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Los países de la región centro de Europa al parecer escaparán de la recesión en el transcurso de este año. Y esta es una diferencia importante con las naciones del sur del continente, cuyas dificultades económicas seguirán y corren serio riesgo de prolongarse en el tiempo.

Estas son las previsiones regionales de Standard and Poors’s (S&P), las que también afirman que España va a ser el único de los grandes Estados que forman parte de la Unión Europea que mantendrá su crecimiento negativo incluso en el año 2.013.

Los analistas especializados en Europa auguran que la suave recesión actual se va a mantener quizás hasta finales del tercer trimestre de este año, y después comenzará una recuperación económica igualmente muy leve hacia finales del 2.012 y durante el próximo año.

También se espera que la economía global de la Eurozona se estanque, con lo que las principales potencias como Alemania y Francia deberán compensar las caídas de los países del sur.

Los PIB tanto de España como de Italia se van reducir alrededor del 1,5% por la todavía gran debilidad de sus demandas internas y los fuertes ajustes presupuestarios. Las tasas de paro en ambas naciones rondarán, respectivamente, el 24% y el 9,2% de las poblaciones activas.

Durante el próximo ejercicio anual, la expectativa es de una recuperación de aproximadamente el 1% del PIB para el conjunto de los países de la Eurozona, pero desde ya se anticipa que España sería el único de los grandes países del grupo con una perspectiva de al menos el 1% de su PIB a la baja.

El economista en jefe de S&P para la región estima que en los próximos meses el principal motivo de inquietud será el agravamiento de la diferencia de las tasas de crecimiento entre los países periféricos del euro y los denominados “países centrales”.

En el caso particular de España, este economista destaca que actualmente el nivel de la deuda de las familias se mantiene bastante por encima de los niveles deseados, casi el 82% del PIB, una cifra muy similar a la del tercer trimestre del 2.011. En el caso de Italia esta deuda representa el 45% del PIB y en el conjunto de la zona euro el 65%.

Por el contrario, en el caso de Alemania la demanda interna se va a reforzar debido a las actuales muy buenas perspectivas de su mercado laboral.

Ángela Merkel, la canciller de Alemania, hizo precisas y claras declaraciones el pasado martes en la ciudad de Praga y entre otras cosas abogó por dar oportunidades de trabajo en su país prioritariamente a los ciudadanos de España que estén parados frente a otros inmigrantes que provengan de fuera de la Unión Europea.

Textualmente la Jefa de Gobierno de Berlín aseguró que “si vemos que hace falta gente en Alemania para realizar distintas tareas, y en España hay no menos de un 40% de jóvenes que no tienen empleo, no vamos a traer inmigrantes de afuera”.

Estas disquisiciones fueron hechas en el marco de un debate público que mantuvo con su par de la República Checa Petr Necas en el salón principal de la Facultad de Derecho de la Universidad Carolina.

De acuerdo a los dichos y el sentir de la dirigente democristiana alemana, esta decisión no es sino el cumplimiento de una de las premisas fundamentales de las naciones que forman la UE, la que desde su fundación promueve con énfasis que se cree y se mantenga un mercado interno de mano de obra, servicios y capitales en toda la región.

Pero no por ello tanto Merkel como Necas dejaron de reconocer que a pesar de los esfuerzos ya realizados y los que se siguen realizando, todavía queda en esta materia como en tantas otras “un largo camino por recorrer”.

La todavía existente crisis económica regional ha mostrado durante toda su permanencia que algunas de las principales políticas comunitarias aún no funcionan como deberían hacerlo. Y entre estas políticas se mencionó en el debate aquellas medidas que están ligadas de una manera u otra a la competitividad.

“Hay que mejorar y mucho la competitividad comunitaria”, aseguró la dirigente alemana, “sobre todo en un mundo cada vez más globalizado y donde la Unión Europea tiene progresivamente cada vez menos peso, porque sólo genera actualmente el 20% de la renta mundial”.

Los dos líderes coincidieron en reconocer como una materia pendiente la efectividad de los fondos de cohesión, que son aquellos que están orientados a mejorar las condiciones de competitividad de las zonas más deprimidas de la región. De estos fondos se han beneficiado aunque no en la medida esperada los países que ya han sido rescatados como Grecia, Portugal e Irlanda.

Fue en ocasión de esos rescates que se vio que la dotación de los fondos no se hizo correctamente. Y Merkel corroboró que hay que “lograr que los beneficiarios pasen a colocarse entre los más competitivos de toda la Unión Europea”.

