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En su momento el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, afirmó que la reforma laboral era de su gusto.

Esto sucedió en el primer discurso que dio después de los grandes cambios que aprobó el nuevo gobierno de España en materia laboral.

Y el análisis que ahora divulgó el boletín económico de la entidad confirma esta tesis. Este análisis asegura que la reforma incluye modificaciones de amplio y largo alcance que mejorarán aspectos claves del mercado laboral español.

Pero a su vez esta suerte de elogio va acompañado por un aviso inquietante, que dice en el futuro inmediato el abaratamiento del despido, con otro proceso de recesión en marcha, podría producir una baja adicional en los niveles de empleo, de por sí ya bastante comprometidos.

Este es un riesgo cierto va que a materializarse si las empresas no aprovechan integralmente las medidas de flexibilidad interna que han sido aprobadas.

La reforma puesta en marcha por la administración de Mariano Rajoy hace lugar a algunas de las exigencias más pedidas por el Banco de España en los últimos años, por lo que el beneplácito no sorprende a nadie.

Fernández Ordóñez siempre relacionó la gran subida del paro en España en esta crisis con una legislación que ponía trabas a la negociación en el propio ámbito de las empresas de diferentes alternativas al despido, como por ejemplo la baja de los salarios o la reducción de la jornada laboral.

Y además el supervisor culpaba a la elevada indemnización por despido por la gran cantidad de contratados temporales que tenía y todavía tiene el mercado del trabajo en España.

La nueva legislación favorece una reasignación más eficiente de los recursos, con un mayor equilibrio entre salarios y empleo, de acuerdo a lo que se piensa en la entidad madre española.

Se facilita también el uso del “despido procedente”, que conlleva una indemnización mucho más baja, y permite “descolgarse” de lo que fijen los convenios para salarios en momentos de crisis comprobada.

El Banco de España cree que estas iniciativas a la larga van a favorecer la creación de empleo.

Según los técnicos del supervisor, una serie de medidas de este tenor puestas en práctica correctamente podrían reducir la tasa de paro a mediano y largo plazo en no menos de cuatro puntos porcentuales.

La Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) hizo una revisión de sus pronósticos para la economía de España y el resultado, a decir verdad, no fue nada alentador. De acuerdo a las nuevas previsiones, ha empeorado más de un punto la estimación del PIB español, el que ahora piensa que caerá un 1,7% frente a la anterior cifra del 0,5%.

La tasa de paro, asimismo, se va a mantener por encima del 24% por lo menos hasta el año 2.014.

Para la revisión de sus cálculos, los analistas de Funcas tuvieron en cuenta las últimas iniciativas que puso en marcha la administración de Mariano Rajoy para poder cumplir con las exigencias de Bruselas en materia de consolidación fiscal, aunque éstas ahora parece que podrían suavizarse algo. Tampoco ayudó en el cálculo el importante freno que sufrieron las exportaciones por la actual coyuntura económica global.

Todos estos factores van a frenar el eventual crecimiento español de manera pronunciada en al menos los tres primeros trimestres del año, que mostrarán caídas superiores incluso a las del último trimestre del 2.011, cuando el PIB español se desplomó un 0,3%.

Hacia el final del año comenzaría a avizorarse una pequeña recuperación que permitiría al menos un muy modesto crecimiento a partir de los primeros meses del 2.013.

Pero de todos modos Funcas advierte que estas previsiones tienen un “alto grado de incertidumbre” y podrían llegar incluso a empeorar nuevamente.

El empleo va a caer este año un 3,4% y un 0,8% adicional en el 2.013, con lo que el paro seguirá en niveles que hacen imposible pensar en una recuperación a corto y mediano plazo. Habrá nuevas caídas en las remuneraciones por el impacto de la nueva reforma laboral.

Otro tema más que candente es el del déficit del Estado. A pesar de la importante subida de los impuestos y del inédito recorte de gastos que encara el Gobierno, el déficit público se situará muy probablemente por encima incluso del 5,8%, una cifra muy alejada de la previsión original del 4,4% que exigiría hasta el momento la Comisión Europea.

En Funcas aseguran que esta alta cifra de déficit se debe a la caída de los ingresos fiscales a consecuencia de la gran contracción económica y a la mayor erogación de divisas que debe hacer el Estado para enfrentar las prestaciones por desempleo.

