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Prácticamente todos los líderes de España en materia de sindicatos y empresas se encuentran reunidos este fin de semana negociando los términos de la esperada reforma laboral.

Intentan arribar al final de este tumultuoso mes de mayo con un pacto “concluído”.

Los máximos directivos de ambas partes se vieron las caras el pasado día 26 en una reunión que ya se había anticipado que podía ser decisiva para alcanzar las bases del acuerdo tan esperado por todos.

Al menos eso era lo que todos esperaban, a punto tal que uno de los máximos referentes sindicales de España dijo ese día “del encuentro de hoy debe salir al menos una perspectiva muy fiable de lo que va a pasar en el futuro inmediato en materia laboral”.

Lo concreto es que el día pasó y no hubo de ninguna manera avances significativos.

La única coincidencia de importancia a la que se arribó fue que difícilmente se arribase a alguna conclusión definitiva antes del 31 de mayo.

La negociación por los nuevos contratos laborales entró sin dudas en una nueva etapa. Es notorio que en las últimas semanas las conversaciones fueron entre sindicalistas y empresarios, y por expreso pedido de ambas partes el gobierno se mantuvo al margen.

Pero a partir de haber entrado en la recta final de las negociaciones, vuelven los representantes de la administración de José Luis Rodríguez Zapatero a sentarse a la mesa de “discusión” junto a sindicalistas y empresarios.

Parece ser que llegó el momento de que todas las partes involucradas de una u otra forma en la reforma se ven obligadas a realizar un postrer esfuerzo para que finalmente el acuerdo salga adelante, tal como lo manifestaba un comunicado emitido por CCOO al final de la reunión del miércoles.

En este encuentro estuvieron presentes los secretarios generales de UGT, CCOO y el presidente y vicepresidente de la CEOE.

Pero ya se sabía que la cosa no venía fácil pues el día anterior se habían reunido los equipos negociadores sin mayor éxito. Se habían encontrado los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, Ramón Górriz, con el responsable de Relaciones Laborales de CEOE, y no se llegó a ninguna conclusión válida.

Luego se produjo la reunión de los líderes y así sigue este entramado tema, con el fin de este mes de mayo encima y todavía sin poder darle a los trabajadores españoles la reforma laboral tan esperada y necesaria para comenzar a desandar el camino que saque a España definitivamente de la crisis económica global en la que todavía está en muchos aspectos inmersa.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no escatima críticas contra la cúpula de la patronal.

Hace apenas un par de días confirmó la ruptura del diálogo social, con lo que prácticamente quedó sellada la suerte de esta ronda de negociaciones que comenzó en Mayo y que al parecer no obtuvo ningún resultado positivo.

Zapatero informó que “lo único previsible es que no haya nuevas reuniones”.

A tal punto parecerían estar cerradas las negociaciones sin haber llegado a estándares mínimos de consenso, que el día 24 se reunieron en una sede de la Seguridad Social en Madrid los “números dos” de los sindicatos, Ramón Górriz por CC OO y Toni Ferrer por UGT, los representantes de la CEOE José de la Cavada y Enrique de la Lama y por parte del Gobierno un grupo encabezado por Javier Vallés, al solo efecto de levantar y firmar un acta del fracaso de las negociaciones.

El Gobierno responsabiliza totalmente a los representantes de los trabajadores del fracaso de las tratativas, ya que considera que durante todo el transcurso de las sucesivas reuniones sólo llevaron a la mesa de diálogo “propuestas imposibles” que ponen en riesgo el bienestar general, el equilibrio de la Seguridad Social y por sobre todas las cosas los derechos de los trabajadores.

El fracaso de las negociaciones coincidió con el día en que se dio a conocer un nuevo récord de parados, a pesar de que las estadísticas oficiales indican que el ritmo de crecimiento del desempleo se estaría moderando.

La Patronal por su parte respondió afirmando que es falso que haya pedido el despido libre o que se impida el derecho de los trabajadores de defenderse jurídicamente ante un despido, tal como lo sostiene el gobierno en un análisis algo particular del documento que presentó la CEOE en su oportunidad.