De acuerdo a datos oficiales que dio a conocer la oficina comunitaria de estadísticas Eurostat el lunes pasado, el índice de parados en la zona euro medido en forma conjunta alcanzó en el pasado mes de febrero el nivel récord de 10,8%.

Y, para llegar a este preocupante resultado, nuevamente es España quien se ubica en el primer lugar de la lista del desempleo cualquiera sea la categoría y modo de medición, habiendo contribuido desde la última medición oficial con siete de cada diez de los nuevos parados de la Eurozona.

De acuerdo a las bastante precisas estimaciones de la oficina estadística europea, en el Grupo de los veintisiete que conforman la Unión Europea se encuentran en situación de desempleo poco menos de 25.000.000 de ciudadanos, más precisamente 24.550.000 personas.

De esa cifra son 17.134.000 los ciudadanos desempleados que habitan la Eurozona, lo que marca un incremento de 162.000 nuevos parados en la región comparados con el mes inmediatamente anterior, es decir enero de este año. Si la comparación se hace en forma interanual, las cifras muestran una subida de 1,4 millones más de personas sin trabajo con respecto al mismo mes de enero pero del año 2.011.

Los datos oficiales del mes de febrero muestran un incremento de una décima con respecto al mes de enero, pero si la cifra se compara con el mismo período del año anterior la subida es del 10%.

Las cifras que muestra la Unión Europea en su conjunto son apenas algo más bajas que las de la zona del euro. El resultado que se registró en febrero para esta región es del 10,2%, lo que implica un 0,1% más que en enero y un 0,7% más que en el mismo mes del año anterior.

Cuando se pasa a la comparación país por país, se puede observar que Austria (4,2%), Países Bajos (4,9%) y Luxemburgo (5,2%) son los tres países que registraron las menores cifras de parados, obviamente el mejor resultado. En el extremo opuesto de la lista, nuevamente España lidera el ranking de las peores cifras con un estremecedor 23,6%, seguida por los tres países que fueron rescatados económicamente por la UE, es decir Grecia (21% medidos a diciembre del año pasado), Portugal (15%) e Irlanda (14,9%).

Y aunque en todos los “rubros” el resultado ha sido negativo, la categoría más afectadas por el paro volvió a ser la de los menores de 25 años, que subió en el conjunto hasta el 21,6%, pero superando en España la barrera del 50% (50,5%) por primera vez desde que se realizan estas mediciones a partir del año 1.998.

El estallido de la burbuja inmobiliaria que dio comienzo a la mayoría de los males actuales de la banca y la economía en general de España sigue golpeando duro al mundo financiero.

Los españoles ya llevan más de cuatro años tomando medidas en el sector financiero y a pesar de ello la Unión Europea piensa que todavía el saneamiento no es suficiente.

Altas fuentes de Bruselas creen firmemente que si los precios de las viviendas bajan demasiado deberán taparse agujeros de capital con dinero del sector privado. Y en medio de una nueva recesión y la extraordinaria exposición de la banca española al ladrillo, eso es muy poco aconsejable.

Ni el comisario europeo de Asuntos Económicos Olli Rehn ni las autoridades económicas españolas creen que sea necesario recurrir incluso al fondo de rescate europeo, pero ese es un tema del que todavía queda mucho por discutir porque no son pocos los que consideran lo contrario.

Por ahora los planes del Gobierno de Mariano Rajoy son otros. Economía le está exigiendo al sistema financiero provisiones adicionales por 52.000 millones de euros, pero hay estudios tanto de la banca española como de entidades internacionales que consideran esas necesidades por encima incluso de los 100.000 millones. Y esto se debe básicamente a un fuerte deterioro en el índice de morosidad debido a la recesión y al paro y a una caída muy desordenada de los precios que no mejorará si no se abre el grifo del crédito.

En estos días todas las entidades españolas deberán comunicarle al Banco de España qué medidas van a tomar en cuanto a las provisiones extras.

Una posibilidad es que España le pida ayuda al fondo de rescate para esas recapitalizaciones, lo que podía producir un muy negativo efecto sobre el ánimo de los mercados, los que ya reaccionaron ante las versiones circulantes subiendo la prima de riesgo española.

Algunos creen que la crisis española podría durar menos si el precio de las viviendas se ajusta más rápidamente a su valor real, lo que exigiría más capital que podría provenir del fondo de rescate. Así se subiría el capital de los bancos, se abrirían los canales de crédito y, en definitiva, se disiparían las dudas de los mercados internacionales acerca del verdadero saneamiento del sistema bancario español y del futuro de algunas entidades que, como Bankia, aseguran que pueden seguir adelante sin ayuda externa.

