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El Tribunal Supremo (TS) de España dictaminó unos días atrás que el Banco de España deberá informar a los respectivos sindicatos acerca de las cifras globales de los incentivos y gratificaciones que la entidad bancaria madre entrega a sus empleados, además del número exacto de personas que reciben estos incentivos.

De esta manera se desestima el recurso presentado por el Banco contra una decisión de la Audiencia Nacional que en noviembre del 2.010 consideró que el Sindicato Autónomo de Trabajadores del Banco de España (SATBE) tenía el derecho de recibir información detallada de las cifras e incentivos que recibían todos sus trabajadores.

En ese recurso el Ente Emisor aseguraba que la información que se debía facilitar a los distintos sindicatos “es la que señala la Ley y no otra”, además de que el Estatuto de los Trabajadores no dejaba nada especificado sobre el tema gratificaciones, sino que por el contrario opta por un sistema cerrado en el que el derecho a la información de los representantes sindicales no tiene un alcance extendido.

Todo este tema se retrotrae a noviembre del año 1.997, cuando la Inspección de Trabajo dando respuesta al Sindicato demandante concluyó que el Banco de España, con más de 2.700 empleados, debía obligatoriamente hacer constar en nómina las gratificaciones e incluirlas en las bases de cotización de la Seguridad Social.

Hacia fines del 2.004 el presidente del comité de empresa le dirigió al entonces gobernador del Banco de España un escrito por el cual le pedía que se hicieran públicas en la memoria anual de la entidad todas las remuneraciones por todo concepto que habían recibido los altos cargos del Banco y el resto de los empleados durante ese año y el anterior.

También pedía en ese escrito que se dieran a conocer públicamente las previsiones y los criterios de concesión de los premios para 2.004 y 2.005.

Pero no hubo una respuesta satisfactoria para este pedido y entonces el Sindicato denunció ante la Inspección de Trabajo que las cifras percibidas como premios no aparecían en las nóminas ni se incluían en la masa salarial usada para negociar el convenio colectivo correspondiente. Tampoco en la base de cotización a la Seguridad Social.

Así las cosas la Sala de lo Social del Alto Tribunal concluyó que el Banco de España debe también especificar el sexo de os beneficiados para hacer cumplir cuando fuese pertinente los preceptos básicos de igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres.

Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, los secretarios generales de los dos sindicatos más grandes de España, pidieron hace un par de días a través de una carta que le enviaron al presidente del Gobierno español que tome medidas cuya finalidad sea repartir de manera más equitativa los esfuerzos que está haciendo la población española ante la gravedad que presenta nuevamente la crisis económica.

Ambos líderes le ofrecen a José Luis Rodríguez Zapatero en la misiva que le enviaron mantener “una senda de moderación” en los salarios de los trabajadores para ayudar así a contener el avance de los precios.

Pero también le dicen que ambos consideran este esfuerzo de los asalariados como incluso contraproducente si no hay un firme compromiso de contención de los beneficios de los empresarios acompañado de de un esfuerzo adicional de inversión de las ganancias obtenidas para así poder ampliar el aparato productivo del país.

Los dos líderes sindicales mostraron predisposición para ampliar la vigencia del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que se firmó en febrero del 2.010 y que, entre otras cosas, fijaba la moderación salarial para el período 2.010/2.012.

Tanto Toxo como Méndez condicionan la extensión de ese acuerdo, como un elemento previo e indispensable, al desbloqueo de la negociación colectiva, porque a su entender el retraso en la firma de los convenios está afectando seriamente el poder adquisitivo de los trabajadores.

Recuerdan ambos que la tasa interanual del IPC se encuentra por encima del 3%, al tiempo que el incremento salarial previsto se encuentra entre el 2,2% y el 1,6% en los nuevos convenios. Así creen que será muy difícil que se recupere la demanda interna a valores mínimos aceptables.

También recuerdan ambos que el Gobierno debe cumplir con el acuerdo que suscribió oportunamente con los empleados públicos, los que el año pasado vieron mermado el poder adquisitivo de su salario en una media de algo más del 5%.

Los líderes de CC OO y UGT aseguran que para proteger a los salarios más bajos de la subida de los precios incluso sería deseable “una regulación pública más intensa durante un periodo de tiempo en relación con la energía, el transporte público y los alimentos”.

Entre otros puntos importantes de la nota enviada al Jefe del Gobierno español, le piden que rápidamente acometa las reformas que mejoren el uso de los recursos públicos mediante la supresión de gastos superfluos y la eliminación de duplicidades entre administraciones.

