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Después del preacuerdo que se alcanzó en las vísperas de Navidad, Seat y UGT, con mayoría en el comité de empresa, firmaron el pasado 16 de enero el nuevo convenio laboral de la empresa automovilística para el próximo quinquenio. Éste vincula los salarios con los resultados obtenidos por la empresa. Es de destacar que tanto CC OO como CGT no fueron de la firma, ya que criticaron duramente el convenio por su excesiva flexibilidad, puesto que la fábrica podrá, de considerarlo necesario, fijar más turnos de trabajo en sábados y domingos.

Concretamente, de los 39 actuales posibles turnos (todos en días sábado), se va a pasar a 252, en varios horarios de sábados y domingos.

La empresa, tras la firma del acuerdo, celebró un texto que considera que “garantiza e incrementa de manera significativa la competitividad” de la marca que pertenece al grupo Volkswagen. Asimismo recalcó que, en las nuevas condiciones, la fábrica de ser necesario podrá producir 3428 días al año, con lo cual se logra el plan estratégico de saturar la producción en la fábrica de Martorell. Ésta tiene capacidad para producir 500.000 unidades anuales, y en la actualidad la producción es de alrededor de 350.000 vehículos.

En el texto del acuerdo que se pactó se fijan subidas anuales del IPC real además de constar que, si el resultado operativo de Seat es positivo, los empleados de la empresa recibirán una paga extra de hasta 500 euros. Y de esta cantidad prefijada, el 30% correspondería a la obtención en sí de un resultado positivo, otro 30% sería por productividad y el 40% restante por la calidad del trabajo realizado.

En el hipotético caso de que los resultados obtenidos por la empresa fueran negativos, el arreglo establece que por cada 25 millones de euros de mejora respecto a la previsión se agregará al IPC un 0,1%, con un tope máximo de 0,5%.

Matías Carnero, de UGT y el presidente del comité, recalcó que el acuerdo alcanzado logra “la estabilidad de toda la plantilla” y tiene previstas subidas salariales en un momento de la economía de España en el que se están aplicando “congelaciones” de salarios”.

Por el contrario, el representante de CC OO David Matellán argumentó su rechazo a la firma del convenio por las excesivas medidas de flexibilidad que éste presenta. Aseguró que “hasta ahora solo nos podían llamar los sábados por la mañana y pasamos a sábados y domingos en seis turnos”.

Y Adrián Carballada, representante de CGT, consideró que el hecho de que la fábrica esté abierta a base de horas extras significa en definitiva menos empleo para el grueso de los trabajadores.

Después de varios meses de arduas negociaciones, la dirección de Seat y UGT llegaron el martes pasado a un preacuerdo de convenio colectivo que tendrá vigencia de aquí a los próximos cinco años. A través de este preacuerdo se vincula por primera vez una parte de las futuras subidas salariales a los resultados obtenidos por la Empresa.

Este pacto debe ser ratificado en una asamblea por los afiliados al sindicato y contempla al mismo tiempo ciertas medidas de flexibilidad que pasan esencialmente por subir los turnos tanto en días laborables como en fin de semana, con lo que la fábrica podría llegar a estar abierta alrededor de 328 días al año. Debe destacarse que los sindicatos CC OO y CGT rechazaron el preacuerdo y van a pedir que éste se someta a la aprobación de toda la plantilla de la empresa y no sólo a los afiliados a UGT.

Un vocero de Seat, que es propiedad del grupo alemán Volkswagen, destacó lo importante que es para la empresa un convenio que garantiza la estabilidad laboral por cinco años, al tiempo que también alabó las medidas de flexibilidad que se adoptarán una vez puesto en vigor el mismo.

Este principio de acuerdo va a subir notoriamente la competitividad de la planta automovilística cuando llegue el momento de optar por fabricar nuevos modelos de la empresa alemana.

