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Cuando de buscar responsables de eventuales situaciones adversas se trata, pueden llegar a inferirse causas de las más variadas. Y a la hora de buscar culpables para la rebaja de la calificación de España por parte de la agencia calificadora de riesgos estadounidense Standard & Poor’s, el Ministerio de Economía español apunta, como era lógico suponerlo, a la anterior administración de José Luis Rodríguez Zapatero.

Luis de Guindos, el actual titular de ese ministerio, aseguró lacónicamente que “son herencias del pasado, igual que otras tantas”.

De esta forma mantiene la línea argumental con la que el presidente del Gobierno Mariano Rajoy justificó la suba de impuestos decidida en el primer Consejo de Ministros que se celebró el 30 de diciembre pasado.

Un portavoz del Ministerio aseguró que éste “tomó nota de la decisión de S&P”, y para intentar dar una vuelta de tuerca que torne la situación favorable para la actual administración, apuntó que la rebaja de la nota española servirá de acicate para poder aplicar las reformas que se consideran indispensables y conseguir la consolidación fiscal.

Agregó que las política económica está comprometida con el equilibrio presupuestario y las reformas estructurales. Y es en este punto donde la misma S&P le indica al gobierno español qué camino debe emprender cuanto antes, que es el de la reforma laboral. Si no siguen las “sugerencias” hechas, ya la agencia de calificación advirtió que la nota española puede ser rebajada nuevamente en el corto o mediano plazo.

Lo cierto es que con esta advertencia o sin ella ya el gobierno del PP había adelantado antes de conocerse la rebaja de la calificación que tenía la firme intención de reformar el mercado laboral español cuanto antes. Así lo expresó Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa que se llevó a cabo después de la reunión ministerial.

El objetivo de estas reformas, de acuerdo a los comunicados del Ministerio a cargo de De Guindos, es “recuperar el potencial de crecimiento de la economía de España para que esta triste actualidad se reconduzca lo antes posible.

Al parecer y de acuerdo a todos los indicios, la propuesta que hace unos quince días dio a conocer el presidente de la patronal Juan Rosell de tratar de combatir el paro con empleos con un salario de 400 euros mensuales más 150 euros de cotizaciones va a “morir” antes de ver la luz.

Fátima Báez, la nueva ministra de Empleo y Seguridad Social, dijo hace el martes de la semana pasada que el partido gobernante, el PP, no tiene previsto incluir los que se dieron en llamar “miniempleos” en la reforma laboral.

La ministra hizo estas declaraciones unas pocas horas antes de entrevistarse precisamente con Rosell, en lo que fue la inauguración oficial de los encuentros con los agentes sociales. Al día siguiente se produjo la reunión con los líderes de los principales sindicatos UGT y CC OO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo respectivamente.

Báez, nueva responsable de Empleo en España, afirmó que está convencida acerca de que la patronal y los sindicatos van a llegar a un acuerdo que le facilite al Gobierno llevar adelante la reforma laboral.

Después de la apertura de la legislatura en el congreso, Báez dijo textualmente que “el acuerdo entre los distintos agentes sociales nos hará la tarea más fácil”. Y aseguró que prefiere un acuerdo aunque éste sea parcial entre la patronal y los sindicatos antes que tener que llevar adelante una reforma “por decreto”.

La entrevista entre Báez y Rosell de acuerdo a trascendidos de la propia patronal, fue meramente protocolar y se abordaron por encima los problemas que en la actualidad atraviesan sobre todo las pequeñas y medianas empresas españolas.

Recordemos que en su discurso de investidura el pasado 19 de diciembre, el actual presidente del Gobierno español Mariano Rajoy no precisó la reforma laboral que planea llevar adelante, la que debe estar aprobada en el transcurso de la primera quincena de enero.

Lo que sí sugirió es un proceso de abaratamiento del despido al momento de defender el contrato único y señalar que a su juicio la indemnización por despido en España es muy elevada. El plazo que Rajoy les dio a los agentes sociales para que presenten loa acuerdos a los que han arribado es hasta el próximo 7 de enero.

Y Báez confirmó los dichos de su “jefe” al asegurar que el “tiempo apremia” a tan sólo cinco días de haber asumido su cargo.

Las nuevas autoridades del Ministerio de Trabajo de España le comunicaron a mediados de la semana pasada a los sindicatos CC OO y UGT que el Consejo de Ministros había dispuesto congelar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 14 pagas de 641,40 euros.