Por su lado, los sindicatos y los socialistas sostienen que dadas las circunstancias el documento de los empresarios es “el acta del fin del diálogo”, y que a partir de ahora las negociaciones entraron en un camino sin salida ni retorno.

Mientras tanto, el gobierno ya anticipó que en el Consejo de Ministros del próximo 13 de Agosto aprobará sin necesidad de trámites parlamentarios las ayudas de 422 euros por un semestre para los parados de larga data que se queden sin subsidios ni prestaciones.

Habrá que esperar el devenir de los acontecimientos, aunque se vislumbra que el terreno se está embarrando cada vez más, lo cual complica las maniobras en busca de soluciones sobre todo para los trabajadores.

Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO, y también el de UGT, Cándido Méndez, ratificaron que no fue posible lograr un pacto en la Negociación Colectiva a causa de los pedidos “inasumibles” que efectuó la CEOE, a pesar de que revelaron su aspiración de continuar facilitando “una oportunidad” al tratado.

La diferencia acerca del aumento salarial paraliza la renovación del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva (ANC), que aparecía siempre convalidada sucesivamente desde el año 2002.

En este pacto se sugiere que los sueldos crezcan teniendo en cuenta la meta máxima de inflación propuesta por el Banco Central Europeo (2%) y almacenen una posterior condición de reconocimiento salarial.

Pero este año, y con la caída de la inflación desde la época estival y las malas esperanzas de que no se remoce otra vez, los empresarios se niegan a reverdecerlo sin más.

La CEOE (la patronal) solicita que para este año el ANC establezca una franja entre el 0% y el 2%. Los sindicatos contestan que el procedimiento que ha desempeñado muy bien su papel hasta ahora (2%, más productividad, más la cláusula) es lo adecuadamente elástico como para acomodarse a los espinosos eventos vigentes.

Ahora ya ha terminado el vencimiento que sellaron los sindicatos y la CEOE para alcanzar un pacto sobre Negociación Colectiva, después de que en la postrer junta mantenida hace siete días tampoco lograran aproximar posiciones.

Toxo y Méndez han propuesto las razones de sus sendas estructuras sindicales para la Negociación Colectiva y el Empleo de 2009.

Estos dirigentes sindicales explican que, aunque se puede llegar a un pacto con las CEOE y CEMPYME, los convenios colectivos que todavía permanecen por renovarse, no pueden aguardar más tiempo.

Celestino Corbacho, el ministro de Trabajo español, señaló que en un plazo de un mes presentará nuevas disposiciones legales para combatir el paro, que se están manejando con la participación de los sindicatos y la patronal, todo inmerso en el diálogo social auspiciado por el Gobierno.

Corbacho, en medio de su interpelación sobre la posición del Gobierno ante la imparable suba del paro, dio explicaciones al Congreso sobre la pérdida de puestos de trabajo y la consecuente caída de la afiliación a la Seguridad Social.

Su deseo explícito es que el PP apruebe y defienda con énfasis estas medidas. Correlacionado con ello, criticó la conducta del partido opositor que, según su opinión, “cada día tiene menos claro que el paro sea su máxima preocupación y más claro que es su obsesión para utilizarlo con el fin de deteriorar la imagen del Gobierno”.

Agregó, además, que todos los españoles reconocen claramente este modo de actuar, y como prueba del hecho afirmó que en tres décadas de democracia sólo ha gozado ocho años de confianza, a causa de que “ven un uso partidista de un problema que preocupa a todos y para el que piden soluciones, en las que sí trabaja este Gobierno”.

El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo durante la misma sesión que el compromiso que busca el diálogo social ha tratado otras medidas para reactivar el empleo por medio de “la capitalización del paro y los incentivos a trabajar a tiempo parcial”, así como un acrecentamiento del amparo social.

Las disposiciones fueron elevadas por el Gobierno a sus interlocutores sociales en el pasado mes de enero. De todas ellas se destaca el aumento para garantizar las prestaciones por desempleo o bien adelantar el tiempo de espera para comenzar a hacer efectivo el subsidio a la gente que ya ha perdido su trabajo.