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El turismo en España sigue dando noticias que no por repetidas dejan de ser alentadoras.

La industria del turismo en territorio español tuvo en el transcurso del año pasado una subida más que aceptable del 8,1% en comparación interanual con el año anterior.

Estas cifras surgen de las estimaciones presentadas para el cierre del ejercicio anterior por el ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria. No escapa al análisis de nadie que vea cómo se están desarrollando los acontecimientos durante esta larga crisis económica que el sector turístico fue uno de los pocos, sino el único, en finalizar el año que acaba de terminar con un balance positivo en medio de tantas noticias económicas desalentadoras.

El sector tuvo una subida del 0,9% en términos de afiliación a la Seguridad Social a pesar de la delicada situación general de toda España.

De cualquier forma el ministro Soria descartó de plano que el Gobierno de Mariano Rajoy tenga pensado aplicar incentivos fiscales para el sector, como por ejemplo el llamado IVA turístico, que es más bajo que el general. En rueda de prensa Soria aseguró que éste “no es el momento adecuado”, al recordar la necesidad que tiene el Gobierno de reducir el déficit desde el 8% hasta el esperado 4,4%.

El ministro también afirmó que el Poder Ejecutivo va a analizar la posibilidad de permitir la entrada de capitales privados en la cadena hotelera estatal Paradores, a pesar de lo cual afirmó que, por el momento, no se estudia la posible privatización de dicha cadena.

El año pasado España recibió en su territorio casi 57 millones de turistas internacionales, una subida de 4,3 millones si se compara la cifra con el ingreso del 2.010. Y hasta el mes de noviembre, faltando aún contabilizar la cifra definitiva de diciembre, el gasto turístico alcanzó los 50.000 millones de euros, un guarismo 8,1% superior que en el mismo lapso del 2.010.

Cuando se verifica la entrada de turistas a España por nacionalidades, se puede ver que el mayor aumento se registró entre los visitantes provenientes de los países nórdicos y Francia, después de los cuales se encuentran italianos, alemanes y británicos.

Los destinos turísticos más visitados fueron los archipiélagos españoles, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña.

La única Comunidad que cayó en número de visitantes fue la de Madrid, con un descenso del 1%.
En cuanto a los turistas españoles, éstos realizaron alrededor de 160 millones de viajes, tanto en España misma como al exterior.

La Seguridad Social en España culminó el año 2.011 registrando un pequeño déficit de 0,06% del PIB español, equivalente a 668 millones de euros. Esta cifra fue adelantada hace unos días por la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría después del Consejo de Ministros que se llevó a cabo el pasado 6 de enero.

El dato dado a conocer es, según la vicepresidenta, un indicador claro de que la situación es más difícil de lo que pensaba en un principio el nuevo Gobierno, y coincide con el vaticinio que adelantaron los expertos en el tema y el propio Gobierno socialista saliente en la última fase del año anterior. A pesar de esto, el resultado obtenido se ubicó muy lejos de las previsiones que hizo el anterior Poder Ejecutivo en los Presupuestos correspondientes, cuando se esperaba que hubiese un superávit de al menos el 0,4% del PIB español.

Éste es el primer desfase entre ingresos y gastos en el sistema de pensiones español desde el momento en que la Seguridad Social dejó de financiar por completo la sanidad pública en el año 1.999.

Pero el tremendo balance negativo en lo laboral en cuanto a la destrucción de empleos todavía en el transcurso del 2.011ha deprimido los ingresos al mismo tiempo que los gastos subían con inusitada fuerza por la existencia de cada vez más y mejores pensiones. Esta es la razón por la que se ha producido una desviación de casi medio punto con respecto a lo que se había previsto en su momento.

La vicepresidenta Sáenz de Santamaría admitió que el anterior secretario de Estado de Seguridad Social les había advertido oportunamente en el momento del traspaso de poderes que creía muy difícil que se alcanzase un superávit en el conjunto del ejercicio, a pesar de lo cual la nueva administración no esperaba una desviación de tamaña magnitud. Debe verse también que, contemplando desde el inicio un escenario de déficit, la desviación es en realidad moderada.

Y la cifra que se dio a conocer, que es la primera que se da de las cuentas públicas en el presente año, le sirvió a la vicepresidenta del Gobierno para justificar medidas, tanto las que ya se adoptaron como las que se piensan adoptar en los próximos meses, que son sin lugar a dudas más “duras” de lo que proyectaba la nueva administración de Mariano Rajoy.