Este será el primer congelamiento desde que fue creado en 1.980, y aunque apenas unos 134.000 trabajadores perciben ese salario de acuerdo a los datos de Trabajo, la cifra cobra importancia porque se toma como referencia para determinar varios conceptos retributivos en los convenios colectivos.

La congelación del SMI es, sin dudas, parte del paquete de austeridad anunciado a los cuatro vientos al momento de asumir por el nuevo gobierno español, pero de cualquier forma fue bastante mal recibido tanto por los principales sindicatos como por las fuerzas de la oposición. Estos 641 euros dejan muy mal colocada a España entre los socios de la Eurozona, ya que con este guarismo sólo supera a Portugal y Polonia.

Recordemos que el anterior gobierno de Rodríguez Zapatero se había fijado tener un SMI de 800 euros al término de su segundo mandato, y ahora las cifras están cada vez más lejanas. Las administraciones del PSOE habían hecho un esfuerzo considerable entre el 2.004 y el 2.009, cuando España se acercó bastante a la media europea, pero después la crisis económica global frenó en seco la mejora que venía experimentando ese indicador.

Y en los 2 últimos años el ajuste del SMI resultó por debajo de la inflación. Esto explica en parte el enojo de los sindicatos, los que en plena reforma laboral le solicitaron a las autoridades del nuevo Gobierno un gesto para ayudar a recuperar el poder adquisitivo que este indicador había perdido en los últimos ejercicios. Y le recordaban al Gobierno que el SMI de acuerdo a la Carta Social Europea debía ser el 60% del salario medio neto de cada país, con lo que en el caso de España debería estar situado en 1.026 euros mensuales.

Los sindicatos le enviaron una carta al ministerio de Trabajo donde aseguran que el SMI viene perdiendo peso desde el año 2.007 y le piden al Gobierno que la cifra recupere el nivel de poder de compras perdido y que mantenga la capacidad adquisitiva durante todo el 2.012.

Las probabilidades de que este hecho se concrete son pocas pero habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Al momento de su asunción, el nuevo ministro de Economía y Competitividad de España, Luis De Guindos, demostró sus dotes para dar a conocer sus ideas de manera breve, clara y contundente, como para que la prensa no tuviese demasiado trabajo en enviarlas a sus redacciones o a sus páginas web.

De Guindos recibió del presidente Rajoy las carteras de tres ministros salientes, Elena Salgado, Miguel Sebastián y Cristina Garmendia. Y se estrenó como tal con un discurso conciliador en el hizo mucho hincapié en el espíritu de diálogo de su gestión. Señaló textualmente que “hay que recuperar la senda del crecimiento y la generación de empleo y prosperidad que no debió abandonarse nunca. Este es el objetivo número uno del Gobierno”.

Agregó que siempre le ha tocado “bailar con la más fea” y remachó que “ahora nos toca a nosotros”, mirando fijamente a Montoro, ministro de Hacienda, Báñez, ministra de Empleo y Arias Cañete, ministro de Agricultura, quienes seguían atentamente sus palabras desde las primeras filas.

Ahora deben tomar de manera urgente medidas en política económica, en el campo laboral y en todo lo concerniente al sistema financiero español. Aseguró De Guindos que, al vivir un momento de crisis múltiples, tiene un grave problema por delante, porque no se puede descuidar ningún flanco y todos deben ser tratados con igual urgencia, aunque recalcó que el tema del empleo “es prioritario”.

Siempre España tomó decisiones correctas en los momentos claves y éste es quizás el más importante, por lo que “falta le va a hacer volver a tomarlas”.

A De Guindos le tocará centrarse más en las políticas de expansión, productividad y confianza de los inversores, además de representar al país en Bruselas. Báñez tendrá que negociar con sindicatos y patronal la tan mentada reforma laboral y Montoro deberá ocuparse de la política de recortes, es decir reducir el déficit y ordenar las comunidades autónomas españolas, algo por cierto nada sencillo. Éste último dijo que su política “no será de recortes, sino de reformas”. Habrá que esperar el correr de los meses.

Montoro aseguró que la situación de las autonomías puede y debe mejorarse. Y como principal responsable de todos los nuevos funcionarios les hizo un guiño al igual que De Guindos al pedirles que “trabajen con eficacia y sirvan de trampolín para recuperar el crecimiento y la creación de empleo”.