La Patronal y los Sindicatos de España decidieron no prolongar por más tiempo las negociaciones para la reforma de los convenios colectivos de trabajo, que ya están en un período agónico.

Así es que los líderes de UGT, Cándido Mández, CC OO, Ignacio Fernández Toxo y CEOE, Juan Rosell el presidente y José María Lacasa el secretario general, se reunieron hace apenas unos días y como colofón de la reunión se llegó a la lamentable conclusión de que las diferencias entre ellos son irreconciliables.

Ambas partes, en las posteriores ruedas de prensa después de la reunión, formalizaron la ruptura y acusaron a la otra parte de “falta de valentía para firmar el acuerdo”.

Rosell afirmó tras la reunión que “se decidió dar por concluidas las negociaciones” al admitir que no se podía seguir por ese camino y que era preferible dejarlo todo como estaba. Lamentó asimismo que a pesar del “esfuerzo pedagógico” que la CEOE había realizado no había podido ser capaz de “explicar las necesidades de las empresas y la economía”.

Y agregó que en las actuales circunstancias los empresarios “tienen pánico a contratar trabajadores”.

También agregó Rosell que la ruptura se produjo en parte porque tanto los sindicatos como la patronal fueron “demasiado ambiciosos” a la hora de plantear la negociación, porque pusieron sobre la mesa demasiados temas que eran de exclusiva incumbencia e importancia para cada uno de ellos.

Así es que pidió que para futuras convocatorias las partes sean “más valientes” y puedan deponer aunque sea en parte algunas de sus aspiraciones en bien del consenso general.

Para Cándido Méndez fue la dirección de la CEOE quien pecó de falta de arrojo para apoyar los avances logrados hasta el momento, ya que se podría haber terminado con un acuerdo y con una reforma profunda, eficaz y equilibrada. Pero a su criterio la dirección de la patronal no se atrevió finalmente a dar el paso definitivo.

En la última reunión, las partes debían analizar el documento de cinco páginas que CEOE remitió a los sindicatos apenas unas horas antes del encuentro. Este documento era para Rosell “su enésima propuesta”, pero a los sindicatos siguió sin convencerlos el texto enviado. “Es lo mismo que nos presentaron el lunes pasado, pero con menos palabras, resumido hasta donde fue posible para que se entendiese algo”, dijeron las fuentes sindicales consultadas.

Habrá que ver cómo siguen las negociaciones, si es que en algún momento vuelven a reanudarse.

El titular del ministerio de Trabajo de España Valeriano Gómez es un convencido de las bondades del diálogo social. Y es por ello que en estos días está intentando apurar las conversaciones entre el gobierno, los sindicatos y los empresarios para lograr un acuerdo con el plan gubernamental para hacer aflorar el empleo sumergido.

Hace un par de días desde el ministerio a su cargo se comprometieron con los distintos agentes sociales a enviarles un nuevo bosquejo del plan con las reivindicaciones planteadas por cada una de las partes, después de haberse producido el rechazo al primer texto puesto a consideración.

Fue el propio Gómez quien admitió el pasado martes en declaraciones periodísticas que seguían en conversaciones y aseguró que de alcanzarse un acuerdo con un grado de madurez mínimo, sería llevado al Consejo de Ministros esta misma semana.

Trabajo tenía la intención de tener todo ya finiquitado, pero el nuevo retraso producido por el rechazo de las partes al texto original lo ha obligado a “cambiar y redoblar el paso”.

El gobierno envió un primer borrador a los sindicatos en el que se establece un período que llega hasta el 30 de junio para que las dos partes, empresarios y trabajadores, regularicen la situación laboral. En ese lapso la intención gubernamental es dar facilidades a la parte empresarial para pagar la deuda con la Administración. Después de ese tiempo se empezarían a endurecer las sanciones aplicadas a quienes no cumplan con la Ley.

En este texto inicial también se contempla que aquellos trabajadores que sean dados de alta durante este proceso solamente podrán ver reconocidos a los efectos de tener derecho a prestaciones futuras como paro, pensiones, etc., un año en forma retroactiva a la fecha de legalización laboral.

Y este es precisamente uno de los puntos que, según fuentes oficiosas relacionadas a la negociación, podría ser cambiado en la nueva redacción de la Ley.

Pero éste no es el único punto que podría cambiarse. También está en discusión aquél que trata las sanciones por exigencias de la patronal.