Pero como dijimos antes, esa es la medida que provocó el rechazo de CC OO. El representante de este sindicato David Matellán aseguró temer que este punto en particular abra las puertas para que la dirección pueda requerir la presencia de los trabajadores en cualquier momento sin que sea pactado previamente con el comité de la empresa. Al cruce de estos temores salieron fuentes de la Empresa que, por el contrario, dijeron que los nuevos turnos de trabajo van a ser pactados siempre, sin excepción.

A partir de ahora os sueldos de los empleados de Seat se van a incrementar cada año con la variación del IPC real. Pero además de esta actualización para mantener el poder adquisitivo, Seat fijó subas salariales que estén estrechamente ligadas al resultado operativo de la Planta.

Estas subas salariales seguirán una tabla preestablecida y se producirán aún en el hipotético caso de que los resultados anuales de la compañía fuesen negativos.

En los últimos días se ha podido notar un evidente deterioro en la relación entre las principales centrales obreras, UGT y CC OO, y el Gobierno de España.

La tan mentada reforma constitucional que consagre el equilibrio presupuestario y el decreto con medidas que el poder Ejecutivo aprobó el viernes pasado cayeron verdaderamente muy mal entre los “popes” sindicales.

Cuando el jueves se recibió el borrador del decreto, las dos organizaciones obreras avanzaron contra la administración de Rodríguez Zapatero acusándola de “romper los usos del diálogo social”, algo que en particular el ministro de Trabajo Valeriano Gómez defiende a ultranza.

Pero los sindicatos no se quedaron atrás y en un documento de observaciones que remitieron casi inmediatamente a Trabajo, se preocupan en dejar claramente expresado que se “han contravenido las normas”, y eso puede ser muy peligroso.

Las páginas del texto sindical, cuatro en total, están llenas de acusaciones contra el Gobierno, como por ejemplo la dura frase que asegura que “La crisis no justifica la inclusión de nuevas reglas que precaricen más el empleo”.

Además se critica muy duramente otras medidas tomadas, como las relativas a la extensión hasta los 30 años de la posibilidad de formalizar contratos de formación y la suspensión por dos años del ítem que impide encadenar contratos temporales.

De todas las medidas aprobadas por el consejo de Ministros el viernes pasado, sólo una cuenta con el beneplácito de los sindicatos, y es la prórroga del Plan Prepara para poder seguir cobrando los 400 euros mensuales durante seis meses más a los parados que acepten tomar parte de un plan de formación.

Pero aún en esta medida, tanto Méndez como Fernández Toxo insisten en que es necesario extender la protección a los parados por la caída en los últimos de la tasa de cobertura, que se encuentra ahora en alrededor del 70%.

Es más, si el ministro de Trabajo hace caso a las demandas de CiU y PNV para dar su apoyo al decreto, la situación podría tornarse todavía más complicada. Los nacionalistas vascos y catalanes quieren aprovechar el desconcierto reinante para dar cabida a sus enmiendas a la reforma de la negociación colectiva. Y esto puede traer más problemas que soluciones.

Para convalidar la reforma de la negociación colectiva, Trabajo hizo importante concesiones a las fracciones nacionalistas. Y ahora nadie es capaz de asegurar si este hecho a la larga será bueno o no para el devenir de los acontecimientos.

Una nueva recesión en el horizonte, la presión de los mercados y las exigencias del BCE para comprar deuda de España llevaron al presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a solicitarles ayuda a empresarios y sindicatos para poder hacer frente al temporal.

El pasado miércoles 17, el presidente convocó a una reunión “secreta” que ahora ha salido a la luz en La Moncloa a los líderes de la CEOE, CC OO y UGT. El motivo, una petición: que se prolongue hasta el año 2.014 el acuerdo de negociación colectiva que termina el año próximo. Y es en el 2.014 en que se debe llegar a un déficit del PIB del 3%, por lo cual la fecha no caprichosa ni azarosa.

