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La Unión Europea está atravesando una crisis financiera derivada en gran parte de los coletazos de la crisis económica global que se hace sentir bastante más que en otras regiones del mundo.

Latinoamérica en particular sufrirá las consecuencias de este grave problema europeo en una forma muy leve, ya que se encuentra preparada para soportar las seguras disminuciones de las inversiones europeas, la caída de las remesas provenientes del viejo continente y de las exportaciones por el evidente desequilibrio de las balanzas comerciales de los diferentes países latinoamericanos.

El hecho de que en los últimos años América Latina haya abierto en forma progresiva su comercio con el inmenso mercado asiático le juega a favor, ya que esta región también parece haber superado lo peor de la crisis, y si tiene problemas como en el caso de China, es por un crecimiento de su PIB superior al recomendable en las actuales circunstancias mundiales.

La Unión Europea llegó políticamente muy debilitada a la Cumbre del ALCUE en Madrid.

Latinoamérica está saliendo en forma global muy bien de la recesión y por eso hace apuestas para poder soportar los efectos de la crisis griega que mantiene a Europa en vilo y el gran endeudamiento público de España.

Parecen haber sido muy provechosas para todos las largas conversaciones que mantuvo el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero con sus colegas brasileño y argentino, Lula Da Silva y Cristina Fernández respectivamente.

Tantas crisis sufrió Latinoamérica en el pasado que ahora los gobiernos de la región aprendieron la lección, hicieron bien los deberes y sus finanzas públicas están preparadas para “aguantar lo que venga”.

Calaron hondo en el ánimo de todos las palabras del ministro de hacienda brasileño, Guido Mantega, quien aseguró que “de ninguna manera la deuda de la UE afecta el crecimiento de nuestra región, porque ahora éste está impulsado por el consumo y la demanda interna”.

La frase más contundente de lo está sucediendo en este nuevo escenario mundial quizás la dijo el Director de Análisis para Latinoamérica del Banco Santander, José Juan Ruiz, quien aseguró a los periodistas que “el crecimiento económico en este mundo ha viajado hacia el Sur, hacia los países emergentes, y América Latina está demostrando que puede ser tranquilamente la máquina de este nuevo tren de la economía global”.

Para el Banco de España la economía española caerá en el transcurso del 2.010 no menos del 0,4%, una décima más de lo que prevé la administración de Rodríguez Zapatero, y siguiendo con el arrastre de la retracción producida por la crisis económica global.

Para el 2.011 estima que comenzará a esbozarse un leve crecimiento, pero también será con bastante menos bríos que lo que el Gobierno anunció.

Según los cálculos efectuados por las autoridades del Banco, y mientras se esperan los datos del desenvolvimiento de la economía de España en el primer trimestre de este año en comparación con el primer trimestre del 2.009, las previsiones de recuperación para el año próximo podrían rondar en no más del 0,8%, lo que implica un 1% que lo que pronostica el Ejecutivo.

Para el Banco de España, las máximas desviaciones al alza de lo estimado por las autoridades del Gobierno se estarían dando en el déficit público, algo que de concretarse verdaderamente lo que éstas vienen prometiendo, podría minimizarse aunque sea en parte.

El tema del paro en territorio español, realmente un problema muy grave, tampoco presenta horizontes muy claros.

Para el Banco, éste seguirá creciendo en el 2.011 aunque bajará el ritmo de crecimiento, y probablemente el próximo ejercicio se cierre con una tasa de parados del 19,7%, es decir tres décimas más que en el 2.010 y marcando la tasa más alta desde el comienzo de la crisis.

De cara a estas estimaciones, el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez estima que la creación de empleo recién se empezaría a concretar en los dos últimos trimestres del año que viene, coincidiendo con el inicio de la caída del desempleo.

Además se muestra a favor de una reforma laboral que implique costes de despidos inferiores al actual, lo que podría alentar a los empresarios a arriesgarse más a contratar personal sin tener que preocuparse tanto por lo que les saldría tener que despedir a esos trabajadores en caso que la situación no mejore a largo plazo.

Pero la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega recordó que en sus planes no figura una reforma laboral en ese sentido, al asegurar que la decisión del Poder Ejecutivo dentro del Diálogo Social no es provocar “una merma en los derechos del ciudadano”.

