MercadoContinuo

Prácticamente todos los líderes de España en materia de sindicatos y empresas se encuentran reunidos este fin de semana negociando los términos de la esperada reforma laboral.

Intentan arribar al final de este tumultuoso mes de mayo con un pacto “concluído”.

Los máximos directivos de ambas partes se vieron las caras el pasado día 26 en una reunión que ya se había anticipado que podía ser decisiva para alcanzar las bases del acuerdo tan esperado por todos.

Al menos eso era lo que todos esperaban, a punto tal que uno de los máximos referentes sindicales de España dijo ese día “del encuentro de hoy debe salir al menos una perspectiva muy fiable de lo que va a pasar en el futuro inmediato en materia laboral”.

Lo concreto es que el día pasó y no hubo de ninguna manera avances significativos.

La única coincidencia de importancia a la que se arribó fue que difícilmente se arribase a alguna conclusión definitiva antes del 31 de mayo.

La negociación por los nuevos contratos laborales entró sin dudas en una nueva etapa. Es notorio que en las últimas semanas las conversaciones fueron entre sindicalistas y empresarios, y por expreso pedido de ambas partes el gobierno se mantuvo al margen.

Pero a partir de haber entrado en la recta final de las negociaciones, vuelven los representantes de la administración de José Luis Rodríguez Zapatero a sentarse a la mesa de “discusión” junto a sindicalistas y empresarios.

Parece ser que llegó el momento de que todas las partes involucradas de una u otra forma en la reforma se ven obligadas a realizar un postrer esfuerzo para que finalmente el acuerdo salga adelante, tal como lo manifestaba un comunicado emitido por CCOO al final de la reunión del miércoles.

En este encuentro estuvieron presentes los secretarios generales de UGT, CCOO y el presidente y vicepresidente de la CEOE.

Pero ya se sabía que la cosa no venía fácil pues el día anterior se habían reunido los equipos negociadores sin mayor éxito. Se habían encontrado los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, Ramón Górriz, con el responsable de Relaciones Laborales de CEOE, y no se llegó a ninguna conclusión válida.

Luego se produjo la reunión de los líderes y así sigue este entramado tema, con el fin de este mes de mayo encima y todavía sin poder darle a los trabajadores españoles la reforma laboral tan esperada y necesaria para comenzar a desandar el camino que saque a España definitivamente de la crisis económica global en la que todavía está en muchos aspectos inmersa.

Hace unos días, cuando se reunieron los Consejos de Administración de Caja España y Caja Duero aprobaron iniciar los trámites que permitan la fusión de ambas entidades.

Pero ya comenzaron a surgir algunos problemas. Mientras que en Caja España hubo unanimidad, no ocurrió lo mismo en Caja Duero, ya que tres de los dieciséis consejeros presentes votaron en contra.

Dos de ellos fueron los representantes de UGT y el restante un elegido por los impositores.

Y estos son lujos que en épocas de crisis global quizás no se puedan dar las Cajas en su intento de fusionarse para hacer frente a los problemas que todavía presenta la crisis.

Antonio Muñoz, el responsable de UGT en la entidad, asegura que en la reunión no se ofrecieron suficientes garantías debidamente documentadas acerca de la necesidad de alcanzar un acuerdo con respecto a la reducción de plantilla.

El presidente de Caja Duero, Julio Fermoso, ya informó a la prensa que lamentablemente si no existe un acuerdo sindical la fusión de ambas entidades no va a poder concretarse.

En los cálculos iniciales, se estima que sobrarían unas 300 personas de Caja Duero, alrededor de 550 de Caja España, y aproximadamente 250 oficinas.

La idea de los directivos es pedir unos 680 millones de euros al Fondo de Rescate.

En caso de que las tratativas prosigan con normalidad, la denominación social de la futura nueva entidad será Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria.

