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La última encuesta que llevó a cabo la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) y que fue publicada en los Cuadernos de Información Económica, revela el preocupante dato de que casi el 50% de la población de España (exactamente un 48%) cree tener altas probabilidades de caer en el paro en el curso de este año.

Cuando la consulta es acerca de la posibilidad de que algún familiar o persona cercana pueda perder su empleo y quedarse sin trabajo, ese porcentaje sube a la dramática cifra del 80%.

La percepción que sobre la actualidad laboral del país tienen los españoles varía de acuerdo al nivel de renta, ya que estos porcentajes se reducen algo, hasta el 72%, en los individuos de clase alta o media alta, mientras que en el caso de los hogares con ingresos más bajos aumenta hasta llegar al 84%.

A pesar del pesimismo actual, de acuerdo a Funcas, las previsiones que se tienen sobre el mercado laboral para el año entrante son “optimistas”, porque se prevé un muy modesto avance del 0,5% en el nivel de empleo general.

Siempre de acuerdo al estudio mencionado, un 42% de los españoles es “radicalmente pesimista” respecto a la recuperación de la economía de España en los próximos meses. En opinión de estas personas, además del deterioro más que significativo de su poder adquisitivo a consecuencia de la crisis económica global, dan por descontado que la economía del país se encuentra justo en medio de un proceso de retroceso evidente.

Al momento de valorar las previsiones de futuro para España, Funcas afirma que existe la posibilidad de una subida del PIB para este año y el próximo de entre el 0,9% y el 1,5% respectivamente, gracias en buena parte a las exportaciones y al comercio exterior. En cuanto al mercado laboral, la reducción del paro estimada para este año y el que viene podría llegar en el mejor de los casos al 0,4%.

Para Funcas los desequilibrios del sector inmobiliario se van a ir corrigiendo con una caída del stock de viviendas pendientes de venta acompañada también por una caída en el nivel de endeudamiento de las familias españolas.

Finalmente, el informe cree que las entidades financieras seguirán saneando sus cuentas y sus balances, aunque a un ritmo inferior al deseable para una recuperación más o menos rápida.

Después del fin de la desgravación a la compra de viviendas, ya el sector inmobiliario había prevenido que se avecinaban tiempos más que difíciles para el sector. Y así fue.

La compra de casas tuvo en el primer trimestre de este año el peor arranque desde el estallido de la crisis inmobiliaria a mediados del 2.007, de acuerdo a los datos oficiales brindados por el Ministerio de Fomento.

El departamento que dirige José Blanco ha dicho que las poco más de 74.000 transacciones registradas en toda España en este período es el dato más pobre desde que se empezó a realizar esta estadística en el año 2.004.

Este parón supone una caída del 30% frente a las operaciones realizadas en el primer trimestre del año anterior y del 50% frente al último trimestre del 2.010, cuando todavía se vislumbraban algunos atisbos de esplendor que ahora se sabe fueron muy efímeros.

Cuando el año pasado se anunció el incremento del IVA para el mes de julio y el fin de las desgravaciones para rentas superiores a los 24.100 euros brutos anuales, estos datos animaron a los potenciales compradores a apurarse para concretar las operaciones inmobiliarias que tenían previstas.

Una vez producidos estos cambios, todo comenzó a desplomarse. En la actualidad, sin esos incentivos y con las manifiestas dificultades que se presentan para poder acceder a una hipoteca, quedan muy pocas opciones tanto para la compra como para la venta de un inmueble.

Se prevé de cara a los próximos meses que las ventas en el segundo y el cuarto trimestre del año caigan también de manera importante.

Sin embargo, el director de la Cátedra Inmobiliaria del Instituto de Práctica Empresarial, José Antonio Pérez, asegura que a pesar de que los indicios a futuro no acompañan demasiado se “sigue manteniendo la tendencia creciente para todo el año 2.011, más allá de las caídas puntuales”.

Pérez pronostica a pesar de todo un cierre del año 2.011 “con ligeros incrementos sobre el 2.010”, afirmando asimismo que “el mercado se sigue moviendo”.

Otro especialista en el tema, Fernando Encinar, es más cauto y no descarta que se produzca un “muy severo ajuste” en las ventas ante la posibilidad que las dificultades para cerrar operaciones suban “significativamente” en lo que resta del año.

La actividad económica en España sigue muy débil y tampoco el sector inmobiliario da señales de recuperación. Sobre todo estas causas provocaron un lamentablemente nuevo récord en la cifra de empresas y particulares que se declararon en concurso de acreedores por su insostenible nivel de deudas y sus graves dificultades para hacer frente al pago de las mismas.