Está claro que al nuevo Gobierno de España no le sienta nada bien el convenio de la construcción que los sindicatos y la patronal CNC firmaron unos 20 días antes de que se aprobara la reforma laboral.

Es que tiene una estructura de convenio que choca abiertamente con la que el Ministerio de Trabajo aprobó tres semanas después. Y es con este argumento retroactivo con el que el Ejecutivo intentó rechazar el pacto firmado y forzar un cambio. De no hacerse lo que las autoridades pretenden, se procederá “al archivo del expediente”, según la nota que Empleo les remitió a los agentes sociales el pasado 16 de febrero.

Pero lo cierto es que tanto UGT, CC OO como CNC rechazan de plano cambio alguno bajo el válido argumento de que el pacto se firmó conforme a la legislación vigente en ese momento y que no es competencia del Ministerio decidir si un convenio es legal o no.

Empleo al parecer ha decidido cambiar su posición ante la situación y según fuentes autorizadas declaró que tiene previsto registrar el convenio a la brevedad para después publicarlo.

La reforma laboral que se puso en marcha prioriza los convenios que se firmen en las empresas sobre los demás. Y, al contrario de la última reforma de la negociación colectiva, no deja que un pacto alcanzado en un sector estatal o autonómico se sitúe por encima. Este es uno de los puntos claves de la nueva reforma laboral. Pero sucede que esta premisa no era ni es del agrado de la CNC ni de los sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, que defienden la posición de una negociación colectiva asentada en un convenio sectorial para toda España y después convenios provinciales.

Intentando evitar la nueva reforma laboral, los agentes sociales aceleraron sus conversaciones y le dieron prioridad absoluta al convenio estatal sobre los demás del sector de la construcción.

El pacto se firmó el 20 de enero por la mañana y dos días después ya estaban dando entrada al nuevo convenio en la Dirección General de Empleo.

Pero fue un esfuerzo en vano, por o menos en o que respecta a la estructura de los convenios, ya que éstos no están por encima de la Ley. Si chocan en algún punto con la norma vigente, el convenio cae y prevalece la ley.

Esto no le bastó al Gobierno, quien ya pidió cambios de fondo para adaptar el convenio a la nueva ley vigente. Habrá que esperar para ver cómo se solucionan (o no) los diferendos…

El actual presidente de CEOE, Juan Rosell, hizo el martes pasado comentarios elogiosos acerca de la reforma laboral aprobada por el gobierno. El hecho de que esta reforma abarate y facilite el despido y dé más facilidades a las empresas a la hora de modificar las condiciones de trabajo de sus empleados, reducirles el sueldo o incumplir el convenio firmado de producirse alguna dificultad, es para Rosell un “paso adelante” en la recuperación de España.

Rosell estuvo de acuerdo con los sindicatos en el hecho de que esta reforma no va a crear empleo, pero sí intentará oxigenar y clarificar el mercado laboral español para después sí abocarse a la creación de nuevos puestos de trabajo.

Es curioso el hecho de que Rosell aparentó desconocer el contenido de la reforma y la evolución de los resultados empresariales cuando descartó la posibilidad de que haya muchas grandes empresas que puedan comenzar a “despedir barato” con la nueva Ley.

El presidente de CEOE aseguró que no es cierto que un tercio de las empresas del Ibex pueda ya despedir barato, ya que más de la mitad de ellas tienen actualmente ganancias. Y aunque el argumento parece a priori bastante absurdo, en realidad todas las empresas del Ibex están en beneficios, lo que no impide que puedan acogerse a la nueva regulación laboral.

Al parecer Rosell se refería sin demasiado conocimiento a una información publicada el martes pasado por un periódico español que no trataba de las empresas del Ibex sino del conjunto de las empresas cotizadas. Esta información señalaba que alrededor de un tercio de ellas podían acogerse ya a la nueva regulación del despido. Pero para eso no hace falta que la empresa esté en pérdidas, sino que haya acumulado tres trimestres consecutivos de caídas de ventas.

A pesar de lo que parece que piensa Rosell, ya hay no menos de 11 compañías cotizadas que encadenaban tres trimestres consecutivos de caídas interanuales de ingresos aún antes de que comenzara la nueva recesión. Y hay muchas más si lo que es tenido en cuenta son las cifras de sus filiales españolas.