Esta entidad tendrá la sede social, la presidencia y los órganos de gobierno en León, mientras que la dirección general tendrá su sede en Salamanca.

Pero a pesar de los problemas sindicales que se ciernan sobre la fusión, es intención del Banco de España que ésta siga adelante y que la nueva Caja resultante de la fusión comience sus actividades en julio, a pesar de que seguirán con sus respectivas marcas por dos años más.

Esta nueva Caja contará al momento de comenzar a operar con unos 6.000 empleados repartidos entre 1.117 oficinas.

Como los pronósticos indican que tras la fusión van a sobrar unos 900 trabajadores, la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas de Ahorro (Csica) les exigió a Caja España y Caja Duero una firme voluntad de alcanzar a la brevedad un pacto laboral que haga viables las negociaciones.

CCOO y UGT declararon hacia fines de la semana pasada que ambos están dispuestos a sentarse a la mesa de reuniones para abordar los términos de una reforma laboral, sólo en caso de que la CEOE dé un primer paso y facilite el camino para que pueda destrabarse la negociación colectiva.

Esto fue anunciado por los secretarios generales de ambas entidades, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez.

Esta semana podría ser crucial para las negociaciones, que sin embargo no tienen al parecer como fin prioritario la creación de empleo en España, por lo cual no se sabe muy bien cuáles serían los aspectos que entrarían en el debate.

Toxo dijo al momento de presentar un documento que contenía propuestas sindicales sobre el empleo, los salarios y el margen de excedentes empresariales que “eventuales reformas laborales podrían ser valoradas”, pero si antes se logra un acuerdo de negociación colectiva.

Sólo así el dirigente de CCOO consideró posible recuperar el diálogo social tripartito, incluyendo en las conversaciones al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para poder lograr las bases que en cierta forma “refunden” el mercado laboral español, casi en ruinas por la crisis económica global de la que el país no logra recuperarse al ritmo deseado y necesario.

Al ser consultados sobre la negociación colectiva, tanto Toxo como Méndez afirmaron que es muy probable que en la semana que está comenzando o a más tardar en la siguiente se logre firmar un acuerdo con CEOE-Cepryme para desbloquear ese espinoso tema y poder negociar una solución de carácter plurianual, que cubriría el período 2.010/2.012.

No es esta la primera vez que se intenta destrabar las negociaciones, pero ahora los líderes sindicales manifestaron que están dispuestos a incluir la modulación de los salarios al ciclo económico empresarial, si a cambio se logra sentar las bases acerca del mantenimiento y la calidad del empleo en estos momentos de crisis e incertidumbre laboral, además de exigir la moderación de los beneficios empresariales y la reinversión de éstos en mejorar el tejido productivo de España.

Estos acuerdos presentarían varias similitudes con los alcanzados en la función pública para garantizar el poder adquisitivo de los empleados durante todo el período que dure dicho acuerdo en el marco de esta crisis que hace necesario rever a cada momento los pasos a seguir.

El Secretario de Estado de Economía del gobierno de Rodríguez Zapatero, José Manuel Campa, se muestra confiado en que los índices que marcan la marcha de la economía de España van a mostrar signos de crecimiento entre trimestres consecutivos a partir de mediados del año próximo.

Sin embargo advirtió que estos incrementos van a ser al principio leves y probablemente insuficientes como para que se creen empleos en la medida esperada. Recién para fines del 2.010,es decir unos meses antes de lo esperado en un principio por las autoridades económicas, la mejoría de los parámetros económicos se harán ostensibles y marcarán el inicio de la recuperación del mercado laboral.

Pero Campa parece no tener en cuenta que para que se creen efectivamente empleos, España debería crecer a un ritmo superior al 1,5%, y según los analistas del FMI ese ritmo no se alcanzará hasta ya pasado el 2.012.

También indicó que le parecen exagerados los cálculos de los organismos internacionales en cuanto a que los españoles serán los últimos en salir de la recesión. “de hecho ya estamos penúltimos, hemos dejado de ser el furgón de cola”, afirmó.