Y además hay otro cambio que recoge el nuevo borrador del gobierno por el cual cuando una empresa subcontrate los servicios de otra, deberá responsabilizarse solidariamente de que los trabajadores de esta última se encuentren dentro de una situación laboral regular, amén de responder también en forma solidaria con las eventuales infracciones y sanciones.

En el transcurso de un acto organizado por la conocida consultora KPMG, el ministro de Trabajo de España, Valeriano Gómez, aseguró que no van a pasar semanas ni meses ni siquiera un par de años hasta que pase la crisis al menos desde el punto de vista laboral.

Para Gómez será necesario un período de varios lustros de moderación y sensatez salarial, ya que el país no está en estos momentos ni lo estará en los próximos años en condiciones de financiar una espiral salarial que lo vuelva a llevar a una situación de hecatombe económica y financiera como ésta de la que todavía no logró recuperarse totalmente.

Negó además el ministro que el plan de afloramiento de la economía sumergida, un problema serio dentro del andamiaje económico español, vaya a incluir entre sus pautas un programa para legalizar la inmigración irregular y el trabajo sumergido, asegurando por el contrario que se van a endurecer las sanciones contra los trabajadores que se encuentren en esa situación y que a su vez estén apuntados en el índice de parados y cobren por lo tanto la prestación por desempleo.

Para poder alcanzar la moderación salarial, la negociación colectiva, que en estos momentos está siendo tratada y negociada por todos los agentes sociales es considerada como “el arma fundamental”.

Según los pensamientos de Gómez, la moderación salarial resultará clave en el futuro inmediato y mediato para restaurar lenta pero exitosamente la competitividad. Se manifestó además confiado en que en los próximos días o a lo sumo semanas, la patronal y los sindicatos lleguen a un acuerdo satisfactorio para todos que destrabe los problemas actuales.

Fueron los propios sindicatos quienes a fines de marzo, al acabar el primer plazo estipulado por el Gobierno, se mostraron esperanzados en poder alcanzar un pacto a mediados de abril. De no ser así, el Gobierno llevará su propio plan al Parlamento español para su discusión y eventual aprobación.

Goméz recalcó enfáticamente que “nadie tiene que enseñar” al pueblo español de qué forma deben ligarse los salarios y la productividad. Advirtió además que, en ese sentido, si los sueldos de los trabajadores suben por encima de la productividad, se “acaba” la empresa y por ende la economía española en su conjunto.

A partir del martes 22 las fábricas de PSA Peugeot-Citroën de las ciudades de Madrid y Vigo se vieron en la necesidad de comenzar a aplicar paros parciales en su proceso productivo por la falta de un importante componente electrónico para los motores diesel que impulsan las unidades de la firma, que es fabricado por la empresa Hitachi en Japón.

La empresa japonesa prevé reanudar la fabricación de este componente en alrededor de una semana, aunque este dato no pudo ser confirmado y depende de muchos factores que se derivan de la actual situación de Japón por efectos del terremoto y tsunami del pasado viernes 11.

En la fábrica de Vigo, Citroën empezó con los paros de producción de acuerdo a los sistemas de fabricación involucrados. En el sistema 1el paro se realizó un día en el turno matutino, y otro día en el nocturno.

En el sistema 2 la producción comenzó a suspenderse en el turno vespertino del día 22 y continuó los días miércoles, jueves y viernes en la sección de montaje. Esto fue pactado entre la empresa y los distintos sindicatos, y fueron éstos los que dieron a conocer la noticia.

Dichos sindicatos fueron convocados el mismo martes por la dirección de la empresa para determinar el modo de adscripción de los trabajadores a los que afecte esta medida al ERE, a la bolsa de horas o a cualquier otro arreglo que sirva para amortiguar los perjuicios para la plantilla en estas épocas en que el tema del empleo es un “hierro candente” para la economía de España.

Pero el problema, como es lógico suponer, no afecta sólo a las fábricas establecidas en territorio español, sino que está provocando inconvenientes en la organización industrial de todas las factorías del grupo PSA diseminadas por Europa.

PSA está tratando de solucionar de la mejor forma posible las necesidades de las redes comerciales y de sus clientes, adaptando los regímenes de trabajo de sus plantas del modo más conveniente para poder cumplir con la mayor entrega posible de unidades de acuerdo a lo pactado en su red de ventas.

José Luis Rodríguez Zapatero está realizando cambios en su gabinete para “fortalecer el gobierno” de España.

Entre ellos se encuentra el reemplazo del ministro de Trabajo Celestino Corbacho por Valeriano Gómez, economista del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.