La idea es fomentar el contrato entre los parados. Por ello, el ministro de trabajo Valeriano Gómez se planteó usar una parte de los 30.000 millones de euros que este año se van a usar para proteger a los parados para rebajar cotizaciones a aquellos empresarios que contraten a perceptores del desempleo.

El titular de la cartera de trabajo hizo este planteo en el marco de una jornada sobre nuevos enfoques sobre Recursos Humanos y Reestructuraciones. No especificó el ministro cuál será la cantidad de euros que se destinarán a ese fin.

Posteriormente a la jornada, y en declaraciones a la prensa, Gómez explicó que en España, un país que gasta tanto en protección a los desempleados y tan poco en políticas activas de empleo que podrían suplantar a las prestaciones por desempleo, el gobierno tiene la obligación de intentar hacer útil ese gasto sin que por ello disminuyan los derechos de los trabajadores.

Entonces debe ser posible encontrar un trabajo más rápidamente también para los que están recibiendo los beneficios por paro. De cualquier forma esto no significa que deban tener ventajas ante aquellos que nunca han cotizado, como los jóvenes que todavía no hallaron su primer empleo o frente aquellos que ya hayan agotado su prestación. La idea es establecer una buena política de estímulos de contratación en todos los estamentos de la sociedad española.

A diferencia de otras crisis, el ministro no cree que haya que bajar la prestación por desempleo, que cubre al 80% de los parados españoles.

Esta medida no se incorporó en la reforma laboral de junio del año pasado sino que fue incorporada con matices varios en el marco del diálogo social que después desapareció ante la mencionada reforma del mercado laboral.

Gómez dijo creer que destinar parte de esa protección para activar la contratación por parte de las empresas es uno de los mayores retos de España de cara al futuro. La idea es arribar a un gran acuerdo con los partidos políticos y con las distintas comunidades autónomas.

Esta medida está dentro de las pendientes que aún quedan por delante para mejorar las políticas activas de empleo. Éstas fueron calificadas por el ministro como “el gran déficit pendiente” cuando el resto de las grandes reformas ya se llevaron a cabo o están en vías de ponerse en práctica.

En España todo lo que tenga que ver con la reforma laboral es urgente y de máxima prioridad.

Un paro del 21% con el 40% de los jóvenes sin trabajo sirven como suficiente prueba de esta situación.

Por ello es que el gobierno le colgó a la reforma laboral la etiqueta de “Ley de Medidas Urgentes” en un intento de justificar su aprobación como un decreto ley. Pero lo concreto es que esta necesidad de hacer todo rápido y bien no está dando los resultados esperados.

Los objetivos primordiales de reducir el paro y alentar la contratación fija están lejos de alcanzarse. El mercado de trabajo no muestra síntomas de mejora cuando se está transitando el semestre en el que se suponía iba a comenzar la recuperación del empleo.

Las autoridades piden calma y paciencia, pero la capacidad de espera de la población se está haciendo cada vez más limitada…

La secretaria de Estado de empleo, Mari Luz Rodríguez, afirmó textualmente que “Todos sabemos que ninguna reforma laboral produce efectos de la noche a la mañana, se verán cuando estemos en normalidad económica. Y todavía no estamos”.

Pero para el Ministerio de Trabajo la normalidad va a llegar cuando se efectivice el restablecimiento del crédito y la bendita reforma financiera llegue a su término, por supuesto con buenos resultados.

Tanto el gobierno como los sindicatos miran hacia el lado de la banca buscando el camino por el que llegará la recuperación del empleo, pero no así cuando de defender la reforma se trata.

UGT y CC OO pusieron en marcha una iniciativa legislativa popular (ILP) para producir una enmienda a la totalidad de la norma, mientras que la patronal CEOE reclama directamente una ley nueva por considerar a la actual “insuficiente”.

Para muchos es casi imposible que las reformas tengan éxito sin el consenso popular, que es el actual caso. Además todo se complica porque aún persisten las consecuencias de la crisis económica que hace casi tres años que azota a la sociedad española.

Si hasta el catedrático de Derecho Laboral Jesús Cruz Villalón, uno de los padres intelectuales de la reforma, opina que la misma “tenía proyección si coincidía con un momento de recuperación económica”, cosa que obviamente no está sucediendo.

Otro catedrático, Luis Garrido, opina que el gobierno debería haber diseñado un nuevo escenario desde cero, ya que esta reforma “no es para el actual momento de crisis ni para el que venga después de él”.