A este preocupante panorama se deben unir las que están en pérdidas o acumulan dos trimestres de caídas, suficiente como para poder hacer uso de las medidas de flexibilidad interna.

Se calcula que hay en total más de 40 grupos empresariales en una u otra de estas situaciones planteadas.

Pareciera por el intenso tratamiento que se le está dando que todo lo concerniente a la tan mentada reforma laboral es lo único importante por estos días en España.

Y esta tan mentada reforma está despertando entre los españoles muy encendidas reacciones tanto a favor como en contra de sus nuevos enunciados.

Es así que los partidos conservadores del espectro político español, el PP y Ciu, aplauden con entusiasmo las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy y, de paso, no pierden ocasión de cargar en contra de los sindicatos obreros por su abierta oposición a estas medidas.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), por su parte, no está para nada de acuerdo y ya ha denunciado que en su opinión la entrada en vigor de esta reforma no es sino un claro retroceso en los derechos adquiridos a través de muchos años por los trabajadores españoles.

Dolores de Cospedal, la secretaria general del PP, descalificó de plano en el transcurso de un acto de su partido que se llevó a cabo en Toledo las manifestaciones y marchas que han sido convocadas en las últimas horas por UGT y CC OO con el fin de protestar por los alcances de la reforma, acusando a ambas entidades obreras de movilizarse debido a que con la nueva norma laboral van a “perder su capacidad de influencia en las Empresas”.

Para Cospedal es inadmisible que los sindicatos se hayan mantenido callados durante siete años durante los cuales el paro subió hasta llegar al máximo histórico de cinco millones de personas, y justo ahora protesten porque ahora serán los empresarios y los propios trabajadores por ellos representados los que puedan decidir finalmente cómo salvar y reencaminar su futuro.

Oriol Pujol, el líder de CiU en el Parlamento de Cataluña, les reprochó el domingo pasado a los sindicalistas y a los partidos políticos que se oponen a la reforma laboral por su “espíritu conservador e inmovilista en demasía”. Y estas declaraciones de hecho están en concordancia con las que hizo el presidente de la Generalitat, Artur Mas, el que también habló con no disimulado entusiasmo acerca de los cambios laborales que puso en práctica el Gobierno central español.

Sin embargo José Antonio Griñán, el presidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, salió a declarar que estas reformas suponen un atraso en la materia “de casi un siglo”, al suprimir la negociación colectiva por contratos individuales.

Hasta hace muy poco tiempo el despido de un trabajador en España resultaba un proceso fácil pero caro si se lo comparaba con la gran mayoría de los países de Europa.

Después de esta reforma laboral que ha trastocado todos los parámetros del trabajo en territorio español, la legislación española se aproximó bastante a la europea en cuanto a los costes, pero de cualquier forma no endurece las condiciones para despedir a un trabajador al nivel de otros países de la región que se toman como referencia, como es el caso de Alemania.

Lo complejo del proceso de regulación del despido en casi todos los países de la región permite hacer muchas conjeturas de acuerdo a cómo se comparen los mismos. Tal es así que, con las mismas normas en la mano, en las distintas naciones de la Eurozona varios estudios dan como resultado conclusiones opuestas sobre el alcance de la ley laboral.

Lo cierto es que ningún país contempla una indemnización tan elevada como la que hasta ahora regía en España en el caso de los despidos improcedentes, que era de 45 días por año trabajado con un máximo de 42 años computables. En Alemania, por ejemplo, esa misma indemnización es de hasta 18 meses de salario en el mejor de los casos para el despedido.

Posiciones similares se verifican en Francia, aunque sólo después de 24 meses de labor, y países proteccionistas como Suecia no preven indemnizaciones por despido, aunque las trabas para despedir a un trabajador superan largamente a las hasta ahora vigentes en España, siendo la protección por desempleo mucho más completa.

Pero dejando de lado los distintos modos de interpretar la Ley, las conclusiones a las que se arriba cambian radicalmente con ejemplos concretos. En el informe que cada año da a conocer el Banco Mundial acerca de la facilidad de las empresas para realizar negocios, el conocido “Doing business”, se concluye que en el año 2.012 las compañías españolas abonarán a los trabajadores despedidos una indemnización media de 15 semanas de salario, un poco más que en Alemania, con casi 12 semanas.