Entonces optaron por declararse en quiebra, lo que siempre se dio en llamar “suspensión de pagos”.

Lo concreto es que las sociedades o familias que tomaron esta decisión alcanzaron, a más de tres años del comienzo de la crisis global, un número nunca antes visto desde que se comenzó a tomar este estadística en el 2.005, llegando a los 1.803 casos en el primer trimestre del año, un 6% más que en igual período del 2.010.

Antes de esto, el máximo trimestral se había alcanzado en el segundo trimestre del 2.009 con 1.762 quiebras, lo que ya era todo un récord frente al promedio de 250 concursos trimestrales que se registraban antes del inicio de la crisis económica.

De acuerdo a lo informado por el INE, la cifra de empresas insolventes subió en tasa interanual en un 8,3% hasta las 1.552, mientras que los particulares que recurrieron a este procedimiento cayeron un 7% para totalizar 251 casos.

Analizando un poco la situación, se puede ver que el 60% de las sociedades que entraron en suspensión de pagos en el primer trimestre del año eran consideradas pequeñas, porque su volumen de negocios era inferior a los 2 millones de euros anuales. Eran además en su gran mayoría S.R.L. y en cuanto al rubro que desempeñaban se destacan netamente las empresas inmobiliarias residenciales, con el 25% de las quiebras.

Si se toman en cuenta además las empresas constructoras, representan el 33% del total, es decir una de cada tres.
Detrás de estas empresas se ubican la industria en general y el comercio.

En cuanto a la clase de procedimiento, los abreviados subieron casi un 10% al tiempo que los ordinarios, más lentos, cayeron un 29%.
Otro dato interesante dice que del total de concursos presentados, sólo un 1,6% iba acompañada de una propuesta anticipada de plan de pagos y viabilidad, lo que muestra la poca posibilidad que tienen las sociedades para salir del estado de insolvencia y evitar la liquidación.

En el transcurso del año pasado Costa Rica recibió un total de 1.450 millones de dólares en concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), guarismo que superó las propias expectativas del gobierno costarricense, que eran de 1.300 millones de la moneda estadounidense.

Estos fueron los datos preliminares que dio a conocer el Banco Central de Costa Rica en su último informe a las autoridades del ejecutivo.

Por otra parte, el resultado obtenido en el 2.010 superó al que se había logrado el año anterior, el 2.009, cuando el país logró atraer inversiones desde el exterior por 1.350 millones de dólares, de acuerdo a lo que recordó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

La titular del Comex, Anabel González, aseguró en un comunicado a la prensa que la meta de IED que se había fijado para el año pasado era “muy ambiciosa”, y aún así pudo superarse en un 12%, por lo que dijo sentirse muy satisfecha y orgullosa.

Las cifras preliminares del informe del Banco Central indican que a setiembre del año pasado un 55% de la inversión desde el exterior que llegó al país provino de empresas que se instalaron bajo el sistema de “zona franca”. Del desglose de estas empresas encontramos un 25% en empresas regulares, 11% pertenecientes al sector inmobiliario, 6% del sector financiero y 3% de empresas dedicadas a la infraestructura turística.

González recordó a los periodistas que la meta en IED del gobierno de su país es haber atraído para el año 2.014 un total acumulado de 9.000 millones de dólares.

De acuerdo a los cálculos del Comex, un 45% de esta cifra, o sea unos 4.000 millones de dólares, va a corresponder a inversión productiva, la que va a incluir inversiones de empresas dentro y fuera de la zona franca.

Otra importante fuente de ingresos desde el extranjero será aquella que provenga del sector turístico.

Otro 39% de inversión va a servir para mejorar la competitividad del país a nivel internacional, especialmente en lo concerniente a las telecomunicaciones, generación de energía y concesión de obra pública.

El 12% de las inversiones corresponderán a inversiones en los sectores financiero e inmobiliario.

Para el caso específico del 2.011, la meta de IED es alcanzar los 1.950 millones de dólares, algo que parece ser un gran reto pero que asoma como perfectamente realizable teniendo en cuenta los últimos resultados obtenidos.

Cajasur, la entidad dirigida por el Cabildo catedralicio y que fue intervenida por el Banco de España el 21 de mayo pasado, está siendo concienzudamente revisada por las autoridades y lo que se va encontrando no es nada bueno.