Para el gobierno el problema principal y su prioridad absoluta es el paro, por lo que se trabaja a pleno para crear empleo para los más de 4 millones de parados que se estiman en la actualidad.

Los sindicatos no parecen compartir el análisis de Campa. CCOO estima que ya se agotó el ajuste sobre el empleo temporal, por lo que comienza a estar en riesgo el empleo indefinido.

Sus analistas advierten que los sectores de la economía que hasta ahora estaban recurriendo a expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal ya comenzaron a transformarlos en expedientes de extinción, lo cual puede suponer el inicio de extinción del empleo estable que todavía persiste a pesar de la crisis global.

Del mismo modo, UGT cree que la reforma más urgente es la de la política activa de empleo, que se debe orientar las negociaciones con las empresas a una modificación en el actual sistema de bonificaciones a la contratación, para lograr así una subida significativa en el número de nuevos empleos y la vuelta al trabajo de aquellos que han entrado en el paro.

Dentro del confuso panorama del empleo en España, el salario de los funcionarios es también objeto de negociaciones y marchas y contramarchas.

Los sindicatos se oponen al congelamiento total del salario de los mismos, pero al parecer estarían dispuestos a negociar en torno a cifras que rondarían como máximo el 1%, tal cual es la idea del Gobierno para el año próximo.

Este sería el primer colectivo para el año entrante y estaría obviamente afectado por los drásticos recortes que la crisis económica global está imponiendo a todos los sectores españoles.

Las organizaciones que más representan a la función pública, CC OO, UGT y CSIF ya adelantaron que estarían dispuestas a aceptar lo que ellos consideran alzas salariales simbólicas sólo si los precios , que ahora están en niveles negativos, es decir en un proceso de deflación, mantienen su nivel a lo largo del 2.010.

Las tres centrales afirmaron que no permitirán pérdida en el poder adquisitivo de los salarios.

La posición del Gobierno, expresada por el Ministro de Fomento José Blanco, es clara: quiere determinar niveles de contención en los salarios públicos para evitar algunos de ellos se disparen por encima de lo aconsejado.

De cualquier modo, CC OO y UGT admiten subidas de salarios exiguas pero afirman que debe haber contrapartidas que equilibren la situación.
El Partido Popular a través de una de sus máximas referentes, María Dolores de Cospedal García, el Gobierno está proponiendo exactamente lo contrario de lo que necesita España en estos momentos.

Muchos son los factores que hacen pensar a los sindicatos sobre las ventajas de subir los salarios de los funcionarios, en momentos de recesión y graves problemas de empleo en el sector privado, pero no quieren que el sector pierda todavía más poder adquisitivo.

Lo concreto es que todos los sindicatos se oponen terminantemente a la congelación de los salarios, y no están dispuestos a negociar subidas que signifiquen una grave pérdida al ya maltrecho poder adquisitivo de la función pública.

Sólo aceptarán una subida salarial inferior al 1% si en contrapartida hay compensaciones de otra índole para el sector.

En un principio Celestino Corbacho, el Ministro de Trabajo, habló de “sacrificios retributivos para aquellos empleados públicos con sueldos superiores a los 30.000 euros mensuales”. Pero la situación empeoró de tal forma que ahora la austeridad deberá ser compartida por todos, cualquiera sea su salario.

Hace ya un tiempo que el Gobierno y los sindicatos tienen una reunión pendiente para analizar los mecanismos que permitan ampliar la ayuda de 420 euros que se da a los parados sin prestaciones que esta crisis global dejó de a miles en España.

La puesta en marcha de esta medida se ha caracterizado, como tantas otras que se tomaron en el transcurso de la crisis, por lo precipitado de las decisiones.