Luis de Guindos, el ministro de Economía de España, se mostró en las últimas horas dispuesto a estudiar diversas alternativas para contrarrestar la salida del representante español en el consejo del Banco Central Europeo (BCE). Y entre estas alternativas podría estar la presidencia del Eurogrupo, que es el ente que reúne a los ministros de Economía de la Eurozona.

José Manuel González Páramo, el actual consejero español en el instituto emisor europeo, termina su mandato el próximo 31 de mayo, y no hay ninguna seguridad de que su sustituto sea también español.

De Guindos dijo que la opción de que España presida el Eurogrupo es algo que “todavía no está sobre la mesa”. Y añadió que son “posibilidades, opciones que están abiertas en estos momentos de la actualidad europea aunque todavía no hay nada cerrado en absoluto”.

Tendrán que ir siendo barajadas las distintas posibilidades, dentro de las cuales hay coberturas de varias posiciones abiertas en el BCE, en el Eurogrupo, en el Fondo de rescate permanente europeo, en el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y en varias instituciones más.

Allí España deberá ir jugando sus cartas, ya que como socio importante y fiable de la Unión Europea se deberá negociar y hablar con el resto de los países a fin de tener una situación de cobertura que sea benéfica para todos.

De Guindos confía plenamente en que el año próximo, de algún modo, todas las reformas económicas y laborales que se están poniendo en marcha y el gran esfuerzo de consolidación fiscal que se está realizando van a empezar a dar sus frutos.

Para él, todo lo que se viene pergeñando se hace únicamente con el fin de que España vuelva a crear empleo a un ritmo aceptable, como lo ha sido siempre. Y en esta actual situación de economía global es importante explicar todo esto en las diferentes regiones del mundo, de allí su muy reciente viaje a China.

El ministro afirmó que pretende incrementar los lazos comerciales, financieros y económicos con Pekín, quien para él juega un papel de fundamental relevancia en el reequilibrio de la economía mundial.
De Guindos alabó la potencialidad enorme del gigante asiático y aseguró que España debe hacer todo lo que esté a su alcance para aprovecharla.

Buena parte del territorio de España vive una situación de sequía desde el otoño pasado que preocupa cada vez más al Gobierno de Mariano Rajoy.

Y como la actualidad demuestra claramente que la economía española se encuentra en un contexto de cuentas públicas espartanas, las autoridades del ministerio de Agricultura han decidido pedirle ayuda a Europa para disminuir los daños que la falta de lluvias está provocando en los campos españoles.

Así es que han decidido hacer un frente común con Portugal en el Consejo de Agricultura y Pesca que se celebra durante dos días con la presencia de los ministros del área de los 27 países comunitarios.

Miguel Arias Cañete, el titular del Departamento, será el encargado de plantear los problemas directamente frente al comisario del ramo, Dacian Ciolos.

En el corto plazo, España espera que la Comisión adelante las ayudas que corresponden a los agricultores por la política agraria común. Éstas son 7.500 millones de euros anuales, de los cuales 5.500 millones corresponden a ayudas directas a los agricultores. De esta manera, en lugar de percibirlas para finales de año, según fuentes diplomáticas podrían cobrarse antes del verano.

España es el segundo mayor receptor de ayudas comunitarias al campo, siendo sólo superada por Francia. En su conjunto, la política agraria común distribuye por año alrededor de 60.000 millones de euros, lo que representa casi un 40% del presupuesto de la Unión Europea (UE).

Entre los meses de octubre del año pasado y marzo de este año, las lluvias en España cayeron a la mitad de la media histórica, y todavía no se cuantificaron las pérdidas que esta sequía ocasionó a los agricultores y ganaderos españoles.

Según Agricultura, la situación “no es dramática, pero sí muy preocupante”.

Este fenómeno, común a casi todos los países del sur de Europa, requerirá a mediano y largo plazo una atención mucho más especial porque todo indica que tenderá a empeorar. Así es que Cañete pretende que los próximos presupuestos comunitarios, entre los años 2.014 y 2.020, incluyan algún fondo específico para este problema adicional de la sequía.

Además de este punto, hoy los titulares de Agricultura debatirán las claves para la reforma de la política agraria común, que la CE quiere poner en marcha en el año 2.014.

Y también se debatirá otro punto que para España es de singular importancia, como lo es el de la política pesquera.