La caja cordobesa fue adjudicada el 17 de julio a la vasca BBK, y hasta el mes de agosto había perdido más de 852 millones de euros.
El panorama que en sus informes describe el Banco de España habla de una caja que se ha venido caracterizando por tomar un perfil de riesgos de “marcado tinte especulativo y de elevados importes en el sector inmobiliario, una falta de eficacia y de continuidad en la gestión y un indebido aumento del riesgo de liquidez”, entre otras “perlitas”.

Se han encontrado numerosas operaciones autorizadas por la caja cordobesa con muchas empresas sobre todo del sector inmobiliario.
De acuerdo al pliego de cargos, al 31 de diciembre del año pasado Cajasur tenía “excesos a los límites de grandes riesgos” con tres corporaciones, superiores al 25% de los recursos propios. Estas empresas eran el grupo de empresas de Cajasur, las empresas bajo la denominación Sánchez Ramade y las empresas del grupo Prasa.

Ya desde el año 2.002 la caja inició una serie de operaciones con el común denominador del alto riesgo adquirido, pero fue el 2.004 el año que el Banco de España señala como “clave”, ya que una inspección realizada en setiembre de ese año supuso un cambio radical en la perspectiva que el supervisor tenía de la caja, al determinarse un perfil particularmente alto de riesgo global en las operaciones que la caja venía realizando.

Es desde entonces que la entidad estuvo y está sometida a un continuo y exigente seguimiento.

Para el Banco de España son responsables de esta situación 35 consejeros que pertenecieron a las dos últimas administraciones y cinco directores generales, entre los que se encuentran los dos últimos presidentes de la entidad, los canónigos Juan Moreno y Santiago Gómez Sierra.

También tienen responsabilidades numerosos sacerdotes, el obispo de Bilbao Miguel Iceta y tres conocidos candidatos a la alcaldía de Córdoba, pertenecientes al IU, PP y PSOE.

No todos tienen las mismas responsabilidades. Hay descripciones de tres infracciones muy graves y una grave, que tienen diferentes multas en dinero y distintos períodos de inhabilitación para ejercer cargos de administración, que van de uno a diez años.

Todos los expedientados tienen 30 días para presentar sus alegatos.

Hace un par de días la calificadora de riesgo crediticio Moody’s situó la nota de calificación de la deuda soberana de España en Aaa, debido a la revisión que hizo ante el deterioro de las perspectivas de crecimiento económico español.

Debemos recordar que Moody’s era la única calificadora de riesgos que hasta ahora le daba a España la máxima calificación, cosa que ahora ya no sucede.

Preocupa a los técnicos de Moody’s los problemas a los que debe enfrentarse el gobierno español para poder cumplir con los objetivos fiscales que se ha propuesto y el seguro impacto negativo que tendrá en la economía la subida de los costes de financiación.

Esta rebaja en la calificación de la deuda será por un período máximo de tres meses, al final de los cuales se verá si la baja queda firme, en cuyo caso sería de uno o dos escalones en la tabla de calificaciones.

Los analistas económicos creen que esta rebaja al final del período de prueba va a quedar firme, con lo cual la situación española en los mercados financieros internacionales puede verse algo más comprometida.

Las otras calificadoras de riesgo de importancia a nivel mundial, Standard & Poor’s y Fitch son todavía menos optimistas que Moody’s, ya que mantienen la calificación de la deuda española en AA y AA+ respectivamente, pero ambas con perspectivas negativas y a la baja.

Kathrin Muehlbronner es la analista senior de Moody’s para España, y según ella las perspectivas de crecimiento del país son más débiles que las de otras economías también calificadas con Aaa, debido al ajuste fiscal del Gobierno, y el mayor endeudamiento del propio Ejecutivo, los consumidores y las Empresas.

Con respecto al largo plazo, la analista estima que por ejemplo a la economía española le va a costar varios años recuperarse del formidable colapso del sector inmobiliario y reducir el endeudamiento del sector privado hasta ponerlo en sintonía con el nivel que presenta en la mayoría de las naciones de la Eurozona.

No se espera para España para el período 2.010/2.014 un crecimiento medio del PIB que supere el 1% anual, lo que alejará todavía más la situación española de la del resto de los países de la región del euro.

Ben Bernanke, el presidente de la Fed de los Estados Unidos declaró que la recuperación del mercado laboral estadounidense, mucho más lenta de lo previsto y el alto déficit fiscal que presentan las cuentas estatales son dos temas candentes que obligarán a la administración de Barack Obama a tomar decisiones difíciles para superarlos lo más rápidamente posible.