La financiación del despido era uno de los puntos clave de la reforma laboral impuesta por el gobierno de España. Pero eso ya es cosa del pasado.

La administración de Rodríguez Zapatero renunció a regular el fondo de capitalización, uno de los pilares en la norma que se aprobó hace un año para calmar a los mercados, en ese momento todavía más impacientes que ahora.

Fuentes del Poder Ejecutivo admitieron en estas horas que “ahora mismo no se dan las condiciones para crear ese fondo”, ya que era imposible el diseño de una protección para cada trabajador sin subir las cotizaciones empresariales. Esto era como buscarle “la cuadratura al círculo”, aseguraron las mismas fuentes.

Lo concreto es que la revisión obligada de la reforma laboral a doce meses de haberse aprobado no hace sino revelar la debilidad de este proyecto, que vio la luz por decisión unilateral del gobierno después de que la patronal y los sindicatos no lograran ponerse de acuerdo.

Lejos está esta reforma de haber comenzado a dar sus frutos, siendo que por ahora lo único que se ha logrado es complicar todavía más el panorama del empleo en territorio español.

Con el resultado a la vista del desplome que viene sufriendo el contrato “estrella” de la reforma, es decir el estable con despido más barato (33 días pagos por cada año trabajado), el Ministerio de Trabajo quiere recuperar terreno y estudia la posibilidad de convertir cualquier contrato temporal en un indefinido de 33 días. Pero desde que desapareció el “señuelo”, esa fórmula se cayó por completo.

La próxima semana los responsables del Ministerio las van a comunicar sus intenciones a los agentes sociales. Lo más probable es que nadie lamente la desaparición a corto plazo del modelo austríaco en el que se basó la reforma actual. La alternativa elegida por Trabajo seguramente agradará a los empresarios y se espera que sea tolerada por los trabajadores.

El tema es dar carácter permanente a la solución momentánea que impuso hace un año la reforma laboral, hasta que el llamado “fondo austríaco” estuviera formado. Y esta solución es que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que se forma con aportaciones empresariales, se use para financiar una parte de los despidos procedentes para aliviar a aquellas compañías que se encuentren en dificultades.

Hay veces que pareciera que nadie está conforme con lo que está haciendo España para salir de la crisis económica.

Ahora el Fondo Monetario Internacional le reclamó al gobierno español que lleve a cabo una reforma laboral “más valiente” en orden de reducir los costes del despido, flexibilizar las negociaciones colectivas y salir cuanto antes del vínculo que liga la revisión de los salarios con la inflación.

Pero a pesar de lo que podrían considerarse “retos” del FMI, el organismo multilateral alabó las reformas económicas que llevó y lleva a cabo la administración de Rodríguez Zapatero, al calificarlas de reformas fuertes y de largo alcance, lo que resulta imprescindible para salir de esta situación de crisis, en especial en materia laboral, uno de los puntos más débiles de la actualidad española.

El informe dado a conocer por el FMI acerca de la situación de España destaca entre otras cosas que las autoridades del país pusieron en práctica una respuesta de política económica rápida y agresiva, pero igualmente el saneamiento de la economía está lejos de terminarse y todavía los riesgos que se corren son varios y de considerable envergadura. Es por esto que no debe cejarse en el impulso de las reformas, entre las cuales debe figurar prioritariamente conseguir el crecimiento en la credibilidad de la consolidación fiscal.

Debe continuarse con las reformas estructurales en todos los ámbitos, dando especial énfasis a todo lo concerniente al mercado laboral y a la reestructuración del sector financiero.

Para el Fondo las reformas laborales deben ser consideradas como el pilar donde se apoyará el resurgimiento de toda la economía española, y si bien los técnicos del organismo consideran que el mercado del trabajo en España se está reformando en la dirección correcta, también es cierto que los resultados hasta el día de hoy no son todo lo positivos que podría esperarse dada la escasa velocidad con que los cambios se están implementando.

La gravedad del tema del paro en España exige mayor dinamismo en la implementación de medidas tendientes a crear trabajo en forma inmediata y permanente.

Para el FMI los parados españoles precisan a corto plazo una mejora importante en sus perspectivas de conseguir empleo, ya que si estas perspectivas España está “condenada” a enfrentar altas tasas de desempleo que afecten principalmente a una generación de jóvenes totalmente desprotegidos.

Los parámetros claves de la economía de España dan indicios de mejora. El déficit público amaina su crecida, la confianza en los mercados aguanta los ataques de varios flancos, las exportaciones siguen tirando de la economía para sacarla de la depresión.