El Gobierno de España consiguió que el Congreso aprobara el pasado miércoles un cuadro macroeconómico que, en verdad, ya fue superado por las nuevas exigencias de la Unión Europea. Y anunció además que va a asumir el coste de los 5.000 millones de euros adicionales de recorte del déficit público que “pidió” Bruselas.

Este coste, de acuerdo a declaraciones del ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, recaerá sobre las cuentas del Estado y no sobre las Comunidades Autónomas.

Montoro le quitó importancia a este nuevo recorte y dijo que simplemente saldrá de “renuncias de proyectos de gastos a futuro” e “instrumentos fiscales equilibrados”. Así se podrá cumplir con el 5,3% de déficit público que están exigiendo ahora las autoridades económicas europeas.

Hacia fines de este mes de abril el Gobierno va a aprobar el proyecto de Presupuestos para el 2.012 con recortes en todas las partidas y seguramente nuevos ajustes tributarios, de acuerdo a lo insinuado por el ministro.

La intervención de Montoro en el debate del llamado “techo de gastos” quedó desbordada por la realidad de los últimos acontecimientos y las nuevas exigencias de la UE. Lo que se votó fue un cuadro económico con un déficit del 5,8% del PIB, cuando finalmente éste deberá ser del 5,3%.

La previsión del techo de gastos es de 118.565 millones de euros para todo este ejercicio, una cifra que representa una caída del 4,7% con respecto a la del 2.011. Sin embargo estos números ya se vieron desbordados por los acontecimientos y por lo tanto el recorte tendrá que ser todavía mayor.

Soraya Rodríguez, la portavoz del PSOE, pidió sin éxito que el texto del Gobierno fuera retirado “por inservible”, ya que casi todos los datos que incluye debieron ser modificados a la fuerza. Montoro defendió la postura gubernamental aduciendo que dicho texto sólo incluye un máximo de gastos, por lo que sigue estando vigente a pesar de las nuevas previsiones de las últimas horas.

Así consiguió el Ejecutivo que se aprobase un texto que a todas luces quedó desfasado de la realidad. No tuvieron ningún éxito las peticiones de vuelta atrás con un texto nuevo ya que el PP tiene mayoría absoluta como para no depender de nadie a la hora de la votación.

Todo el resto del Legislativo se abstuvo o votó en contra, pero eso poco importó a la hora del recuento de votos.

La Unión Europea tiene un intrincado andamiaje de reguladores antimonopolio que en estas épocas de crisis trabajan a pleno. Y estos reguladores decidieron enviar un pedido de información acerca de la estandarización de los servicios telefónicos a futuro a cinco empresas de telecomunicaciones. Entre estas empresas está Telefónica, pero los reguladores se ocuparon en indicar que en estos momentos todavía no se había abierto una investigación formal sobre el caso en particular.

El pedido de información requerida fue enviado a Deutsche Telekom, France Telecom, Telefónica, Vodafone y Telecom Italia, y además el regulador informó que había existido una comunicación con el grupo de operadores de telefonía móvil GSM.

Antoine Colombani, el portavoz de Asuntos de competencia de la Comisión Europea (CE), informó textualmente que “la solicitud de información se relaciona con la forma en que la estandarización de los futuros servicios en el terreno de las comunicaciones móviles se está llevando a cabo”.

Colombani aseguró que se está en presencia de un paso para recabar la información necesaria, lo que no significa que en los momentos actuales existan preocupaciones en materia de competencia. Por ahora no se ha abierto ningún procedimiento formal contra ninguna de estas compañías. Agregó además que la petición de datos no prejuzga el seguimiento que a posteriori se le dé al caso.

El pedido de información que ha hecho Bruselas no se refiere en lo absoluto a un posible pacto de precios ente las cinco compañías involucradas, tal como lo está investigando la autoridad de competencia de España, sino que lo que se trata de determinar es si hubo un acuerdo ilegal a la hora de armonizar estándares tecnológicos para nuevos servicios a futuro, como sería el caso del pago o la publicidad mediante el móvil, en concordancia con lo que informaron fuentes comunitarias.

La investigación de todos estos hechos fue iniciada por la Comisión por iniciativa propia, y en estos momentos está concentrada en todo lo concerniente a contactos y discusiones entre las compañías “investigadas”. De cualquier forma, el Ejecutivo comunitario se preocupó en aclarar que por ahora no ha identificado ningún tipo de prácticas ilegales o problemáticas.