En su alocución ante el Congreso estadounidense, Bernanke aseguró que si bien es totalmente cierto que la economía de los Estados Unidos está en la senda de la recuperación, ésta se está produciendo a un ritmo menor al esperado en un principio.

Entre os obstáculos a vencer, Bernanke señaló la debilidad del sector inmobiliario y del mercado laboral. En cuanto al déficit público, en el peor de los escenarios, previno que podría alcanzar para el año 2.020 más del 9% del PIB estadounidense.

Recordó que durante el transcurrir de toda la crisis económica global, el mercado laboral fue duramente castigado habiendo sido quizás el punto más débil del andamiaje y el entramado social de la nación.

Si bien en los últimos meses parece haberse ralentizado el ritmo de crecimiento del número de parados, es obvio decir que restaurar ocho millones y medio de empleos que se perdieron en los dos últimos años no va a ser una tarea fácil, que tomará su tiempo y deberá pagar altos costos sociales.

Ésta es la principal asignatura pendiente del gobierno central y de las administraciones regionales, puesto que es impensable una recuperación definitiva y duradera si hay tantos trabajadores sin empleo, siendo en la actualidad la tasa de desempleo de prácticamente el 10% de la población económicamente activa.

El país viene arrastrando desde el inicio de la crisis un alto déficit fiscal, que en el ejercicio del año pasado alcanzó los 1,4 billones de dólares, lo que representa el 9,9% del PIB nacional.

Esta es según Bernanke otra de las lacras que anclará la recuperación rápida de la crisis.

Ahora que se están esbozando los primeros síntomas de recuperación económica, es necesario bajar los estímulos fiscales para comenzar a recomponer la recaudación del gobierno. Esto es algo en lo que el presidente de la Fed viene insistiendo desde hace meses.

Los cálculos má optimistas creen que habría que llevar el déficit al 4 ó 5% anual en los próximos diez años, reubicando además la deuda pública en alrededor del 70% del PIB.

Pareciera que por fin, y luego de muchos intentos por matarla, la recesión en España se encamina hacia su muerte.

Es este el peor período recesivo de la historia española en el último medio siglo.

Según los especialistas la recesión desaparece cuando se produce un claro punto de inflexión y el crecimiento económico vuelve a aparecer, todo esto medido trimestre a trimestre.

Y la idea de que el cuarto trimestre de este 2.009 tan conflictivo puede marcar ese cambio de rumbo está ganando simpatizantes día a día.

España sufrió desde el principio de manera muy dura la crisis económica global, debido a su fuerte dependencia del sector inmobiliario y del crédito en todas sus formas. La caída de la actividad fue de menor envergadura que en otros países avanzados, pero la duración de la recesión fue más larga. Por ejemplo Estados Unidos y la Eurozona ya salieron de esta situación el trimestre pasado después de haber estado un año con sus números en rojo.

Otro punto que seguramente dejará una huella difícil de borrar para la administración de Rodríguez Zapatero es la tasa de parados, que llegó en el peor momento al 20% y ahora nadie sabe cómo evolucionará a corto y mediano plazo.

El tema es que el presidente del gobierno español ya dijo tantas veces que la situación de su país era exactamente igual a la del resto de la zona euro, que ahora que ha predicho el fin del proceso recesivo para fines de este 2.009 es como que se repite una vez más el cuento del Pastorcillo y las ovejas, y no son muchos los que están dispuestos a creerle ciegamente.

Ahora si comparamos la situación actual con la de la Comisión Europea de Mayo último, que preveía para España una salida hacia inicios del 2.011, no queda otra que ser optimistas.

Ángel Laborda, director de Coyuntura de FUNCAS, ya anticipó que la recesión que verdaderamente se vivió fue algo más leve a la esperada y por lo tanto la recuperación será obviamente más rápida. Simple cálculo matemático.

Según Laborda, todos los informes de las últimas semanas van en el buen camino, aunque él preferiría asegurar “por prudencia” que la salida definitiva de la recesión de la nación española se producirá en el primer trimestre del 2.010, es decir tres meses más tarde a lo esperado.

La sociedad de Chile está realizando ingentes esfuerzos para superar la crisis económica global, por ahora con buenas perspectivas de éxito.