Debe tenerse en cuenta que el grueso de la desviación del déficit no tiene como origen la Seguridad Social sino que viene de las Comunidades Autónomas, tal como lo reconoció el ministro de Economía Luis de Guindos.

Las arcas de la Seguridad Social registraron entre enero y noviembre de este año un superávit de 6.458 millones de euros, lo que equivale a un 0,6% del PIB de España y es una cifra que supone un retroceso de casi el 42% si se la compara con los guarismos obtenidos en el mismo período del año anterior. Estas son cifras oficiales del Ministerio de Trabajo, el que no descarta terminar el presente año en una situación de déficit por vez primera desde que dejó de financiar la sanidad del pueblo español.

El Ministerio en cuestión explicó que los excedentes en la Seguridad Social se van a reducir todavía más en el mes de diciembre en curso porque en este mes se debe imputar la paga extraordinaria a los pensionistas y además la paga anual por la desviación de la inflación que se hace a las pensiones mínimas, y que este año va a significar una erogación de unos 856 millones de euros.

Es así que el resto de los pensionistas va a ver reducido su poder adquisitivo en una cifra promedio de 420 euros por el hecho que acabamos de mencionar.

Da acuerdo con los datos manejados acerca de la ejecución presupuestaria en el período enero/noviembre, el resultado obtenido es producto de ingresos cercanos a los 110.000 millones de euros, un 1,99% menos que en el 2.010, y gastos de 103.700 millones de la misma moneda, lo que implica una subida del 2,38%.

Las previsiones del Gobierno era que se mantuviese el excedente estable, pero el continuo deterioro laboral que se sigue produciendo en España frustró ese propósito, por lo que los responsables políticos ya hablan sin tapujos de la aparición del déficit.

Y si esto sucede como todos los involucrados lo esperan, va a ser la primera vez que la Seguridad Social presenta al final de un año un desfase entre los ingresos obtenidos y los gastos producidos desde que este organismo dejó de financiar la sanidad pública española, o sea que sólo se dedica a las prestaciones sociales, de las cuales las más importantes son las pensiones.

No hay forma de discutir que el paro en España se encuentra en niveles históricos nunca antes vistos en el país. Y el grave deterioro del mercado laboral está poniendo contra las cuerdas al último resabio de la bonanza económica española de otrora, el superávit de la Seguridad Social.

Hace un par de días el Gobierno “abrió el paraguas” y advirtió que el sistema público puede caer en situación de déficit por primera vez desde el año 1.998, a pesar de que las previsiones hechas en su momento hablaban de un superávit del 0,4% para este año.

Pero la fuerte e “inesperada” destrucción de empleo registrada en el mes de noviembre, con una caída de casi 112.000 afiliados con respecto al mes anterior, obligó al secretario de Estado de Seguridad Social Octavio Granados a admitir sus dudas acerca de si el excedente se va a mantener al final del presente ejercicio.

Ésta es la segunda destrucción de empleos más grande en cantidad para un mes de noviembre desde el comienzo de la crisis económica global, y muestra el lado más amargo y preocupante del deterioro del empleo en España.

La cantidad de puestos de trabajo que se eliminaron en el anteúltimo mes del año desencajó por completo las previsiones gubernamentales. Los gastos del sistema se siguen ajustando a lo previsto, pero los ingresos, que provienen principalmente de las cotizaciones de los empleados, han caído de manera estrepitosa. Esto mantiene la incógnita acerca del resultado final de las cuentas al cierre del presente ejercicio.

Si los temores no son infundados y se confirman, sería la primera vez desde finales de la década del noventa que el saldo entre ingresos y gastos en el sistema español de pensiones da un resultado negativo.

Pero si se tienen en cuenta los criterios europeos, ya la Seguridad Social incurrió en déficit el año pasado porque la contabilidad nacional exige imputar al sistema público las cuentas generadas por el desempleo.

Y ese déficit de ninguna manera pudo ser neutralizado por el “raquítico” superávit del sistema de pensiones. Este año, con los nuevos y graves retrocesos en el empleo, la amenaza de déficit casi confirmada es mucho mayor.

Granados intentó minimizar la situación diciendo que en caso de haber un déficit “de unos cientos de millones” al final del año éste se puede financiar sobradamente con el superávit de los años anteriores, un dinero que nadie sabe dónde está a ciencia cierta…

Por medio de una enmienda a la reforma de las pensiones las comunidades autónomas le van a poder pedir al Gobierno de España que les sean cedidas la titularidad de unos 600 edificios de uso sanitario que todavía están en manos de la Seguridad Social.