Es por eso que ahora la administración de Rodríguez Zapatero resolvió postergar hasta comienzos de la semana próxima dicha reunión, que tentativamente se llevará a cabo el lunes 31.

La intención del Ministro de Trabajo Celestino Corbacho es llegar a un acuerdo con los representantes de UGT y Comisiones Obreras para obtener mejores condiciones adicionales para poder acceder a esa ayuda de poco más de 400 euros, que por ahora sólo llega a quienes perdieron la prestación con posterioridad al 1º de Agosto.

No son pocas las críticas debido a las dilaciones que se presentan para poner definitivamente en práctica una medida tan importante y largamente esperada por los afectados por el alto nivel de desempleo en España.

Se espera que el Ministerio de Trabajo español ponga al menos en práctica su idea de retrotraer al 1º de Junio, es decir dos meses antes de la fecha inicialmente fijada como condición, la fecha a partir de la cual los parados sin protección puedan acceder a la ayuda gubernamental.

Pero los sindicatos consideran insuficiente esta medida y pretenden que la ayuda cubra a todos los parados que hayan agotado la prestación y el subsidio en el transcurso del 2.009.

Las protestas por las actuales condiciones para acceder a la ayuda son muchas, y el Gobierno, que en los últimos meses fue blanco de feroces críticas por la forma en que está manejando esta crisis global de la cual algunos países de la Eurozona ya comenzaron a salir airosos, seguramente va a intentar por todos los medios a su alcance llegar a un acuerdo con los sindicatos para modificar esta medida que entró en vigencia el pasado 17 de Agosto.

Para el PSOE el otro gran desafío, que puede llegar a ser más complicado que el acuerdo con los sindicalistas, será asegurarse el apoyo parlamentario, ya que a pesar de entrar en vigencia en el momento en que se aprueba, el real decreto ley necesita de la convalidación parlamentaria, por lo que habrá que buscar consenso en el Congreso español para que la ayuda pueda salir sin problemas.

Cuando la época de vacaciones de verano todavía está en pleno auge en España, la huelga es una palabra que se mece sobre la cabeza de al menos dos de las líneas aéreas españolas con más tráfico.

Los serios conflictos laborales que se vinieron gestando desde hace ya un tiempo en el marco de esta crisis económica que no deja que prácticamente nada funcione con normalidad, Spanair ya anunció la realización de huelgas en la prestación de sus servicios y Air Comet, que también lo había anunciado, por el momento lo ha dejado en suspenso pero con el peligro latente de reflotarlos en cualquier momento.

Los trabajadores de la empresa Spanair que desempeñan sus funciones en los servicios centrales en Palma ya anunciaron que van a ir a la huelga todos los Lunes y Viernes del mes de Agosto, días complicados por el tráfico de pasajeros que vuelan por los fines de semana.

Estos paros se llevan a cabo en señal de protesta porque la empresa trasladó casi 400 trabajadores de Baleares a Barcelona, donde está previsto que se fije la central de la compañía.

Como la compañía es ahora propiedad de empresarios e instituciones catalanas, están trasladando todos los servicios a su nueva sede en Barcelona, lo que trae aparejado muchísimos inconvenientes para los empleados que deberán trasladarse a su nueva ciudad de trabajo.

Para estas horas está prevista una reunión de mediación en la que los representantes sindicales no tienen depositadas muchas esperanzas.

Los trabajadores, en parte condicionados por la eventual pérdida del empleo en tiempos tan difíciles como los actuales, piden al menos 6 meses de plazo para realizar los traslados o indemnizaciones especiales y extraordinarias para los que opten por no trasladarse a Barcelona para continuar con su empleo.

En cuanto a Air Comet, que es propiedad del grupo Marsans, el “pequeño” detale es que sus 900 empleados llevan ya varios meses sin cobrar ni la nóminas ni las pagas extraordinarias.