La petición de Zapatero ya tuvo sus primeros frutos, puesto que sindicatos y patronal se reunieron con posterioridad para desbloquear la negociación colectiva del 2.011 como un paso previo al pedido de prórroga del gobierno.

El BCE le envió a Zapatero una carta pidiéndole varias medidas, entre ellas una moderación en los costes empresariales, es decir: contención salarial.

Por eso el titular del ejecutivo pidió en la nota previa a la reunión que se establezcan como criterios de revisión salarial la inflación prevista y la evolución de la productividad en cada empresa en particular.

Fue en esa reunión que Méndez y Toxo, los líderes sindicales, aceptaron las reglas del juego y reclamaron a cambio estadísticas creíbles sobre la evolución de los salarios en territorio español. Aseguran que los datos del Ministerio de Trabajo que hablan de una subida de los salarios del 2,6% son exagerados, y exigen un cambio en la política económica para poder alcanzar un pacto de rentas. O sea un esfuerzo que compartan todos los estamentos sociales y no sólo los trabajadores del sector privado.

También la patronal se mostró predispuesta a la propuesta del Ejecutivo pero aclaró que los tiempos que se manejan son “cortos” y eso podría complicar la puesta en marcha de las medidas. Esto fue interpretado como una negativa a firmar ningún acuerdo antes de las legislativas del próximo 20 de noviembre.

En el encuentro que se llevó a cabo como dijimos el 17 de agosto pasado por la mañana, estuvieron presentes Rodríguez Zapatero, Toxo, Méndez, Rosell y el ministro de Trabajo Valeriano Gómez. En él se acordó que sindicatos y patronal se reúnan “a la mayor brevedad posible” para destrabar este intrincado problema que afecta a toda la sociedad española.

El Plan Prepara, que les permitía a los parados en España que cumpliesen con determinados requisitos como haber agotado sus prestaciones, carecer de rentas y participar en programas de formación cobrar la suma de 400 euros mensuales, finalizó el pasado martes 16 de este mes.

Pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está estudiando la posibilidad de renovarlo, lo que al parecer se va a decidir en el segundo Consejo de Ministros que se llevará a cabo el día 26 de agosto.

De acuerdo a los cálculos de las autoridades del Ministerio de Trabajo español, esta iniciativa, faltando computar los últimos datos, benefició a alrededor de 190.000 desempleados, a pesar de que según datos provenientes de UGT este número de personas beneficiadas a fines de junio era bastante inferior a la cifra oficial, de aproximadamente 109.000 parados.

Si estas cifras se confirman, en caso de renovarse la prestación por otros seis meses, el coste del plan para las arcas del gobierno sería de unos 240 millones de euros.
Recordemos que el Plan Prepara que se puso en marcha el 15 de febrero de este año y también por un período de un semestre, formó parte del Acuerdo Social y Económico que la administración de Rodríguez Zapatero firmó con los distintos agentes sociales el mes de febrero pasado, acuerdo en el cual el punto fundamental lo constituyó la reforma de las pensiones.

Elena Salgado, la vicepresidenta económica del gobierno español, explicó ante requerimientos periodísticos que la posible prórroga de este plan no va a ir ligada a que los eventuales futuros beneficiarios busquen empleo, sino que paralelamente se busca que refuercen su formación, por considerar que es esta la causa más importante y significativa para poder confirmar la renovación de este plan de ayudas.

Por su pàrte, los sindicatos CC OO y UGT creen imprescindible que el Plan Prepara esté en vigor al menos por otros seis meses ante la muy elevada tasa de parados, cercana al 21%, y consecuentemente al también elevado número de desempleados, que asciende según los últimos cómputos de la Encuesta de Población Activa (EPA) a 4.830.000 personas.

Alfredo Pérez Rubalcaba, el candidato presidencial del PSOE para las próximas presidenciales del 20 de noviembre, también le solicitó al gobierno la continuidad del plan a favor de dar toda la ayuda posible a los millones de desempleados españoles.