El sector privado renovó sus apuestas por el futuro de la economía y reactivó en el transcurso del tercer trimestre de este 2.009 signado por una titánica lucha contra la crisis proyectos de inversión que habían quedado momentáneamente suspendidos, por la nada despreciable suma de casi 2.800 millones de dólares, según informó la Corporación de Bienes de Capital (CBC).

El informe de la CBC destaca que la economía chilena muestra signos de recuperación por segundo trimestre consecutivo, lo cual da cuenta de los avances en materia económica y financiera del gobierno de Michelle Bachelet.

El sector que encabezó la reactivación de proyectos fue la minería, con casi 1.600 millones de dólares, que representan casi el 60% del total de las inversiones.

El sector inmobiliario ocupó el segundo lugar con 800 millones de dólares (30%) y tercero se ubicó el sector industrial con 334 millones de dólares (12,2% del total).

Los rubros que fueron más afectados por la crisis todavía no comenzaron a reactivarse, pero se espera que lo hagan en el último trimestre del año.

La coyuntura económica y social de este tercer fundamental trimestre muestra que el 10% de los proyectos analizados fueron afectados de tal forma por la crisis que por ahora resulta inviable su puesta en marcha.

De estos proyectos con futuro “incierto”, 49 están suspendidos de forma indefinida, 7 fueron eliminados definitivamente de sus cronogramas por las empresas que los habían planificado y otros 12 fueron aplazados con fecha de ejecución más o menos cierta, aunque en ninguno de los casos esa fecha es inferior a los seis meses.

Cuantificados en cuanto a su incidencia económica, los proyectos suspendidos equivalen a 14.000 millones de dólares, los aplazados alcanzan los 1.900 millones y los definitivamente eliminados representan alrededor de 850 millones de dólares.

En este caso es también la minería el sector que debió dejar de lado la mayor cantidad de proyectos, aunque la cifra involucrada en esas cancelaciones resultó ser un 20% inferior a la que se alcanzó en el transcurso del trimestre anterior, es decir el segundo de este 2.009 “inolvidable”.

Como en todos los órdenes de la vida, distintos puntos de vista pueden hacer que un mismo hecho aparezca de una manera para algunos y de otra opuesta para otros.

Esto se comprueba perfectamente si vemos los informes que publicaron casi simultáneamente, con tres días de diferencia, las conocidas calificadoras de riesgo Moody´s y Fitch con respecto a la banca de España y su actual “estado de salud”, a partir de datos que obtuvieron de estadísticas similares.

El martes de la semana pasada Moody´s alertó a los mercados financieros españoles al asegurar que las entidades bancarias no estaban dando a conocer, o lo hacían con bastante retraso, los activos morosos que padecen y que se vinculas principalmente al sector inmobiliario.

Este problema se traducía en un “agujero” financiero que podía cuantificarse en una cifra de alrededor de 57.000 millones de euros.

No pasaron más que un par de días para que Fitch, otra consultora que merece el mismo respeto y credibilidad que Moody´s, salió a afirmar que lo que denominó “el desplome del ladrillo” no era para tanto y vaticinó que las grandes entidades bancarias y financieras están en condiciones de seguir obteniendo rendimientos sólidos más allá de los retos que deben y deberán afrontar como consecuencia de la crisis económica global.

Cuando los expertos de Moody´s dieron a conocer su informe, tanto las autoridades de las Cajas como de os Bancos lo tildaron de “catastrofista” y en el mejor de los casos “confuso”.

Por el contrario, el análisis que publicó Fitch contribuyó a calmar las aguas, por ejemplo con frases como “el sistema bancario español ha sorteado la crisis financiera con éxito hasta el presente, sin necesidad de recurrir a inyecciones de dinero por parte del Estado español”.

Ahora bien, ¿cómo pueden diferir tanto dos informes de dos calificadoras de similar prestigio y que basan sus predicciones en una situación real y palpable por todos?

Fitch se basa para su análisis en los llamados “cinco grandes” (Santander, BBVA, Popular, Caja Madrid y la Caixa), por lo que obviamente las consecuencias de la crisis se ven moderadas por la solidez de estas instituciones.

Aún así el aumento del paro, la crisis inmobiliaria y el intenso ajuste de la economía española influyen negativamente en las predicciones.
Moody´s toma un universo más amplio para sus predicciones, y es entonces cuando los riesgos se acrecientan peligrosamente.

Allí donde Fitch consideró que la morosidad inmobiliaria podría pasar del 4,9% actual a un máximo del 7%, Moody´s cree que esa morosidad al menos se va a duplicar en el corto y mediano plazo.