Mediante esta operación las autonomías se van a convertir en propietarias de unos edificios cuya gestión ya están llevando adelante al momento de prestar el servicio sanitario.

Y teniendo la titularidad de los mismos, las comunidades podrán decidir cómo hacer un mejor uso de ellos, ya que se podrá decidir mantenerlos igual, hacer las modificaciones necesarias para obtener más y mejor rendimiento o inclusive puede que sean recalificados para otras actividades.

Por supuesto que además estos inmuebles van a poder ser utilizados como avales para eventualmente mejorar o acrecentar su capacidad de endeudamiento.

La enmienda fue promovida por CiU, pero la comunidad que más beneficios sacará de ella es, por lejos, la de Madrid. Los inmuebles de la Seguridad Social en la zona tienen un valor inicial de poco más de 800 millones de euros. A mucha distancia le siguen Castilla y León, con 332 millones, Castilla- La Mancha con 281 millones y Aragón con 230 millones.

En Cataluña los edificios tienen un valor de 88 millones de euros, y la Generalitat los tradujo en ocho hospitales de los que ahora quiere hacerse completamente cargo y que sean de su propiedad.

Pero de acuerdo a los dichos del secretario de Estado Octavio Granado, estas valoraciones están desfasadas y en la actualidad ascienden al doble o al triple del valor inicial calculado. Incluso se habla de cifras que podrían alcanzar los 9.000 millones de euros.

Primeramente la Seguridad Social hará tasar los edificios para ver realmente el valor de mercado de los mismos. Y al momento de traspasar los inmuebles al Estado y éste a su vez a las comunidades autónomas, el organismo público tiene confianza en poder saldar gran parte de la deuda de casi 14.000 millones de euros que arrastra con el Estado español desde la década del noventa.

Debe recordarse que entre 1.994 y 1.998 el Estado le hizo a la Seguridad Social varios préstamos para la entonces cobertura del servicio sanitario. Esos préstamos nunca fueron devueltos y ahora es el momento en que se podría saldar buena parte de esa deuda.

Históricamente mayo es un buen mes para el empleo porque se pone en marcha toda la maquinaria turística de cara al verano que se aproxima. Y el 2.011 no tenía por qué ser la excepción.

De acuerdo a lo que informó hace unas horas el ministerio de Trabajo, los parados en el quinto mes del año bajaron de acuerdo a los servicios públicos de empleo en casi 80.000 personas con respecto a abril, lo que supone casi un 2% de caída, el mayor descenso para un mes de mayo desde el inicio de la crisis a fines del 2.007, y el segundo mejor dato de cualquier mes en todo ese tiempo.

Así es que el número de parados en toda España apuntados al antiguo Inem se redujeron a 4,18 millones de personas.

En el mismo camino, la Seguridad Social también cerró mayo con más personas trabajando por tercer mes consecutivo.

El mes cerró con una cifra de 17,5 millones, lo que significa el mayor avance en las afiliaciones desde el inicio del deterioro del mercado laboral por el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El presidente del gobierno aseguró que España “va a entrar en unos meses mejores para el empleo y le reducción de la tasa de parados”, afirmando que el gran desafío de su administración es que esta tendencia se consolide en los que resta del 2.011y los primeros meses del año próximo. Para lograr esto según Rodríguez Zapatero la única forma es seguir con las reformas que ya inició su gobierno.

Es destacable la caída en los índices de desempleo en el caso de los jóvenes, quienes por segundo mes consecutivo son protagonistas de la mayor caída del paro en cuanto a las franjas etarias, con una baja del 3,61%.

Mari Luz Rodríguez, la secretaria de estado de Empleo, coincide con Zapatero en que los datos son “altamente positivos”, aunque aseguró que todavía son muchas las personas a las que hay que ayudar a reinsertarse en el mercado laboral.

Desde que se inició la crisis del empleo hace casi cuatro años, sólo en junio del año pasado hubo una caída intermensual mayor a la que se produjo en marzo, con casi 84.000 desempleados menos que en mayo del 2.010.

Contrariamente a lo antedicho, la última medición de la EPA indicó que en el primer trimestre la tasa de paro volvió a subir, pero el Ejecutivo espera que en la segunda mitad del año comience a crearse empleo, aunque en forma lenta.