Finalmente, y en cuanto a otro tema muy espinoso como lo es el del déficit público, el Gobierno espera terminar el 2.010 en alrededor del 9,8% del PIB, es decir 1,2% menos que en el 2.009, mientras que para el Banco de España esa cifra de ningún modo será inferior al 10,2%.

El reconocido “gurú” financiero Nouriel Roubini vaticinó épocas muy difíciles para la economía de España. Y durante bastante tiempo.

Esto se contradice abiertamente con las afirmaciones del presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien ya en abril del 2.009 aseguraba que lo peor de la crisis económica global había pasado para los españoles.

Roubini y Zapatero tuvieron en Davos dos versiones diametralmente opuestas sobre la actualidad española. La del economista fue casi tirando a trágica, mientras que el Jefe del Ejecutivo de España presentó un panorama mucho más suave y menos complicado.

Lo concreto es que la economía española está en estos momentos en algún incierto punto entre los dos extremos presentados por Roubini y Zapatero. Y este punto está siendo minuciosamente vigilado por el Foro Económico, una especie de Bolsa gigantesca donde cotizan desde personas físicas hasta países enteros.

Por ahora el resultado de esta vigilancia arroja como resultado que España está cotizando a la baja, en parte por avatares ajenos a su economía y en parte por su propia ineptitud para llevar la crisis adelante.

En tiempos de crisis como la actual parece no haber matices, y éste es el resultado al que arriban los expertos hoy por hoy.

El foro de Davos está centrado en dedicarse a las grandes potencias y en aquellas que están en vías de serlo, como Brasil, Rusia, India y China (BRIC), y parece no preocuparse por el futuro de los hasta ahora grandes perdedores, como es el caso de Grecia, Portugal, Irlanda y, por qué no, España.

Todo indica que Davos está más cerca de los pensamientos de Roubini que de los de Zapatero, aunque en las últimas reuniones España no haya sido precisamente el centro de los debates.

El presidente de la escuela de negocios Thunderbird, Ángel Cabrera, opina que un paro de casi el 20%, un déficit público galopante y la certeza de que todavía no se ve claramente la luz al final del túnel, no ayudan precisamente a que España sea vista con buenos ojos por el resto de los países de la región, más cuando el nerviosismo causado por la situación de Grecia ha puesto los pelos de punta en más de un funcionario económico de la Unión Europea.

No es que en Davos se crea que España esté en una situación parecida a la griega, pero por las dudas se toman los recaudos necesarios ante cualquier contingencia…

El ministro de Trabajo de España, Celestino Corbacho, afirmó hace unos días que los cálculos de la economía sumergida española la ubican entre el 16% y el 20% del PIB, reconociendo además que estas actividades irregulares suben y mucho en tiempos de crisis como los actuales.

Es por esta razón y debido principalmente a los efectos de la crisis económica internacional que al presentar los resultados del año anterior en materia de lucha contra el fraude laboral, hayan subido un 30% las actuaciones contra la economía irregular durante ese período.

Para Corbacho, la amenaza constante de paro acentuó sin ninguna duda el incremento de la economía irregular, porque según sus propias palabras “al trabajador por su necesidad no le importan tanto como debiera las condiciones en las que se ofrece el trabajo”.

Pero aclaró enseguida que la intención del gobierno no es perseguir sobre todo al inmigrante, sino al que le ofrece empleo en esas condiciones.

Concretamente, las actuaciones del ministerio de Trabajo en la lucha contra la economía sumergida representan un 40% de todo el proceso de inspección laboral, el que se completa con inspecciones en el ámbito de la prevención de riesgos o en expedientes de regulación de empleo, en los que reconoce Corbacho que las denuncias subieron “bastante”.

Aunque la Unión Europea obligará a calcular todos esos ítems en el 2.011, los números que maneja el gobierno están por debajo de los cálculos de otros organismos autónomos, que ubican la economía en negro por encima del 20% del PIB, lo que supone más de 200.000 millones de euros.

Fuentes extraoficiales indican que en toda Europa el promedio de trabajo no declarado rondaría el 15%.

De hecho, si España logra bajar a niveles de la media europea esto supondría la creación de al menos 2,5 millones de nuevos empleos de acuerdo a datos de la pequeña y mediana empresa de Catalunya.