El pasado jueves 16 CC OO y UGT entregaron conjuntamente en el Congreso de los Diputados de España un millón de firmes que lograron juntar para “revertir una reforma laboral inútil y perjudicial para los intereses de los trabajadores”.

La idea es pedir que se tramite una iniciativa legislativa popular para modificar los efectos perniciosos que según ellos está teniendo esta reforma.

Los líderes de ambos sindicatos mayoritarios, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, fueron los encargados de entregar en el registro de la Junta Electoral Central las 1.058.752 firmas que consiguieron reunir, una cifra que supone el doble del mínimo de 500.000 que se exige para que una determinada iniciativa pueda entrar en la Cámara Baja.

Ambos líderes encabezaron una comitiva de más de 1.000 personas que recorrieron las calles cercanas a la Junta, que está junto al Congreso, manifestándose en contra de la actual reforma laboral que propone la administración de José Luis Rodríguez Zapatero.

Entre los presentes se encontraban los secretarios generales de CC OO Madrid, Javier López y de UGT Madrid, José Ricardo Martínez. Algo más atrás se podía ver también al coordinador general de IU, Cayo Lara.

En el transcurso de una pequeña alocución previa al momento de entrega de las firmas colectadas, Toxo denunció que a un año de haber entrado en vigor la reforma actual, la tasa de paro en España subió del 19 al 20,3%.

Siguiendo la misma línea de su colega, Méndez calificó a la reforma de “completamente inútil”, ya que no sirvió para calmar los ánimos de los mercados financieros, y también claramente perjudicial porque el desempleo siguió subiendo a pesar de su vigencia y para peor se redujo la contratación indefinida, que era un paliativo para el pésimo panorama laboral que viven los españoles.

Es por todo esto que Toxo y Méndez le pidieron al Congreso que tramite su iniciativa, la que al parecer le da vuelta completamente a la reforma vigente que se aprobó por decreto del Gobierno, al tiempo que también solicitaron que se reviertan de manera inmediata los efectos negativos que en cuanto a contratación y creación de puestos de trabajo está teniendo la actual legislación.

El texto propuesto por los sindicatos “derrumba” los pilares básicos de la actual reforma, al eliminar por ejemplo la cláusula por la que se puede despedir por causas justificadas, lo que conlleva una indemnización de 20 días por cada año trabajado, sólo con la previsión de pérdidas.

La Patronal y los Sindicatos de España decidieron no prolongar por más tiempo las negociaciones para la reforma de los convenios colectivos de trabajo, que ya están en un período agónico.

Así es que los líderes de UGT, Cándido Mández, CC OO, Ignacio Fernández Toxo y CEOE, Juan Rosell el presidente y José María Lacasa el secretario general, se reunieron hace apenas unos días y como colofón de la reunión se llegó a la lamentable conclusión de que las diferencias entre ellos son irreconciliables.

Ambas partes, en las posteriores ruedas de prensa después de la reunión, formalizaron la ruptura y acusaron a la otra parte de “falta de valentía para firmar el acuerdo”.

Rosell afirmó tras la reunión que “se decidió dar por concluidas las negociaciones” al admitir que no se podía seguir por ese camino y que era preferible dejarlo todo como estaba. Lamentó asimismo que a pesar del “esfuerzo pedagógico” que la CEOE había realizado no había podido ser capaz de “explicar las necesidades de las empresas y la economía”.

Y agregó que en las actuales circunstancias los empresarios “tienen pánico a contratar trabajadores”.

También agregó Rosell que la ruptura se produjo en parte porque tanto los sindicatos como la patronal fueron “demasiado ambiciosos” a la hora de plantear la negociación, porque pusieron sobre la mesa demasiados temas que eran de exclusiva incumbencia e importancia para cada uno de ellos.