Durante el primer trimestre de este año el Estado español tuvo un déficit de 6.900 millones de euros, equivalentes al 0,64% del PIB de España.

Este desfasaje en el presupuesto estatal resultó ser un 20% menor al que se registró en el mismo trimestre del año anterior, de acuerdo a datos que dio a conocer el secretario de Estado de Hacienda Carlos Ocaña.

El recorte que pudo hacerse fue posible por un recorte de gastos sin precedentes en la historia española que el gobierno puso en marcha hace casi un año, el que también se vio influido por la puesta en marcha del nuevo plan de financiación autonómica, con lo que se pudo reducir el gasto por transferencias a las comunidades, subiendo así la disponibilidad de dinero para la administración central.

De cara al futuro, el secretario de Estado dijo que todavía es demasiado pronto como para sacar conclusiones, porque con sólo el primer trimestre analizado no se puede predecir con exactitud cómo se desarrollará el resto del 2.011. Pero agregó que el objetivo a cumplir, y que de acuerdo a los datos actuales podría conseguirse, es que para finales de este año el déficit del Estado español no debería ser superior al 6% del PIB.

Las reformas puestas en marcha deben alcanzar sin necesidad de poner en práctica otras nuevas, por lo que descartó la posibilidad de subir impuestos ya que ahora llegó el turno de ajustar los gastos sin volver a tocar los ingresos.

Por su parte, el secretario de Estado de la Seguridad Social Octavio Granado afirmó que en el mismo período en cuestión la Seguridad Social tuvo un superávit de casi 6.100 millones de euros, un 2,44% más que en el primer trimestre del 2.010.

Granado aseguró que por vez primera en la historia española y en relación a crisis anteriormente sufridas, la Seguridad Social va a poder hacer frente a por lo menos cuatro años de crisis y destrucción de empleo sin que se desequilibren sus cuentas.

El crecimiento del superávit en este rubro después de tanto tiempo a la baja se debió fundamentalmente al incremento de las cotizaciones de ocupados.

Así es que las cotizaciones sociales llegaron a poco más de 26.000 millones de euros, prácticamente un 1% más que en el mismo período del año pasado.

La Seguridad Social prevé ingresar en este ejercicio más de 110.000 millones de euros en concepto de cotizaciones sociales, por lo que lo ingresado hasta marzo resulta ser el 24% de la previsión anual.

El gobierno de España a través del Ministerio de trabajo y Seguridad Social tiene previsto un plan de acción para hacer bajar todo lo posible la economía sumergida en el país.

Este plan tiene en un principio un período de gracia que podría durar tres meses, de abril a junio del presente año, y en que tanto los empresarios como los trabajadores podrán regularizar su situación laboral en condiciones sumamente favorables.

Después de esto, vendría una campaña de 18 meses, entre junio de este año y fines del 2.012, en el transcurso de la cual el departamento de inspección del trabajo se va a abocar a perseguir a los infractores que no hayan regularizado su situación, aplicándoles en caso de ser necesario castigos bastante más duros que los que están vigentes en la actualidad.

El plan pergeñado por las autoridades parece tener algo de ultimátum y otro tanto de amnistía.

Las deudas con la Seguridad Social no serán condonadas a quienes se acojan al período voluntario de regularización, pero en cambio no se aplicarán las multas que están previstas para estos casos, al tiempo que se pondrán en vigencia planes en condiciones para el pago atrasado en forma fraccionada de los montos que las empresas adeuden a la Seguridad Social.

Aquellos que no regularicen su estado y continúen en situación ilegal, tendrán a partir del próximo verano sanciones económicas que van a duplicar o triplicar las actuales.

Ya en el Ministerio a cargo de Valeriano Gómez se está dando forma a una modificación a la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social que permita castigar con más dureza a los empleadores que no den de alta a sus empleados o a los trabajadores que, cobrando un salario, sigan percibiendo el subsidio por desempleo.

Esta reforma se va a poner en marcha de la manera más rápida posible mediante un decreto ley.

En la actualidad las sanciones que se aplican en casos de irregularidades en materia laboral son tan bajas que casi se podría decir que son un estímulo para el fraude, de acuerdo a fuentes del Ministerio en cuestión.

La idea para hacer aflorar la economía sumergida es hablar con todos los interlocutores sociales después de cerrado el acuerdo sobre el marco de la negociación colectiva, lo que se espera ocurra en las próximas semanas.

De cualquier forma, Zapatero ya adelantó en el Congreso que la idea del gobierno es que todo esté aprobado en este mes de abril que recién comienza.