Con el ya sabido afán de la administración de Rodríguez Zapatero por recaudar, las infracciones en cuanto a Seguridad Social ingresaron a las arcas del gobierno 961 millones de euros.

Entre las infracciones que más se constataron figuran la falta de permiso de trabajo y el número de trabajadores que seguían cobrando simultáneamente la prestación por desempleo.

La Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) de España ha publicado hace un par de semanas una encuesta en la que se dan a conocer las opiniones y pensamientos de los españoles frente al comportamiento y la capacidad de reacción de las autoridades de su país para hacer frente a la crisis económica global en sus distintas etapas.

Casi un 70% de los encuestados en toda España está convencido de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero informó a la población tarde y de manera insuficiente acerca de la crisis.

Y si lo que se cuantifica es la opinión sobre cómo están afrontando las autoridades las consecuencias de esta crisis que todavía tiene a maltraer a España, la cifra es aún más preocupante, porque el 76% de los encuestados cree que la administración central está manejando mal o muy mal la situación.

Víctor Pérez-Díaz, un reconocido catedrático de Sociología que ofició de coordinador del informe, declaró a la prensa al momento de hacer conocer los resultados de la encuesta que ésta había arrojado como resultado una “lectura dura” para el Gobierno.

Un tema que todavía ensombrece más el panorama es que los encuestados tampoco muestran mucha confianza en la alternativa del PP, ya que de todos los encuestados el 63% opina que en caso de ser la oposición la encargada de sacar el país a flote de esta crisis, tampoco lo haría mejor.

Es muy alto también el porcentaje de personas encuestadas de todos los niveles y zonas de España (75%), las que creen que no se debe reducir el coste de los despidos en nuevos contratos con el fin de reactivar el desfalleciente mercado laboral español.

El 65% está firmemente convencido de que deben bajarse los impuestos por la imposibilidad de la ciudadanía de pagarlos, a pesar del creciente déficit fiscal del Estado.

Acerca de este tema, el director de gabinete de coyuntura de Funcas, Ángel Laborda, atacó con dureza las decisiones del Gobierno, al asegurar que “no es posible bajar el déficit del 12 al 3% del PIB en tres años, como lo prometen las autoridades”.

Con respecto a la tasa de parados en España, Laborda opinó que ésta tardará por lo menos diez años en regresar al nivel del 8% que tenía antes de la crisis internacional.

En España las entidades financieras no tenían “créditos basura” y por eso aguantaron los primeros embates de la crisis financiera mundial sin demasiados problemas. En el resto de Europa la situación empeoró antes y por esta razón las ayudas de los gobiernos debieron comenzar más temprano.

El hecho de que las entidades españolas no precisasen ayuda en un principio fue motivo de orgullo para el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero eso ocurrió sólo en el comienzo de la crisis.

Cuando llegó la segunda fase de la crisis, la actual, con forma inmobiliaria, de paro y de morosidad en continua subida, las sonrisas se borraron y ahora la situación será dura de digerir para los españoles.

Ahora el resto de la Eurozona analiza la posibilidad de retirar las ayudas a las entidades, mientras en España no se utilizó ni un euro del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Los organismos de la UE decidirán en junio si se continúa con la inyección de capital a las entidades en problemas. En España se piensa que hasta esa fecha se podrá garantizar que eventualmente habrá ayudas del FROB.

A partir de allí nadie sabe lo que sucederá, pero sin dudas las condiciones se endurecerán y mucho.

Es por eso que muchas entidades critican a Europa porque consideran que se está perjudicando a España, y le piden al gobierno español que aclare cuanto antes con Bruselas las condiciones del FROB, pues aseguran que no están nada claras. El Banco de España está en abierto desacuerdo con esto y todo parecería indicar que la situación va camino a un nuevo conflicto.

José Manuel Campa, el secretario de Estado de Economía, opina que la reestructuración debe hacerse cuanto antes, por lo que dijo estar de acuerdo con el nuevo plazo comunitario.

Por su parte José Carlos Diez, el economista jefe de Intermoney, cree que Bruselas está marcando este plazo para evitar que haya una alteración en la competencia con el dinero público.