Lo que sí es muy distinto es el pago por preaviso, que en España es de apenas dos semanas, una cifra muy inferior a la de la mayoría de sus vecinos.

El decreto-ley de reforma laboral que el sábado pasado salió publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) está lleno de sorpresas, las que el viernes pasado no fueron explicadas por la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ni por la ministra de Trabajo Fátima Báñez.

Se sabe ahora que desde la puesta en vigor de esta reforma los empresarios podrán bajar los sueldos de los empleados sin necesidad de acuerdo, simplemente argumentando razones de competitividad o productividad, tal como se especifica claramente en el texto del decreto.

Esta nueva y seguramente polémica norma incluye el término “cuantía salarial” como una novedad entre las condiciones de trabajo que la dirección de una empresa puede decidir unilateralmente por razones económicas, técnicas o de cualquier otra índole considerada válida.

Esta nueva norma va a afectar a los trabajadores que tengan sueldos por encima de los mínimos de convenio para cada una de las categorías implicadas. Cuando el mínimo sea superado, el sueldo podrá ser bajado casi podría decirse a “capricho” de la empresa, ya que desde luego siempre se podrán aducir razones de competitividad o cualquier otra para pagar menos a los empleados.

Así es que los empresarios podrán ahorrar costes salariales o reducir el salario a aquellas personas que consideren por ejemplo que están “rindiendo poco”, algo totalmente subjetivo y difícil de cuantificar. La notificación de la rebaja del sueldo o cualquier cambio en las condiciones de trabajo deberán ser notificadas con 15 días de antelación. El notificado tendrá que elegir entre aceptar la modificación o conformarse con perder su trabajo con una indemnización por despido de 20 días por año trabajado con un máximo de nueve mensualidades.

Si la rebaja de sueldos o el cambio de las condiciones laborales afectase a más de 30 trabajadores de la empresa o en su defecto más del 10% de la plantilla, se pondrá en marcha un período de consultas al cabo del cual el empresario podrá o no modificar su decisión acerca de las condiciones de trabajo que no estén expresamente protegidas por convenio. La última palabra estará a cargo de un mediador o de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

En cualquier caso las empresas verán facilitada la rebaja de los sueldos al poder alegar para esto una caída de ventas o ingresos de tan solo dos trimestres consecutivos, algo muy común en la España actual.

Dentro del marco de la gran reforma laboral que se está llevando adelante en España, el Poder Ejecutivo anunció hace muy poco que va a impulsar que los parados que estén cobrando la prestación por desempleo lleven a cabo servicios de interés general en beneficio de toda la comunidad.

Esta práctica se va a poner en marcha a través de convenios de colaboración con las distintas Administraciones públicas y su objetivo primordial, de acuerdo a lo que anunció la ministra de Empleo Fátima Báñez, será luchar contra los eventuales fraudes al momento de cobrar la prestación. Y sin salirse de ese objetivo fundamental, también se anunciaron distintos mecanismos para combatir la economía sumergida.

Así es que se va a proponer un Plan especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por el que se garantice el cumplimiento estricto de la Ley.

Ya en su momento el Gobierno había introducido dentro de la profunda reforma laboral varias medidas que tenían como fin combatir “comportamientos individuales de absentismo injustificado”. Es por esto que se va a dejar sin efecto la vinculación del grado de absentismo del trabajador con el de la plantilla de forma tal que ésta justifique que la ausencia continuada y sin motivo a los respectivos puestos de trabajo sea una causa de despido.

A partir de estas modificaciones, sólo se va a tener en cuenta el absentismo del trabajador en ocasión de decidir su despido, el que se llevará a cabo por la vía procedente y va a tener una indemnización de 20 días por año trabajado.

De acuerdo a los datos con os que cuenta el Ministerio de Empleo, estas faltas sin justificación les ocasionan a las empresas un coste organizativo y económico muy alto. Con vistas a llegar a eliminar el fraude en el espinoso tema del absentismo, las autoridades se han comprometido a mejorar los métodos para determinar la incapacidad temporal a través de las mutuas de accidentes de trabajo.

Se origina de esta manera un resquicio legal que, por citar sólo un ejemplo, le va a permitir a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, hacer que trabajadores que están en situación de paro trabajen en bibliotecas dependientes de la Comunidad o en otros servicios públicos de similares características.