Otra huelga que se llevó a cabo el pasado jueves en Grecia dejó a ese castigado país de la Eurozona sin periódicos y transporte público de pasajeros.

Los transportistas basaron sus protestas en la severa política de austeridad que fijó el gobierno del premier Papandreu para cumplir con los planes impuestos por la Unión Europea para ir al rescate de la malherida economía griega.

Esta política ya debió soportar cinco huelgas generales en los últimos meses.

Por su parte, el sector de la prensa protestó contra el recorte salarial y los fuertes cambios en las reglas de la seguridad social griega.

El que los propios huelguistas llamaron “apagón informativo” comenzó a las 3:00 horas de Grecia y va a durar 24 horas, salvo en un par de páginas informativas por Internet, que continuaron con sus tareas habituales.

Por su parte, la red de transporte griega sólo tuvo operativos, aunque con diagramas de emergencia, los trenes urbanos hacia el aeropuerto internacional de Atenas, el transporte férreo en general y algunos servicios de barcos entre las islas griegas.

Todo el resto del transporte público de Grecia se encontró fuera de circulación desde las 6:00 hora local griega.

Debemos hacer notar que ambos sindicatos, el de la prensa y el de los transportistas, convocaron a sus afiliados a manifestarse en Atenas para demostrar con una multitudinaria marcha su disconformidad con la marcha de las medidas gubernamentales, que a su juicio provocaron la pérdida de derechos laborales y puestos de trabajo en los dos ramos.

Grecia viene soportando una profunda ola de protestas ciudadanas que se manifestaron en cinco huelgas generales, la última de ellas el pasado 20 de mayo, en las que el pueblo hace saber a las autoridades su gran descontento por las medidas de austeridad impuestas por el gobierno socialista, que pretende ahorrar alrededor de 30.000 millones de euros en los próximos tres años para recibir a cambio la ayuda de la UE y el FMI que le permita afrontar de manera más aliviada los vencimientos de su gigantesca deuda externa.

Pero los sindicatos están presentando una dura batalla contra el plan en la convicción de “rechazar medidas extremas de ahorro que perjudiquen el sistema de seguridad social, que afecte a trabajadores y jubilados y, que en definitiva, vaya en detrimento de las nuevas generaciones de griegos”.

Hace unos días los responsables de las carteras de trabajo de los países que forman el G-20, los 7 más industrializados y los principales emergentes del mundo, le entregaron a Barack Obama las conclusiones del encuentro que sostuvieron para analizar la marcha de las cuestiones laborales en esta época que parecería comenzar a ser post crisis económica global.

Esas conclusiones y recomendaciones van a ser también elevadas a las autoridades de sus propios países.

En la reunión se concluyó de manera unánime que el G-20 debe centrar sus esfuerzos para recomponer el panorama laboral seriamente dañado por la crisis, ya que a pesar de que el crecimiento económico empieza a vislumbrarse en muchos países, el desempleo continúa en niveles históricos que pronostican una difícil recuperación a corto y mediano plazo.

Mientras persistan las altas tasas de paro en muchos países, es la recomendación de los ministros de trabajo que sus gobiernos insistan en “el apoyo a la renta, la formación y los servicios de empleo”, al tiempo de asegurar que aunque la creación de empleo sea lenta y débil, se recurra a las medidas necesarias para no dejar fuera del mercado laboral a un alto número de personas.

Todos los ministros de la cartera laboral quieren que se potencie la formación de los ciudadanos a fin de facilitarles la posibilidad de conseguir un empleo cuando comiencen a aparecer las oportunidades después de concluida definitivamente la crisis global, y en este sentido pretenden una estrategia ya definida de educación y formación, previa a la próxima Cumbre de Jefes de Estado del G-20 en Canadá a fines de junio próximo.

Asimismo creen los ministros que aquellos sistemas de seguridad social que brinden un apoyo adecuado a la renta y al acceso a la asistencia sanitaria van a contribuir de manera fundamental a promover la movilidad laboral.

Enumerando brevemente las recomendaciones de los funcionarios que se reunieron, podemos decir que éstas fueron en el sentido de acelerar la creación de empleo, una recuperación sostenible al igual que un crecimiento lento pero seguro, reforzar todos los sistemas de protección social, promover políticas activas de mercados de trabajo, y colocar en el centro mismo de las prioridades económicas nacionales y globales los planes de empleo y reducción de la pobreza.