Para Diez, “las entidades que no han hecho las cosas bien en esta crisis no deben tener ventajas sobre aquellas que actuaron en forma correcta”.

Los principales directivos de las Cajas españolas dicen que “algunos Gobiernos les hicieron verdaderos regalos a sus Bancos y ahora a España se la a examinar con lupa”.

El presidente del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero citó hace unos días en el Palacio de La Moncloa a su vicepresidenta económica, Elena Salgado y a destacados especialistas en temas europeos como Jacques Delors, Felipe González y Pedro Solbes.

No hizo falta que pasara mucho tiempo para que todos se pusieran de acuerdo en temas fundamentales: este semestre que se acaba de iniciar España va a presidir la Unión Europea, y deberá servir para reforzar el aspecto económico de Europa, ya que consideran que es la única forma que tiene el viejo continente de competir en igualdad de condiciones con los Estados Unidos y las potencias emergentes como Brasil, China e India, en el marco de la salida de la recesión producida por la crisis económica global.

Esto es lo que esperaba escuchar Rodríguez Zapatero, ya que los tres “europeístas” remarcaron que el gobierno económico de Europa no parte de cero, y recordaron la acción coordinada de la Unión Europea en el otoño del 2.008, cuando la crisis económica y financiera estalló con todo su poderío.

Con esto quedó demostrado que existe una base de consenso entre los países de la UE para impulsar políticas económicas de común acuerdo, lo que podría hacer más llevadera la presidencia del mandatario español en su paso por el gobierno del organismo europeo.

Zapatero les solicitó a sus invitados que la precisaran nuevas formas de avanzar en políticas económicas comunes, las que se encuadran en la revisión de la Agenda de Lisboa, que coincide con el semestre español en Europa.

Todos coincidieron en que los fundamentos de una verdadera “comunión económica” se basan en el fortalecimiento y profundización del mercado interior, la necesidad de una política energética común y la puesta en marcha de políticas de investigación, desarrollo e innovación.

Delors, quien en su momento fue considerado el padre del euro, lamentó que la unión monetaria que comenzó a principios del 2.002 no se viera acompañada de una verdadera unión económica entre todos los países de la Eurozona.

Tal como ya veníamos comentando acerca de la subida de tarifas de varios servicios de distintas compañías que operan en territorio de España, tampoco el gobierno decidió darle un aunque sea pequeño descanso a los maltratados bolsillos de los españoles por efectos de la crisis global.

En un intento que en algunos casos parece desesperado de las distintas administraciones públicas por hacer ingresar divisas a sus bastante enflaquecidas arcas, los ayuntamientos, las comunidades autónomas y el propio Estado español ya decidieron una andanada de aumentos en los impuestos, tasas y como ya habíamos comentado tarifas de servicios públicos para el año que recién comienza y no lo hace precisamente con buenas noticias.

La administración de José Luis Rodríguez Zapatero quedó a la cabeza de esta nueva y agresiva política impositiva. Ya se anunció que a partir de Julio, prácticamente la totalidad de los productos, e excepción de los de primera necesidad como es el caso del pan, subirán sus precios debido a un aumento en la alícuota del IVA del 16 al 18%, es decir dos puntos porcentuales más.

Pero una rebaja de los impuestos directos, que bien podría compensar la subida de los indirectos, tampoco se va a hacer realidad. Por citar sólo un ejemplo los 400 euros de desgravación fiscal que fue uno de los caballitos de batalla de Zapatero en su campaña de marzo del 2.008, caerán este año del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Sólo continuarán con su beneficio los que apuesten por tener descendencia, ya que el gobierno decidió mantener el llamado “cheque bebé” de 2.500 euros por cada hijo nacido.

Si algún español tiene la peregrina idea de intentar ahorrar, tampoco la cosa le irá mucho mejor. Ya desde el 1º de enero aumentaron los interese para prácticamente todas las cuentas y productos bancarios.

Ya vimos que los servicios sufrieron importantes subidas desde el primer día del año. La principal subida es la de la luz, cerca de un 2,6%, entre otras cosas porque las compañías eléctricas como Endesa y Unión Fenosa argumentan una escasa rentabilidad que se contrasta con el interés de los inversores por tener participación accionaria en ellas.