Botella pidió “voluntarios” para estas tareas instando a los madrileños a “devolver a la sociedad algo de lo que la sociedad les da”. Pero pronto debió limitar en forma urgente el apoyo que había solicitado por la gran cantidad de críticas que recibieron sus palabras.

La reforma laboral está en plena ebullición y no son pocos los cambios que se llevan a cabo, al menos en las intenciones del nuevo gobierno de España.

Para abaratar los costes del despido, se eliminarán los contratos con indemnización de 45 días por año trabajado en aquellos despidos considerados improcedentes, reemplazándolos por un único sistema indefinido de 33 días por año.

El Consejo de Ministros, que estaba reunido en las últimas horas tratando el delicado tema, piensa rebajar aún la indemnización a 33 días para los contratos que se hayan firmado con anterioridad a la reforma.

De cualquier forma la nueva indemnización va a estar vigente a los efectos de ser aplicada desde el momento en que se publique en el Boletín Oficial del Estado.

Así, cuando se despida a un trabajador con un contrato ordinario firmado antes de que la reforma entre en vigencia, la indemnización que éste recibirá va a ser calculada en base a dos escalas, computándose el tiempo trabajado antes de la misma con indemnización de 45 días y el lapso posterior a la reforma con la nueva fórmula de 33 días por año trabajado.

Medidas como ésta justifican ya en parte las declaraciones de las últimas horas del ministro de Economía Luis de Guindos, quien adelantó una reforma de las condiciones laborales “extremadamente agresiva” para abaratar el coste del despido al presidente del Eurogrupo Jean Claude Juncker.

Pero para abaratar este coste, que era una de las exigencias más concretas de Bruselas, el BCE y varios otros organismos internacionales, la ministra Fátima Báñez fue todavía más allá. Además del cambio del número de días de indemnización por año trabajado en el caso de un despido improcedente, también se optó por ampliar las posibilidades para poder despedir trabajadores por la vía procedente, es decir aquélla que se lleva a cabo por una causa justificada.

Actualmente esta vía de indemnización es la que cuenta con las cifras por despido más barata, ya que se encuadran dentro de los 20 días por año trabajado por el despedido.

Las dos vías, tanto la de rebajar las indemnizaciones por despido improcedente, que es la que más se usa en España a pesar de ser el método más costoso, y la de facilitar la rescisión laboral por el camino procedente, ya se exploraron en la reforma del 2.010 durante la administración de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque de una manera bastante menos agresiva, sobre todo en lo concerniente al primer caso.

Cuando de buscar responsables de eventuales situaciones adversas se trata, pueden llegar a inferirse causas de las más variadas. Y a la hora de buscar culpables para la rebaja de la calificación de España por parte de la agencia calificadora de riesgos estadounidense Standard & Poor’s, el Ministerio de Economía español apunta, como era lógico suponerlo, a la anterior administración de José Luis Rodríguez Zapatero.

Luis de Guindos, el actual titular de ese ministerio, aseguró lacónicamente que “son herencias del pasado, igual que otras tantas”.

De esta forma mantiene la línea argumental con la que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy justificó la suba de impuestos decidida en el primer Consejo de Ministros que se celebró el 30 de diciembre pasado.

Un portavoz del Ministerio aseguró que éste “tomó nota de la decisión de S&P”, y para intentar dar una vuelta de tuerca que torne la situación favorable para la actual administración, apuntó que la rebaja de la nota española servirá de acicate para poder aplicar las reformas que se consideran indispensables y conseguir la consolidación fiscal.

Agregó que las política económica está comprometida con el equilibrio presupuestario y las reformas estructurales. Y es en este punto donde la misma S&P le indica al gobierno español qué camino debe emprender cuanto antes, que es el de la reforma laboral. Si no siguen las “sugerencias” hechas, ya la agencia de calificación advirtió que la nota española puede ser rebajada nuevamente en el corto o mediano plazo.

Lo cierto es que con esta advertencia o sin ella ya el gobierno del PP había adelantado antes de conocerse la rebaja de la calificación que tenía la firme intención de reformar el mercado laboral español cuanto antes. Así lo expresó Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa que se llevó a cabo después de la reunión ministerial.

El objetivo de estas reformas, de acuerdo a los comunicados del Ministerio a cargo de De Guindos, es “recuperar el potencial de crecimiento de la economía de España para que esta triste actualidad se reconduzca lo antes posible.