En las últimas horas, y a través del ministro de Economía Luis de Guindos, el Gobierno de España ha aceptado el nuevo objetivo de déficit del 5,3% del PIB español para el curso de este año que le ha impuesto el Eurogrupo.

En breves declaraciones a la prensa antes de entrar a la reunión del Ecofin del pasado martes, el ministro afirmó que “España está y estará absolutamente comprometida con el ajuste presupuestario”.

Agregó que la administración de Mariano Rajoy está totalmente comprometida con las reformas estructurales y en esa dirección es que ha aceptado sin más las recomendaciones de las autoridades económicas europeas.

Los 5.000 millones de ajuste adicionales se sumarán a los 30.000 millones ya anunciados para llevar el déficit desde el 8,5% del año pasado al 5,8% previsto inicialmente para este año.

De acuerdo a lo que se había planeado en un principio, serían las Comunidades Autónomas las que asumirían la mayor parte del recorte. Y ahora este recorte va a tener que profundizarse todavía un poco más.

La Administración central española, a su vez, va a bajar el déficit desde el 5,1% al 4%, es decir 1,1 puntos porcentuales del PIB nacional. Y buena parte de esta reducción corre a cargo de las medidas que se anunciaron el 30 de diciembre pasado y que afectan al IRPF y a unos 9.000 millones de no disponibilidad de gastos. Todavía queda por determinar qué partidas van a ser recortadas y en qué proporción. Los Ayuntamientos deberán bajar el déficit del 0,38% del PIB del 2.011 a no más del 0,30% en el transcurso de este año.

José Manuel García-Margallo, el ministro de Relaciones Exteriores, dijo desde Madrid que la concesión de Bruselas de un déficit superior al 4,4% que se fijó en el Plan de Estabilidad es “toda una victoria para España”.

Aún el 5,3% que ahora pide el Eurogrupo es una cifra bastante por encima del 4,4% que se exigía inicialmente.

Margallo explicó la situación actual asegurando que “nos han concedido el máximo que se podía dar”.” Estos son señores serios a los que se les puede renegociar la deuda”, afirma el ministro que pensaron en la Unión Europea. Y todo se logró por la importancia de las reformas que se implementaron desde que esta administración se hizo cargo del gobierno español.

Desde el Eurogrupo afirman que lo más importante es el objetivo del 2.013, ya que allí no habrá clemencia para bajar el déficit al 3% tal como ya se anunció.

La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) de España y las autoridades de Bruselas jamás se llevaron del todo bien. Por estos días el nivel de enfrentamiento ha alcanzado un nivel de encono como nunca antes se había visto.

La Comisión Europea (CE) “instó” al regulador español a que desista de su idea de esperar enero del año próximo para llevar adelante la rebaja de tarifas de interconexión móvil, que es lo que se abonan las compañías cuando los abonados se interconectan entre sí.

La CMT reaccionó de manera casi airada y recordó que la potestad de fijar esos precios de orden mayorista le corresponde a los reguladores nacionales y por lo tanto no piensa dar marcha atrás con los plazos acordados. Así le respondió al duro comunicado de la CE en el que se exige a la CMT que ponga en práctica una fuerte baja de las tarifas antes del fin de este 2.012 en curso.

Como se trata de precios mayoristas, la reducción de los mismos no implica necesariamente una baja automática de los precios que paga el consumidor, pero éste se ve beneficiado en la medida en que las compañías trasladen las tarifas a los precios finales.

En esta nueva e inusitada puja, Bruselas hace las veces de defensor de los consumidores españoles al tiempo que la CMT se hace eco de los argumentos de las operadoras telefónicas.

Neelie Kroes, la vicepresidenta de la CE, afirmó textualmente que “los consumidores españoles no tienen por qué pagar más de la cuenta por las llamadas móviles, sobre todo en un momento de dificultades para la economía nacional. El sector ha tenido ya tres años para adaptarse y no se puede justificar otro año de demora”, recordando además que el principio de este ajuste se remonta al año 2.009.

Ya la CMT envió a Bruselas su propuesta el mes de febrero pasado, alegando que una fuerte disminución de los precios en diciembre de este año tendría un impacto sumamente negativo sobre el sector, especialmente en la referente a las inversiones necesarias para desplegar nuevas redes y mantener la calidad del servicio.

La CE ha declarado que los planes de la CMT quedan en suspenso a partir ahora y que va a negociar con el regulador en el curso del próximo trimestre cómo modificar la propuesta española para que se adapte al Derecho de la Unión Europea.