Trenes, Gas Natural y otros servicios completan, como ya vimos, un panorama casi diríamos gris oscuro para el habitante de España.

Pareciera que por fin, y luego de muchos intentos por matarla, la recesión en España se encamina hacia su muerte.

Es este el peor período recesivo de la historia española en el último medio siglo.

Según los especialistas la recesión desaparece cuando se produce un claro punto de inflexión y el crecimiento económico vuelve a aparecer, todo esto medido trimestre a trimestre.

Y la idea de que el cuarto trimestre de este 2.009 tan conflictivo puede marcar ese cambio de rumbo está ganando simpatizantes día a día.

España sufrió desde el principio de manera muy dura la crisis económica global, debido a su fuerte dependencia del sector inmobiliario y del crédito en todas sus formas. La caída de la actividad fue de menor envergadura que en otros países avanzados, pero la duración de la recesión fue más larga. Por ejemplo Estados Unidos y la Eurozona ya salieron de esta situación el trimestre pasado después de haber estado un año con sus números en rojo.

Otro punto que seguramente dejará una huella difícil de borrar para la administración de Rodríguez Zapatero es la tasa de parados, que llegó en el peor momento al 20% y ahora nadie sabe cómo evolucionará a corto y mediano plazo.

El tema es que el presidente del gobierno español ya dijo tantas veces que la situación de su país era exactamente igual a la del resto de la zona euro, que ahora que ha predicho el fin del proceso recesivo para fines de este 2.009 es como que se repite una vez más el cuento del Pastorcillo y las ovejas, y no son muchos los que están dispuestos a creerle ciegamente.

Ahora si comparamos la situación actual con la de la Comisión Europea de Mayo último, que preveía para España una salida hacia inicios del 2.011, no queda otra que ser optimistas.

Ángel Laborda, director de Coyuntura de FUNCAS, ya anticipó que la recesión que verdaderamente se vivió fue algo más leve a la esperada y por lo tanto la recuperación será obviamente más rápida. Simple cálculo matemático.

Según Laborda, todos los informes de las últimas semanas van en el buen camino, aunque él preferiría asegurar “por prudencia” que la salida definitiva de la recesión de la nación española se producirá en el primer trimestre del 2.010, es decir tres meses más tarde a lo esperado.

Al mismo tiempo que Rodríguez Zapatero presentaba el proyecto de Ley de Economía Sostenible, dicho sea de paso con una furibunda respuesta crítica, los partidos políticos…¡ se ponían de acuerdo! para dar a conocer un plan de 8 puntos para reducir el déficit de la administración pública y el gasto que originan las administraciones centrales y descentralizadas.

No es un dato menor recordar que es el primer consenso en política económica que se obtiene en la legislatura.

Porque en realidad lo que más llama la atención es el tono del debate, donde por ejemplo el PP habló de un “punto de inflexión en las relaciones entre los partidos” mientras el PSOE se declaró “orgulloso del acuerdo alcanzado”, todo esto en medio de un gran clima de enojo hacia la política económica de la gestión de Zapatero, lo que se viene produciendo por lo menos en lo que va de este 2.009 de crisis global que difícilmente nadie olvide en lo que le resta de vida.

Este primer consenso alcanzado en el Senado fue presentado en primera instancia por el PSOE en base a un acuerdo con el CiU, y luego se sumó a la “concertación” el PP, que introdujo algunas modificaciones que fueron rápidamente aprobadas para entonces votarse por unanimidad.

El portavoz de los socialistas, Joan Lerma, declaró a la prensa que lo más importante del acuerdo es que si se lleva adelante tal y como fue planeado, España volverá a la senda de crecimiento que según los integrantes del acuerdo “está todavía muy lejos si se siguen las pautas propuestas por el Presidente Rodríguez Zapatero”.

El acuerdo propone la reducción del gasto real, en concordancia con reiterados pedidos del PP y CiU, que querían eliminar “ministerios completos del organigrama gubernamental”.

Proponen también la eliminación paulatina de las políticas de estímulo, porque en opinión de los partidos políticos éstas lo único que generaron fue un lamentable déficit coyuntural.

Por supuesto se pide a las comunidades autónomas que también pongan en práctica este plan al igual que el gobierno central.