Así es que pidió que para futuras convocatorias las partes sean “más valientes” y puedan deponer aunque sea en parte algunas de sus aspiraciones en bien del consenso general.

Para Cándido Méndez fue la dirección de la CEOE quien pecó de falta de arrojo para apoyar los avances logrados hasta el momento, ya que se podría haber terminado con un acuerdo y con una reforma profunda, eficaz y equilibrada. Pero a su criterio la dirección de la patronal no se atrevió finalmente a dar el paso definitivo.

En la última reunión, las partes debían analizar el documento de cinco páginas que CEOE remitió a los sindicatos apenas unas horas antes del encuentro. Este documento era para Rosell “su enésima propuesta”, pero a los sindicatos siguió sin convencerlos el texto enviado. “Es lo mismo que nos presentaron el lunes pasado, pero con menos palabras, resumido hasta donde fue posible para que se entendiese algo”, dijeron las fuentes sindicales consultadas.

Habrá que ver cómo siguen las negociaciones, si es que en algún momento vuelven a reanudarse.

Ignacio Fernández Toxo, el secretario general de CCOO, aseguró hace pocas horas que con las medidas anunciadas por el Gobierno como la de rebajar el plazo para que los parados rechacen eventuales ofertas de empleo, puede intuirse que las autoridades están tras la búsqueda de encontrar alguna forma de “maquillar” las cifras oficiales del paro.

Tampoco se privó Toxo de efectuar declaraciones contra el ministro de trabajo Celestino Corbacho, de quien dijo que es el “mayor activo” de los sindicatos, ya que cada vez que efectúa declaraciones aumenta el rechazo hacia las medidas gubernamentales.

De la misma manera que Toxo se expresaron Ramón Gorriz, también de CCOO, y Toni García de UGT en un acto que se realizó en Madrid. En él insistieron enfáticamente en el hecho de que la reforma laboral del Gobierno va totalmente en contra de los derechos de los trabajadores, amén de que la ley ha sufrido un endurecimiento muy significativo durante su trámite parlamentario.

Todos los representantes de CCOO y UGT estuvieron de acuerdo en los vetos que se plantearon contra la reforma del Poder Ejecutivo, y que fueron presentados por los grupos parlamentarios de izquierda.

Fernández Toxo afirmó que coincide en que los parados tengan que hacer un esfuerzo para encontrar nuevamente un empleo, pero al mismo tiempo mostró su preocupación por lo que denominó el “argumentario” que se utiliza para ello. Cree que los desempleados no son tales por propia voluntad, sino que es la situación límite por la que está atravesando España la que los expulsa del mercado laboral y después se ven “incapacitados” para encontrar un nuevo empleo.

Toxo considera que en todo este juego parlamentario puede haber un particular damnificado, que es el Gobierno del socialista Patxi López en Euskadi, en obvia alusión a las negociaciones que se mantengan entre el gobierno y el PNV para sacar adelante las cuentas pendientes.

De cualquier manera, Toxo dice estar seguro de que la reforma laboral no favorecerá electoralmente al PSOE, entre otras cuestiones porque la recuperación económica de España está lejos de poder llevarse a cabo en los plazos estimados por las autoridades gubernamentales.

Todo parecería indicar que vuelve a repetirse la imagen de centenares de trabajadores españoles que cruzan las fronteras de España para dirigirse a trabajar en la época de vendimia de Francia.

Hacía ya varias décadas en las que la demanda para esta actividad caía incesantemente, pero las actuales circunstancias de crisis y desempleo en vastos sectores de la economía española, especialmente en los rubros de construcción y hotelería, hicieron que suban por cuarto año consecutivo el número de jornaleros españoles que se dirigen a la vendimia francesa.

En el 2.010 el número de trabajadores que se desplazaron a Francia subió un 3,7% con respecto al 2.009, llegando a las 14.000 personas de acuerdo a datos proporcionados por la Unión General de Trabajadores (UGT).