Pero todos estos datos quedan minimizados ante los terribles datos del paro. Es que un año después de superar la temida barrera del 20% de parados, la tasa de desempleo se mantiene en una situación que muchos califican de insostenible y es el único indicador de importancia que, lejos de mejorar, empeoró en los últimos doce meses.

El nivel de confrontación en los despachos es menor al que se registraba unos meses atrás. Tanto los Sindicatos como la patronal den claras muestras de querer negociar, aunque con más dificultades de las que serían aconsejables.

La reforma en estudio fue definida tanto por Ignacio Fernández Toxo de CCOO como por Cándido Méndez de UGT como una “auténtica revolución”.

Mientras tanto, el gobierno aguarda con impaciencia que los agentes sociales cierren definitivamente un acuerdo que ya debería regir desde fines de marzo pasado. Pero más allá de su incidencia en los distintos mercados, la reforma de los convenios laborales tiene hoy por hoy un gran valor simbólico.

Es la última gran carta que le queda al gobierno para atajar las disfunciones del mercado laboral. Ya la administración central agotó sus balas en la vía ordinaria de la reforma laboral y la extraordinaria del plan contra el empleo sumergido. Hay que aguardar ahora para ver si surten el efecto esperado.

Mientras tanto, la negociación colectiva en marcha pero sin definición es el único gran cambio pendiente en la agenda gubernamental, cuando sean transformadas en leyes las decisiones convenidas entre empresarios y sindicatos.

Estas decisiones y acuerdos van a permitir desjudicializar los conflictos laborales, porque los desacuerdos entre empresas y trabajadores se van a poder solucionar internamente sin necesidad de tener que recurrir a la elevación a los tribunales competentes. En última instancia hará falta un árbitro que dirima el diferendo.

Pero el acuerdo definitivo entre ambas partes todavía tiene ciertas aristas por limarse que deberían quedar claras a mediados de la semana entrante.

Este complicado debate entre la patronal y los sindicatos por los convenios puede necesitar de la mediación externa para poder llegar a buen puerto.

Lo cierto es que nadie quiere que la negociación colectiva corra la misma suerte que la reforma laboral, que terminó saliendo por un decreto del gobierno ante la imposibilidad de acuerdo entre las partes que discutían los pormenores de la misma.

El secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, estimó hace pocos días que la tasa de paro en España superó en el transcurso del primer trimestre del año el 21%. El dato definitivo será dado a conocer el próximo día 29 por la Encuesta de Población Activa (EPA).

De confirmarse esta estimación, se volverá a estar cerca de superar la barrera de los cinco millones de parados en todo el país.

Fue en declaraciones periodísticas que Toxo dio a conocer sus estimaciones, y lamentó que de confirmarse esos datos sería la ratificación de que la reforma laboral lamentablemente no era ni la más adecuada ni la más urgente.

Para él, los problemas del desempleo no encontrarán solución modificando leyes, ya que la causa de la destrucción del empleo es la actual atonía de la economía de España. Los fundamentos de la economía española a su criterio “no son buenos” porque ni siquiera se está aprovechando la crisis como una oportunidad de cambio del actual y agotado modelo económico.

De cara a lo que vendrá, Toxo espera “un duro camino a lo largo del desempleo”, que va a traducirse en el hecho de que España va a tardar sustancialmente más que otros países en lograr tasas de crecimiento que hagan viable la creación de empleo. Recordó también que el paro cerró el año pasado en el 20,33%, la cifra más alta desde el año 1.997 y que equivale a 4.700.000 parados.

Al ser consultado acerca del plan del gobierno para hacer aflorar el empleo sumergido, el secretario de CC OO criticó dicho plan, afirmando que va a ser otro elemento para aumentar la precariedad sobre todo en las condiciones de trabajo de los más jóvenes.

Para Toxo este plan “intenta recuperar ciertas cuestiones que ya se estaban tratando en otros planes, e insiste en la falsa idea de que sólo se puede generar nuevos empleos haciendo cada vez más precarias las condiciones de trabajo de la juventud, lo que es un verdadero disparate”.

Cuando fue consultado acerca del tema del ausentismo laboral, calificó como “cuanto menos exagerada” la cifra que dio a conocer el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Joan Rosell, quien aseguró no hace mucho que alcanzaban a un millón las personas que en España faltaban cada día a su lugar de trabajo.