Los principales “atributos” que muestra el nuevo titular de la cartera laboral son la buena sintonía que tiene con la mayoría de los sindicatos y su vasta experiencia en la resolución de asuntos laborales.

Gómez ya estuvo vinculado a labores gubernamentales relacionadas con el trabajo, ya que fue secretario general de Empleo entre los años 2.004 y fines del 2.006, cuando el titular de la cartera laboral era Jesús Caldera.

Rodríguez Zapatero pretende con este nombramiento dos aspectos fundamentales de la administración laboral: restablecer dentro de lo posible la relación con los sindicatos que quedó muy maltrecha después de la convocatoria de la huelga, y manejar de la mejor forma posible las dos reformas que todavía están pendientes, la de pensiones y la de negociación colectiva.

Gómez tiene su origen en la UGT y es notoria la confianza que recibió de todas las partes involucradas en el transcurso de la fallida negociación de la reforma laboral con los distintos agentes sociales, a punto tal que muchas de sus apreciaciones sirvieron de base para la confección del texto final.

Es también de destacar que su apuesta por la reforma laboral que proponía el gobierno no fue un impedimento para que acudiese a la manifestación que convocaron los sindicatos en la jornada de huelga que se llevó a cabo.

Esta presencia en la marcha le ha costado ahora el cuestionamiento de los más críticos para su incorporación el Poder Ejecutivo.

Pero él la justifica más como un apoyo a los sindicatos que como un rechazo a las políticas gubernamentales en materia de empleo.

En la primera gestión de Zapatero a Gómez le tocó “bailar con la más linda”, ya que debió gestionar en medio de la bonanza del empleo.

Ahora es cuando deberá mostrar su muñeca para conducir el destino laboral español en medio de una crisis inédita, con índices de parados nunca antes vistos.

Para el todavía ministro Celestino Corbacho, su sucesor es una “magnífica persona”, un estrecho y cordial colaborador y un gran conocedor de todo el panorama laboral de España, por lo que no duda de que su gestión será exitosa.

Finalmente sucedió lo que muchos vaticinaban. Después de casi doce horas de febriles reuniones, a las seis de la mañana del pasado jueves el Gobierno de España, la patronal y los sindicatos dieron por terminadas las negociaciones que intentaban consensuar los términos de la tristemente famosa reforma laboral española.

Pudo suponerse en un momento que la duración del encuentro presagiaba un posible acuerdo que finalmente no se concretó.

Pero las irreconciliables diferencias en varios puntos considerados claves como por ejemplo los concernientes al tema del despido echaron por tierra las esperanzas de alcanzar algún tipo de concordancia.

Tanto voceros gubernamentales como el presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán coincidieron en que las causas para poder llevar adelante un despido procedente y la magnitud de las indemnizaciones fueron escollos insalvables a la hora de intentar llegar a algún acuerdo, aunque más no fuera en estos puntos.

El miércoles pasado los responsables de la patronal y los sindicatos recibieron sendos documentos con las principales propuestas laborales propiciadas por el Poder Ejecutivo, pero parece que nada de eso surtió efecto.

Ahora, con el fracaso de las negociaciones ya oficializado, el Gobierno va a citar por separado a los otros dos sectores para establecer esta vez una ronda de consultas, no negociaciones, acerca del decreto que ya lleva semanas preparando ante la posibilidad ahora concretada del no-acuerdo.

Estas rondas de consultas se harán sobre la base del documento final elaborado por las autoridades del Ministerio de Trabajo y la idea es que este documento pueda ser aprobado en el Consejo de Ministros que se desarrollará el próximo miércoles 16.

No es un dato menor que ante la falta de acuerdo y la necesidad del gobierno de aprobar la reforma por decreto, esta aprobación no está asegurada por la falta de mayoría parlamentaria del gobierno.

La maratónica sesión en la que se produjo el fracaso final fue presidida en la sede del ministerio de trabajo por el titular de la cartera Celestino Corbacho y el Jefe de Gabinete de La Moncloa, José Enrique Serrano.

Los principales líderes sindicales asistieron a la reunión, tal el caso de Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, y por CEOE asistió su presidente Gerardo Díaz Ferrán.

Lo concreto es que las semanas pasan y la reforma no termina de tomar su forma definitiva.

No debe olvidarse que el tema laboral es acuciante en estos momentos en España, a punto tal que podría considerarse casi un cuello de botella para que el país pueda remontar la difícil situación por la que atraviesa.

Otra huelga que se llevó a cabo el pasado jueves en Grecia dejó a ese castigado país de la Eurozona sin periódicos y transporte público de pasajeros.