El salario mínimo en la vendimia francesa es de 8,86 euros la hora, frente a los 5,30 de promedio que perciben los trabajadores en España.

Las horas extras permiten a su vez un ingreso extra ya que trabajando alrededor de 43 horas semanales se puede cobrar hasta un 50% más de ingresos. Y eso sin contar otros beneficios como prestaciones sociales o alojamientos.

Todos estos datos fueron dados a conocer por el secretario de Migración del Sindicato Jesús Acauso, quien además indicó que las plazas disponibles en la vendimia están totalmente cubiertas, pero no por escasez de mano de obra.

Haciendo un perfil de los “temporeros”, el dirigente de la UGT señaló como un factor fundamental el familiar, lo que hace que la proporción de trabajadores que se dirigen a Francia a trabajar sea prácticamente en cuanto a sexos del 50 y 50%, con edades que van desde los 20 años en estudiantes que recién comienzan su vida laboral hasta personas de casi 60 años cercanas a su edad de jubilación.

Del total de trabajadores que se desplazarán a Francia para la vendimia entre finales de agosto y principios de setiembre, casi 10.000 personas, la inmensa mayoría de ellos, serán andaluces. Luego vienen los valencianos con 1.100 trabajadores y manchegos con 630 personas. El resto se distribuye de forma irregular entre las diferentes regiones españolas.

Acauso aprovechó las actuales circunstancias para reafirmar que “cuando ofreces condiciones y salarios dignos, la gente responde”.

El mes de Mayo terminó, contrariamente a lo que se esperaba, sin que el Gobierno de España, los sindicatos y la patronal pudieran ponerse de acuerdo para fijar la tan esperada reforma laboral.

De cualquier manera, los contactos van a seguir en el curso de los próximos días porque las tres partes involucradas coincidieron en aclarar que “todavía hay margen de maniobras para poder alcanzar un pacto que satisfaga a todos los agentes involucrados en este tan importante tema”.

Esto fue adelantado en un breve comunicado conjunto que se dio a conocer al cabo de las reuniones del último día del mes pasado, es decir hace apenas unas horas.

El Gobierno había adelantado que debía alcanzarse un consenso antes de junio, cosa que evidentemente no ocurrió, pero aún así los contactos van a continuar para intentar evitar que sea la administración de Rodríguez Zapatero quien imponga su propio proyecto.

La vicepresidenta segunda del gobierno Elena Salgado ya adelantó que si no hay reforma tras cuatro meses oficiales y casi dos años extraoficiales de reuniones, será el Ejecutivo por su cuenta quien ponga en marcha los cambios antes de terminar el mes.

El comunicado emitido afirma que se constataron diferencias entre las partes sobre varios puntos de la reforma laboral en tratamiento, pero que todavía hay margen para arribar a un acuerdo.

No se hace referencia a cuándo se reanudarán las conversaciones ni a qué nivel se llevarán a cabo, o si seguirá siendo el ministro de trabajo Celestino Corbacho y los máximos líderes empresariales y sindicales quienes continuarán con las tratativas tal como sucedió en las reuniones de los últimos días de mayo.

Pero sin importar quiénes sigan siendo los interlocutores de los sectores involucrados, Salgado volvió a advertir que si no hay resultados conciliatorios, el gobierno va a poner en marcha la reforma “a muy corto plazo”, tomando las medidas que considere necesarias sin importar “cuán impopulares resulten”.

La principal medida que quiere implementar el gobierno es ampliar a todos los colectivos, los parados y las conversiones de temporales a fijos, el denominado “contrato de fomento de la contratación indefinida” de manera tal que el contrato ordinario de 45 días por año se mantenga sólo para los ya en vigor y para nuevos fichajes.

Pero lo cierto es que esta sola medida es suficiente para que se ponga en práctica la huelga general con la que ya amenazaron UGT y CCOO.