

El también vicepresidente de la patronal y encargado de la comisión de Relaciones Laborales Santiago Herrero, coincidió con Díaz Ferrán en cuanto a que la propuesta de la administración de Rodríguez Zapatero “no se condice con la profunda reforma que necesita el mercado laboral español”.

Según las estimaciones del empresariado español, hay medidas imprescindibles que ellos han defendido a ultranza y que ni siquiera figuran en el proyecto de ley que pretende imponer el gobierno.

Entre estas medidas figuran la reducción de cuotas sociales, el control de la incapacidad temporal y la flexibilidad interna de las empresas, criticando además la entrada en vigencia de algunos puntos rígidos en cuanto a los cambios propuestos para estimular el trabajo a tiempo parcial. Todo parecería indicar que la CEOE quiere llevar demasiada agua para su molino…

A pesar de todo, la patronal ve adecuado que el gobierno quiera efectuar reformas en la línea que propusieron el Banco de España, el FMI, la OCDE y la propia patronal…

Esto constituye una declaración formal de apoyo a la iniciativa del abaratamiento del despido que figura en parte del documento de la reforma propuesta.

El repentino cambio de postura de la CEOE no es el primero dado por la patronal en todo el transcurso de este proceso de negociación tripartito.

Ya en marzo el encargado de las Relaciones Laborales de la CEOE habló de la necesidad de implantar en España un contrato sin derechos para jóvenes, y no había terminado de manifestarlo cuando Díaz Ferrán le salió al cruce desautorizando sus palabras.

No todo parece estar bien en el seno de la organización que representa a los empresarios españoles.

El gobierno de España sigue empecinado en lograr cambios de fondo en las leyes laborales.

Ahora está decidido a que se lleven a cabo contratos con 33 días de indemnización por cada año trabajado en vez de la compensación que rige hasta ahora de 45 días.

Para conseguir todas estas innovaciones, puso sobre la mesa de negociaciones una serie de ofrecimientos que al menos por ahora no son demasiado concretos.

Desde que se presentó la primera propuesta para una reforma laboral hasta la presentación de la segunda hace apenas un par de días, pasaron más de dos meses.

Para la primera propuesta fueron necesarias una larga lista de reuniones entre el Ejecutivo, los sindicatos y el empresariado, amén de varias reuniones entre sólo dos de las partes.

A su turno todos acudieron a la cita: los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, los representantes de la patronal CEOE y por parte del Gobierno el encargado del Diálogo Social Alfonso Morón.

Ahora la nueva propuesta se fortalece en los puntos en los que no hubo disidencias y sigue siendo muy vaga allí donde es evidente que el desacuerdo es más que probable.

Según Morón el nuevo texto no es un borrador de acuerdo sino directamente una “base de acuerdo”.

En él se plantea la situación desde cinco puntos de vista que a juicio de todos son fundamentales.

El primero es el tema de los contratos temporales, con la figura de contratación indefinida incluida.

Aquí se plantean medidas de carácter temporal que podrían incluir la exención de una parte de los costes extintivos de los despidos colectivos sin afectar los derechos de los trabajadores, o lo que es lo mismo decir que el gobierno se haría cargo de parte del coste bajándoselos a las Empresas.

Los otros cuatro puntos sobre los que versa el documento son la intermediación de las agencias privadas de colocación en el mercado laboral, la revisión de las subvenciones a la contratación, el fomento de la reducción de la jornada laboral y un plan vigoroso para luchar contra el altísimo paro juvenil, que ronda el 40%.

En los tres últimos puntos parece haber consenso, pero las autoridades gubernamentales ya adelantaron que no conciben un acuerdo si todos los puntos que se discuten no son finalmente solucionados y se llega así a una reforma definitiva y duradera.