Los dueños de la empresa, Gerardo Díaz Ferrán, a su vez presidente de la CEOE, y Gonzalo Pascual, admiten que “tal vez algunos empleados no cobran desde hace no más de cuatro meses (???)”, sin hacer ninguna estimación de la cantidad de impagos ni del monto adeudado.

USO, UGT y CC OO habían convocado a unos 150 empleados del personal en tierra a realizar varios días de paros parciales, pero esto quedó en suspenso después que la empresa se comprometiera en forma escrita a abonar inmediatamente las nóminas de Junio y Julio, y las pagas extraordinarias el 10 de Agosto.

De no cumplirse lo pactado, el personal comenzaría con las huelgas a partir de la segunda quincena de Agosto.

En épocas donde el trabajo es un bien que escasea, estas no son buenas noticias para el mercado laboral español.

El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, no escatima críticas contra la cúpula de la patronal.

Hace apenas un par de días confirmó la ruptura del diálogo social, con lo que prácticamente quedó sellada la suerte de esta ronda de negociaciones que comenzó en Mayo y que al parecer no obtuvo ningún resultado positivo.

Zapatero informó que “lo único previsible es que no haya nuevas reuniones”.

A tal punto parecerían estar cerradas las negociaciones sin haber llegado a estándares mínimos de consenso, que el día 24 se reunieron en una sede de la Seguridad Social en Madrid los “números dos” de los sindicatos, Ramón Górriz por CC OO y Toni Ferrer por UGT, los representantes de la CEOE José de la Cavada y Enrique de la Lama y por parte del Gobierno un grupo encabezado por Javier Vallés, al solo efecto de levantar y firmar un acta del fracaso de las negociaciones.

El Gobierno responsabiliza totalmente a los representantes de los trabajadores del fracaso de las tratativas, ya que considera que durante todo el transcurso de las sucesivas reuniones sólo llevaron a la mesa de diálogo “propuestas imposibles” que ponen en riesgo el bienestar general, el equilibrio de la Seguridad Social y por sobre todas las cosas los derechos de los trabajadores.

El fracaso de las negociaciones coincidió con el día en que se dio a conocer un nuevo récord de parados, a pesar de que las estadísticas oficiales indican que el ritmo de crecimiento del desempleo se estaría moderando.

La Patronal por su parte respondió afirmando que es falso que haya pedido el despido libre o que se impida el derecho de los trabajadores de defenderse jurídicamente ante un despido, tal como lo sostiene el gobierno en un análisis algo particular del documento que presentó la CEOE en su oportunidad.

Por su lado, los sindicatos y los socialistas sostienen que dadas las circunstancias el documento de los empresarios es “el acta del fin del diálogo”, y que a partir de ahora las negociaciones entraron en un camino sin salida ni retorno.

Mientras tanto, el gobierno ya anticipó que en el Consejo de Ministros del próximo 13 de Agosto aprobará sin necesidad de trámites parlamentarios las ayudas de 422 euros por un semestre para los parados de larga data que se queden sin subsidios ni prestaciones.

Habrá que esperar el devenir de los acontecimientos, aunque se vislumbra que el terreno se está embarrando cada vez más, lo cual complica las maniobras en busca de soluciones sobre todo para los trabajadores.

Lentamente parece que el gobierno comenzó a poner en práctica las medidas que en su momento de decidió tomar en materia laboral para atenuar los efectos de la crisis global que no le da respiro a España ni a la mayoría de los países de la Unión Europea y al mundo en general.

Ya se envió a los agentes sociales un bosquejo con pautas que bien pudieran ser el inicio de un acuerdo para el cambio en el ámbito laboral y social.

Entre las propuestas concretas que incluye este incipiente documento se establece una ayuda de 420 euros al mes para todos aquellos parados que ya no puedan acceder a otro tipo de beneficios como ser el subsidio o la prestación por desempleo, y que por lo tanto mientras el empleo no recupere sus índices históricos no tengan otra fuente de ingresos estable.