Los transportistas basaron sus protestas en la severa política de austeridad que fijó el gobierno del premier Papandreu para cumplir con los planes impuestos por la Unión Europea para ir al rescate de la malherida economía griega.

Esta política ya debió soportar cinco huelgas generales en los últimos meses.

Por su parte, el sector de la prensa protestó contra el recorte salarial y los fuertes cambios en las reglas de la seguridad social griega.

El que los propios huelguistas llamaron “apagón informativo” comenzó a las 3:00 horas de Grecia y va a durar 24 horas, salvo en un par de páginas informativas por Internet, que continuaron con sus tareas habituales.

Por su parte, la red de transporte griega sólo tuvo operativos, aunque con diagramas de emergencia, los trenes urbanos hacia el aeropuerto internacional de Atenas, el transporte férreo en general y algunos servicios de barcos entre las islas griegas.

Todo el resto del transporte público de Grecia se encontró fuera de circulación desde las 6:00 hora local griega.

Debemos hacer notar que ambos sindicatos, el de la prensa y el de los transportistas, convocaron a sus afiliados a manifestarse en Atenas para demostrar con una multitudinaria marcha su disconformidad con la marcha de las medidas gubernamentales, que a su juicio provocaron la pérdida de derechos laborales y puestos de trabajo en los dos ramos.

Grecia viene soportando una profunda ola de protestas ciudadanas que se manifestaron en cinco huelgas generales, la última de ellas el pasado 20 de mayo, en las que el pueblo hace saber a las autoridades su gran descontento por las medidas de austeridad impuestas por el gobierno socialista, que pretende ahorrar alrededor de 30.000 millones de euros en los próximos tres años para recibir a cambio la ayuda de la UE y el FMI que le permita afrontar de manera más aliviada los vencimientos de su gigantesca deuda externa.

Pero los sindicatos están presentando una dura batalla contra el plan en la convicción de “rechazar medidas extremas de ahorro que perjudiquen el sistema de seguridad social, que afecte a trabajadores y jubilados y, que en definitiva, vaya en detrimento de las nuevas generaciones de griegos”.

El mes de Mayo terminó, contrariamente a lo que se esperaba, sin que el Gobierno de España, los sindicatos y la patronal pudieran ponerse de acuerdo para fijar la tan esperada reforma laboral.

De cualquier manera, los contactos van a seguir en el curso de los próximos días porque las tres partes involucradas coincidieron en aclarar que “todavía hay margen de maniobras para poder alcanzar un pacto que satisfaga a todos los agentes involucrados en este tan importante tema”.

Esto fue adelantado en un breve comunicado conjunto que se dio a conocer al cabo de las reuniones del último día del mes pasado, es decir hace apenas unas horas.

El Gobierno había adelantado que debía alcanzarse un consenso antes de junio, cosa que evidentemente no ocurrió, pero aún así los contactos van a continuar para intentar evitar que sea la administración de Rodríguez Zapatero quien imponga su propio proyecto.

La vicepresidenta segunda del gobierno Elena Salgado ya adelantó que si no hay reforma tras cuatro meses oficiales y casi dos años extraoficiales de reuniones, será el Ejecutivo por su cuenta quien ponga en marcha los cambios antes de terminar el mes.

El comunicado emitido afirma que se constataron diferencias entre las partes sobre varios puntos de la reforma laboral en tratamiento, pero que todavía hay margen para arribar a un acuerdo.

No se hace referencia a cuándo se reanudarán las conversaciones ni a qué nivel se llevarán a cabo, o si seguirá siendo el ministro de trabajo Celestino Corbacho y los máximos líderes empresariales y sindicales quienes continuarán con las tratativas tal como sucedió en las reuniones de los últimos días de mayo.

Pero sin importar quiénes sigan siendo los interlocutores de los sectores involucrados, Salgado volvió a advertir que si no hay resultados conciliatorios, el gobierno va a poner en marcha la reforma “a muy corto plazo”, tomando las medidas que considere necesarias sin importar “cuán impopulares resulten”.

La principal medida que quiere implementar el gobierno es ampliar a todos los colectivos, los parados y las conversiones de temporales a fijos, el denominado “contrato de fomento de la contratación indefinida” de manera tal que el contrato ordinario de 45 días por año se mantenga sólo para los ya en vigor y para nuevos fichajes.

Pero lo cierto es que esta sola medida es suficiente para que se ponga en práctica la huelga general con la que ya amenazaron UGT y CCOO.