Pero a diferencia de otras ayudas que se prestaron en diversas ocasiones, esta vez el Ejecutivo a cargo de José Luis Rodríguez Zapatero le pone límites más cortos a esta prestación, acotándola a seis meses, lo que totalizaría un beneficio de 2.520 euros.

Las autoridades del gobierno ponen como requisito para poder percibir esta ayuda que los parados que la reciban deben cumplir con un programa de formación y capacitación especialmente diseñado para que puedan volver a insertarse en el mercado laboral lo más rápidamente posible, obviamente tratando de que ello ocurra antes del vencimiento del semestre durante el que se recibe la prestación en cuestión.

Otras propuestas gubernamentales incluyen una rebaja de las cotizaciones sociales a las empresas, tal vez de medio punto, y la suspensión del veto a las empresas de trabajo temporal para abastecer sectores como el área de la administración pública y otros considerados peligrosos como el minero.

Sin embargo, tanto los sindicatos como la patronal se muestran reticentes ante estas nuevas propuestas y no parecen estar del todo de acuerdo.

Entre los temas que más preocupan están los relacionados con la corta duración del subsidio, por parte de UGT y Comisiones Obreras, y la CEOE no acepta la rebaja de cotizaciones propuesta.

Es evidente que habrá que pulir bastante las medidas propuestas por el Gobierno para lograr una aceptación generalizada de las mismas.
El ejecutivo deberá apurar la puesta en marcha de otros planes previstos para hacer frente al grave problema del paro que en la actualidad azota a España.

Las entidades bancarias de todo el mundo, y las de España por supuesto no son la excepción, están pensando muy detenida y seriamente su futuro e imaginando distintas opciones para superar la crisis económica global y organizar su nuevo “modus operandi” de cara a lo que se viene.

La reestructuración de sus planteles y altos mandos, las fusiones y las medidas tendientes a volver a rearmar la cadena crediticia son las cuestiones más urgentes a tener en cuenta, pero también las medidas no tradicionales y con cierto grado de imaginación pueden contribuir a la hora de mejorar la situación financiera de las distintas entidades bancarias.

Podemos tomar como ejemplo la iniciativa que lanzó en estos días el BBVA, que propuso a sus empleados una suspensión temporal del contrato laboral con “retorno garantizado” por un período que oscila entre tres y cinco años.

Durante ese tiempo, el Banco pagará a los empleados menores de 33 años el 30% de la retribución básica anual, con un mínimo de 1.000 euros mensuales (ó 12.000 euros al año), siempre que esta suma no sea superior al 40% de la retribución básica anual.

El Banco garantizará por escrito el retorno al trabajo al cabo de esos años a aquellos trabajadores que acepten el plan, y ofrece también 3.600 euros anuales adicionales, que es el costo del servicio de sanidad de una aseguradora que trabaja con el Banco, es decir que también cubrirá, en caso que el trabajador acepte, el cuidado de su salud.

Para los empleados con más de tres años de antigüedad y no mayores de 35 años, el BBVA ofrece también licencias por estudios de posgrado de hasta dos años de duración, con una paga de 6.000 euros al año.

Aquellos empleados con más de 1 año de antigüedad, pueden solicitar licencias de hasta 1 año para que puedan cuidar a sus hijos o familiares, sin goce de haberes.

Todas estas medidas que tienden a reducir la plantilla de empleados del Banco al menos por un tiempo, son criticadas por Comisiones Obreras y la UGT, porque dicen que “generan desconfianza y le quitan transparencia al contrato laboral”.

En definitiva, el Banco afirma que además de reducir su plantilla de empleados en estos tiempos de crisis global, estas medidas flexibilizan la relación laboral y compatibiliza las necesidades de la institución y de su plantilla.

El “retorno garantizado” y la utilidad para las necesidades actuales del Banco son las 2 columnas sobre las cuales el BBVA intenta cimentar estas medidas.